Una Ley de Reforma Agraria aprobada por las Cortes, modernización de la agricultura, permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza, mientras que las cultivadas deficientemente se podían expropiar indemnizando a sus propietarios. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria, que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados fueron escasos porque se expropiaron muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos inicialmente. Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia ley, la lentitud y dificultades burocráticas, la falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones, sobre todo la resistencia de los propietarios.

La Ley de Reforma Agraria creó un aumento de la tensión social. Los grandes propietarios se opusieron a la reforma, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados y vieron frustradas las esperanzas depositadas para conseguir tierras. Se quería un Estado que permitiera a las regiones nacionalistas tener un órgano propio y acceder a la autonomía. En 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, había proclamado la República Catalana. El Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este.

La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat), cuya elaboración del Estatuto de Autonomía (Estatuto de Núria) fue aprobado en referéndum popular. La Constitución estableció recortes contra el Estatuto y ganó la oposición de derecha, gracias a Manuel Azaña, fue aprobada en septiembre de 1932. Contaba con un gobierno con competencias en materia económica, social, educativa y cultural; se reconocía la cooficialidad del catalán. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, el PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto (Estatuto de *), pero contó con la oposición del republicano de izquierda y democrático, e incompatible con la Constitución. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lendakari. En Galicia, la conciencia nacionalista era acusada y el proceso fue mucho más lento. Otro objetivo era promover una educación liberal y laica; se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Otra meta era mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría.

Las Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales, llevaban las zonas rurales, coros, cines y grupos de teatro como La Barraca, organizados por Federico García Lorca. El socialismo, bajo Largo Caballero, inició reformas; se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo que regulaba la negociación colectiva y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció la jornada laboral de 40 horas, se aumentaron salarios y se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo. Todo esto provocó la irritación de las organizaciones patronales.

El Bienio Negro: El 18 de noviembre fueron las primeras elecciones en España en las que votaron las mujeres y tuvieron alta abstención. La izquierda se presentó a los comicios desunida y la derecha se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha e inauguró el Bienio Negro. Dos fuerzas políticas: el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA confiaron la formación de gobierno al Partido Radical, un gabinete monocolor. El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, hizo que en el campo se frenara la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos y se concedió total libertad de contratación. Los propietarios desquitaron las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas.

Enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña; la Ley de Contratos de Cultivo permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban. El gobierno central se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar la discusión del estatuto vasco impulsado por el PNV. El gobierno aprobó un presupuesto de culto y clero e inició negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. Al llegar no se anuló la reforma, pero se aprobó una amnistía para los sublevados y los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. El viraje conservador tuvo consecuencias como la radicalización del PSOE y la UGT, y la izquierda propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas y propició la revolución social.

El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon abierta guerra contra el nuevo gobierno, lo que provocó huelgas y conflictos. La CEDA endureció su posición y reclamó una acción contundente en materia de orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. Lerroux accedió a tres carteras ministeriales a la CEDA. La izquierda interpretó la entrada de la CEDA como una deriva hacia el fascismo. Se produjeron huelgas y manifestaciones, y el movimiento fracasó a nivel nacional por la falta de coordinación y la contundente respuesta del gobierno que decretó el estado de guerra, especialmente graves en Asturias y Cataluña.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social junto con anarquistas, socialistas y comunistas. Ocuparon los pueblos y tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil. En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias; el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, sucesor de Francesc Macià, pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico. Proclamó la República catalana y organizó una huelga general. Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, ocupó el palacio de la Generalitat.

Las consecuencias de la revolución fueron: proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno, se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló la Ley de Contratos de Cultivo. Se disolvieron las propiedades de los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la guerra y a Francisco Franco jefe del estado mayor. La CEDA modificó la constitución con la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación de tierras. Una fuerte crisis de gobierno se vio afectada por una serie de escándalos de corrupción como el caso de estraperlo y los casos de malversación de fondos. Gil Robles intentó que le nombraran presidente del gobierno, pero Alcalá Zamora se negó y decidió convocar nuevas elecciones para febrero.

El Frente Popular: Los partidos de izquierda se agruparon en el Frente Popular y defendían la concesión de una amnistía para los encarcelados, la reintegración en puestos de trabajo y la aplicación de la legislación reformista suspendida. La CNT no participó, pero no pidió la abstención, lo que significaba el apoyo al Frente Popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones. El Bloque Nacional no logró confeccionar una candidatura para toda España. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República con gran oposición de la derecha y parte del ejército, y Casares Quiroga, jefe de gobierno. Se decretó una amnistía y el gobierno de la Generalitat volvió de nuevo al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y en el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus estatutos. El gobierno reanudó el proceso reformista.

Los partidos de izquierdas lanzaron una movilización popular. Los anarquistas se orientaban hacia soluciones radicales y se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo y la Falange Española asumió protagonismo utilizando la dialéctica de los puños y las pistolas, en palabras de José Antonio, formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra los líderes de izquierdas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda.

Hacia el Golpe de Estado: El clima de violencia era algo que favorecía a los sectores decididos a organizar un golpe de estado militar contra la República. El día de las elecciones, Franco intentó declarar un estado de guerra. En los primeros momentos, la conspiración militar no tuvo mucha fuerza y tuvo una mala organización hasta que se puso al frente el general Emilio Mola. La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha; también se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero como no sabían qué régimen instaurar tras el golpe de estado, aplazaban la fecha del levantamiento. En Madrid, asesinaron a José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de izquierda. El 17 de julio empezó una guerra civil que duraría tres años.