El Siglo XIX en España: Un Recorrido por la Inestabilidad Política y Social

La Inestabilidad Política: Del Absolutismo al Liberalismo

Tratado de Valençay y el Retorno de Fernando VII (1813-1814)

El Tratado de Valençay (1813) marcó el regreso de Fernando VII al trono español en marzo de 1814. Su vuelta, apoyada por diputados absolutistas, trajo consigo la solicitud de la restauración del absolutismo y la abolición de las reformas liberales aprobadas en las Cortes de Cádiz, como se expresa en el Manifiesto de los Persas.

Sexenio Absolutista (1814-1820)

Con el Decreto de Valencia (mayo de 1814), se restauró el absolutismo, suprimiendo el sistema liberal y la Constitución de 1812. Se restablecieron la Inquisición, los privilegios señoriales y de la Mesta, anulando las libertades civiles y las desamortizaciones. La represión contra el liberalismo forzó el exilio y la clandestinidad de muchos. A pesar de los levantamientos militares fallidos (Espoz y Mina, Díaz Porlier, Lacy, Milans del Bosch), la sublevación de Rafael del Riego en 1820 triunfó.

Trienio Liberal (1820-1823)

La presión obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de 1812 y reabrir las Cortes en 1820, aboliendo el régimen señorial, la Inquisición y los fueros de Navarra. La gestión compartida entre las Cortes y el rey, con el uso del veto real, y la crisis económica por la independencia de las colonias americanas marcaron el periodo. La regencia absolutista de Urgel en Cataluña (1822) y la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, apoyados por Fernando VII y la Santa Alianza, acabaron con el Trienio en 1823.

Década Absolutista (1823-1833)

Con la abolición de la Constitución de 1812 y las medidas liberales, surgieron dos grupos absolutistas: los reformistas, partidarios de reformas institucionales y económicas, y los absolutistas puros. Fernando VII derogó la Ley Sálica, asegurando el trono a su hija, lo que provocó el rechazo de su hermano Carlos María Isidro y el inicio de las Guerras Carlistas.

Las Guerras Carlistas y la Inestabilidad del Reinado de Isabel II

Las Guerras Carlistas (1833-1876)

Las Guerras Carlistas fueron una serie de conflictos armados que enfrentaron a los partidarios de Isabel II (isabelinos) y a los de Carlos María Isidro (carlistas), quienes defendían el absolutismo y los fueros tradicionales. Estas guerras tuvieron un fuerte impacto en la sociedad española del siglo XIX.

El Reinado de Isabel II (1833-1868)

El reinado de Isabel II estuvo marcado por la inestabilidad política, las conspiraciones y los pronunciamientos militares. La alternancia en el poder de moderados y progresistas, junto con la conflictividad social, caracterizaron este periodo.

El Sexenio Democrático y la Restauración Borbónica

El Sexenio Democrático (1868-1874)

El Sexenio Democrático fue un periodo de intensa agitación política y social que puso fin al reinado de Isabel II. Se caracterizó por la búsqueda de nuevas fórmulas políticas, como la monarquía democrática o la república.

La Restauración Borbónica (1874-1931)

La Restauración Borbónica supuso el regreso de la monarquía a España con Alfonso XII, hijo de Isabel II. Este periodo se caracterizó por un sistema político basado en el turnismo pacífico entre conservadores y liberales, aunque con un trasfondo de conflictividad social y política.

La Crisis del Sistema de la Restauración y el Desastre del 98

La Crisis del Sistema de la Restauración

A finales del siglo XIX, el sistema de la Restauración entró en crisis debido a la falta de respuesta a los problemas sociales, el auge del nacionalismo y el descontento popular.

El Desastre del 98

La pérdida de las últimas colonias españolas en América y Asia (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en 1898 supuso un duro golpe para España, tanto en el ámbito político como en el social. Este acontecimiento, conocido como el Desastre del 98, marcó el final de una época y el inicio de una profunda crisis nacional.

La Sociedad Española en el Siglo XIX: Transformaciones y Desigualdades

Crecimiento Demográfico y Migraciones

A lo largo del siglo XIX, España experimentó un lento pero constante crecimiento demográfico, pasando de 10,4 millones de habitantes en 1787 a 18,6 millones en 1900. Este crecimiento se vio impulsado por la mejora de las condiciones sanitarias y el aumento de la producción agrícola. Sin embargo, la mortalidad infantil seguía siendo alta y la esperanza de vida baja en comparación con otros países europeos.

Las migraciones interiores, del norte al sur y del campo a la ciudad, se intensificaron a lo largo del siglo. El éxodo rural provocó un crecimiento de la población urbana, aunque en 1900 la mayoría de los españoles aún vivían en áreas rurales. Las migraciones exteriores también fueron importantes, destacando la emigración a Argelia y América Latina.

Transformaciones Sociales y Desigualdades

La sociedad española del siglo XIX experimentó importantes transformaciones, aunque las desigualdades sociales persistieron. La nobleza, a pesar de perder privilegios, mantuvo su influencia económica y social. La burguesía, enriquecida por las desamortizaciones y la industrialización, se consolidó como clase dominante.

Las clases populares, compuestas por campesinos, obreros y artesanos, constituían la mayoría de la población. Las condiciones de vida de estos grupos eran muy precarias, con bajos salarios, largas jornadas laborales y falta de derechos sociales. El proletariado industrial, concentrado en Cataluña y el País Vasco, comenzó a organizarse en sindicatos y a luchar por sus derechos a finales del siglo.

La Economía Española en el Siglo XIX: Un Desarrollo Lento y Desigual

La Agricultura

La agricultura continuó siendo el principal sector económico de España durante el siglo XIX. Sin embargo, su atraso tecnológico, la pervivencia de estructuras feudales en algunas zonas y la falta de inversión limitaron su desarrollo.

La Industria

La industrialización en España fue un proceso lento y desigual. Cataluña, con su industria textil, y el País Vasco, con la siderurgia, fueron las regiones más industrializadas. La falta de infraestructuras, la escasez de capital y la competencia de productos extranjeros frenaron el desarrollo industrial en otras zonas del país.

El Comercio

exterior se mantuvo estancado hasta los años treinta y, en las
décadas posteriores, tuvo que readaptar su estructura tras la pérdida del imperio colonial. Entre 1850 y 1898 se
produjo una expansión comercial favorecida por el arancel de Figuerola (1869) y las medidas proteccionistas
(arancel de Cánovas del Castillo, 1891). Destacaron productos como el vino, el hierro o el algodón de zonas como
País Vasco, Cataluña, Valencia y partes de Andalucía. Las relaciones comerciales internacionales estimularon la
economía, aunque ésta continuó siendo la más baja de Europa Occidental.
El pobre desarrollo del transporte, perjudicado por la orografía y el escaso número de cauces fluviales
relevantes, no incentivó el desarrollo económico del interior del país. Con la Ley de Carreteras (1857) se promulgó
la modernización y ampliación de las calzadas, mientras que el transporte marítimo experimentó una evolución
gracias a las máquinas de vapor y la constitución de grandes empresas navieras (Compañía Transatlántica, 1881).
El transporte fluvial entró en crisis debido al desarrollo del ferrocarril.
La construcción de la red ferroviaria española se dió en cuatro fases. De 1844 a 1854 se realizó la primera
línea peninsular (de Barcelona a Mataró, 1848); desde 1855 hasta 1866, con la Ley General de Ferrocarriles
(1855), se aceleró la construcción de redes y se crearon numerosas compañías ferroviarias. Entre 1866 y 1876 se
construyeron escasos nuevos kilómetros de líneas y ya a finales del siglo XIX se completó la red ferroviaria. El
ferrocarril, perjudicado por la aplazada y precipitada construcción, tuvo una escasa repercusión sobre la industria
española al no incentivar la integración económica en Europa (distinto ancho de vía) ni integrar a todo el territorio.
Sin embargo, propició el aumento del consumo de carbón, la demanda de empleo y la modernización del país.

13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, publicó un manifiesto en el que proponía crear un Directorio militar, constituido por militares y dirigido por él mismo para procurar la salvación de la patria. La suspensión de las garantías constitucionales y la declaración del estado de guerra, supuso el final de la Restauración y su sustitución por la dictadura de Primo de Rivera que planteaba objetivos regeneracionistas, ya que pretendía acabar con la política de la
Restauración, y ejercer el poder de forma transitoria. Así se explica que el golpe tuviese una buena acogida por sectores políticos. Primo de Rivera persiguió a comunistas y anarquistas además de evitar la violencia de los pistoleros de los sindicatos y los patronatos, los atentados desaparecieron en poco tiempo. El Directorio destituyó a todas las autoridades locales y se elaboraron los Estatutos municipales y provinciales. Y se suprimió la Mancomunidad Catalana en 1925. Primo de Rivera dirigió operaciones militares para poner fin a la guerra; pero la escasa capacidad militar y la fortaleza de Abd el-Krim, que fundó la República del Rif (1923-1926), dificultaron la ocupación. El desembarco en la bahía de Alhucemas (1925) posibilitó la conquista del territorio y el fin de la guerra. El golpe de Estado y el Directorio militar La economía en expansión fue favorecida por la práctica del proteccionismo y por la buena coyuntura internacional, además UGT apoyaba la política del dictador. Primo de Rivera fundó en 1924 la Unión Patriótica para reunir las adhesiones al régimen. En contra del Directorio estaban liberales, anarquistas, comunistas, nacionalistas, republicanos e intelectuales. El Directorio militar se sustituyó por otro civil, compuesto por militares y civiles de la Unión Patriótica, cuyo objetivo era institucionalizar y perpetuar la dictadura, se tomaron medidas:  ámbito político, la creación de una Asamblea Nacional Consultiva, que propusieron una Constitución que no prosperó. Durante la década de los años 20, las mujeres se involucraron en la política y en la lucha por sus derechos y la igualdad. En 1924 se aprobó el Estatuto Municipal, permitió
votar a las mujeres que cumplieron determinados requisitos con ciertas restricciones. ámbito social, Aunós creó la OCT. Se crearon los Comités Paritarios para regular la vida laboral, se fomentarán iniciativas casas baratas, seguros sociales o derechos de jubilación. ámbito económico, se creó un plan de obras públicas que mejoró las carreteras y los ferrocarriles . Calvo Sotelo emprendió una política intervencionista y expansiva. La liquidez en los
mercados internacionales permitió la creación de monopolios estatales. Los cambios en los años veinte. Durante la Dictadura, la buena situación internacional hace crecer la economía española, se estabilizaron, aunque los salarios quedaron a la baja. Llegaron nuevas modas a España, sobre todo de Estados Unidos. La oposición de la dictadura de Primo de Rivera. En 1926 se produjo la «sanjuanada», golpe de Estado fallido protagonizado por políticos y militares liberales.Intelectuales y algunos republicanos se agruparon en la Alianza Republicana. La CNT, comenzó a recuperarse y, los anarquistas radicales fundaron la Federación Anarquista Ibérica , partidaria de la acción directa. El socialismo se separó del reǵimen. El Crack de la Bolsa de Nueva York (1929) hizo insostenible la situación financiera de España. Primo de Rivera tras haber perdido apoyos de los mandos militares presentó su dimisión al rey. Alfonso XIII designó presidente del Consejo militar a Dámaso Berenguer, suprimió la censura, permitió el regreso de la oposición en el exilio y toleró las actividades de los partidos. Los problemas de la «Dictablanda», como se conoció a su Gobierno, se multiplicaron. Algunos políticos se inclinaron por la
opción republicana y en 1930 firmaron el Pacto de San Sebastián con la izquierda republicana y el regionalismo catalán y gallego, para constituir un Comité Ejecutivo Republicano que, presidido por Alcalá-Zamora, reconocería la autonomía catalana. Alfonso XIII fundó un gobierno de concentración
dirigido por Aznar. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 estuvieron precedidas por una intensa campaña en la que se enfrentaron monárquicos y republicanos-socialistas. En las grandes ciudades, el voto se ejercía con mayor libertad, lo que significó un respaldo a la República. Se
produjeron manifestaciones republicanas y el Gobierno de Aznar aceptó las condiciones del Comité y Alfonso XIII se marchó rumbo al exilio.

La dictadura franquista de 1936 a 1975 encabezada por Francisco Franco dirigente del bando vencedor de la Guerra Civil basó sus principios ideológicos en el programa de la Falange, del carlismo, la Iglesia, la tradición conservadora española y los movimientos pacientes europeos. Como elementos
fundamentales tenemos el nacionalismo español, con la definición de la patria como una comunidad racial, lingüística, religiosa e histórico cultural como una misión histórica, el nacionalcatolicismo uniendo la fe y el Estado, el imperialismo con el objetivo de difundir el Nacional catolicismo y el anticomunismo y antiliberalismo en contra de las tradiciones españolas. El régimen franquista se institucionalizó mediante las leyes fundamentales del rey, siete Leyes promulgados entre 1938 y 1967, establecieron un Estado centralista imponiendo unidades administrativas y lingüística, confesional católica, intervencionista (amortiguando desequilibrios económicos sociales) y tradicionalistas con una interpretación imperial del Estado español.
España se definió como reino desde 1947 pudiendo Franco como supremo poder político, jefe del
Estado y del gobierno, nombrar su sucesor al título de rey. La Ley Orgánica del Estado habilitó a Franco
para designar un jefe de Gobierno entre los candidatos del Consejo del rey (cortes consultivas) sin
presos políticos integradas por procuradores. Aplicada desde 1973 la iniciativa legislativa siguió
correspondiendo al jefe de Estado sin ningún rango democrático, el catolicismo pasó a ser la religión
oficial del Estado y el Concordato de 1953 regulaba las relaciones entre iglesias y estado, la doctrina de
la Iglesia fue esencial en lo moral la educación y la sanidad, altos cargos eclesiásticos ocuparon puestos
en el gobierno y se prohibieron las manifestaciones públicas de otros cultos. El centralismo prohibió las autonomías y las lenguas regionales, proclamando la unidad de pueblos y tierras de España y promoviendo el folklore regional. El Fuero de los Españoles recogió una declaración
de derechos individuales con libertades restringidas, se desarrollaron leyes de protección familiar,
seguros de vejez, legislación de contratos y la magistratura del trabajo. El sistema político denominado democracia orgánica concebía la sociedad como una unión de entidades, (familia, municipios y sindicato) con procuradores y concejales asignados, había posibilidad
de realizar plebiscitos pero se incentivó la despolitización para neutralizar el descontento. Se estableció la Organización Sindical Española (OSE) con 28 sindicatos verticales, repartidos en ramas laborales, prohibiendo todas las demás. La afiliación era obligatoria y los altos cargos eran asignados por el Gobierno. El Movimiento Nacional de Franco actuó como partido único, tuvo una gran influencia junto con los grupos políticos, los militares y los tecnócratas, políticos del Opus Dei creados por Escrivá de Balaguer en 1928,este era un pragmático y técnico ante problemas económicos. El régimen tuvo el apoyo de los grupos que conformaron la España nacional en la Guerra Civil, la clase
terratenien, pequeños y medianos propietarios agrícolas, los militares, el clero y la clase media urbana despolitizada, se intentó atraer a la clase obrera mediante el OSE y la política social, pero el progres económico de los 60 consiguió la estabilidad.
Los avances por la igualdad entre hombres y mujeres fueron suprimidos, quedando estas definidas por
los roles de género tradicionales de la sociedad patriarcal relegados al ámbito privado y de los cuidados
por la moral del nacionalcatolicismo. En los primeros años del franquismo hubo gran violencia física y
sexual contra las mujeres que no encajaban con castigos y secuestros constantes. La Sección
Femenina de las españolas de las JONS 1934 dirigida por Pilar Primo de Rivera divulgó el modelo de
mujer impuesto por el régimen dentro de la moral católica.

la guerra de independencia comenzó una revolución liberal fomentada por la creación de juntas locales, impulsadas a su vez por el vacío de poder y la necesidad de organizar la resistencia contra josé i. dichas juntas derivaron en la junta suprema central, encargada de centralizar las operaciones militares y refugiada en cádiz, donde se constituyó en el consejo de regencia, defensor de fernando vii. para legalizar el traspaso de poder entre las dos instituciones, los liberales exigieron la convocatoria de cortes. a pesar de la oposición del consejo de regencia, las cortes se celebraron en septiembre de 1810 y se consiguió que los diputados fueran elegidos por sufragio y en asamblea única. estos procedían de españa (sobre todo gaditanos) y américa y pertenecían al bajo clero, al ejército y a profesiones liberales; hubo escasa
representación de la nobleza y campesinado. se distinguían tres grupos ideológicos: los realistas, propulsores del régimen absolutista, los liberales moderados, defensores de una soberanía compartida, y los liberales exaltados, partidarios de la soberanía nacional y de la limitación del poder real. las cortes aprobaron una serie de reformas que pretendían desmantelar el sistema absolutista eliminando el régimen señorial y las instituciones estamentales. fernando vii era reconocido como rey legítimo de españa pero sus actuaciones estaban limitadas por la soberanía nacional, mientras que su poder legislativo era trasladado
a las cortes. se suprimieron los estamentos (igualdad jurídica), los gremios, el honrado concejo de la mesta y el
tribunal de la santa inquisición. además, se aceptó la libertad de comercio.
la medida más relevante fue la constitución de 1812, la primera constitución española. fruto de la
colaboración entre absolutistas y liberales, contiene 10 títulos y 384 artículos entre los que se reconoce la
soberanía nacional, la igualdad entre la península y los territorios americanos y la división de poderes: unas
cortes elegidas por sufragio universal indirecto (para hombres mayores de 25 años) que aunaban el poder
legislativo, un monarca que poseía el poder ejecutivo y cuyos actos eran supervisados por los ministros, y un
poder judicial respaldado por los tribunales de justicia. asimismo, se promulgó una amplia declaración de derechos
y libertades (igualdad ante la ley o libertad de imprenta) y se estableció el catolicismo como única confesionalidad
permitida. cabe recalcar la creación de códigos civiles, criminales y de comercio; la instauración del servicio militar
obligatorio y de la milicia nacional (garantizaba el cumplimiento de la constitución); y la división territorial en
provincias y municipios (diputación provincial).
pese a que ni las leyes emanadas de las cortes ni la constitución pudieron aplicarse completamente
debido a la guerra y por la vuelta al absolutismo a manos de fernando vii (1814), este documento sirvió como
referente del liberalismo y de constituciones posteriores tanto en españa como en otros países (portugal o
piamonte).

El bando isabelino se conformaba por la burocracia estatal, las clases burguesas y medias urbanas y los
liberales opuestos al régimen. El carlismo, por otra parte, era defensor del Antiguo Régimen: apoyaba el sistema
señorial, el ultracatolicismo y el mantenimiento de los fueros. Fue apoyado por el clero y sectores con propiedades
rurales y se dió sobre todo en Navarra, País Vasco, Cataluña y comarca del Maestrazgo. Las guerras que
enfrentaron a carlistas e isabelinos se denominan guerras carlistas, y se dieron tres de ellas durante el siglo XIX.
El conflicto tuvo repercusiones internacionales, puesto que el candidato carlista fue reconocido por Austria, Prusia
y Rusia, y la isabelina por Inglaterra, Francia y Portugal. La primera guerra carlista (1833-1840) se dividió en tres etapas. Desde 1833 a 1835 se desarrolló en el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo. Destacaron los generales carlistas Zumalacárregui, Maroto y Cabrera. Esta etapa la marcó la muerte de Zumalacárregui en su intento de conquistar Bilbao. La segunda etapa (1835-1838) se inició con la fracasada ofensiva carlista en Madrid, frenada por el líder isabelino Espartero. Durante 1838 y 1840, los carlistas se dividieron en transaccionistas (partidarios de una paz honrosa) y exaltados (partidarios de
continuar la guerra). El conflicto terminó con la derrota carlista y la capitulación del general Maroto, quién firmó el Convenio de Vergara (1839) con Espartero. Aunque Carlos María Isidro se refugió en Francia, algunos carlistas no aceptaron el acuerdo y siguieron la lucha hasta la conquista de Morella por los liberales en 1840. La contienda generó una fractura social e innumerables pérdidas humanas y materiales. Los gastos de la guerra llevaron al Gobierno a la desamortización de bienes eclesiásticos para conseguir ingresos. El deseo del Convenio de Vergara de reintegrar a los carlistas provocó
el reconocimiento del grado militar de muchos de ellos y el mantenimiento de ciertos derechos forales. La Ley Paccionada (1841) hizo que Navarra renunciase a sus aduanas e instituciones a cambio de prerrogativas forales. El País Vasco hizo lo propio, pero no aceptó el servicio militar obligatorio y, a partir de 1846, los vascos ya contribuían en los gastos generales del Estado. Surgieron dos grupos ideológicos. Los moderados defendían unos derechos civiles limitados y una soberanía compartida: el rey contaba con amplios poderes y las Cortes, bicamerales, con un Senado aristocrático elegido por el rey. Se componían de grandes terratenientes y de la alta burguesía; su representante fue el general Nárvaez. Por otro lado, los progresistas defendían la soberanía nacional y la monarquía limitada. Estaban conformados por la clase media y burguesa y su principal líder fue Espartero. Al morir Fernando VII, la escasa edad Isabel convirtió a María Cristina en regente. Mantuvo un régimen absolutista más tolerante con Cea Bermúdez como jefe de Gobierno. El conflicto carlista le obligó a liberalizar el régimen y recurrir a Martínez de la Rosa, convirtiendo así a la monarquía en un sistema parlamentario moderado.S promulgó el Estatuto Real (1834) que, a pesar de ser más bien una Carta Otorgada, confería a la reina los poderes fundamentales y convertía en bicamerales a las Cortes (Cámara Alta y Cámara Baja). El Estatuto real era partidario del liberalismo doctrinario y del librecambismo. La primera guerra carlista llevó al poder a Juan Álvarez Mendizábal (1835), reformó la ley electoral, estableció la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, instauró las Diputaciones Provinciales y puso en marcha las desamortizaciones para sanear la Hacienda Real, borrar la deuda pública, desarrollar el capitalismo rural y crear una clase propietaria. Se subastaron así los bienes de ciertas comunidades religiosas, incluso por debajo de su precio real, creando así desconfianza entre el progresismo y la Iglesia. El cambio a Istúriz (1836) derivó en la sargentada de La Granja, un pronunciamiento que terminó con la celebración de unas Cortes para elaborar la Constitución de 1837, marcada por el reconocimiento de la soberanía nacional, limitación de los poderes monárquicos, el establecimiento de una amplia declaración de derechos y la confesionalidad católica del Estado. Además, las Cortes compartían el poder legislativo y eran
bicamerales (Congreso de los Diputados y el Senado). Aprobada la Constitución, se alternaron distintos Gobiernos
moderados. El general Espartero fue nombrado regente en 1840 tras la renuncia de María Cristina a sus funciones. Impuso el autoritarismo y una política librecambista, la cual provocó un motín en Barcelona (1842) sofocado mediante bombardeos. Este episodio provocó rebeliones sociales dirigidas por Narváez. Espartero renunció a su cargo (1843) y se declaró a Isabel II mayor de edad con trece años.