El reinado de Fernando VII (1814-1833) presenta distintos periodos que muestran el arraigo del Antiguo Régimen y las dificultades para implantar el liberalismo en España.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Este periodo se inicia tras el regreso de Fernando VII de Francia. Aconsejado por los diputados serviles de las Cortes en el Manifiesto de los Persas, el rey no acató la Constitución de 1812 y procedió al restablecimiento del Antiguo Régimen con la firma del Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Se inició entonces una represión de liberales y afrancesados, muchos de los cuales tuvieron que exiliarse. Se restauraron las antiguas instituciones y el régimen señorial.

La ausencia de reformas, especialmente fiscales por la oposición de los privilegiados y del propio Rey para hacer frente a la crisis hacendística, la destrucción material tras la guerra y el inicio de la emancipación americana sumieron al país en una profunda crisis económica. A esto se sumaba la inestabilidad política con frecuentes cambios de gobierno.

El descontento del campesinado, con el restablecimiento de los impuestos señoriales, y de los sectores adinerados y la burguesía, tras el fin de las desamortizaciones y de la libertad de contratación, favoreció la reivindicación liberal y constitucional a partir de los pronunciamientos militares (apoyados por sociedades secretas y clubs de patriotas) como método de acceso al poder. Tras varios intentos fallidos, en 1820 triunfó el pronunciamiento de Riego, viéndose el rey obligado a jurar la Constitución de 1812.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Con el Trienio Liberal, los liberales, de nuevo en el poder, inician una importante obra reformista cuyo objetivo era consolidar la abolición del Antiguo Régimen iniciada en Cádiz y frenada tras el regreso de Fernando VII. Algunas de las medidas tomadas fueron:

• Amnistía para los presos políticos.
• Libertad de imprenta, asociación y reunión.
• Restablecimiento de la Milicia Nacional.
• Supresión de la Inquisición.
• Abolición de los señoríos jurisdiccionales, mayorazgos y vinculaciones.
• Libertad de industria con la eliminación de los gremios.
• Supresión de conventos y desamortización de sus bienes.

Sin embargo, pronto surgió la oposición al nuevo régimen. A la oposición de la nobleza y clero por la supresión de sus privilegios se unía la de los campesinos, que veían frustradas sus aspiraciones de rebaja de impuestos y acceso a la propiedad de la tierra. De esta forma se alzaron partidas realistas en amplias zonas llegando a establecer una regencia absolutista (Regencia de Urgel, 1823).

Además, el rey, cuya aceptación de la Constitución no fue sincera, manifestó una actitud obstruccionista, paralizando leyes con el derecho de veto o conspirando contra el gobierno (sublevación de la Guardia Real en 1822). Las tensiones se produjeron también entre los liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados o doceañistas y los exaltados o veinteañistas.

Paralelamente, el movimiento de emancipación de las colonias americanas se extendía con la fundación de la Gran Colombia y la independencia de México en 1821. La Santa Alianza, alarmada por el triunfo del liberalismo en España y su posible contagio a otros territorios, decidió en el Congreso de Verona (1822) intervenir militarmente a través de los Cien Mil Hijos de San Luis. Tras su triunfo en octubre de 1823, se restableció a Fernando VII como monarca absoluto y se derogaron la Constitución de 1812 y las normas del Trienio.

La Década Ominosa (1823-1833)

, supuso la vuelta del absolutismo y del Antiguo Régimen y una dura represión contra los liberales (ejecución de Torrijos o Mariana Pineda). Ante la gravedad del problema económico y hacendístico, acelerado por la pérdida definitiva de las colonias, se llevaron a cabo tímidas reformas (como las fiscales impulsadas por el Ministro de Hacienda López Ballesteros) que suscitaron la oposición de los absolutistas más intransigentes (apostólicos), impulsando partidas realistas y agrupados en torno a Carlos María Isidro, hermano del rey y defensor de la vuelta del Antiguo Régimen. Es entonces cuando se desata el problema sucesorio al nombrar heredera Fernando VII a su hija, Isabel, en 1830, mediante la promulgación de la Pragmática Sanción, norma que autorizaba la sucesión femenina y que, por tanto, anteponía sus derechos por delante de los de Carlos. Éste hacía valer los suyos en base a la Ley de Sucesión Fundamental (1713), declarando ilegal la sucesión de Isabel. El conflicto dinástico derivó en político al apoyar los sectores más conservadores los derechos de Carlos frente a los sectores reformistas que apoyaron, tras la muerte de Fernando en 1833, a María Cristina, regente de su hija, Isabel. Comenzaba la Primera Guerra Carlista.