CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL ESPAÑOL
INTRODUCCIÓN
Con la muerte de Fernando VII, último monarca absoluto, se inicia en España un proceso de transición política. Por tercera vez, los liberales ocupan el poder, retomando el proceso constitucionalista con la aprobación del Estatuto Real en 1834 y las constituciones de 1837, 1845, la nonata de 1856 y 1869.
Esta etapa coincide con el fenómeno europeo de las revoluciones burguesas, que supuso la paulatina desaparición del Antiguo Régimen en el continente y sentó las bases para la formación del estado liberal español. Se implantó gradualmente un régimen constitucional y parlamentario, aunque sacudido por el carlismo.
En este período también comienza el desarrollo del capitalismo en España, impulsado por la desamortización. Estos cambios provocaron una transformación social y de mentalidad.
1. PERÍODO DE REGENCIAS Y ESTALLIDO DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1843)
REGENCIA DE MARÍA CRISTINA Y PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840)
Fernando VII murió en septiembre de 1833. Su hija, Isabel II, apenas tenía tres años de edad, por lo que el poder recayó en su madre, la reina María Cristina, como regente (1833-1840).
En 1830, con el nacimiento de Isabel II, el rey promulgó la Pragmática Sanción. Este decreto establecía que, ante la falta de descendencia masculina, Isabel II heredaría el trono. La Pragmática Sanción anulaba la Ley Sálica, instaurada por los Borbones en 1713, que impedía la sucesión femenina al trono. La Pragmática de 1830 se basaba en la Ley de Partidas, de tradición castellana, que reconocía a la hija mayor del monarca como heredera.
Los carlistas, partidarios de los derechos al trono de don Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII, vieron frustradas sus aspiraciones con la Pragmática Sanción y el ascenso al trono de Isabel II. Este hecho desencadenó la primera guerra carlista, una guerra civil que se desarrolló principalmente en regiones de tradición foralista.
La ideología carlista se basaba en:
- Conservadurismo histórico, defendiendo los privilegios forales.
- Monarquía absoluta.
- Conservadurismo religioso, abogando por la restauración de la Inquisición.
La guerra no solo fue una lucha por la sucesión al trono, sino también una confrontación entre absolutismo y liberalismo.
La sublevación armada se consolidó en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Levante. El conflicto agudizó las divisiones sociales y políticas, reflejando la pugna entre el Antiguo Régimen y las reformas liberales. Este hecho situó a España en la misma línea que los movimientos revolucionarios europeos de 1830. Las potencias europeas, lideradas por la Cuádruple Alianza antiabsolutista (Inglaterra, Francia, Portugal y España), intervinieron en apoyo a la causa isabelina.
Aunque algunos aristócratas y militares se unieron a la causa carlista, el apoyo principal provino del campesinado y el clero. Los liberales se concentraban en núcleos urbanos, con el respaldo de las clases medias ilustradas, la aristocracia latifundista, la burguesía, artesanos, pequeños comerciantes y campesinos sin tierra.
El ejército carlista no era una fuerza unificada, sino que estaba dividido en tres ejércitos: País Vasco-Navarra, Maestrazgo y Cataluña, además de una red de partidas guerrilleras.
FASES DEL CONFLICTO
El levantamiento comenzó tras la muerte de Fernando VII. Las Provincias Vascongadas y Navarra, con un ejército regular liderado por el coronel carlista Tomás Zumalacárregui, se unieron a la causa. Sus victorias sobre el ejército cristino permitieron la expansión militar en estas zonas, excepto en las capitales. Sin embargo, su muerte en Bilbao supuso un duro golpe para los carlistas, impidiendo la generalización de la guerra y la unión de los territorios bajo su control.
A partir de 1835, el ejército carlista realizó incursiones hacia Castilla y Madrid. La llamada Expedición Real, liderada por el pretendiente don Carlos, intentó llegar a Madrid desde Aragón, pasando por Levante. En esta fase, la lucha se intensificó en el Maestrazgo, bajo el mando del general carlista Ramón Cabrera.
En la última fase del conflicto, desde el otoño de 1837, surgieron tensiones y luchas internas en el bando carlista, un fenómeno que también afectó al ejército cristino.
La división interna carlista culminó con el nombramiento de Rafael Maroto como general en jefe. Maroto inició un acercamiento con el general cristino Baldomero Espartero, que finalizó con la firma del Convenio de Vergara en 1839. Este acuerdo militar permitió la integración de oficiales y jefes carlistas en el ejército cristino a cambio del desarme general. El convenio también prometía que Espartero recomendaría a las Cortes el reconocimiento de los fueros en los territorios carlistas. Don Carlos se preparaba para cruzar la frontera. Sin embargo, la guerra continuó en Levante y Cataluña hasta la derrota definitiva del general Cabrera en 1840 a manos de Espartero.
Con la derrota de Cabrera finalizó la Primera Guerra Carlista. Sin embargo, durante el reinado de Isabel II estallaron nuevos conflictos carlistas.
REFORMAS LLEVADAS A CABO DURANTE LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA
1. Reformas político-administrativas
En 1834 se promulgó el Estatuto Real, que marcó la transición de la monarquía absoluta a la constitucional. El Estatuto Real era una Carta Otorgada, una ley fundamental por la que el monarca renunciaba a algunas de sus competencias.
El Estatuto Real establecía Cortes bicamerales: la Cámara Alta o de Próceres, formada por miembros de la alta sociedad y nombrados por el rey de forma vitalicia, y la Cámara Baja o de Procuradores, elegidos por sufragio censitario. Ambas cámaras carecían de iniciativa legislativa.
La Corona seguía siendo la principal institución política, pero dejó de ser absoluta. El monarca conservaba las siguientes atribuciones: convocar o suspender las Cortes, y aprobar las leyes elaboradas por las cámaras.
Las dos corrientes del liberalismo (exaltados y moderados) dieron lugar a la aparición de dos partidos políticos: el moderado y el progresista.
La Constitución de 1812 se consideraba obsoleta, por lo que se redactó un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1837. Esta Constitución recogió casi literalmente el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que encabezaba la Constitución francesa de 1791.
Los puntos clave de la Constitución de 1837 eran: soberanía nacional, división de poderes (el legislativo residía en dos cámaras, Congreso y Senado, el ejecutivo en el rey), reconocimiento de libertades y derechos individuales, libertad de imprenta, libertad religiosa (el Estado se comprometía a mantener económicamente al clero católico) y elección de los ayuntamientos por los vecinos. En caso de desacuerdo entre las Cortes y el rey, este podía disolver el consejo de ministros y nombrar otro, o disolver las Cortes y convocar elecciones. El rey no estaba sujeto a responsabilidad política, pero sus ministros sí.
Los progresistas aprobaron una importante legislación económica y social, destacando la Ley general de Desamortización.
El derecho a voto seguía siendo censitario, restringido a hombres mayores de 25 años. El fraude electoral fue una práctica común.
En cuanto a las reformas administrativas, el ministro de Fomento, Javier de Burgos, llevó a cabo la división provincial de España, estableciendo 49 provincias. También se reorganizaron las redes judicial y administrativa, creando la Audiencia de Burgos y Albacete, con lo que se elevó a 15 el número de audiencias o tribunales superiores de justicia.
La reina sustituyó al presidente de gobierno Cea Bermúdez por Martínez de la Rosa, un político liberal histórico que regresó del exilio.
2. Reformas eclesiásticas
En 1834 se publicaron dos reales decretos que suprimían cualquier monasterio del que hubiera salido un fraile para unirse a las tropas carlistas.
Se produjeron asaltos a conventos y asesinatos de más de 80 religiosos, ante la pasividad del gobierno. Esta situación, junto con la incompetencia gubernamental durante la guerra carlista, llevó a las Cortes a aprobar una moción de censura contra Martínez de la Rosa.
3. El fenómeno del juntismo y el radicalismo liberal
La salida del poder ejecutivo de Martínez de la Rosa desencadenó una ola de violencia en toda España. Tras motines y revueltas urbanas, se formaron juntas revolucionarias que desplazaron a las autoridades provinciales. La agitación social se manifestó en la formación de juntas y milicias urbanas, controladas por liberales radicales. Estas juntas derrocaron al gobierno del conde de Toreno, sucesor de Martínez de la Rosa.
El nombramiento de Mendizábal como jefe de gobierno calmó los ánimos de los juntistas, transformando las juntas en diputaciones provinciales. El liberalismo progresista radical se instalaba en el poder.
4. El gobierno de Mendizábal
Mendizábal concentró el poder, llegando a controlar las Cortes y anular las instituciones liberales, estableciendo un gobierno casi dictatorial. Durante su gobierno, destacan las siguientes reformas: medidas para restablecer el crédito del Estado, reorganización tributaria, aumento de ingresos, venta de bienes estatales y confiscados, y medidas de desamortización eclesiástica.
En materia religiosa, Mendizábal suprimió todos los conventos y monasterios, excepto los dedicados a la enseñanza de pobres y al cuidado de enfermos. Declaró los bienes eclesiásticos como “bienes nacionales” y los puso a subasta pública. Esta medida, conocida como la Desamortización de Mendizábal de 1835, pretendía desmantelar el poder económico de la Iglesia, considerado uno de los pilares del Antiguo Régimen, y obtener ingresos para la Corona y pagar la deuda pública. También se buscaba aumentar el apoyo al progresismo.
Con estas medidas se pretendía crear una clase media campesina. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, ya que los campesinos más pobres fueron los más perjudicados, y se produjo un aumento del latifundismo burgués. El liberalismo se ganó nuevos enemigos entre los grupos más católicos, que vieron la desamortización como un ataque a la Iglesia.
La necesidad de finalizar la guerra carlista llevó al gobierno a reclutar a 100.000 hombres. La medida encontró resistencia popular, tanto por la falta de recursos para el equipamiento como por la posibilidad de evitar el alistamiento mediante pagos.
5. El Motín de los sargentos de La Granja
La reorganización militar de Mendizábal, que buscaba renovar los altos cargos militares, provocó la oposición de la reina y la dimisión de Mendizábal.
La reina formó un nuevo gobierno moderado liderado por Istúriz. Sin embargo, las elecciones previstas para 1836 no se celebraron debido a un nuevo levantamiento provincial, iniciado por el motín de la guarnición en la Granja de San Ildefonso. Los sargentos de La Granja, en una conspiración progresista, exigieron el restablecimiento de la Constitución de 1812. Tras una convocatoria especial de Cortes, se aprobó la nueva Constitución de 1837.
6. Últimos años de la Regencia de María Cristina
A partir de 1837 se sucedieron tres gobiernos moderados. El final de la guerra carlista, gracias a la firma del Convenio de Vergara por parte de Espartero, aumentó la influencia de este militar.
REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)
La expansión del movimiento revolucionario de 1840 obligó a la regente a recurrir a Espartero. Cuando este anunció su intención de disolver las Cortes, María Cristina prefirió renunciar a la regencia.
Espartero fue un militar que participó en numerosas guerras, desde la Guerra de Independencia Española hasta la Primera Guerra Carlista, pasando por la Guerra de Independencia Hispanoamericana (batalla de Ayacucho).
Como regente, Espartero se propuso defender la Constitución de 1837. Sin embargo, su regencia fue inestable debido a la división del progresismo y al uso del pronunciamiento militar para eliminar a sus oponentes políticos.
La división del progresismo se debió al tono autoritario del gobierno esparterista. Espartero otorgó los altos cargos a militares que participaron en la batalla de Ayacucho. El ala izquierda del progresismo, que aspiraba a una verdadera democracia, se distanció de Espartero.
La reforma municipal, que limitaba la autonomía local en favor del poder central, fue el primer foco de protesta de la oposición progresista. Los progresistas iniciaron una serie de revueltas urbanas en varias provincias. El movimiento comenzó en Barcelona y se extendió a Valencia, con insurrecciones organizadas por los ayuntamientos y la milicia nacional.
La oposición progresista también se manifestó en las Cortes de 1840, donde se debatió si la regencia debía ser unipersonal o compartida. El triunfo de la regencia unipersonal fue el primer paso de Espartero hacia el poder absoluto.
Las conspiraciones militares evidenciaron la falta de unidad en la regencia. En octubre de 1841, los generales moderados Diego de León y O’Donnell lideraron un levantamiento para derrocar a Espartero.
Espartero reprimió la sublevación y fusiló a Diego de León. Esta acción le costó el apoyo de parte del ejército.
La revuelta de Barcelona en 1842 supuso la ruptura definitiva entre progresistas y esparteristas. Esta rebelión estuvo motivada por la crisis industrial algodonera catalana, provocada por la Ley arancelaria de 1841. Esta ley, que favorecía el librecambismo, perjudicaba los intereses de la industria textil catalana. La respuesta de Espartero fue bombardear Barcelona, lo que aceleró la caída del partido progresista.
En 1843, una coalición antiesparterista formada por progresistas y moderados puso fin a la regencia de Espartero. Tras un nuevo pronunciamiento militar, Espartero se exilió en Gibraltar.
El general Narváez entró triunfalmente en Madrid, iniciando una nueva etapa política con Isabel II como reina: la Década Moderada.
2. LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)
El general Narváez asumió la jefatura de gobierno desde 1844 hasta 1854. Esta etapa fue fundamental en la Historia de España, ya que supuso la creación del Estado liberal español.
El partido moderado era un grupo heterogéneo. Su núcleo principal eran los doceañistas, pero se distinguían varias tendencias: una derecha (Unión Nacional), una izquierda «puritano») y un centro. La derecha aglutinaba a los elementos menos liberales del partido. La izquierda abogaba por el entendimiento con los progresistas. El centro, que rechazaba el diálogo con carlistas y progresistas, defendía la necesidad de reformar la Constitución de 1837.
Los moderados defendían los cambios sociales y mentales, pero manteniendo la primacía del rey y las Cortes. Respetaban la monarquía como símbolo de unidad y autoridad, defendían la propiedad privada y buscaban la conciliación con la Iglesia, declarando la confesionalidad católica del Estado. Abogaban por el bicameralismo, el sufragio restringido (lo que permitía la influencia de los caciques) y una Constitución moderada.
Evolución política
Entre 1844 y 1854 se sucedieron numerosos gobiernos. Los más destacados fueron los dos gobiernos de Narváez y el de Bravo Murillo, por su duración y por su labor de reorganización política y administrativa del país.
La primera reforma del gobierno de Narváez fue la Constitución de 1845, que sustituyó a la de 1837. Esta Constitución, de carácter moderado, se caracterizó por:
- Sustitución de la soberanía nacional por la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes.
- Confesionalidad católica del Estado español.
- Restricción de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión.
- Supresión de la Milicia Nacional.
Además de la Constitución, el programa político de los moderados se basó en: la reorganización administrativa del Estado, la uniformidad jurídica, la defensa del orden público, el restablecimiento de las relaciones con la Iglesia y el desarrollo de obras públicas.
1. Organización administrativa del Estado
Destaca la Ley de Ayuntamientos de 1845, que reorganizó la administración provincial y local. Se sustituyeron las antiguas demarcaciones de reino o región por la provincia, se reorganizaron las diputaciones y los ayuntamientos, y se concentró la autoridad provincial en el gobernador civil y la municipal en el alcalde.
La Ley de Instrucción Pública de 1845 buscaba arrebatar a la Iglesia el control de la enseñanza pública y centralizar la educación. La ley, que recogía la reforma educativa propuesta por Antonio Gil de Zárate, estableció dos ciclos de educación secundaria, creó las universidades provinciales y sentó las bases para la reforma universitaria que se desarrollaría con la Ley Moyano de 1857.
La Ley de Funcionarios, aprobada durante el gobierno de Bravo Murillo en 1852, estableció que los cargos públicos se proveerían por concurso de méritos, sin tener en cuenta las opiniones políticas. Los ascensos se basarían en la antigüedad y los méritos.
La Ley de reforma del Sistema Fiscal, impulsada por Alejandro Mon y Ramón de Santillán, buscaba simplificar y racionalizar la Hacienda. Se creó un nuevo sistema tributario basado en impuestos directos (contribución rústica y urbana, subsidio industrial y comercial e impuesto personal) e indirectos (derecho de hipoteca, bienes de consumo). Este sistema sustituyó al antiguo sistema fiscal por otro más racional y efectivo. También se creó el Banco Español de San Fernando (futuro Banco de España).
2. Orden jurídico unitario
En 1848 se publicó un nuevo Código Penal, vigente hasta 1996, y se redactó un Código Civil que abolía los fueros, leyes y costumbres anteriores.
3. Defensa del orden público
Se creó la Guardia Civil para proteger a las personas y sus propiedades. Narváez reorganizó este cuerpo para extenderlo a todo el territorio nacional. También se reorganizó la policía. Otras medidas para preservar el orden público fueron: el control de la prensa, el sufragio censitario y la Ley de Poderes excepcionales, que permitió el establecimiento de una»dictadura lega» de Narváez. Estas medidas mantuvieron a España al margen de las revoluciones de 1848.
4. Relaciones Iglesia-Estado
La política desamortizadora provocó la ruptura con la Iglesia. Los moderados buscaron un acercamiento con el Vaticano. Se aprobó la Ley de Dotación y Culto, que pretendía compensar a la Iglesia por la pérdida de bienes eclesiásticos, y se devolvieron algunas propiedades al clero.
Las negociaciones con la Santa Sede culminaron con la firma del Concordato de 1851. Este acuerdo reconocía la religión católica como la única legal, prohibiendo el culto de otras religiones. También se reconocía el derecho de la Iglesia a poseer bienes e intervenir en la enseñanza. A cambio, la Iglesia aceptó la renovación del Regio Patronato (establecido en el Concordato de 1753) y las desamortizaciones ya realizadas.
5. Obras públicas
Se desarrollaron nuevas vías de comunicación y se repararon las antiguas, esenciales para el progreso industrial. Se impulsó el ferrocarril, construyéndose la primera línea férrea entre Barcelona y Mataró en 1848. En 1851 se aprobó la Ley de Ferrocarriles. También se mejoraron las comunicaciones marítimas con la Ley de Puertos. Se impulsó la construcción de obras hidráulicas, como el Canal de Castilla y el Canal de Isabel II.
Fin de la Década Moderada
La oposición progresista se manifestó desde el inicio de este período. En 1848, Narváez tuvo que hacer frente a insurrecciones callejeras promovidas por la izquierda progresista, republicanos y carlistas. La aprobación de la Ley de Poderes excepcionales provocó la división del progresismo y aumentó las conspiraciones.
Tras la caída de Bravo Murillo, se sucedieron tres gobiernos débiles entre 1852 y 1853. La lucha política se recrudeció a partir de 1854. La revolución de 1854, que combinó un pronunciamiento militar de generales conservadores con el apoyo de los progresistas y una revuelta popular provocada por la crisis económica, puso fin al régimen moderado e inició una nueva etapa para el progresismo.
3. BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)
En julio de 1854, tras diez años de gobierno, el partido moderado llegó a su fin debido al desgaste y la división interna. El pronunciamiento militar de los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano en Vicálvaro (Vicalvarada) desencadenó la revolución. Mientras las tropas rebeldes se enfrentaban a las fuerzas leales al gobierno en una batalla casi simbólica, estallaron revueltas populares en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Logroño y San Sebastián. La Vicalvarada concluyó con la publicación del Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, que exigía la reforma de la ley electoral y de imprenta, la rebaja de impuestos y la descentralización administrativa.
La radicalización revolucionaria obligó a la reina a recurrir de nuevo a Espartero. En julio de 1854 se formó un nuevo gobierno Espartero-O’Donnell, fruto de la coalición progresista-moderada.
Una vez controlada la situación, el gobierno inició un programa de reformas liberales, retomando el espíritu del régimen progresista de 1837. Se aprobó la Constitución non nata de 1856, leyes bancarias, de ferrocarriles, etc., para impulsar la modernización económica del país. Se retomó la desamortización con la Ley de Desamortización de 1855 de Pascual Madoz. Esta ley, que complementaba la de Mendizábal, extendía la desamortización a los bienes propios y baldíos de los ayuntamientos. Esta»desamortización civi» provocó la ruptura de relaciones con la Santa Sede. Al igual que la desamortización de Mendizábal, la de Madoz no logró crear una verdadera reforma agraria y agudizó las tensiones sociales en el campo.
A partir de 1855, el gobierno de Espartero entró en crisis debido a la falta de unidad de los progresistas. Una epidemia de cólera azotó el país, especialmente las ciudades. La crisis económica, provocada por el alza de precios, aumentó la conflictividad obrera y campesina, culminando en una huelga general en Barcelona, la primera en España.
Ante esta situación, la reina apoyó a O’Donnell, lo que provocó la dimisión de Espartero. A mediados de julio de 1856 finalizaba el Bienio Progresista, dando paso a una nueva etapa política.
4. BIENIO MODERADO (1856-1858)
Durante los tres meses que O’Donnell gobernó en solitario, se centró en pacificar el país. Se restableció la Constitución de 1845, a la que se añadió un Acta Adicional que ampliaba las libertades. Se continuó con la desamortización, aunque posteriormente se suspendió. El Acta Adicional apenas estuvo vigente un mes, ya que la reina destituyó a O’Donnell y nombró a Narváez jefe de gobierno. Narváez se mantuvo un año en el poder.
Durante su gobierno, destaca la aprobación de la Ley de Instrucción Pública, que estuvo vigente hasta la Segunda República. Narváez tuvo que hacer frente al descontento social, con revueltas campesinas en Andalucía.
El desgaste del proyecto moderado llevó a la caída de Narváez. Le sucedieron Armero e Istúriz, que cerraron el Bienio Moderado. La inestabilidad política finalizó con el regreso de O’Donnell, que puso en marcha el proyecto de la Unión Liberal.
5. LA UNIÓN LIBERAL Y ÚLTIMOS AÑOS DEL REINADO DE ISABEL II
Los últimos años del reinado de Isabel II se dividen en dos etapas: 1858-1863, con el gobierno de la Unión Liberal, y 1863-1868, caracterizada por la sucesión de breves gobiernos moderados y unionistas, que marcaron el declive del régimen isabelino.
O’Donnell volvió al poder con una nueva fuerza política: la Unión Liberal. Su prestigio, ganado en la guerra contra los carlistas, le permitió acceder al poder. La Unión Liberal pretendía ocupar el centro liberal, bajo los principios de orden social y libertad. Sin embargo, la heterogeneidad del partido limitó su capacidad de acción.
El orden social se vio alterado por la actividad carlista y la revuelta campesina de Loja, protagonizada por braceros sin tierra que protestaban por la forma en que se había llevado a cabo la desamortización.
Política exterior del gobierno de la Unión Liberal
La Unión Liberal desarrolló una política exterior de»prestigi» que buscaba aumentar la presencia internacional de España. Destacan la expedición franco-española a Cochinchina, la intervención española en México junto a Francia e Inglaterra, y los problemas fronterizos con Marruecos en Ceuta y Melilla.
La expedición a Cochinchina buscaba restablecer el orden tras el asesinato de misioneros, aunque el objetivo real de Francia era la expansión comercial en Filipinas. La intervención en México estuvo motivada por la suspensión de pagos de la deuda mexicana a España, Francia e Inglaterra por parte del presidente Benito Juárez. Los problemas con Marruecos llevaron a la intervención militar en África. España, con el apoyo de las potencias europeas (excepto Inglaterra, recelosa de la seguridad de Gibraltar), amplió su territorio en Ceuta, Melilla e Ifni, y firmó un tratado comercial con Marruecos.
En América, se intentó mantener el concepto de hispanidad. Santo Domingo, que había conseguido su independencia, se planteó reincorporarse a España debido a sus problemas económicos. El deseo de mantener la influencia española en América llevó a la intervención militar en el Pacífico contra Perú y Chile (bombardeo de Valparaíso y ataque al Callao). Sin embargo, estas acciones demostraron que el concepto de hispanidad no se podía imponer por la fuerza, lo que supuso el fin de las aspiraciones españolas en América.
Caída del gobierno de la Unión Liberal
La oposición a O’Donnell se intensificó a partir de 1863. El desgaste del gobierno provocó su caída. Ni progresistas ni moderados quisieron gobernar con las Cortes existentes. La reina encargó la formación de gobierno al anciano Marqués de Miraflores.
Los gobiernos que se sucedieron entre 1863 y 1868 fueron breves e inestables debido a la descomposición interna de los liberales. El régimen isabelino se acercaba a su fin. Las ideas democráticas, contrarias a la reina, se extendían por el país.
La oposición al régimen isabelino se manifestó en diversos incidentes, como la Noche de San Daniel, protagonizada por estudiantes que difundieron ideas republicanas, o la sublevación de los sargentos del Cuartel de San Gil, liderada por el general Prim. Estas sublevaciones fueron duramente reprimidas por O’Donnell, Narváez y Serrano. La represión aumentó la impopularidad de la reina y su sistema político.
La crisis del sistema político, considerado corrupto, despótico e inmoral, la crisis económica y la impopularidad de la reina provocaron la revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Esta revolución puso fin al reinado de Isabel II e inició una nueva experiencia política: el Sexenio Democrático.
Conclusión
Las décadas del reinado de Isabel II sentaron las bases para la transformación de España en un estado moderno. La implantación del Estado liberal, la desaparición del Antiguo Régimen y el desarrollo del capitalismo fueron las claves de esta transformación. Sin embargo, el período estuvo marcado por la inestabilidad política, con numerosos gobiernos, guerras civiles, pronunciamientos militares y varias constituciones.