La Oposición al Sistema de la Restauración en España

LA OPOSICIÓN AL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN: REPUBLICANISMO, CARLISMO Y NACIONALISMO. EL MOVIMIENTO OBRERO.

El sistema de la Restauración marginó a amplios sectores del mundo político y social. Lo que en principio se presentaba como propuesta integradora acabó siendo, en la práctica, un sistema de exclusión de las clases populares urbanas, sectores de la clase trabajadora rural y el naciente proletariado industrial; las clases medias y los círculos intelectuales. La oposición política al régimen de la Restauración se llevó a cabo por fuerzas políticas ya existentes: desde la derecha, el carlismo; desde la izquierda, el republicanismo. Pero también surgieron nuevos movimientos, como el movimiento obrero y los partidos nacionalistas. Aunque estas fuerzas de oposición no fueron decisivas en la dinámica política, son importantes porque respondían al gran problema de finales de siglo: el acceso de las masas a la política.

I. EL REPUBLICANISMO EN LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN

El republicanismo fue marginado del sistema político, pero era una fuerza importante. Como opción política, arrastró tres grandes problemas en los primeros momentos del régimen.

En primer lugar, una acusada fragmentación, producto de las divergencias surgidas durante el Sexenio democrático: partidarios y opuestos a la revolución, federales y centralistas. De hecho, no hubo un único partido republicano, sino varios (Partido Federal, de Pi i Margall; Partido Republicano Histórico, de Castelar; Partido Republicano Progresista, de Ruiz Zorrilla; Partido Centralista, de Salmerón). Los intentos de unión sólo fructificaron con la creación de la Unión Republicana, en 1903.

En segundo lugar, una compleja composición social. El republicanismo era interclasista, incluía tanto a sectores medios como a trabajadores; aunque su fuerza residía en las ciudades, no siempre era así; recuérdese, por ejemplo, la sublevación de Loja en 1861.

Un tercer problema para los republicanos fue la represión ejercida por los primeros gobiernos de Cánovas.

Como consecuencia, los republicanos no dispusieron de una organización sólida, de líderes destacados ni de una doctrina renovada, lo que impidió a esta fuerza política convertirse en una verdadera alternativa al sistema de la Restauración. A pesar de su fragmentación y diferencias, los republicanos compartían tres puntos básicos:

  • La defensa de la República como forma de Estado, consecuencia del principio de soberanía popular.
  • Apoyo a medidas reformistas para resolver la cuestión social, como la intervención del Estado, fomento del cooperativismo, concesión de créditos baratos.
  • La fe en el progreso y el anticlericalismo.

El crecimiento republicano se produjo con el ascenso y fortalecimiento de nuevos sectores sociales y económicos y de organizaciones capaces de responder al acceso de las masas a la política. Los dos movimientos más característicos de este nuevo republicanismo, bien implantado en los medios urbanos, serían ya a principios del siglo XX, el lerrouxismo (Partido Republicano Radical, creado en 1908), en Cataluña, y el blasquismo, en Valencia.

El movimiento republicano se encontró, así, a principios del siglo XX caracterizado por el hundimiento del Partido Federal de Pi i Margall y la desaparición del posibilismo de Castelar. El republicanismo participó así de la crisis que afectaba a todo el sistema de partidos, inmerso en su conjunto en un difícil reto de modernización de sus estructuras internas. Aparecía muy fragmentado ideológicamente y falto de una articulación clara española, su organización giraba alrededor de toda una estela de notables y filiaciones personales. De todas formas, no debiera menospreciarse el apoyo social que tenía en los núcleos importantes, como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia o Palma de Mallorca.

Será en el reinado de Alfonso XIII cuando el republicanismo español se reorganice y aumente su influencia entre la pequeña burguesía de las ciudades, intelectuales, empleados y sectores de la burguesía industrial y comercial que estimaban que el Estado monárquico protegía tan sólo los intereses de los grandes propietarios y funcionarios. Esa reorganización se vertebrará en torno a nuevas fuerzas políticas: el Partido Republicano Radical, de Lerroux, y el Partido Reformista, que se formó en 1912 bajo el liderazgo de Melquíades Álvarez y cuyas principales propuestas eran la democratización de las instituciones políticas, la realización de reformas educativas y militares, el establecimiento de autonomías regionales y la ampliación de la intervención económica y fiscal estatal con el objeto de corregir las desigualdades sociales.

II. EL CARLISMO

El carlismo, por su parte, no se recuperó de su derrota de 1876. La alianza entre la Iglesia y el Estado de la Restauración lo dejaba, además, sin buena parte de sus argumentos. La Santa Sede no quería partidos católicos en España, sino, en todo caso, la integración de los católicos en el régimen restaurado, como se puso de manifiesto con la entrada en el Partido Conservador del grupo Unión Católica que encabezaba Alejandro Pidal. Todo ello restó al carlismo importantes apoyos sociales. La escisión del sector integrista liderado por Ramón Nocedal precipitó la crisis y repercutió negativamente en algunos enclaves tradicionales del movimiento, como Guipúzcoa. La aparición de los años noventa del nacionalismo vasco y catalán, con simpatías entre los católicos de ambas regiones, agudizó los problemas.

III. LOS REGIONALISMOS Y NACIONALISMOS

Más importante fue para el régimen, a la larga, la cuestión de los nacionalismos, cuya eclosión se produjo a finales del siglo XIX, con el catalanismo como líder y modelo de arrastre de los demás movimientos. El Proyecto de Reforma de la Administración local de Moret (1884) aludía a los conceptos de región y Regionalismo como cauces de un saludable proceso descentralizador. Pero será el desastre del 98 el que convirtió el regionalismo en un movimiento y sentimiento popular y difícil de encauzar por los gobernantes.

Los rasgos más comunes del regionalismo son:

  1. Recuperación lingüística e histórica de sus respectivos pasados iniciada aproximadamente en 1850.
  2. La conciencia regionalista se afianza y avanza en las celebraciones de los Juegos Florales.
  3. Vinculación urbana e intelectual con el mundo rural, donde se conserva mejor el espíritu del pueblo y la tradición.
  4. Los componentes ideológicos son bastante heterogéneos. En todos ellos aparecen mezclados componentes del liberalismo y del tradicionalismo, sin olvidar el poso federal del Sexenio.

Los que mayor grado de maduración alcanzaron fueron:

  • El nacionalismo catalán.
  • El nacionalismo vasco.
  • El regionalismo gallego.
  • El regionalismo andaluz.

El Nacionalismo Catalán

Parte del movimiento intelectual-cultural Renaixença, cuyo apoyo era la lengua, las tradiciones y las instituciones y leyes históricas canalizó y expresó el primer sentimiento y conciencia regionalista. Sus antecedentes los tenemos en Valentín Almirall, que en 1882 fundó el Centre Catalá; y que evolucionó desde el republicanismo federal hacia posiciones nacionalistas. Y que pronto se quedó solo, sin el apoyo de la burguesía.

En 1887 el grupo de la Revista Renaixença y algunos intelectuales se salieron del Centre Catalá de Almirall y crearon la Lliga de Catalunya con la Renaixença como órganos de expresión. Simultáneamente otro grupo de jóvenes, también separados del Centre Catalá fundaron el Centre Escolar Catalanista.

La Liga de Catalunya (que no hay que confundir con el partido fundado después por Prat de la Riba) y el Centre Escolar Catalanista, ambas minoritarias liderarán en la última década del S.XIX una serie de iniciativas y de campañas pasando de una conciencia regionalista a una conciencia nacionalista. En 1888 la celebración de la Exposición Internacional fue aprovechada en el marco tradicional de los Juegos Florales para expresar públicamente su sentimiento regionalista.

En 1891 se fundó la Unió Catalanista, como confederación de grupos, periodistas y personalidades, aprobándose esta entidad en las Bases de Manresa (1892), en las que se reclamaba la restauración de las instituciones históricas del Principado y el traspaso a Cataluña de amplias competencias políticas y económicas.

El principal problema de la Unió Catalanista era su carácter minoritario y su escaso arraigo social. Sus planteamientos eran abstractos e idealistas y apenas inciden en la realidad económica y social catalana. En su base predominan elementos agrarios y de la intelectualidad barcelonesa pero no de la burguesía catalana.

La progresiva aceptación del término “nacional”, referido a lo catalán, marca la sustitución de la conciencia regionalista por otra nacionalista. En 1901, por fusión de diversas organizaciones catalanistas, nació la Lliga Regionalista de Catalunya, el partido político de catalanismo conservador, que tuvo en Prat de la Riba a su organizador e ideólogo, y en Francesc Cambó a su gran líder político y parlamentario. Este partido tuvo la hegemonía en el movimiento catalanista hasta 1923 a la vez que se iniciaba un catalanismo republicano de izquierdas menos partidario de pactar con los gobernantes de Madrid y que no correspondía ya a los intereses de los burgueses industriales (Esquerra Republicana).

El rechazo suscitado en Cataluña por la Ley de Jurisdicciones (1906) posibilitó la formación de un amplio movimiento Solidaridad Catalana, que reunió a carlistas, regionalistas y republicanos. La coalición presentaba un programa común basado en la derogación de la ley y la consecución de la autonomía. En las elecciones de 1907 consiguió 41 de los 44 escaños que Cataluña tenía en el Congreso de los Diputados. Esta victoria comportó el fin del turnismo en Cataluña y la consolidación del catalanismo y el republicanismo como fuerzas políticas hegemónicas.

En 1914 y acogiéndose a la Ley de Mancomunidades, las Diputaciones catalanas bajo el control de la Liga Regionalista, impulsaron la creación de la Mancomunidad de Cataluña. Este organismo consistía en una federación de las 4 provincias catalanas que contaba con una Asamblea General, un Consejo Permanente y un Presidente, cargo para el que fue elegido Prat de la Riba.

El Nacionalismo Vasco

Durante la Regencia se configuró el pensamiento nacionalista de Sabino Arana y se dan los primeros pasos del nacionalismo vasco. Su nacionalismo se caracteriza por su radical exclusivismo racista, antiliberal y antiespañolista. El independentismo es el objetivo natural de esos planteamientos nacionalistas.

Los planteamientos de Arana hay que situarlos en su contexto histórico: la polémica sobre la abolición de los fueros y las transformaciones provocadas en Vizcaya por el proceso de industrialización. El purismo racista del pensamiento de Arana reacciona contra la fuerte inmigración obrera. De aquí derivará el radical enfrentamiento del nacionalismo vasco con el socialismo y sus dificultades iniciales para presentarse como una alternativa integradora e interclasista. Los efectos económicos de la industrialización dividen a la burguesía vasca. Los más beneficiados, los siderúrgicos, se oponen al nacionalismo vasco.

La abolición de los fueros es el punto de partida de los planteamientos nacionalistas iniciales: para el carlismo y el integrismo católico, foralismo y regionalismo son perfectamente compatibles con sus respectivos idearios españolista y católico. La referencia de Arana a la Ley Vieja como signo de identidad nacional va más allá de la reivindicación foral.

En el primer nacionalismo vasco, como en el catalanismo y el galleguismo hay una mezcla de componentes ideológicos y políticos:

  • La componente nacionalista de Arana con el fondo carlista y foralista, pero sus planteamientos se enfrentan radicalmente con esos orígenes.
  • Componente liberal-moderada: antiguos miembros de la sociedad Euskalerria, miembros de la burguesía comercial y de la construcción naval, que partiendo de la reivindicación foral, abogan por planteamientos nacionalistas.

La situación política de fin de siglo, obliga a la marginación y la clandestinidad al radicalismo de Arana. Y favorece la progresiva evolución del partido y del propio Arana hacia posiciones más moderadas, para impulsar la transformación del PNV en un partido nacionalista, pero con objetivos autonomistas. En 1913 el PNV pasó a denominarse Comunidad Nacionalista Vasca con el fin de atraer a la burguesía el nuevo partido mostró una postura de moderación, presentándose como partido de orden y defensor de la riqueza nacional. La comunión nacionalista vasca obtuvo sus primeros grandes éxitos electorales en 1917 y 1918. Logrando en las elecciones generales 6 de los 7 escaños de Vizcaya.

Sin embargo, la crisis económica posterior a la Iª Guerra Mundial fomentó la recuperación del discurso independentista y provocó la ruptura dentro de la comunión nacionalista, donde convivían dos tendencias: los partidarios de mantener el pensamiento independentista y los más moderados y autonomistas. En 1921, el sector radical o aberriano (por Aberri, órgano de las juventudes nacionalistas) refundó el nuevo PNV con la voluntad de volver a la doctrina de Arana. Ambos sectores se mantuvieron separados hasta su reunificación en 1930.

El Regionalismo Gallego

Entre 1886-1889 aparecen en Galicia expresiones muy características de las tres corrientes que configuran el regionalismo gallego: el liberal de Murguía, el federal de Pereira y el católico de Brañas. En este período se celebran en Pontevedra certámenes literarios y en toda Galicia se publican revistas de carácter regionalista. En este regionalismo confluyen ideologías liberales, federales y católicas. Una de las debilidades del regionalismo gallego es la ausencia de una base social. La burguesía gallega se encuentra perfectamente integrada en el sistema político de la Restauración. Las Ligas Regionalistas empiezan a actuar en 1894 en La Coruña y Santiago. La convocatoria regionalista llega a un reducido grupo de intelectuales y pequeña burguesía que se encuentra dividida ideológicamente entre liberales y católicos, y sin líder con capacidad de unirles. Esto explica que a principios de siglo el regionalismo gallego no esté en condiciones de presentarse como opción política. El primer paso hacia el ámbito político tuvo lugar con la creación de la Irmandade dos Amigos da Fala Galega y de A nosa Terra (1916), que se convirtió en el portavoz del nacionalismo como fuerza política.

El regionalismo andaluz y el valenciano

Por lo que respecta a Andalucía, en ésta empezó a forjarse un regionalismo andaluz en torno al Ateneo de Sevilla, al que Blas Infante dio un gran impulso a partir de 1910, pero no consiguió tener influencia política importante antes de la Guerra Civil.

En Valencia, la acción regionalista de recuperación cultural se inició con la creación en 1878 de la Societat de lo Rat Penat y el valencianismo político tuvo su punto de partida en 1904, con la fundación de la organización Valencia Nova, que reclamaba la autonomía para el país. Figura importante, aunque estrechamente ligada con el republicanismo, fue Vicente Blasco Ibáñez.


IV. EL MOVIMIENTO OBRERO: SOCIALISMO, ANARQUISMO Y SINDICALISMO CATÓLICO.

El movimiento obrero comenzó en el reinado de Isabel II, pero hasta el Sexenio revolucionario no tuvo cierta entidad. Tras la Iª República gran parte del movimiento obrero abandonó el partido progresista y republicano y se dirigió a las dos ideologías que iban a tener mayor importancia: la socialista y la anarquista. Con la llegada de la Restauración las organizaciones obreras sufrieron una gran represión y tuvieron que refugiarse en la clandestinidad, hasta 1887 en que se promulgó la Ley de Asociaciones que las devolvió a la legalidad.

Con la Restauración se produce el verdadero despegue de la industrialización española, con dos regiones protagonistas, Cataluña y el País Vasco. Con el desarrollo aparecen en la sociedad española los problemas característicos de los países industriales europeos: Salarios bajos e inseguros, jornada laboral excesiva de diez, once y hasta doce horas, falta de seguridad en caso de accidente, enfermedad y vejez… y paro. Los distintos gobiernos burgueses van a demostrar poca preocupación por los problemas sociales y económicos de las clases trabajadoras. La labor del Estado dentro del ámbito social fue muy limitada:

  • En 1883 Sagasta crea la Comisión de Reformas Sociales para indagar en los problemas y las condiciones de vida de las clases obreras. A los problemas clásicos del proletariado urbano, horarios, trabajo infantil y de la mujer… se añaden, de manera reveladora los problemas que afectan a los campesinos, hasta entonces la España olvidada.
  • En 1887 se promulga la Ley de Asociaciones que permite la creación de sindicatos obreros dentro de la legalidad y la Ley del Sufragio Universal masculino (1890).
  • En 1900 se promulgan las primeras leyes sobre accidentes de trabajo
  • Desde 1904 se regula el descanso dominical
  • En 1907 se decretó la protección a la mujer obrera antes y después del alumbramiento
  • En 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión.
  • En 1912 se dicta la famosa “ley de la silla” que obligaba a las empresas a disponer de asiento para las obreras y dependientas y
  • En 1913 se limitaba a diez horas el trabajo diario en la industria textil.

La respuesta de los trabajadores se va articular en dos grandes opciones: la socialista y la anarquista.

EL SOCIALISMO

El Partido Socialista Obrero Español fue fundado el 2 de mayo de 1879 en la clandestinidad por un reducido número de personas (16 tipógrafos, 4 médicos, 2 plateros, 1 marmolista, 1 zapatero y un doctor en Ciencias) en una fonda madrileña de la calle de Tetuán. Desde un principio quedó patente su carácter internacionalista, su propósito de democracia interna y su filiación marxista. Este partido nacía como consecuencia de una recomendación de la ya extinta Primera Internacional de Trabajadores: la necesidad de la participación de los trabajadores en la vida política como instrumento para alcanzar el poder y hacer posible la emancipación de la clase obrera. En julio de 1879 se constituyó una comisión para elaborar un principio de programa. La Comisión fue presidida por Pablo Iglesias, a cuyo lado trabajaron Francisco Mora, que representaba a los escasos socialistas de Barcelona, y Victoriano Calderón, compañero de Iglesias en la Asociación del Arte de Imprimir.

En el primer programa del PSOE se observa una clara influencia marxista en tres ideas básicas:

  1. El carácter injusto de la sociedad.
  2. El propósito de transformar profundamente este modelo de sociedad.
  3. La utilización de la acción política para lograr esa transformación de la sociedad.

La primera idea del programa socialista sintoniza con la lucha de clases, así se empieza hablando de una sociedad injusta donde hay dos grupos desiguales y enfrentados: la burguesía y el proletariado. También está teñida de marxismo la intervención política del proletariado, un poder político cuya posesión ha de ser la primera aspiración del Partido Socialista Obrero Español. En la ortodoxia marxista esa toma del poder por el proletariado tendría que conducir obligatoriamente a implantar la dictadura del proletariado, para acabar con el estado burgués capitalista. El ideario socialista de 1880 fue ratificado en el primer Congreso del partido celebrado en Barcelona entre el 23 y el 25 de agosto. Después de que se fundará en la misma ciudad la Unión General de Trabajadores (1888), central sindical socialista ligada al PSOE. Fue un sindicato de masas que englobaba a trabajadores de todos los sectores de la producción, que se organizaba en secciones de oficios en cada localidad. Para ampliar su base social se declaró no vinculado a la política. Aunque en teoría la UGT era independiente del PSOE la relación entre ambos fue muy estrecha

En los años siguientes, el socialismo español siguió aferrado a sus principios ideológicos, cuyas líneas esenciales fueron discutidas, excepto las relaciones con republicanos y anarquistas. La postura oficial fue la no-colaboración, lo que supuso enfrentarse abiertamente con anarquistas y rechazar toda colaboración con republicanos. Esto supuso un aislamiento dentro del partido. En los primeros años del S. XX este aislamiento fue perdiendo terreno.

En 1889, el PSOE se afilió a la 2ª Internacional (reunida en París en 1889). Allí se decidió celebrar el Primero de mayo en todo el mundo como una jornada de lucha para conquistar la jornada de 8 horas, (conmemorando además la brutal represión de la huelga de Chicago de 1886, en la que fueron ejecutados cinco anarquistas). En España, el Primero de mayo se celebró por primera vez en 1890 y en ese día socialistas y anarquistas organizaron manifestaciones en varias ciudades españolas, que se repetirán en los años posteriores. Destacó la huelga general de Vizcaya de 1890 en la que participaron más de 20.000 trabajadores

En 1891, los socialistas –aprovechando el sufragio universal, reinstaurado por Sagasta–, se presentan por primera vez a las elecciones municipales y obtienen algunos concejales. Pero su negativa a colaborar o aliarse con los republicanos hizo que no tuviesen representación en el Congreso de los Diputados hasta 1910. En 1910 se formó la conjunción republicano-socialista, que produjo un importante crecimiento numérico en sus filas y permitió a Pablo Iglesias salir elegido como primer diputado socialista en el Parlamento. A partir de este momento, el PSOE conoció un notable incremento de su fuerza electoral y de su influencia en la vida política española, ya que se produjo un traspaso de votos del republicanismo al socialismo, sobre todo en los núcleos urbanos. Tras la muerte de Pablo Iglesias en 1925, la dirección del movimiento socialista quedó en manos de nuevos líderes más moderados, reformistas y afectos a las formas democráticas como Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Julián Besteiro.

EL ANARQUISMO

Aunque tardó en cristalizar, fue precisamente España, donde la población rural era mayoritaria, el país europeo donde más iba a arraigar el anarquismo. En abril de 1874, la Federación Regional Anarquista de la Iª Internacional era un grupo con menos de 3.000 militantes y que solo tenía bases clandestinas. Su situación mejoró en 1881 con la llegada de los liberales al poder: en el Congreso de Barcelona (septiembre de 1881), pasa a llamarse FTRE (Federación de Trabajadores de la Región Española), al amparo de la Ley de Asociaciones de Sagasta que permitiría la acción sindical obrera. La FTRE llegó a contar con 60.000 afiliados (sobre todo en Cataluña y Andalucía) y desarrolla acciones reivindicativas. La nueva organización, que tenía su mayor implantación en Andalucía y Cataluña, aumentó rápidamente el número de sus afiliados. Los dirigentes de esta Federación, catalanes en su mayoría, optaron por abandonar la idea de la destrucción del Estado y organizar una resistencia solidaria y pacífica a través de los sindicatos, por lo que inmediatamente se vieron enfrentados al sector andaluz, mayoritariamente campesino, partidario de la violencia como única vía eficaz de cambio. Por todo ello, los anarquistas andaluces se agruparon en sociedades secretas y decidieron actuar como grupos revolucionarios, atentando contra los pilares básicos del capitalismo: el Estado, la burguesía y la Iglesia.

Así surgió la “Mano Negra”, una especie de organización secreta que al parecer no estaba vinculada de forma efectiva con la Federación. En 1883 tuvieron lugar una serie de asesinatos y delitos de los que las autoridades culparon a la “Mano Negra”, lo que llevó a la detención de cientos de personas en Jerez, Cádiz y Sevilla. La brutal represión se extendió no sólo a los componentes de dicha organización, sino a todo el movimiento anarquista de Andalucía. Estas circunstancias, y las luchas internas dentro del seno de la Federación, fueron debilitando a esta asociación cada vez más, hasta que en 1888 la Federación se disolvió de manera definitiva.

Dentro del anarquismo español —y en general dentro del movimiento libertario y ácrata mundial— coexistieron siempre dos tendencias diferentes (el anarcosindicalismo y el anarcocomunismo) que provocaron una clara duplicidad en las actividades anarquistas. El sector anarcosindicalista propugnaba una actuación obrera colectiva, propagandística y reivindicativa, dentro de la legalidad y centrada en la lucha por la obtención de mejoras laborales parciales. Esta estrategia además ofrecía la posibilidad de entablar continuos enfrentamientos contra los patronos, que podían ser aprovechados para que los obreros se fueran adiestrando poco a poco en el combate revolucionario.

Por el contrario, los anarcocomunistas rechazaban estas prudentes y dilatorias tácticas, mostrando su preferencia por el terrorismo individual, la lucha clandestina y el uso de la violencia con el objetivo de impulsar una revolución inmediata. Esta tesis fue defendida por el ruso Kropotkin (que recomendó el estudio de técnicas químicas para la fabricación de explosivos porque la revolución debía hacerse «con las palabras, los escritos, el puñal, el fusil y la dinamita»), por el italiano Enrico Malatesta (quien realizó varios viajes a España en 1875, 1891 y 1892) y por el mismo Mijail Bakunin, que consideraba la revolución como una “sangrienta batalla de aniquilamiento indispensable para eliminar las desigualdades”.

De esta forma, a finales del siglo XIX, el movimiento obrero anarquista español, como el del resto de Europa, se encontraba sin salida y limitado a grupos terroristas incontrolados que llevaban a cabo acciones violentas individuales (lo que ellos llamaban “la propaganda por el hecho”). Así, en la década de los 90, se produjeron una serie de atentados: contra Martínez Campos (que consiguió salir con vida), en el Liceo de Barcelona –en el que murieron 22 personas y resultaron heridas 35-, y contra la procesión del Corpus, con 6 muertos y 42 heridos. Este último provocó una represión especialmente brutal contra el anarquismo y todo lo relacionado con este movimiento. El proceso de Montjuich, como fue conocido el que se celebró contra los acusados de ser autores del atentado, tuvo una gran repercusión internacional, pues la policía barcelonesa encerró en Montjuich a más de 400 personas, entre los que se incluían republicanos, dirigentes obreros e intelectuales. En el proceso militar seguido contra los acusados, cinco personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas, y otras 20 condenadas a largas penas de prisión. El oscuro proceso tuvo una consecuencia directa: el asesinato de Cánovas en 1897 a manos de un anarquista, que dijo vengar así a sus compañeros torturados en Montjuich. La extensión y gravedad de esta oleada de atentados terroristas impulsó, a iniciativa del gobierno italiano, la convocatoria de la Conferencia Internacional para la defensa social contra los anarquistas, que se celebró en Roma en 1898. Esta asamblea antiterrorista reunió durante un mes a representantes gubernamentales, juristas, expertos criminalistas y policías de diversos países europeos —entre ellos España— con el objetivo de mejorar la cooperación policial internacional y facilitar la extradición de los criminales. Sin embargo, concluyó con escasos resultados.

Durante los primeros años del siglo XX y aunque quedaban minoritarios grupúsculos terroristas, el sector mayoritario del movimiento anarquista -encabezado por nuevos dirigentes como Ángel Pestaña, Salvador Seguí y Joan Peiró— prefirió distanciarse del uso de la violencia y adoptar una actuación menos extremista y más sindicalista, sin descartar incluso la posibilidad de abrir negociaciones con empresarios y gobernantes. En Barcelona, sociedades obreras y sindicatos de inspiración anarquista crearon en 1907 la Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones obreras de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria. La creación en 1910 de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y su fuerte crecimiento durante los años inmediatamente posteriores, significó la confirmación del éxito de esta táctica. En 1915, el número de afiliados a esta poderosa organización sindical anarquista —con gran implantación en Cataluña, Aragón, Asturias, Andalucía, Murcia y Valencia— no superaba los 15.000, pero sólo cuatro años más tarde la cifra de militantes cenetistas alcanzó los 700.000. La CNT se definía como revolucionaria y tenía tres ideas básicas: la independencia del proletariado respecto a la burguesía y a sus instituciones (el Estado); la necesidad de unidad sindical de los trabajadores, y la voluntad de destruir el capitalismo, procediendo a la expropiación de los propietarios capitalistas y acabando con todas las formas de explotación y opresión. La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante huelgas y boicots hasta proceder a la huelga general revolucionaria.

EL SINDICALISMO CATÓLICO

Tras la publicación de la Encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, surge un interés eclesial por los problemas obreros. La Iglesia católica española también promovió y tuteló algunas organizaciones sindicales que, en ocasiones, llegaron a ser financiadas por los mismos patronos. El objetivo consistía en facilitar la superación de los enfrentamientos entre los empresarios y el proletariado para impedir el avance de los sindicatos revolucionarios basados en las ideologías “peligrosamente ateas y diabólicas” de socialistas y anarquistas.

El jesuita castellonense Antonio Vicent fue el impulsor en 1895 de la creación de los Círculos Católicos de Obreros con el respaldo económico del marqués de Comillas, un multimillonario, ultracatólico y paternalista empresario barcelonés empeñado en impulsar la recristianización de los obreros españoles. Estas organizaciones confesionales llegaron a alcanzar los 50.000 afiliados hacia 1900 y solicitaron a los propietarios que evitaran los abusos y concedieran salarios justos a sus empleados. Centraron sus actividades en el reparto de limosnas y en las oraciones colectivas. Además, tenían un carácter corporativo y mixto (ya que integraban en su seno también a los patronos) y estuvieron sometidas a un rígido control por parte del alto clero. El sindicalismo católico tuvo escasa influencia en los medios industriales urbanos y mayor arraigo entre el campesinado de las zonas rurales de Castilla, Navarra, Andalucía y Extremadura.

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