La II República Española: Una etapa crucial

Introducción

La II República Española fue un periodo de gran importancia en la historia contemporánea de España. Durante estos cinco años, emergieron todos los conflictos, frustraciones históricas y problemas que dividían al país. En su transcurso, la tensión social fue en continuo aumento, aumentando la lucha de clase entre trabajadores y oligarquía que desembocará, en julio de 1936, en la Guerra Civil, tragedia que marcó profundamente el futuro histórico de la nación.

1. La proclamación de la República

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 habían supuesto un claro giro en el plano político hacia la tendencia republicana. Aunque en las primeras horas parecía que el Gobierno aceptaba la derrota en los núcleos urbanos y esperaría a las futuras elecciones legislativas, a partir de la tarde del día siguiente (13 de abril) los acontecimientos se precipitaron. Las calles de las principales ciudades se llenaban de manifestantes, mientras el Comité Revolucionario permanecía a la expectativa sin saber cuál sería la actitud del Gobierno.

En éste ya se habían producido las primeras reacciones: Berenguer (ministro de la Guerra) ordenaba a los gobernadores militares, ya en la noche del día 12, que “evitaran medidas de fuerza ante la suprema voluntad nacional”, mientras que Romanones convencía al día siguiente a sus colegas de que la caída de la monarquía era inevitable.

En la mañana del 14 de abril, la República era proclamada en Eibar. En las horas siguientes, la población comenzó a salir a las calles, y la República fue proclamándose en Valencia, Sevilla, Oviedo y Zaragoza… También a primera hora de la mañana Romanones recomendó al Rey la salida del país. Tras confirmar al rey que era imposible controlar la situación, Alfonso XIII aceptó que era la mejor decisión. Esa noche Alfonso XIII partió discretamente hacia Cartagena, donde embarcó de madrugada rumbo a Marsella.

2. El Gobierno Provisional

Los hombres que formaron el Gobierno provisional representaban todas las fuerzas progresistas del país y habían participado en el Pacto de San Sebastián (agosto 1930).

El Presidente provisional será Niceto Alcalá Zamora (coordinador del Comité Revolucionario y miembro de la Derecha Liberal Republicana) y el ministro de Gobernación Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana)

Alejandro Lerroux ministro de Estado y Diego Martínez Barrio monistro de Comunicaciones (ambos del Partido Republicano Radical)

Manuel Azaña ministro de la Guerra (Acción Republicana, posteriormente Izquierda Republicana), Álvaro de Albornoz de Fomento y Marcelino Domingo de Instrucción Pública (Partido Republicano Radical Socialista).

Nicolau d´Olwer (Acció Catalana) ministro de Economía y Casares Quiroga (ORGA) de la Marina.

Indalecio Prieto ministro de Hacienda, Fernando de los Ríos de Justicia y Largo Caballero de Trabajo (PSOE).

No era un gobierno de carácter revolucionario, la mayoría eran conscientes de la necesidad de modernizar el país, pero partidarios de hacerlo por la vía democrática y legal, y no de forma violenta. Por encima de la heterogeneidad del grupo, todos actuaron con bastante coordinación y asumieron como función prioritaria asentar las bases de la República hasta el momento de poder convocar Cortes Constituyentes. No era tarea fácil, la República se enfrentaba a una serie de problemas que no podían esperar al debate constitucional. En primer lugar estaba el problema agrario, convertido desde el principio en cuestión clave. Había también que iniciar la reforma militar y acabar con un Ejército inadecuado para las necesidades del país y de nuevo habituado a intervenir en la vida política. La reforma de la relación Iglesia-Estado. Satisfacer las reivindicaciones regionalistas y solucionar el problema de la educación (analfabetismo).

El Gobierno republicano decidió abordar estas cuestiones mediante una serie de decretos ministeriales, mientras preparaba la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.

Entre las principales medidas destacan:

a) La Reforma Agraria de Largo Caballero:

• Obligación de los patronos de contratar a los jornaleros del término municipal.
• Prohibición temporal del desahucio de arrendatarios por impago.
• Establecimiento de Jurados Mixtos para arbitrar en los conflictos entre propietarios y arrendatarios.
• Implantación de la jornada de ocho horas y de unos salarios mínimos.
• Decreto de laboreo forzoso, que obligaba a los propietarios a poner en cultivo las tierras aptas para ello.

Se trataba de fijar unas condiciones mínimas y garantizar el trabajo ante el paro creciente. Pero en las condiciones tan atrasadas en las que se encontraba el campo español, tales medidas eran una auténtica novedad, y los propietarios las interpretaron como un atentado contra sus derechos.

b) La Reforma Militar de Manuel Azaña:

• Exigió a los militares prometer fidelidad a la República y ofreció el retiro, manteniendo el sueldo, a los mandos que lo quisieran.
• Redujo el número de divisiones, eliminó los grados de capitán general y teniente general y suprimió el Consejo Supremo de Guerra y Marina y la Academia General Militar de Zaragoza (dirigida por Franco).
• También decretó la unificación de escalafones y suprimió los ascensos irregulares habidos durante la Dictadura. .**

Estas medidas contaron con la oposición de jefes y oficiales militares, fueron vistas como un atentado contra sus derechos y una represalia por su papel en la Dictadura**.

c) El ministro Marcelino Domingo emprendió una importante Reforma Educativa:

• Se crearon 7.000 plazas de maestros, se dictó la ley de Construcciones Escolares (nuevas escuelas)
• Aumentaron el salario de los maestros
• Se estableció la voluntariedad de la enseñanza de la religión como asignatura
• Se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas para extender la enseñanza entre los adultos.

d) En Cataluña y el País Vasco se desarrolló un proceso de aprobación de proyectos de Estatuto de Autonomía. En Cataluña, fue el Presidente de la Generalitat, Maciá, quien impulsó el proyecto de Estatuto provisional, que fue sometido a consulta popular (90% de los votos emitidos fueron favorables). Menos éxito tuvo el proyecto vasco, al que el Gobierno veía con recelo por su excesivo tinte religioso y conservador, por lo que fue paralizado.

Desde los primeros días de la República, el ambiente social adquirió una tensión preocupante. Se produjo una serie de conflictos y huelgas, a las que hay que unir la actitud contraria al régimen de patronos y propietarios. La CNT inició una huelga en la Compañía Telefónica como medida de presión al Gobierno republicano. También el PSOE celebró su Congreso, y en él se impuso la posición de Indalecio Prieto de mantener la participación en el Gobierno provisional, frente a la postura de Besteiro, partidario de pasar a la oposición.

Pero el conflicto que afectó realmente el comienzo de la República estuvo motivado por el enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo régimen. Desde el principio, los sectores más reaccionarios del clero, criticaron al Gobierno por su política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de la Iglesia. Los grupos católicos fundaron su propio partido político: Acción Nacional con el lema “Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad”.

Los días 11 y 12 de mayo se desencadenaron los sucesos que han pasado a la historia como “la quema de conventos” (enfrentamientos entre republicanos y monárquicos). Rápidamente, el motín fue creciendo, al tiempo que los rumores incitaban a una población en la que la tensión frente a la Iglesia había despertado el viejo anticlericalismo. A partir de este momento se desencadenó una serie de asaltos a conventos e incendios, primero en Madrid, y el día 12 en Sevilla, Córdoba, Cádiz, Murcia y otras ciudades. Aunque el Gobierno declaró el estado de guerra, no pudo impedir la destrucción de edificios religiosos, aunque afortunadamente no hubo muertos ni heridos graves. Sin embargo, el golpe a la imagen de la República fue durísimo. La quema de conventos enfrentó abiertamente al régimen con las clases propietarias, que hicieron de la “defensa de la religión” una eficaz arma de propaganda antirrepublicana.

3. La Constitución de 1931

El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes con total normalidad. A pesar de la poca participación de la derecha y la abstención de los anarquistas, votaron aproximadamente el 70% del censo, que dieron una clara victoria a la conjunción republic

ano-socialista. 
La acción siguiente era formar una Comisión constitucional con el objetivo de elaborar una Constitución. Tras su debate a la totalidad, se pasó a discutir el articulado, y el 9 de diciembre quedó definitivamente aprobada. La Constitución de 1931 consta de 9 títulos y 125 artículos. Sus principales características son:
a) La definición del Estado como «República democrática de trabajadores de toda clase», subrayando el carácter popular de la soberanía.
b) Una extensa declaración de derechos y libertades, no sólo individuales y políticos, sino también económicos, familiares y culturales. Entre los aspectos más novedosos destaca el sufragio universal para mayores de 23 años. Por primera vez en la historia de España se reconoce el voto femenino. Se había declarado un intenso debate (Victoria Kent y Margarita Nelken en contra voto femenino en junio 1931/Clara Campoamor partidaria del voto femenino en elecciones constituyentes 1931), para estas elecciones al temer una parte de la izquierda que el voto femenino pudiera inclinar el electorado hacia la derecha. Se establece el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos. Se declara la igualdad de todos en el derecho a la educación, y el trabajo como una obligación social protegida por la ley. Asimismo se establece la subordinación del derecho a la propiedad privada al interés público, ante la posibilidad de expropiación.
c) Las Cortes quedan configuradas como la representación principal del pueblo. Elegidas cada cuatro años, constan de una sola cámara, y tienen en exclusiva el poder legislativo; su predominio sobre las demás instituciones determina un Estado en el que la acción política tiene lugar en el Congreso más que en el Gobierno o en el seno de los partidos políticos. Los años de la República fueron, de hecho, de intenso debate parlamentario.
d) El Presidente de la República es elegido cada seis años por los diputados y un número igual de compromisarios; de esta forma se combina el sufragio directo con el sometimiento del Presidente a las Cortes. Las competencias del Presidente están restringidas y son controladas en todo momento por la Cámara.
e) El Presidente nombra al Jefe de Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros, pero éstos deben ser ratificados por las Cortes, ante quienes responden individualmente.
f) Se establece un poder judicial totalmente independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales cuyos miembros son elegidos por las Cortes, como máximo organismo jurisdiccional del Estado.
g) Se dispone la posibilidad de que un conjunto de provincias se constituya como región autónoma, para lo cual deberán presentar su proyecto de Estatuto a las Cortes, a quienes compete aprobarlo. La Constitución recoge con detalle las competencias susceptibles de ser transferidas a las regiones autónomas. Se prohíbe la federación de regiones autónomas, artículo que intentaba apaciguar a la derecha ante el temor al separatismo o a la disgregación del país. El debate sobre los Estatutos de Autonomía fue uno de los más duros, y obligó a una redacción moderada y restrictiva.
h) Pero el debate más intenso fue el de los artículos 26 y 27, en los que se abordaba la cuestión religiosa. Los artículos en cuestión establecen la disolución de las Congregaciones religiosas de «obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (expulsar a la Compañía de Jesús cuya obediencia era directa al Papa). Desaparece el presupuesto de culto y clero. Se prohíbe a las Congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio, al tiempo que quedan sometidas a una ley especial. La Constitución proclama la libertad de conciencia y cultos y establece la jurisdicción civil sobre los cementerios.
La aprobación de estos artículos, a pesar de la cerrada oposición de la derecha, ocasionó una crisis institucional al dimitir Alcalá Zamora y Miguel Maura. El Gobierno se remodeló asumiendo Manuel Azaña la Presidencia provisional además del Ministerio de Guerra.
En su conjunto, la Constitución era de carácter claramente progresista, y con un texto que permitía el desarrollo de un sistema político abierto a la izquierda y a la derecha. Sin embargo, fue muy criticada por la Iglesia y por los partidos de la derecha, que convirtieron la cuestión de la religión católica en la principal causa de su rechazo. Tras la aprobación de la Constitución, Alcalá Zamora fue elegido como primer Presidente de la II República.
4. El bienio progresista o azañista (diciembre de 1931 y noviembre de 1933).
a) Principales reformas:
El Gobierno republicano-socialista continuó con las reformas ya iniciadas durante el periodo del Gobierno Provisional. Todas estas se realizaron en un clima de tensión política y social protagonizada por la izquierda a través de huelgas, y desde la derecha mediante la oposición a las reformas y la provocación al Gobierno. 
En diciembre se formó el primer Gobierno Constitucional de la II República, Alcalá Zamora nombra a Manuel Azaña jefe del gobierno con el mismo grupo de ministros que en el Gobierno Provisional, a excepción de los radicales de Lerroux.
1.- Largo Caballero continuó al frente de la legislación laboral y social, destacan las medidas siguientes: Ley de Jurados Mixtos (decidían en caso de desacuerdo entre patronos y obreros), Ley de Asociaciones Profesionales (papel protagonista en las negociaciones laborales) y la creación de los Inspectores de Trabajo (controlar si se cumplen estas leyes). 
Estas reformas pusieron a los patronos en contra de Largo Caballero, solicitando la dimisión de éste. 
2.- La reforma educativa, ahora con Fernando de los Ríos al frente, continuó con su desarrollo. Según la Constitución «la educación es un derecho de todos y el Estado debe proporcionarla». El Gobierno adoptó un modelo basado en la escuela pública, una educación obligatoria y gratuita, establecimiento de la enseñanza mixta. Continuó con el programa de construcción de escuelas y de creación de plazas de maestro. La religión católica desaparece como asignatura y se prohibió el ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas. Ambas decisiones provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia, que se negó a cerrar sus colegios y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en las escuelas públicas.
3.- Azaña continuó su reforma militar, recortó el presupuesto de Defensa y redujo el número de oficiales. Planteó reorganizar el sistema de acceso (estudios), lo que provocó el resentimiento de una buena parte de los oficiales. Su reforma fracasó y el Ejército continuó estando en una situación precaria.
4.- La Reforma Agraria era una cuestión fundamental para la izquierda republicana y los socialistas. Eran conscientes de que un cambio en la estructura agraria acabaría definitivamente con el atraso económico del país. 
Plantean el asentamiento de campesinos en los latifundios y tierras que no eran explotadas, así se solucionaría la miseria campesina. La división de opiniones a la hora de tratar la forma de realizarla paralizó el proceso, unos pedían la expropiación y el reparto de las tierras entre los jornaleros, con o sin indemnización, y otros proponían el asentamiento de las familias campesinas en tierras que pudieran cultivar, sin tocar el derecho de propiedad. La principal oposición a esta medida se encuentra en la oligarquía terrateniente.
La reforma agraria se convirtió en un símbolo del cambio, pero también de la resistencia de las clases dominantes frente al Gobierno de izquierda. En medio de la presión campesina, organizada por la CNT y el PCE (Andalucía y Extremadura), y de la Agrupación Nacional de Propietarios Agrarios (derecha), se presentaron y rechazaron un total de cuatro borradores. 
La ley de Bases para la Reforma Agraria de 9 de septiembre de 1932 afectaba a Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca. Declaraba la expropiación de tierras incultas o deficientemente cultivadas… El Instituto de Reforma Agraria (IRA) se encargó de hacer el Registro de la Propiedad Expropiable, para ello se dotaba al IRA de un presupuesto para indemnizaciones, siendo además el encargado de asignar las tierras entre los campesinos. Aunque era una ley insuficiente para las exigencias de sindicatos y partidos obreros, la reforma fue una revolución. 
Por la lentitud con que se fue aplicando resultó ser un fracaso: se tardó casi un año en completar el Registro y en organizar el IRA, y además no se contaba con suficientes recursos para indemnizar a los expropiados. La resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios, fue otro de los motivos de este fracaso. El resultado fue el aumento del descontento de los campesinos hacia el Gobierno (impacientes).
b) Principales conflictos del periodo:
Desde que se proclamó la República los conflictos sociales fueron continuos. Las principales causas o factores son: la tensión política, motivada por los enfrentamientos entre los grupos de izquierda y la oposición de la derecha; las esperanzas puestas por campesinos y obreros en el nuevo régimen (demasiado exigentes); la impaciencia de los trabajadores se sumó la movilización de los sindicatos anarquistas (CNT) y del PCE; yla oposición de los propietarios y empresarios.
Ante la presión de patronos, el Gobierno, que no quería perder el control del país, utilizó las fuerzas de orden público para reprimir las huelgas. Los terratenientes aprovecharon esta situación para incumplir las medidas sobre el laboreo forzoso y la contratación preferente de jornaleros del municipio respectivo.
1932 se caracterizó por la conflictividad: huelgas, robos de cosechas y destrucción de maquinaria agrícola en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y pueblos de Extremadura y La Mancha. Además de las huelgas y la conflictividad social, hay que tener en cuenta los distintos movimientos de oposición que desestabilizaron el Gobierno de Azaña.
La derecha se reestructuró en 1932 con la creación de Acción Popular, dirigido por Gil Robles, y se configuró como el gran partido de la derecha (católicos y monárquicos).
Alfonsinos y carlistas (monárquicos) llegaron a un acuerdo para luchar juntos contra la República. 
Las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), pequeño grupo de carácter fascista actuaba violentamente en las universidades en contra de las libertades e igualdades sociales (defendidas por la FUE). 
Las asociaciones patronales del país, contrarios a la reforma agraria y la legislación laboral.
En la izquierda, la CNT, con más de un millón de afiliados, optó claramente por una línea dura y revolucionaria para presionar al Gobierno. 
El PCE también aumentó su militancia a unos 11.000 miembros (Andalucía), optando por una línea radical contra el Gobierno para conseguir sus reivindicaciones (revolución social).
El ambiente político se complicó aún más con la expulsión de la Compañía de Jesús. Esta acción motivó que la Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía para Cataluña contaran con la oposición de católicos y monárquicos, contrarios al Gobierno. La identificación del Estatuto con la disgregación del país tuvo sus consecuencias en una parte importante del Ejército.
Ante esta situación, el general Sanjurjo intentó dar un golpe de Estado (agosto). Preparado precipitadamente, y sin contar con apoyos civiles suficientes, la aventura de Sanjurjo, que pretendía formar un Gobierno republicano que diera un giro hacia la derecha, fracasó. Fue juzgado y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada (exiliado).
La Sanjurjada le sirvió al Gobierno para obtener el respaldo suficiente para aprobar la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto catalán por una amplia mayoría. Tras las elecciones para constituir la Generalitat, Francesc Maciá se convertía en el primer Presidente constitucional de Cataluña.
1933 comenzó con más problemas por el aumento del paro. La buena cosecha de 1932 provocó la caída de los precios y en medio de una oleada de levantamientos campesinos (CNT), en el pueblo de Casas Viejas, miembros de la Guardia Civil y Guardias de Asalto realizaron una masacre frente a un grupo de anarquistas. Cuando la noticia apareció en la prensa se produjo un gran escándalo, tanto por la violencia empleada como por la ausencia inicial de explicaciones del Gobierno. El Gobierno de Azaña estaba seriamente amenazado ante esta situación, el PSOE (Largo Caballero) le retirará su apoyo y Azaña se quedaría con un Gobierno en minoría.
En pleno desconcierto de la coalición gobernante (Izquierda Republicana de Azaña y el PSOE), la campaña de la derecha para acabar con el Gobierno se centró en la discusión de la Ley de Congregaciones religiosas (la enseñanza). Fernando de los Ríos prometió que habría plazas para escolarizar a todos los niños que se educaban en colegios católicos, pero estaba aún lejos de lograrlo por la falta de recursos. Los obispos no aceptaron el cierre de sus colegios, exigiendo a los padres creyentes que no matricularan a sus hijos en escuelas públicas. La prensa de la derecha convirtió el debate en una auténtica «cruzada contra el Gobierno», que se veía cada vez más presionado.
En los meses siguientes se produjo una polarización progresiva de las fuerzas políticas, estableciéndose el enfrentamiento entre dos frentes claramente opuestos: la izquierda y la derecha.
En la izquierda, el sector del PSOE liderado por Largo Caballero se planteó radicalizar su lucha contra el Gobierno, tras romper su alianza, y acercarse a las posturas del PCE y CNT.
La derecha se consolidó con la fundación de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), en ella se integraron todos los sectores católicos y la oligarquía. Dirigida por Gil Robles, propuso como programa la reforma de la Constitución, eliminando todas las reformas anteriores, y la defensa de los intereses económicos de los propietarios.
5. El bienio derechista o radical-cedista (noviembre de 1933 a febrero de 1936).
a) La revolución de octubre de 1934
Alcalá Zamora disolvió las Cortes en noviembre de 1933 y tras la convocatoria de unas elecciones legislativas, formó un nuevo Gobierno conLerroux al frente, pero era un Gobierno sin mayoría. El partido con más votos fue la CEDA de Gil Robles, pero su admiración por el fascismo y nazismo hizo que Alcalá Zamora no los incluyera en el Gobierno. Tras varios fracasos de coaliciones con otros grupos políticos minoritarios, el Presidente de la República tuvo que acceder a incluir a tres miembros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux. 
El clima de inestabilidad que se daba en las Cortes, los continuos conflictos en el campo, los sucesivos incidentes entre la FUE y la JONS en la Universidad, la tensión entre el Gobierno y los nacionalistas, además de la radicalización de la opinión pública contra el Gobierno, llevó a la izquierda obrera a preparar una insurrección armada si la CEDA entraba a formar parte del Gobierno. En 1933 Hitler había ascendido al poder en Alemania y la CEDA no ocultaba su admiración por el nazismo. 
Tras la crisis ministerial, Alcalá Zamora formaría el nuevo Gobierno en octubre incluyendo a tres miembros de la CEDA. Los dirigentes socialistas organizaron una huelga general, que fue apoyada en todas las ciudades. Se presentaba como un medio para restablecer la legitimidad democrática quebrantada por el ingreso en el Gobierno de la CEDA (antidemócrata).
La revolución de Octubre fracasó en Madrid por la rápida reacción del Gobierno. Los principales dirigentes socialistas y comunistas fueron detenidos. En Cataluña el Ejército consiguió recuperar el mando tras la rendición del gobierno de la Generalat. En el resto del país, el paro fue total en los primeros días, sobre todo donde los obreros de filiación socialista eran la mayoría. 
La revolución no triunfó por la falta de coordinación en el campo. Tampoco la CNT quiso unirse a la sublevación. Por estos motivos la insurrección fue sofocada en todo el país, excepto en Asturias. Para combatirla el Gobierno entregó plenos poderes militares al general Franco, que hizo traer tropas de la Legión. 
El balance de octubre de 1934 fue durísimo: más de 1000 muertos entre los insurrectos, las fuerzas del orden y el Ejército, miles de heridos y unos 30.000 detenidos (muchos de ellos eran dirigentes socialistas).
b) El final del Bienio Derechista 
Los sucesos de octubre marcaron la vida política. Se estableció una división a nivel político entre aquellos que eran partidarios de tomar duras represalias contra los insurrectos, ejecuciones incluidas, y quienes reclamaban una amnistía general. La opinión pública y el presidente Alcalá Zamora estaban a favor del indulto de los dirigentes socialistas condenados a muerte. La CEDA y otros partidos de la derecha pedían la ejecución de las sentencias. El triunfo de la primera opción provocó que la CEDA abandonara el Gobierno, aunque volvería más tarde.
El gobierno radical-cedista inició una política de «rectificación» a lo largo de 1935. Se decretó la suspensión del Estatuto de Cataluña, en represalia por la participación en la revolución de octubre. Se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria, que no era otra cosa que una contrarreforma: limitaba el presupuesto del IRA, anulaba el inventario ya hecho de fincas expropiables y disponía límites más restringidos para decidir qué tierras podían expropiarse. El resultado fue la paralización de la reforma.
La crisis del gobierno cada vez era mayor ya que los radicales sólo podían gobernar con el apoyo de la CEDA, por no contar con la mayoría suficiente. Los radicales de Lerroux rechazaban la política de los miembros de la CEDA, cada vez más próxima a planteamientos fascistas. Los nombramientos hechos por Gil Robles en el Ministerio de la Guerra (Franco como Jefe de Estado Mayor) provocó sospechas entre la izquierda y en el propio Alcalá Zamora.
La crisis definitiva se desencadenó a partir de octubre de 1935, cuando estalló el escándalo del estraperlo (sobornos), en el que estaban implicados varios miembros del Gobierno. El escándalo trajo consigo el hundimiento de Lerroux y de los líderes radicales. Portela Valladares formó nuevo gobierno con el compromiso de Alcalá Zamora de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales, ya que se manifestó contrario al nombramiento de Gil Robles (CEDA tenía la mayoría) como nuevo presidente del gobierno, y además eran conscientes de la conspiración militar.
A lo largo de 1935 se crearon las dos grandes coaliciones que se enfrentarían en las elecciones de 1936. El primer bloque está constituido por la derecha antirrepublicana, que se unió para obtener mayor fuerza en el llamado Bloque Nacional, dirigido por Calvo Sotelo. Éste defendía un Estado autoritario similar al fascista (antidemocrático). Era la única alternativa a la CEDA en la derecha, porque Falange (fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera) apenas contaba con respaldo popular. El otro bloque lo integraban todas las fuerzas de la izquierda, unidas por las campañas proamnistía para los presos de octubre. Éstos reclamaban nuevas elecciones que permitieran salvar a la República. Manuel Azaña, liberado a finales de 1934 ante la falta de pruebas contra él, recuperó el liderazgo de la izquierda, cuando el Gobierno de Lerroux estaba ya hundido por los escándalos. Será el encargado de liderar el Frente Popular (coalición de partidos de izquierda a favor de la República y contrarios al fascismo, este movimiento imitaba a los frentes populares creados en el resto de Europa).
6. El Gobierno del Frente Popular (hasta julio de 1936).
En 1936 todo el país era consciente de la situación política. El Centro, representado por los radicales de Lerroux, y la derecha liberal republicana habían desaparecido. Dos grandes bloques electorales se perfilaban enfrentados y sin posibilidad de entendimiento: la izquierda y la derecha.
En enero se firmó el Pacto del Frente Popular con un programa que pretendía volver a poner en marcha la legislación del primer bienio(educación, obras públicas, reforma agraria, reforma laboral, etc.), decretar una amplia amnistía, anular todas las represalias por la revolución de octubre y restablecer las garantías constitucionales.
Al pacto se unieron Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). La amenaza de Largo Caballero de sacar de la coalición al PSOE forzó a los republicanos de izquierda (Azaña) a aceptar la entrada de partidos comunistas. Se unieron también otros grupos de izquierda y los sindicatos comunistas, además de la UGT. La CNT no participó, pero no piden la abstención a sus afiliados, lo que significó un apoyo claro al Frente Popular.
La otra gran coalición se formó entre el Bloque Nacional y la CEDA, aunque no fue capaz de hacer un programa coherente: fundamentó su alianza en la negación de la revolución social, el rechazo al marxismo y la amenaza que para el país significaría el Frente Popular. Esta actitud negativa le restó muchos votos de Centro. El mismo José Antonio Primo de Rivera criticó la falta de programa y mantuvo a la Falange fuera de la coalición. El PNV se presentó por su cuenta como un partido de centro. 
La campaña y las elecciones se celebraron con bastante orden, pese a la violencia verbal y al clima de enfrentamiento existente. La participación en actos electorales fue masiva, propia de un país que vivió las elecciones con la conciencia de que se jugaba bastante (el 72% del censo acudió a votar). La victoria de la izquierda se produce en las grandes ciudades y en las provincias del Sur y de la periferia, mientras que la derecha se impuso en las provincias del Norte y del interior. La unidad de unos y la desunión de los otros fue la clave para explicar el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936.
Manuel Azaña formó el nuevo Gobierno (compuesto únicamente por republicanos de izquierda). El Gobierno puso en marcha el programa del Frente Popular. Decretó una amplia amnistía y restituyó a los funcionarios expulsados tras octubre de 1934. Se restableció el Estatuto catalán, y Azaña envió a los generales sospechosos de conspiración a puestos alejados de Madrid (Franco a Canarias y Mola a Pamplona).
Sin embargo, el hecho más significativo de aquellos meses fue la ocupación sistemática de fincas y la puesta en práctica de la reforma agraria. El Gobierno devolvió las tierras a los campesinos expulsados. Pero los sindicatos agrarios decidieron forzar la situación, y empezaron a ocupar las fincas y a ponerlas en explotación. La resistencia de los terratenientes provocó enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil. Desde febrero a julio se asentaron a 110.000 familias campesinas dentro de la legalidad.
A pesar de establecer un frente común para ganar las elecciones, una vez celebradas se produjeron fisuras en el Frente Popular. La derecha pasó abiertamente a la conspiración, la provocación y el enfrentamiento, y la izquierda obrera, en lugar de apoyar la política del Gobierno, se dejó arrastrar y respondió a las provocaciones. Poco a poco, el Gobierno perdió el control de las calles.
Tras constituirse las nuevas Cortes, su primera decisión fue la destitución de Alcalá Zamora (artículos 81 y 82 de la Constitución). Esta decisión, quizás uno de los errores mas graves e injustos del Frente Popular, respondió al parecer a un acuerdo entre Azaña e Indalecio Prieto para asumir respectivamente la jefatura del Estado (presidencia) y la jefatura del Gobierno.
Manuel Azaña fue elegido Presidente pero Prieto no consiguió formar Gobierno al no contar con la aprobación de su partido, ya que Largo Caballero era partidario de la revolución y de la alianza con el PCE. Azaña tuvo que encargar la formación de Gobierno a Casares Quiroga, que lo realizó sin contar con la participación obrera.
El nuevo gobierno continuó con el restablecimiento de la legislación progresista del primer bienio, ahora de forma acelerada. Como novedad estaría la tramitación parlamentaria de los Estatutos gallego y vasco. 
La primavera de 1936 estuvo marcada por el enfrentamiento abierto entre grupos obreros extremistas y organizaciones de derecha que pasaron a la lucha callejera, ante un Gobierno incapaz de controlar el orden público. El enfrentamiento fue especialmente duro entre grupos falangistas y las milicias socialistas, comunistas y anarquistas (12 de julio muerte del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo). Ante esta situación se establece un debate parlamentario en el que Gil Robles acusa al Gobierno de ser el responsable de la situación. En el mismo debate se produjo un enfrentamiento entre Calvo Sotelo, que insinuó la posibilidad de un golpe militar, y Casares Quiroga, que le respondió que «si algo ocurre, que no ocurrirá, haré a su señoría responsable de todo». Un mes más tarde era asesinado el diputado del Bloque Nacional (13 de julio).
7. La conspiración militar.
La revolución de octubre produjo un acercamiento entre grupos militares hostiles a la República y líderes de la derecha. En 1935, cuando Alcalá Zamora se negó a que Gil Robles pudiera formar Gobierno, se preparó el golpe de Estado ante la insistencia de Calvo Sotelo, pero Franco se negó porque pensaba que el Ejército aún no estaba preparado. Tras las elecciones de 1936, se exigió un golpe militar por parte de los grupos de derecha, lo que explica la rapidez con que Portela Valladares cedió a Azaña la presidencia del Gobierno, y la decisión de éste de destinar a los generales más peligrosos a regiones alejadas del mando central.
Los sectores más importantes de la derecha llegaron a la conclusión de que sólo un golpe militar podría evitar una inminente «revolución social». Gil Robles, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, representantes de la oligarquía económica (Juan March) y generales antirrepublicanos(Sanjurjo, Mola, Varela, Fanjul, Goded, Franco, Queipo de Llano, Cabanellas, Yagüe, etc) iniciaron contactos para preparar el golpe. Estaba previsto para el 20 de abril, pero no se realizó por la descoordinación existente entre los golpistas. A partir de este momento será el general Mola, destinado por Azaña en Pamplona, quien tome el mando de la conspiración, preparando minuciosamente el golpe militar, bajo el nombre de «el director».
Las principales dificultades para preparar el golpe de Estado estuvieron, sobre todo, en poner de acuerdo a los distintos sectores de la derecha, ya que cada uno proponía a una forma de gobierno distinta. El rechazo hacia el Frente Popular y hacia la revolución social fue lo que unió a grupos tan dispares en una misma causa.
El golpe militar se adelantó tras el asesinato de Calvo Sotelo. El 12 de julio un oficial de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, muere en una revuelta callejera, este acto fue respondido en la madrugada del 13 por sus compañeros con el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo. Esto acabó por decidir a Franco, hasta entonces dubitativo, a participar en la sublevación, siendo clave en los planes de Mola. En medio de los rumores de golpe de Estado, Casares Quiroga se mantuvo inactivo, pese a las advertencias que le hacían los líderes obreros. Cuando el 17 de julio se produjo la rebelión en Marruecos, el Gobierno permaneció inoperante, creyendo durante muchas horas que se trataba de un intento condenado al fracaso. Dos días después, la Guerra Civil era un hecho. 
8. Conclusión.
La República tuvo que afrontar los problemas básicos que acarreaba España desde principios del siglo XX, que no eran otros que la cuestión social, la cuestión militar, la regionalista y la religiosa. 
Para atender a la demanda de aquellos que la proclamaron (el pueblo) se realizaron una serie de reformas durante el Gobierno Provisional que posteriormente se reflejaron en la Constitución de 1931. 
La falta de medios económicos y la oposición de los grupos privilegiados hasta ese momento, frenarán la puesta en marcha de estas reformas, por este motivo habrá una presión constante sobre los distintos gobiernos republicanos por parte de anarquistas y socialistas (CNT y PCE). 
La República se caracterizó por un intenso debate parlamentario, que entre otras cuestiones, se centró en la Reforma Agraria. La lentitud en su aplicación por parte del Gobierno Azañista, la paralización por parte del Gobierno Radical-Cedista, y su posterior restablecimiento de una forma acelerada y descontrolada con el Frente Popular, será una de las razones que llevaron a los españoles a constituirse en dos bandos que se enfrentarán en la Guerra Civil (1936-1939). 
Por un lado están los republicanos, la mayoría de izquierda, aunque también contaba con una minoría de derecha, que defienden los principios liberales. Por el otro lado están los antirrepublicanos, entre los que están los defensores de los valores tradicionalistas (católicos y monárquicos), y aquellos que se sienten amenazados ante la posibilidad de una «revolución social», admiradores de los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini. A estos se les une una parte del Ejército, perjudicados por las reformas militares de Azaña, y que ven amenazada la unidad del país con los estatutos de autonomía.
Todos los logros alcanzados durante la República relacionados con los derechos y libertades civiles se perderán tras la derrota en la Guerra Civil,recuperándose con la Transición hacia la democracia a finales de los años 70. Estos derechos y libertades son la base de nuestra sociedad actual y quedaron plasmados en la Constitución de 1978.