Los cambios políticos e institucionales: el centralismo borbónico

La llegada de los Borbones a la corona española a principios del siglo XVIII trajo consigo una serie de cambios políticos e institucionales que buscaban modernizar el Estado y centralizar el poder en manos del monarca. Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• La creación de las Secretarías de Despacho, origen de los futuros Ministerios, que básicamente recogían las funciones ejercidas hasta entonces por los Consejos preborbónicos.
• La creación de las Intendencias.
• La extensión de las instituciones castellanas al resto del Estado.
• La desaparición de los Virreinatos, excepto en las colonias americanas.
• La reforma de la administración local, que obedece también a la perspectiva absolutista y centralizadora de los Borbones.
• La modernización de la Hacienda.
• La reforma militar. Supondría la sustitución de los tradicionales tercios por un ejército forjado a partir de un Servicio Militar Obligatorio.

Demografía y sociedad

Durante el siglo XVIII se impulsaron desde el gobierno medidas para la cuantificación de la población hispana, lo que pone al alcance de los historiadores informaciones que, si acaso no son de extrema fiabilidad, siempre se antojan útiles para el estudio de las pautas demográficas de nuestro Setecientos. Si el vecindario de Campoflorido, elaborado entre 1712 y 1717, estimaba la población española en 7,5 millones de habitantes, la cantidad aumentaba en el primero de los censos individuales de nuestro país, el Catastro del Marqués de Ensenada de 1752, hasta los 9.400.000, lo que supondría un crecimiento anual en torno al 0,4%, muy estimable para la época. Al Catastro siguieron el Censo de Aranda de 1768 y, en 1787, el de Floridablanca, que fijaba los habitantes de España en 10.268.110, cifra que no dejaría de crecer en los años siguientes a juzgar por los datos del Censo de Godoy de 1801, lo que ponía a la monarquía borbónica en la senda del ciclo demográfico moderno.

Los Borbones estimularon una política de crecimiento demográfico, entendiendo que un incremento de la población redundaría en el bienestar de la nación: más hombres para el ejército, más trabajadores en los campos o en las manufacturas, más súbditos de los que recaudar impuestos.

El relativo crecimiento de las alta y mediana burguesía a lo largo del Setecientos no supone menoscabo al dominio tradicional de las élites nobiliarias y eclesiásticas. Nobleza y clero seguían en posesión de las más cuantiosas rentas, monopolizaban el poder político y disfrutaban del mayor prestigio social. El 95% de la población se hallaba jurídicamente en el Tercer Estado, formado por quienes mantenían la monarquía con su trabajo pero carecían de privilegios y tenían casi vetado el acceso al poder político. En la cúspide de este grupo social se hallaba una minoría de burgueses, tan reducida en efectivos como importante para la economía del país. Otro componente esencial del Tercer Estado eran los artesanos, en quienes descansaba realmente la manufactura nacional.

Aspectos económicos

En el siglo XVIII la agricultura continuaba siendo la fuente esencial de riqueza y de trabajo, pues a ella se dedicaba más del 80% de la población. Como en toda sociedad agraria la posesión de la tierra otorgaba rentas y poder y por ello los grupos que disfrutaban de ella velaban para que permaneciese en sus manos. Se plantearon mejoras y reformas del sector como el Informe sobre la Ley Agraria por parte de Gaspar Melchor de Jovellanos en 1794, en el que se definían como principales obstáculos para el desarrollo del agro hispano la ausencia de preparación técnica, la insuficiencia de obras públicas o elementos jurídicos como la vinculación de la tierra.

Respecto al comercio, el mercado interior era débil y escaso, limitado en su mayoría a los intercambios de tipo local o comarcal y lastrado por graves problemas de transporte, aunque su mayor dificultad era el sometimiento del mercado a los límites de una economía agraria casi de autoconsumo, en la que los excedentes de los que disponían los campesinos apenas les permitían convertirse en consumidores.

Los políticos del XVIII buscaron su mejora y el logro de una balanza de pagos positiva a partir de una amplia labor legislativa que pretendió la reactivación mercantil a partir de la reorganización de la Junta General de Comercio, la creación de consulados y de Compañías privilegiadas o el desarrollo de los Decretos de libertad de comercio con América. Si bien la tarea no era fácil, el crecimiento demográfico, el alza de la producción agrícola e industrial o un contexto internacional bastante favorable permitieron en líneas generales el aumento de las transacciones mercantiles tanto interiores como exteriores.