1. La Primera Guerra Carlista (1833-1840).

29 de septiembre de 1833, muere Fernando VII, dos días después su hermano Carlos Mª Isidro y a través del manifiesto de Abrantes, reclamaba el trono desde Portugal. Muchas ciudades le apoyaron, otras siguieron fieles a la reina regente (María Cristina). La guerra que se desató fue algo más que una guerra dinástica por la sucesión al trono, pues enfrentaría a los defensores del antiguo régimen con los partidarios de iniciar un nuevo proceso reformista de carácter liberal.

El carlismo se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal. Bajo el lema “Dios, Patria y Rey” se agrupaban los defensores del absolutismo monárquico de don Carlos Mª Isidro, de la preeminencia social de la Iglesia, del mantenimiento del Antiguo Régimen y de la defensa de los fueros regionales frente a la centralización política del liberalismo, es decir, el foralismo, según el cual las regiones debían mantener sus instituciones de gobierno autónomas, su sistema de justicia propio y la exención fiscal y de quintas para el servicio militar. El carlismo se implantó sobre todo en zonas rurales de antiguas regiones forales como País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia o Aragón.

Entre quienes apoyaban al carlismo figuraban miembros del clero, de la nobleza agraria, campesinos propietarios del País Vasco, Navarra y Cataluña, y artesanos arruinados por las reformas liberales y por los nuevos impuestos. Además, los carlistas se identificaban con los valores de la Iglesia, a la que consideraban defensora de la sociedad tradicional.

La causa isabelina igualmente contó con el apoyo de una parte de la alta nobleza, de la jerarquía eclesiástica altos oficiales del ejército y de los funcionarios. Pero ante la necesidad de ampliar esta base social para hacer frente al carlismo, la reina regente se vio obligada a buscar apoyos entre la burguesía y las clases medias urbanas. Para ello tuvo que aceptar sus demandas de abolición del Antiguo Régimen y del absolutismo.

El desarrollo del conflicto.

Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833 por una amplia zona del territorio español, pero el foco más importante se situó en Navarra, el País Vasco, Cataluña, Aragón y los Pirineos.

Internacionalmente, el bando carlista contó con los apoyos de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Austria, que le enviaron dinero y armas. Por su parte el bando de Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal.

El conflicto armado pasó por dos fases bien diferenciadas:

– En un primer momento los carlistas organizaron un ejército bajo la dirección del general Zumalacárregui. Emplearon la táctica de guerrillas y controlaron el País Vasco, Navarra y Aragón (esta última bajo el mando del general Cabrera), pero no pudieron unificar su territorio ni conquistar ninguna capital, lo que les restó apoyo diplomático. Su suerte se truncó en 1835 cuando el general Zumalacárregui murió en el cerco a Bilbao, la única gran ciudad que estuvo a punto de caer en sus manos. Quedaban así los carlistas sin su mejor estratega.

-En la segunda fase (1836-1840), la guerra se decantó hacia el bando liberal, a partir de la victoria del general Espartero en Luchana (1836), que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos, faltos de recursos para financiar la guerra y conscientes de que no podían ganar, se decantaron por una nueva estrategia caracterizada por las expediciones a otras regiones.

La más importante fue la famosa expedición real de Carlos V (Carlos Mª Isidro) en 1837, que a punto estuvo de tomar Madrid, que se encontraba desguarnecido en ese momento.

Muy pronto la debilidad del carlismo propició discrepancias entre los partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales y los defensores de la continuidad de la guerra. Finalmente el jefe general carlista Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Sólo las partidas de Cabrera continuaron resistiendo en la zona del Maestrazgo hasta su derrota en 1840.

Las consecuencias más importantes de la guerra carlista fueron varias. En lo político la monarquía se inclinó de manera definitiva hacia el liberalismo. Los militares cobrarían un gran protagonismo en la vida política y protagonizarían frecuentes pronunciamientos. Por último, los gastos de la guerra forzaron la desamortización de las tierras de la Iglesia.

La época de las regencias (1833 – 1843): Mª Cristina y Espartero.

La regencia de María Cristina (1833 – 1840).

En octubre 1830 nació la princesa Isabel. Finalmente el rey había conseguido tener descendencia con su cuarta esposa, Mª Cristina de Borbón. Unos meses antes del parto, en previsión de que el recién nacido no fuera varón, el rey aprobó la Pragmática Sanción por la que se abolía la Ley Sálica de 1713 que excluía del trono a las mujeres. Carlos Mª Isidro, hermano del rey y hasta ese momento su sucesor, no aceptó los derechos de su sobrina al trono.

En 1833 fallecía Fernando VII y Mª Cristina de Borbón se convertía en regente hasta la mayoría de edad de su hija. Se iniciaba así la guerra civil por su sucesión y comenzaba al mismo tiempo la construcción del nuevo estado liberal. Fue así como entre 1833 y 1843 se llevó a cabo la transición desde el Antiguo Régimen y la configuración del estado liberal.

Los gobiernos moderados y el Estatuto Real de 1834.

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la reina regente María Cristina, que estuvo presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por monárquicos reformistas. El nuevo gabinete proponía tímidas reformas que no alteraban en lo esencial el sistema político anterior.

Prácticamente la única reforma emprendida fue la nueva división provincial de España en 49 provincias (1833). Promovida por el ministro de Fomento y antiguo afrancesado, Javier de Burgos. Este diseño consolidaba el modelo centralista del Estado, propio de los liberales, enemiga de todo fuero o privilegio que atentase contra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes. De ahí la oposición de algunos territorios donde rápidamente prendió la llama carlista.

La falta de reformas y la extensión de la insurrección carlista hicieron que el trono isabelino empezara a tambalearse. Era necesario nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales y de los absolutistas más reformistas. Pese a que la reina regente no se identificaba con su ideario, los liberales se configuraron como la única fuerza capaz de mantenerla en el trono.

Así, María Cristina llamó a formar gobierno a un liberal moderado, Francisco Martínez de la Rosa, al mismo tiempo que emprendía una serie de reformas entre las que destacaba el Estatuto Real de 1834. No era ni una Constitución ni una Carta otorgada, sino tan sólo un conjunto de reglas para convocatoria de Cortes, que entre otras cuestiones reconocía:

-Unas Cortes bicamerales, formadas por la Cámara de Próceres, constituida por los grandes de España, por religiosos y por notables de designación real, y la Cámara de Procuradores, elegida mediante un sufragio censitario muy restringido. Solo los varones de más de treinta años que poseyeran una renta superior a 12000 reales anuales tenían derecho de voto.

-El monarca mantenía importantes poderes: podía convocar y suspender Cortes cuando quisiera. Además, cualquier ley necesitaba del consentimiento del rey (derecho de veto).

La insuficiencia de las reformas llevó a que los liberales terminaran por escindirse en dos grupos: moderados (doceañistas) y progresistas (exaltados), división que ya se había iniciado en el Trienio Liberal y que formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española en los siguientes decenios.

Los progresistas y la Constitución de 1837.

Los gobiernos moderados de Martínez de la Rosa y de su sucesor, el conde de Toreno, se mostraron incapaces de vencer a los carlistas y tampoco de calmar la creciente oposición de los progresistas al Estatuto Real y a la lentitud de los cambios. Éstos acabaron protagonizando revueltas en numerosas ciudades a través de un movimiento popular encabezado por las clases medias y urbanas, mediante la creación de las juntas locales en las que solicitaban cambios más radicales. Algunos de estos movimientos dieron lugar a violentas insurrecciones populares como la que se saldó con el incendio de la fábrica textil de Bonaplata en Barcelona (1835); la quema de iglesias y conventos; o la matanza de frailes a causa de su apoyo al carlismo.

Ante la presión, María Cristina mandó formar gobierno a un liberal progresista, Juan Álvarez de Mendizábal, que rápidamente inició las reformas del Estatuto Real y tomó medidas para obtener recursos y armar un ejército contra el carlismo. Pero cuando decretó la desamortización de bienes del clero, los privilegiados apremiaron a María Cristina para que lo destituyese en el verano de 1836. La destitución de Mendizábal llevó al pronunciamiento militar de un grupo de sargentos en La Granja de San Ildefonso. Presionada, la reina se vio obligada a suspender el Estatuto Real y proclamar la Constitución de 1812.

Con el nuevo gobierno progresista, ahora dirigido por el extremeño José Mª de Calatrava, las Cortes emprendieron la elaboración de la Constitución de 1837, que se proclamó como una revisión de la de Cádiz y que intentó dar cabida a las distintas tendencias liberales.

1 En un país de diez millones de personas, tan sólo tenían derecho a voto en primera instancia unas 16000, que a su vez elegían a los 950 electores de partido, encargados de escoger, en segunda instancia, a los procuradores. La convocatoria y disolución de las Cortes correspondía exclusivamente al rey y la función de estas se reducían a votar los impuestos y a discutir las cuestiones que el monarca propusiese. El duque de Ahumada fue el presidente del Estamento de Próceres entre 1834 y 1835. Años más tarde sería el fundador del benemérito cuerpo (Guardia Civil).

2 1820-1823.

3 Entre sus demandas de cambio podemos señalar: reunión de Cortes, libertad de expresión, Milicia Nacional…

4 Tuvo lugar en Madrid, mayo de 1834.

La Constitución de 1837.

El nuevo texto proclamaba algunos principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, aunque el artículo 12 reconocía que la potestad legislativa pertenecía “a las Cortes con el Rey”; derechos individuales y la libertad de imprenta como garantía de la libertad de expresión; la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado.

También recogía algunos principios moderados: establecía dos cámaras (el Congreso y el Senado), y concedía amplios poderes a la Corona (veto de leyes, disolución del Parlamento, nombramiento de ministros…).

Como la desamortización y la supresión del diezmo habían dejado al clero sin su fuente de recursos tradicionales, la Constitución recogió el compromiso de financiación del culto católico.

Además se creaba la Milicia Nacional, que estaba compuesta por ciudadanos voluntarios para mantener el orden constitucional y dependería directamente de los Ayuntamientos.

Finalmente una nueva Ley Electoral ampliaba el sufragio censitario hasta el 2,4%. De este modo tenían derecho al voto los españoles varones mayores de 25 años que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa.

La desamortización de Mendizábal.

Durante su breve etapa como Presidente del Consejo de Ministros Mendizábal ya había adoptado una serie de medidas tendentes a lograr el triunfo en la guerra carlista y a reestructurar el grave problema de la deuda nacional. Entre todas ellas destacó entonces la

reactivación de la desamortización de los bienes del clero regular, que constituía una continuación de las efectuadas por Godoy y posteriormente por las Cortes de Cádiz y los gobiernos del Trienio Liberal. Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y estableció la incautación de su patrimonio. Los bienes desamortizados fueron puestos en venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública. Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar el ejército liberal y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Al mismo tiempo, los nuevos compradores constituirían unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo. A largo plazo las medidas deberían fomentar el desarrollo de la agricultura y cambiarían la estructura de la propiedad, que de ser amortizada pasaría a ser libre e individual.

Junto a la transformación del régimen de propiedad, una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la abolición de los privilegios gremiales, de la Mesta, abolición de los diezmos eclesiásticos, supresión de aduanas interiores…

Las consecuencias de la desamortización no fueron positivas. Aunque se consiguió paliar momentáneamente la grave situación que venía padeciendo la hacienda pública, empobreció más a los campesinos, despojados del trabajo que realizaban en las tierras de la Iglesia que venían trabajando desde hacía siglos, y muchos cayeron en la miseria como jornaleros sin tierras. Sin embargo, los enormes lotes puestos a la venta sólo pudieron ser adquiridos por las mayores fortunas, la burguesía.

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Sobre todo aquellos que se habían enriquecido con los negocios6 pero que ansiaban poseer tierras como poseía la nobleza. Igualmente la desamortización aumentó la distancia entre el nuevo régimen liberal y el clero católico, que perdió la mayor parte de sus propiedades (tierras, edificios y fincas urbanas) y el cobro del diezmo.

La desamortización eclesiástica se completó con otras medidas similares:

-Desaparición de los señoríos y los mayorazgos (1836)

-Supresión de la Mesta (1836)

-Desvinculación (se suprime el régimen de MANOS MUERTAS).

Todas ellas tuvieron por objeto convertir la propiedad vinculada del Antiguo Régimen en propiedad libre para poder circular en el mercado. Los viejos señores feudales pasaron a ser propietarios capitalistas de tierras, muchos antiguos señores se convirtieron en grandes terratenientes

2.2 La regencia de Espartero (1840 – 1843).

El radicalismo liberal del gobierno de Calatrava y de su ministro de Hacienda, Mendizábal, alarmó a las fuerzas conservadoras. En las elecciones de octubre de 1837, los moderados consiguieron llegar al poder. Hasta 1840 se sucedieron varios gobiernos de signo moderado. Durante estos años se fueron radicalizando las posturas entre moderados y progresistas, sobre todo por el intento de los primeros de aprobar unas leyes que pretendían acabar con la Milicia Nacional, reducir el derecho al voto, limitar la libertsd de expression y acabar con la democratización municipal.

El último choque entre los progresistas y Mª Cristina tuvo lugar con ocasión de la ley de Ayuntamientos, por la que los nombramientos de los regidores serían verificados por designación regia, no por votación popular, como exigían aquellos. A esto se sumaba la frágil situación institucional y la impopularidad de la reina regente7.

Tras el estallido de disturbios en numerosas ciudades, con la activa participación de la milicia nacional, y el establecimiento de juntas revolucionarias, Mª Cristina marchó al destierro en octubre de 1840.

 El general Espartero fue elegido por las Cortes para sumir la regencia.

Durante tres años gobernó de manera autoritaria: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines (ayacuchos8). De este modo perdió toda la popularidad que lo había llevado al poder.

En su corta regencia se aceleró la desamortización de los bienes eclesiásticos. Una de sus actuaciones de mayor trascendencia fue la aprobación, en 1842, de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió gravemente amenazada y la medida provocó un levantamiento en Barcelona, en el que estuvieron involucradas la burguesía y las clases populares, que veían peligrar sus puestos de trabajo. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión, colocando a Cataluña y a buena parte de sus partidarios en su contra.

En julio de 1843, una sublevación militar organizada por los moderados (general Narváez), precipitó la caída de Espartero. Para salir del impasse político las Cortes aceleraron, pese a tener solo trece años, la coronación como reina de Isabel II.

6 Hablamos de la “burguesía” fundamentalmente, que a partir de ahora quiso convertirse en una clase rentista.

7 Dos meses después de enviudar había contraído matrimonio en secreto con Fernando Muñoz, teniente de la guardia de Corps. Se trataba de un matrimonio morganático, o también de mano izquierda, entre dos personas de rango social desigual, cada parte mantiene su “legítima” y los hijos son considerados a todos los efectos, hijos legales.

8 Nombre coloquial con el que se designaba a los militares partidarios de Espartero, como resultado de la falsa creencia de que el regente había estado en la batalla de Ayacucho (1824) en Perú.

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