La Constitución de Cádiz de 1812 y el Manifiesto de los Persas: Liberalismo vs. Absolutismo en la España del Siglo XIX

7

El Régimen de Primo de Rivera y la Proclamación de la II República

Tras la caída del régimen canovista y el fin de la época de la Restauración (1876-1923), comienza en España un régimen autoritario dirigido por Primo de Rivera (1923-1931) con la monarquía de Alfonso XIII. Se recobraría una sensación de orden público, aunque seguía habiendo problemas, desde la falta de educación e industrialización, hasta una gran deuda pública.

Este régimen se fue ablandando, hecho que permitiría a grupos disconformes reunirse. En 1930 algunos partidos opositores firman el Pacto de San Sebastián, con intención de acabar con la monarquía y la dictadura. Tras un intento de pronunciamiento en Jaca que fracasó, se trataría de llegar al poder a través de las elecciones municipales (12 de abril de 1931). Éstas se convirtieron en un plebiscito encubierto. El 13 de abril de 1931, se da una victoria mayor en las municipales a favor de los republicanos en las zonas no controladas por los caciques, toda España comenzaría a reclamar la república. El 14 de abril, se proclama la II República (1931-1936) y Alfonso XIII abandona España. Se crea un Gobierno provisional presidido por Alcalá Zamora.

Se necesitan reformas en varios aspectos como ya anunciaron los regeneracionistas: la reforma agraria, el analfabetismo, el papel del ejército en la política, la importancia de la Iglesia, la organización territorial… Se celebran Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino sin fraude. Gana la conjunción republicano-socialista con tres mujeres diputadas. Se publica en diciembre de 1931, sin consenso, la primera constitución republicana demócrata laica española. Se reconoce el sufragio universal, con voto femenino. Se conceden derechos sociales como: derecho al divorcio, matrimonio civil, educación primaria obligatoria y gratuita, a propiedad privada (sujeta a las necesidades del Estado)… Se opta por un modelo descentralizado en el que las provincias se podrán unir en regiones autónomas con estatutos de autonomía. Esta constitución fue muy controvertida. Supuso una ruptura de relaciones con la Iglesia al eliminarla de la educación y quitarle la financiación. Además, la derecha no republicana no estaba de acuerdo con el derecho a voto femenino y los estatutos autonómicos.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Con esta constitución comienza el Bienio Reformista (1931-1933), donde Manuel Azaña, de la coalición socialista-republicana, estuvo a cargo del Gobierno y se trataron de solventar problemas que España llevaba arrastrando desde hace tiempo. En educación se construyeron 13000 escuelas primarias y se doblaron las secundarias. En lo referente a la laicidad, se permitió el divorcio y el matrimonio civil. Cataluña obtendría el Estatuto de Nuria (1932) al Gobierno de la Generalitat con Francesc Macià en la presidencia.

Galicia y las provincias vascas intentarán desarrollar sus propios estatutos, con más esfuerzo en estas segundas, aunque no tuvieron confirmación en este período. Se hizo una gran reforma laboral (Largo Caballero), mejorando la situación de los trabajadores mediante leyes. En 1932 se aprueba la Ley de Reforma Agraria creándose la IRA, que buscaba redistribuir las tierras mediante la expropiación de latifundios mal explotados. Se llevaría a cabo una reforma militar, haciendo jurar al ejército fidelidad y reduciendo el número de oficiales. Surgirían la CNT y la FAI, provocando huelgas para demandar una reforma más efectiva. Los sucesos de Casas Viejas, que sumaron 23 muertos entre enfrentamientos y fusilamientos, ejemplificaron las dificultades de contener una situación de atraso, miseria y reformas que no van a la velocidad necesaria. La represión de este suceso por parte del Gobierno de Azaña le hizo perder credibilidad. La derecha más extremista se sumó a la oposición. Comienza una conspiración de la derecha monárquica, pero fracasa el golpe de Estado de Sanjurjo (1932).

El Bienio Conservador (1933-1936)

Las tensiones entre diferentes intereses sociales parecen irreconciliables. En 1933 se funda la CEDA, una unión de derechas. La situación del Gobierno empeora y Alcalá Zamora disuelve las Cortes convocando elecciones para noviembre de 1933. En las elecciones triunfa la CEDA, dada la división de la izquierda-republicana y el miedo general. Comienza el Bienio Conservador (1933-1936) con Lerroux nombrado presidente. Con la llegada de la CEDA se paralizan las reformas y hay una amnistía a los golpistas de la Sanjurjada. Las tensiones nacionalistas y con la izquierda fructifican en 1934 (Revolución de Octubre). En Cataluña Lluis Companys declara la independencia del Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Esto es detenido mediante el ejército, se encarcela a Companys y se anula el estatuto junto con la Generalitat. En Asturias el movimiento obrero liderado por los socialistas convoca una huelga general revolucionaria de mineros. El Gobierno envía desde Marruecos a Franco para acabar con el conflicto. En 1935 el Gobierno de la CEDA pierde apoyo. La extrema derecha pide más autoritarismo y es acusado de fraude financiero. En otros países de Europa la situación es similar, llegando al poder partidos fascistas como en Alemania (Hitler) e Italia (Mussolini). Se convocan elecciones para febrero de 1936. Con dos bandos cada vez más diferenciados, mientras en la derecha se divide entre opciones más dialogantes con otras muy radicales (José Antonio Primo de Rivera), la izquierda y demócratas se unen fundando el Frente Popular. El programa electoral del Frente Popular promete el restablecimiento de las reformas del Bienio Reformista y amnistía para los encarcelados en 1934.

Finalmente, en las elecciones de febrero de 1936, triunfa el Frente Popular. Explota la tensión en las calles, se queman iglesias, aparece el pistolerismo entre ambos bandos… Comienza a gestarse una conspiración militar. El Gobierno, consciente del peligro, distribuye a los sospechosos de conspirar para mantenerlos alejados (Mola a Navarra, Franco a Canarias, Goded a Baleares). El 12 de julio los falangistas asesinan al teniente Castillo, hecho que sería inmediatamente respondido por la izquierda matando a Calvo Sotelo.

Así se desencadena el plan de los conspiradores dirigidos por Mola y Sanjurjo, que pretendían obtener el poder mediante un golpe de Estado. El 17 de julio Franco vuela a Tetuán para ponerse al frente del ejército marroquí que se pronuncia. El 18 el pronunciamiento estalla en Sevilla y fracasa, pero España queda dividida. Comienza la Guerra Civil (1936-1939) que enfrentaría al Frente Popular y a los golpistas. La guerra dejará tras de sí un rastro de miseria del que España tardaría décadas en recuperarse 3

8

El Nacionalismo Vasco y la Guerra Civil

A finales del siglo XIX hubo dos grandes cambios que hicieron nacer el nacionalismo vasco. En 1876 se promulgó la ley del 21 de julio que acaba con los fueros vascos, aunque en 1878 se les concedería a las provincias vascas el concierto económico. Con la llegada de la industrialización, los nativos de estas zonas verían a los inmigrantes como una amenaza para sus costumbres. La II República (1931-1936) fue la oportunidad de que se hiciera realidad la autonomía vasca, que se consiguió finalmente en 1936 (Estatuto de Elgueta). Cuando se produce el inicio de la Guerra Civil (1936-1939), el País Vasco se dividió geográficamente en dos zonas: Álava, excepto el valle de Ayala, quedó en el bando nacional; Vizcaya y Guipúzcoa se mantuvieron leales a la república.

Partidos Políticos en el País Vasco

Durante la república tuvieron una fuerte representación los partidos más conservadores: Comunión Tradicionalista (requetés) y los monárquicos. Los primeros tuvieron más fuerza en Álava y Navarra, también tenía gran presencia en algunas zonas rurales de Guipúzcoa y Vizcaya y estaban formados mayoritariamente por carlistas. Los monárquicos apoyaban partidos de derechas como CEDA o Renovación Española, cerca de ellos se encontraban los católicos independientes. Tenían un gran poder en la prensa. En 1895 se funda el PNV, donde surgirían dos líneas: la radical-independentista de un nacionalismo étnico con los Arana (CNV), y una más posibilista de Ramón de la Sota que buscaba la autonomía (STV).

Dentro del nacionalismo, la ANV defendía el laicismo y era progresista. Como consecuencia de las malas condiciones de los mineros surge el socialismo y la UGT con dos líneas: una radical (Perezagua) y otra más dialogante que defiende la socialdemocracia (Indalecio Prieto). Esta ideología tendrá importancia en las zonas industriales de Vizcaya y en Eibar.

Los Estatutos de Autonomía

Gracias a la descentralización del Estado aprobada por la Constitución de 1931, se concedería a las provincias la posibilidad de crear estatutos de autonomía. Estos son un conjunto de leyes emanadas de la constitución por las que se rige un territorio determinado. De esta forma, estas provincias reciben competencias, autogobierno en ciertas áreas, otorgadas por el Estado. A pesar de que esta idea pueda recordar al fuero, no es semejante, pues mientras los estatutos deben ser aprobados por el Estado y siempre son dependientes de la constitución, los fueros provienen de la tradición. Los estatutos de autonomía crearían gran polémica en el País Vasco, pues muchos nacionalistas exigían el derecho a la autodeterminación (Wilson), mientras otros veían innecesario el estatuto teniendo el concierto económico. El 14 de julio José Antonio Aguirre, alcalde de Getxo, termina el Estatuto de Estella, que establecía un Estado Vasco autónomo dentro de España denominado Euzkadi. Este estatuto incluía a Navarra además de las tres provincias vascas. El estatuto tuvo gran aprobación entre las provincias, pero el intento de establecer una confesionalidad en esta región hizo que las Cortes lo declararan anticonstitucional. Un año más tarde se trataría de crear un nuevo estatuto, el Estatuto de las Gestoras (junio 1932). Sin embargo, sería rechazado por Navarra por falta de confesionalidad. En las provincias vascas su aceptación sería clara en Guipúzcoa y Vizcaya, pero en Álava el resultado sería del 46%. Con la llegada del nuevo Gobierno (CEDA), se detendría todo lo relacionado con los estatutos y las reformas en el Bienio Conservador (1933-1936). Durante este bienio la escalada de tensiones fue en aumento en toda España y fructificó en 1934 en la Revolución de Octubre. En la vertiente de insurrección obrera se produjeron fuertes protestas en la zona minera y Eibar. Las elecciones de febrero de 1936 dan el triunfo al PNV en el País Vasco, tendencia que no comulgaba con el laicismo y progresismo del también victorioso Frente Popular. No obstante, les unía el deseo de la aprobación del estatuto.

La Guerra Civil en el País Vasco

Con el comienzo de la Guerra Civil, Álava y Navarra, con Mola a la cabeza de los requetés, se unirían a los sublevados. Guipúzcoa y Vizcaya se mantendrían fieles a la república, aunque sin entusiasmo. El general Mola da inicio a una ofensiva sobre Guipúzcoa que lleva a ocho columnas de requetés y fascistas casi al límite con Vizcaya. Fidelizar al PNV es una necesidad urgente para el Gobierno republicano. En octubre de 1936, y por procedimiento de urgencia, Largo Caballero aprueba el Estatuto Vasco (Estatuto de Elgueta). Se proclama el primer Gobierno vasco con el Lehendakari Aguirre como presidente de una Euskadi reducida a Vizcaya, Guipúzcoa de forma incompleta y norte de Álava. El aislamiento del Frente Norte les daría gran autonomía respecto al Gobierno central. Crearían una moneda propia, la Ertzaintza, el Tribunal Popular para evitar el terror rojo y un ejército propio al mando del PNV, aunque los diferentes partidos políticos estarían al mando de sus respectivos batallones.

El hecho de que cada batallón estuviese dirigido por un mando diferente del de las milicias republicanas supondría una complicación añadida a la organización, como se demostró en el fracasado intento de ofensiva de Villarreal para romper el frente y abrir camino a Madrid. Mientras, en Vizcaya, tras crear la Junta de Defensa y aceptar ser fieles a la república, Aguirre manda construir una barrera para proteger Bilbao y toda la zona industrial de Vizcaya frente a los nacionales (Cinturón de Hierro). Los nacionales, con la ayuda de la Legión Cóndor alemana y soldados fascistas italianos, deciden atacar. En abril de 1937 proceden al bombardeo aéreo de Guernica, Durango, y Otxandiano.

Los fascistas entran en Bilbao en junio de 1937, con el fracaso del Cinturón de Hierro al conocer los nacionales los puntos débiles de las fortificaciones a través de Alejandro Goikoetxea (ingeniero jefe del Cinturón y derechista clandestino). Aguirre y el PNV intentan firmar la rendición con Franco mediante el Pacto de Santoña, en el que negocian el exilio y la salvaguarda de la zona industrial.

Franco se niega a firmarlo y declara a Vizcaya y Guipúzcoa provincias traidoras. Sufrirá una represión especialmente intensa todo lo que suponga un recuerdo del nacionalismo o de la identidad vasca (muchos se van al exilio). La Guerra Civil se prolonga unos nueve meses en el País Vasco. La larga posguerra y los sufrimientos que se gestan en este período tendrán consecuencias hasta nuestros días.

1

Análisis de la Constitución de Cádiz de 1812

El texto titulado “Constitución de Cádiz” es un fragmento de fuente primaria que se puede clasificar como un texto legislativo, político e ideológico. Fue elaborada en Cádiz, único lugar no ocupado por las fuerzas francesas en España de población mayoritariamente burguesa y físicamente estratégico por su situación geográfica, entre 1810 y 1812, y finalmente decretada, sancionada y publicada el 19 de marzo de 1812, durante la Guerra de la Independencia, por los diputados que formaban las Cortes asumiendo su poder legislativo. De carácter público, está dirigida al pueblo español, tanto de la península como de las colonias, con la finalidad de establecer unas leyes comunes inspiradas en una legislación liberal y así mantener la integridad de la Nación.

Principales Puntos de la Constitución de Cádiz

El tema a comentar se trata de la propia Constitución de Cádiz y algunos de sus artículos en los que se reconoce el Estado como una monarquía constitucional de carácter hereditario en nombre de Fernando VII; se establece la soberanía nacional, entendiendo como Nación tanto a quienes vivan en España como en las colonias; se implanta la separación de poderes, otorgando la potestad del poder legislativo a las Cortes más el Rey, el del poder ejecutivo en la persona del Rey y el judicial al Tribunal de Justicia según marque la ley. Además, como en toda Constitución, se establecen derechos y obligaciones, teniendo como ejemplo de derecho la libertad de prensa en su vertiente política y de obligación el deber de pagar impuestos. Por último, se impone la confesionalidad católica en el Estado.

Contexto Histórico de la Constitución de Cádiz

Este texto se puede situar en plena Guerra de la Independencia que enfrentó a todo un pueblo contra los invasores franceses después de haberse llevado a cabo la primera revolución liberal burguesa. Esta guerra se remonta a 1808, como consecuencia del acantonamiento de las tropas francesas por el Tratado de Fontainebleau, ante el que los españoles se sublevaron. Tras la derrota francesa en Bailén, Napoleón entraría a España al frente de un ejército de 250.000 hombres con el objetivo de acabar con la resistencia española. El avance francés sólo dejaría libre la ciudad de Cádiz gracias a la presencia de la flota británica y su situación geográfica físicamente estratégica. La Junta Central, que se había formado por la necesidad de establecer un gobierno nacional unitario, se refugiaría en Cádiz, donde en enero de 1810 pasó a una regencia colectiva de carácter moderado, y que con la llegada de las noticias de carácter independentista de las colonias americanas se verá obligada a convocar Cortes del Antiguo Régimen.

Las Cortes de Cádiz y la Elaboración de la Constitución

En las Cortes predominaban las clases medias con formación intelectual y miembros de la burguesía comercial e industrial, mientras que la alta nobleza y la jerarquía eclesiástica apenas tuvieron representación. En las primeras sesiones se reunieron unos cien diputados, pero su número fue aumentando hasta llegar a los 300. Asumieron la soberanía nacional, nombrándose Asamblea Constituyente, lo que demostró que las Cortes ya no eran como las antiguas. Pronto surgirían diferentes tendencias dentro de las Cortes: por un lado, los liberales (apoyados por la prensa gaditana), y por otro los absolutistas, llamados despectivamente “serviles” con el apoyo de la Iglesia. Llevarían a cabo una obra legislativa que pondría fin al Antiguo Régimen, aprobando la libertad de imprenta en materia política; prohibiendo la Inquisición por ser un obstáculo para la libertad del pensamiento y el desarrollo de la ciencia; aboliendo los señoríos jurisdiccionales que impedían la modernización de la administración local y provincial; decretando la desvinculación y expropiación de tierras comunales de los municipios para su subasta pública; y suprimiendo los gremios para poder tener una producción liberal capitalista así como la Mesta, permitiendo la acotación de las tierras. El 19 de marzo de 1812 las Cortes de Cádiz aprobarían la primera Constitución de la historia de España, que incluía a los habitantes de las colonias como ciudadanos españoles y que sería apodada “la Pepa”, precisamente la que está siendo comentada.

Ésta reconocía la soberanía popular ejercida por sufragio universal masculino, así como la separación de poderes, donde el legislativo lo tendrían los diputados más el Rey, el ejecutivo el Rey, y el judicial el Tribunal de Justicia. Asimismo, reconocía numerosos derechos y obligaciones, aunque debido a la influencia de la Iglesia mantendría la confesionalidad católica del Estado. Sin embargo, el regreso de Fernando VII por el Tratado de Valençay hizo que la Constitución no pudiera ponerse en práctica de inmediato, pues tras el golpe fernandino fueron declaradas ilegales las Cortes de Cádiz y abolida toda su legislación. En el Trienio Liberal volvería a su vigencia, pero su verdadera importancia y significación reside en que fue el primer documento de ésta índole y tales características en España, y sirvió como inspiración del pensamiento liberal y referente de las posteriores constituciones españolas.

2

Análisis del Manifiesto de los Persas (1814)

El texto titulado “Manifiesto de los persas” es un fragmento de fuente primaria que se puede clasificar como un texto político, ideológico y testimonial. Fue escrito el 12 de abril de 1814, una vez finalizada la Guerra de la Independencia y tras la firma del Tratado de Valençay por el que Napoleón devuelve la corona de España a Fernando VII, en Madrid, residencia de las Cortes de Cádiz trasladadas allí tras la desocupación francesa. Elaborado por los 69 diputados que constituían la facción absolutista en las Cortes denominados “serviles”, pretendían enviar el manifiesto a Fernando VII en Valencia para mostrarle su apoyo y restablecer el régimen absolutista.

Objetivo del Manifiesto de los Persas

El tema del texto es el deseo de restaurar el absolutismo y el Antiguo Régimen mediante el apoyo a Fernando VII argumentando su valor como sistema político reconociéndolo como mejor forma de gobierno, siendo obra de la razón, donde el soberano absoluto sólo rinde cuentas a Dios por lo que no puede abusar el poder necesario para velar por los intereses de sus súbditos. Los firmantes muestran su fidelidad al Rey y el deseo de su regreso al poder mediante la narración de una costumbre persa, solicitando por último la convocación de Cortes de Antiguo Régimen y pedir así a Fernando VII la abolición de las Cortes de Cádiz y su legislación.

Contexto Histórico del Manifiesto de los Persas

Este texto se sitúa tras la firma del Tratado de Valençay que supuso el fin de la Guerra de la Independencia, por el que Napoleón devuelve la corona de España al exiliado Fernando VII. El país se veía sometido al enfrentamiento político entre liberales y absolutistas, ambos estaban a la expectativa de la postura que tomase el rey a su regreso. En la primavera de 1814, poco después de su llegada a España, Fernando VII contaba con el apoyo algunos generales, de la Iglesia y del pueblo rural de colaborar en la reposición del absolutismo monárquico. La acción contrarrevolucionaria se vio apoyada además en un grupo de diputados absolutistas, firmantes del Manifiesto de los Persas, texto que está siendo comentado, que rechazaba la legislación de Cádiz. En mayo del mismo año Fernando VII declaraba ilegales las Cortes de Cádiz y anuló la Constitución sin que nadie saliera en su defensa. Esto se denominó el golpe de Estado fernandino, que devolvía a España a la situación anterior a la guerra y obligaba a muchos liberales al exilio.

Consecuencias del Manifiesto de los Persas

Se iniciaba así el llamado sexenio absolutista, que implicó el regreso del Antiguo Régimen. Apoyado en la Iglesia y en los grandes terratenientes, el Rey liquidó la libertad de prensa y resucitó la Inquisición, que enseguida llevaría a cabo su labor censuradora. La oposición fue perseguida, además de que muchos militares se opondrían a la restauración absolutista, por lo que empezarían a formarse sociedades masónicas que pugnarían por llevar a cabo numerosas intentonas golpistas. Las conspiraciones liberales se nutrían del descontento popular debido a la mala situación en la que se encontraba España. Además, la inminente pérdida de las colonias de América privaría al Estado de un mercado que podría facilitar la recuperación económica.

A esto se le añadía la política inmovilista de Fernando VII, cuyo empeño en revitalizar el Antiguo Régimen atrasaría aún más el comienzo de la era industrial. Todas las dificultades del absolutismo y el malestar de la población crearían una situación insostenible que estallaría con el levantamiento de Riego en 1820 que daría pie al Trienio Liberal tras obligar a Fernando VII a firmar la Constitución de 1812. Sin embargo, en 1823 con la ayuda de las potencias absolutistas europeas de la Santa Alianza que mandaron a España a los Cien mil hijos de San Luis, Fernando VII fue restablecido en plenitud de su soberanía, con el consiguiente regreso al absolutismo en la Década Ominosa. Moriría en 1833, dejando tras de sí un aparente conflicto dinástico con la primera Guerra Carlista, pero que era en realidad un enfrentamiento entre el absolutismo y el liberalismo.

Este texto supuso así un factor decisivo que llevaría a Fernando VII, gracias a todos los apoyos que recibió, a llevar a cabo el golpe de Estado fernandino, lo que supondría para la historia del liberalismo español un paréntesis que proseguiría tras la muerte de Fernando VII, el último Rey absoluto de España, y de ahí su importancia.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *