Los Inicios de la Transición

La política española de los años 70 presentaba tres alternativas. Unos defendían claramente la continuidad del régimen sin Franco; otros apostaban por una reforma promovida desde las propias instituciones que culminara en la democratización del sistema; y finalmente, la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura con el pasado dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas.

En 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey. El monarca dispuso que continuara al frente del gobierno Carlos Arias Navarro. De este primer gobierno de la monarquía se esperaba la aceleración de las reformas, que debían conducir a la progresiva democratización del sistema político español.

Cuando Arias Navarro presentó su programa de gobierno ante las Cortes, se hizo evidente que apostaba por el continuismo franquista y que su planteamiento reformista era del todo insuficiente. Su propuesta se limitaba a proponer unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reunión y asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos.

La oposición tomó la iniciativa política y definió un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Con esta orientación, Junta Democrática y Plataforma de Convergencia Democrática se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política se expresaba en un procedimiento constituyente que pusiera las bases de un nuevo sistema político.

Una serie de movilizaciones populares fueron promovidas por las fuerzas antifranquistas. En Cataluña y el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas.

Los inmovilistas solo aceptaban la continuidad del régimen y la represión policial, a la vez que estimulaban la acción de grupos paramilitares para acallar a la oposición. Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, se esforzaron por desplazar a los inmovilistas del gobierno con el visto bueno de la monarquía. Su proyecto de cambio pretendía promover una reforma progresiva del sistema político a partir de la evolución de las leyes y de las instituciones franquistas.

Forzaron la dimisión de Arias Navarro en 1976 y Fernández Miranda, presidente de las Cortes, maniobró para imponer como sucesor a Adolfo Suárez. Tras acceder a la presidencia del gobierno, Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Además, propuso un audaz proyecto: la Ley de Reforma Política.

El principal problema de la Ley de Reforma era su aprobación por las Cortes franquistas, teniendo en cuenta que proponía su desmantelamiento y el establecimiento de una nueva Asamblea bicameral elegida por sufragio universal. La ley fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y aprobada por el 81% de los votantes.

En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se prepararon las condiciones para la celebración de elecciones generales. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos (a excepción del Partido Comunista) y una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo.

Las Primeras Elecciones Democráticas y la Constitución de 1978

En la primavera de 1977, los partidos de la izquierda, que habían vertebrado la oposición al régimen de Franco, se prepararon para la celebración de elecciones generales. Desde el gobierno se constituyó la UCD, cuyo líder era Adolfo Suárez.

Las elecciones generales se celebraron el 15 de junio de 1977. El triunfo fue para UCD, que consiguió 166 diputados, quedando el PSOE en segundo lugar, con 118 diputados. Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.

La primera tarea de las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 debía ser la elaboración de una constitución democrática. La redacción de la Constitución inició la llamada política de consenso, que consistió en resolver las cuestiones claves para la construcción de la democracia y los problemas que se presentaban mediante la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas.

La Constitución adoptó un carácter progresista. El texto constitucional fue publicado el 6 de noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de diciembre de ese mismo año.

Esta Constitución define a España como un “Estado social y democrático de Derecho”, organizado como una monarquía parlamentaria. Asimismo, el texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades.

En la Constitución se recogen también los principios rectores de la política social y económica. Asimismo, la Carta Magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y reconoce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas propias en las respectivas Comunidades Autónomas.

El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución de 1978 regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de Comunidades Autónomas. El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas diferenciadas:

• La primera fue la de las preautonomías.
• La segunda se emprendió a partir del momento en que la Constitución reguló definitivamente el régimen autonómico.

La primera preautonomía se concedió a Cataluña. Posteriormente, en el País Vasco se formó un Consejo General Vasco y en Galicia se creó una Junta de Galicia provisional.

La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas y se dotaran de órganos legislativos, elegidos por sufragio universal.

La mayoría de las Comunidades Autónomas se regirían por el artículo 143, a excepción de las nacionalidades históricas: Navarra, que se regiría por un mecanismo especial partiendo de su peculiar sistema foral, y el País Vasco. Andalucía también accedió a la autonomía por la vía rápida del artículo 151.

Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979. Los estatutos de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y, posteriormente, los del resto de Comunidades Autónomas. Finalmente, en 1995, se regularon regímenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.