La victoria de la Conjunción Republicano-Socialista en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 demostró la debilidad de la monarquía, profundamente desprestigiada por el apoyo a sendos dictadores en los últimos años, y forzó la abdicación de Alfonso XIII. El comité revolucionario formado por los firmantes del pacto de San Sebastián asumió el poder como gobierno provisional y proclamó la República.

El gobierno provisional y la Constitución de 1931

El gobierno provisional convocó elecciones por sufragio universal masculino a Cortes constituyentes el 28 de junio de 1931, pero hasta entonces se dedicó a tomar una serie de medidas destinadas a satisfacer peticiones populares urgentes:

• Para paliar la situación del campesinado: laboreo forzoso, términos municipales.
• De los trabajadores: seguros laborales, jornada de 8 horas.
• Mejorar la educación: contratación de maestros, construcción de escuelas.
• Racionalizar el ejército: retiro voluntario de oficiales, cierre de la Academia General de Zaragoza.
• Fundar la Guardia de Asalto, para mantener el orden público.

Las elecciones de junio formaron unas Cortes constituyentes con mayoría de republicanos y socialistas. El 9 de diciembre de 1931 se proclamaba la Constitución de la República, de carácter democrático y no confesional, como compromiso entre republicanos de izquierdas y socialistas. Recogía una amplia declaración de derechos (libertad religiosa, de expresión, asociación y reunión), el derecho de las regiones a gobernarse de forma autónoma y la estricta separación de la Iglesia y el Estado. Establecía además unas Cortes unicamerales y daba el derecho al voto a las mujeres.

El gobierno de Azaña y las reformas (1931-1933)

A continuación, Niceto Alcalá Zamora, republicano de derechas, fue elegido presidente de la República. Decidió mantener las Cortes y encargar un gobierno a Manuel Azaña, republicano de izquierdas, quien, a su vez, contó con socialistas en su gobierno. Pronto emprendió una ambiciosa agenda reformadora.

Política religiosa

Siguió avanzando en conseguir la laicidad del Estado, con leyes como:

• La de divorcio (1932).
• La de matrimonio civil (1932).
• La de cementerios (1931), que los volvía civiles.
• La ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933), por la cual cesaba la financiación pública de la Iglesia y se cerraban sus centros educativos.

Educación

Recibió las medidas más ambiciosas: se crearon 13.000 escuelas y casi se duplicó el número de maestros en algo más de dos años. Paralelamente, en un intento por llevar la cultura a las zonas rurales, se crearon las Misiones Pedagógicas (1931), en las que colaboraron intelectuales como Antonio Machado y Federico García Lorca.

Reforma agraria

Se acometió un intento de reforma agraria que modificase la inadecuada estructura de propiedad española, con la Ley de Reforma Agraria (1932), que a través del Instituto de Reforma Agraria (IRA) intentaba modernizar y redistribuir las explotaciones, a pesar de que su insuficiente financiación ralentizó el proceso en exceso.

Autonomías

Para dar respuesta a las ansias autonomistas se iniciaron varios procesos de redacción de Estatutos de Autonomía, empezando por el catalán (Estatuto de Nuria), que la dotaba de sus propias instituciones y competencias (Generalitat, Parlament, Tribunal de Casación). El gran apoyo que recibió entre los grupos parlamentarios fue una reacción al intento de golpe de Estado cometido por el general José Sanjurjo en 1932 (“Sanjurjada”), apoyado por militares agraviados y sectores afectados por las reformas. Galicia y País Vasco iniciaron también sus procesos, pero tuvieron que esperar hasta el final del periodo para su definitiva aprobación.

El bienio conservador y la Revolución de Asturias (1933-1936)

Los resultados de las elecciones de 1933 favorecieron a los partidos de derechas y centro, beneficiados al ir agrupados en coaliciones amplias por la nueva ley electoral, que también permitía votar por primera vez a las mujeres. Alcalá Zamora encargó formar gobierno a Alejandro Lerroux, del Partido Radical, quien contó con partidos de centro y derecha. La influencia del principal partido de la derecha, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), sirvió para presionar al gobierno para eliminar o dejar sin efecto las principales medidas en materia religiosa, laboral, agraria, educativa, etc. Además, se excarceló a los responsables del intento de sublevación de 1932. Pero el suceso más decisivo tuvo lugar en 1934, cuando como consecuencia de la entrada de personalidades de la CEDA en el gobierno de Lerroux, los socialistas llamaron a la huelga general revolucionaria el 5 de octubre. Paralelamente, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, proclamó unilateralmente el Estado Catalán dentro de la República Federal. En Asturias, la insurrección consiguió un enorme apoyo por lo que el gobierno radical movilizó al ejército contra esta amenaza, liderado por el general Francisco Franco, quien llevó a cabo una brutal represión, seguido de detenciones, suspensión de la autonomía de Cataluña, etc.

El Frente Popular y el Golpe de Estado de 1936

En febrero de 1936 se convocaron nuevas elecciones, en las que, tras los sucesos de 1934, la izquierda decidió acudir unida en el llamado “Frente Popular”, de republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, que les llevó a obtener la mayoría. Azaña volvió a encabezar el gobierno, pero sin elementos socialistas, que se negaron a seguir colaborando con partidos burgueses. Se decretó una amnistía para los encarcelados en 1934, se restituyó la autonomía y las instituciones catalanas y se retomaron los procesos reformistas en varios ámbitos (reforma agraria, educación, desarrollo del Estatuto catalán y tramitación del vasco y gallego). Las nuevas Cortes también decidieron destituir a Alcalá Zamora como jefe del Estado, lo que propició la elección en su lugar de Azaña, que pasaba de la Presidencia de gobierno a la de la República, y encargó el gobierno al republicano de izquierdas gallego Santiago Casares Quiroga.

Durante ese periodo, a causa del retorno de la izquierda al poder, se armó una trama para acometer un golpe de Estado en el que participaron numerosos altos mandos del ejército, con colaboración de civiles de extrema derecha (Renovación Española, Falange…) con el apoyo de las viejas oligarquías. El “director” de la conspiración fue el general Emilio Mola, cuyo plan era conseguir el respaldo del ejército en la mayor parte del país y, de ser necesario, trasladar el ejército de África a la Península para acabar de hacerse con el control del Estado. El 18 de julio se puso en marcha la sublevación, acelerada por el asesinato del líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, dentro del clima general de tensión y violencia política. No obstante, la falta de un apoyo suficiente provocó su fracaso, al menos parcialmente, por lo que derivó en una guerra civil sangrienta que duraría 3 años.