El liberalismo es la corriente intelectual y política de los siglos XVIII y XIX que se fundamenta en la defensa de la libertad individual. De ahí que resulten consecuentes unos derechos humanos que han de anteponerse a cualquier autoridad o credo. Expresión de la burguesía en su lucha contra el Antiguo Régimen, sirvió de fundamento para la construcción del Estado liberal decimonónico, y el desarrollo de un nuevo concepto de nación entendida como conjunto de individuos depositarios de la soberanía. El liberalismo político, a partir de la doctrina de pacto social entre ciudadanos libres, soberanos e iguales, combatía la centralización del Estado, abogaba por la separación de poderes y la limitación del poder real mediante constituciones, leyes uniformes y la participación de los ciudadanos en política mediante sufragio (soberanía nacional). A su vez, el liberalismo económico, pretendió la apertura de una economía que había estado cerrada por las trabas feudales y tomó como objetivo la propiedad privada, así como la expansión del capitalismo, mediante la libre iniciativa y el libre comercio.
En España el liberalismo tuvo su primera manifestación durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), situación revolucionaria que abrió el camino a unas Cortes constituyentes. Los diputados constitucionales (defensores de la soberanía de la nación, una monarquía limitada basada en una constitución escrita, los derechos individuales, y un régimen político representativo) adoptaron la etiqueta de liberales frente a conservadores y jovellanistas. Con la obra de Cádiz y la Constitución de 1812 el Estado liberal empieza a tomar cuerpo, aunque en un contexto de guerra, sólo se desplegó tímidamente. La reacción absolutista de 1814 ahogó cualquier atisbo del liberalismo emanado de la Constitución de Cádiz de 1812. Fernando VII desbarató (decreto de 4 de mayo) el programa reformista de los liberales y abolió la Constitución restableciendo las viejas instituciones. El proceso de represión contra los liberales abocó a éstos a la vía de la conspiración y el pronunciamiento (levantamiento de sectores del ejército, identificados con el liberalismo y apoyados en sectores civiles urbanos, como medio para imponer el cambio político). La revolución de 1820 dio paso al Trienio liberal (1820- 1823)
. Éste rescató la Constitución de 1812, y empezó a perfilar las primeras familias políticas del liberalismo español: los moderados, dispuestos a un pacto de colaboración con el rey y el apoyo de las clases hegemónicas tradicionales y los exaltados partidarios de acelerar y profundizar en las reformas. Experiencia efímera, que, ante la falta de colaboración del rey, la contrarrevolución realista y, la propia debilidad de un liberalismo escindido sucumbió bajo el empuje de una nueva reacción, guiada por la intervención militar del absolutismo europeo (Cien mil hijos de San Luis) en octubre de 1823. La Década Ominosa (1823-1833), alentó la evolución del régimen hacia un «reformismo fernandino» que originó un nuevo grupo de oposición al liberalismo: el de los realistas a quienes quedaron asociados los principios absolutistas. Con la decisión de Fernando VII de nombrar heredera a su hija Isabel cerraron filas en torno al pretendiente Carlos María Isidro de Borbón. Este es el origen del carlismo, el primer movimiento sociopolítico de masas contrario al liberalismo, que aglutinó a los partidarios del tradicionalismo absolutista y del antiguo régimen social, y, a cuantos se oponían a los principios liberales. Se impregnó de nuevos problemas como la cuestión foral que chocaba con la política de centralización liberal, pretexto bajo el que se mostraba el deseo de conservar intactas las estructuras del Antiguo Régimen y luchar contra la expansión del liberalismo. Gestado en las zonas rurales empobrecidas del norte de España (Vascongadas, Navarra, norte de Cataluña zonas de Aragón y del Maestrazgo), en él se implicaron el pequeño campesinado y sectores del clero y la baja nobleza, aferrados a la mentalidad y los privilegios del Antiguo Régimen; sin embargo, no consiguió movilizar a las clases ilustradas, ni a la burguesía y el proletariado urbano, que engrosaron los ejércitos cristinos.

La primera guerra carlista (1833- 1840)
, permitió a destacados militares (Espartero, Narváez)
, identificados con un cierto género de liberalismo, ascender y obtener un prestigio que los convirtió en referentes de las principales formaciones políticas liberales durante el siglo XIX. En este contexto destaca la fórmula del Estatuto Real de 1834, híbrido entre principios del liberalismo y elementos del Estado absoluto, inviable por lo que fue sustituido por la Constitución gaditana en 1836. La evolución del liberalismo acabó desembocando en la formación de dos corrientes o incipientes partidos de notables, el moderado, que da contenido al primer asentamiento firme y definido del liberalismo español a partir de 1944, y el progesista, que logra articular una nueva Constitución en 1837 y desarrolla su discurso durante la Regencia de Espartero (1840-1843).
La versión moderada con influjos del liberalismo doctrinario, consolidan un moderantismo partidario de limitar las libertades y de la intervención del Estado en beneficio del orden social. Las élites políticas del moderantismo (terratenientes, comerciantes, vieja nobleza, alto clero y jerarquías militares, defendían la soberanía compartida, la representación mediante el sufragio censitario y el falseamiento electoral. Principios consagrados en la Constitución de 1845, claramente restrictiva, referencia por aceptación o por exclusión, en los restantes procesos constitucionales. Para el Partido progresista, que recibió el testigo en 1854 durante 2 años era vital el principio de soberanía nacional que la Corona desempeñase un mero papel de arbitraje, un amplio reconocimiento de los derechos y libertades públicas (libertad de imprenta, sufragio más extenso) con garantías para su cumplimiento. Estaba compuesto por la pequeña y mediana burguesía y sectores de la clase industrial y financiera (Mendizábal, Madoz)
, el ala más reformista del liberalismo, cuyo modelo constitucional se identifica con la Constitución non nata de 1856, que dejó su impronta sobre todo en el campo de la economía al reorientar la política económica hacia parámetros liberales. En la década de 1860 se reformuló un liberalismo más radical de corte democrático cuyos antecedentes se remontan al nacimiento del Partido Demócrata en 1849, ala izquierda del progresismo y que constituye la primera expresión política del pensamiento democrático en España. Los demócratas reivindicaban la soberanía popular y el sufragio universal; defendían unas Cortes unicamerales, la ampliación de las libertades públicas, la instrucción primaria gratuita, la asistencia social y la fiscalidad e intervención del Estado en las relaciones laborales con el objeto de paliar las desigualdades.