Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX La desamortización supone la incautación por parte del Estado de bienes raíces de propiedad colectiva eclesiástica o civil (expropiación forzosa), que estaban fuera del mercado (‘manos muertas’), y que tras la correspondiente nacionalización y venta en subasta, pasan a ser propiedad privada con plena libertad de uso. Fue un largo proceso iniciado a fines del siglo XVIII con Godoy (1798) abarcando todo el siglo XIX, aunque el proceso se acelera con los gobiernos progresistas y se ralentiza con los moderados. Además de una motivación económica-social (mejorar la productividad de la tierras y aumentar el número de propietarios), la desamortización tuvo sobre todo un origen fiscal y político. El descenso de las rentas de la Hacienda por la disminución de los ingresos de las colonias, produjo una insuficiencia del Estado moderno español para hacer frente a sus gastos, lo que llevó a recurrir a los préstamos y la emisión de deuda. La dificultad para afrontar el pago de estos créditos hizo necesario buscar nuevos recursos, y ahí surge la idea de nacionalizar y vender determinados bienes y tierras.

Los dos primeros movimientos desamortizadores se realizaron durante el reinado de Carlos I y en el Trienio Constitucional, pero el proceso fue especialmente significativo en los gobiernos progresistas de Isabel II. La desamortización de Mendizábal (1836) afectó a los bienes del clero regular, los órdenes religiosas, que se disolvieron de las que no tenían un mínimo de monjes y se nacionalizaron sus propiedades. La desamortización de Espartero (1841) afectó a los bienes del clero regular (sacerdotes), y la de Madoz (1854) se centró en todas las propiedades que aún quedaban en manos de la iglesia y también puso en venta propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al estado y ayuntamiento, tanto bienes de propios (tierras propiedad de los municipios que se arrendaban para obtener ingresos) como de uso comunal de todos los vecinos.

Impacto de las Desamortizaciones

Desamortizaciones, Industrialización, Comercio y Comunicaciones El objetivo de las desamortizaciones era sanear la Hacienda Pública y asegurar el trono a Isabel II. Pero fracasó en ambas misiones. La deuda pública se redujo, pero no de forma tan significativa como se perseguía. Y en lo social, se creó un foco antiliberal y de conflictividad permanente con el descontento del campesinado, ya que la mayoría de las tierras quedaron en manos de la oligarquía dirigente, que era la única con medios económicos para comprarlas. Estas grandes inversiones de capital en la tierra frenaron además el desarrollo industrial, al tiempo que la productividad tampoco despegó en la agricultura. La Iglesia perdió la base del poder económico, aunque la compensó mediante el sostenimiento a cargo del presupuesto público y el predominio en la enseñanza.

La transformación económica asociada a la revolución industrial, que no logra por la inestabilidad política, la escasez de materias primas y de fuentes de energía, el atraso tecnológico, la escasez de capitales para invertir en la industria, la falta de una demanda solvente por las bajas rentas de los trabajadores y las deficientes comunicaciones que dificultan los intercambios comerciales. El desarrollo industrial estuvo concentrado geográficamente en el País Vasco, Cataluña y Asturias, al ser zonas costeras con fácil acceso por mar y próximas a países más desarrollados. El resto de España quedó al margen del proceso de industrialización.

Cataluña

En Cataluña destaca la industria textil localizada en Barcelona y centrada en la producción de tejidos de algodón. Su prosperidad se debió a la iniciativa empresarial de la burguesía catalana, que modernizó sus industrias con nuevas máquinas y técnicas. También se vio favorecida por las políticas proteccionistas practicadas durante buena parte del siglo XIX.

País Vasco

En el País Vasco la industria siderúrgica tuvo un desarrollo difícil por la escasa calidad y alto coste del carbón español y la insuficiente demanda interna de productos siderúrgicos. También por la Ley de Ferrocarriles, de 1855, que permitía la importación del hierro para la construcción del ferrocarril. Pero a partir de 1880, los avances tecnológicos de empresas como Altos Hornos de Vizcaya revitalizaron esta industria y colocaron a esta provincia en el centro de esta actividad, relegando a otras zonas como Asturias.

Minería

En la minería, durante el Sexenio Democrático se aprobó una legislación para la desamortización del subsuelo español, por el endeudamiento de la Hacienda, todos los yacimientos mineros, que hasta entonces pertenecían al Estado, fueron vendidos en subasta pública, la mitad de ellos a empresas extranjeras, que modernizaron en buena medida los procesos de extracción.