El Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)

La Crisis del Sistema de la Restauración (1902-1923)

El reinado de Alfonso XIII comprende dos periodos diferenciados: la crisis del régimen de la Restauración, que culminó en 1923, y la dictadura de Primo de Rivera. Desde 1902 a 1923 transcurre una permanente crisis política. Entre las causas se encontraba el papel activo de Alfonso XIII en la política y la división de los partidos de «turno». El progresivo debilitamiento del caciquismo restó eficacia al falseamiento electoral. Las denuncias de los regeneracionistas limitaron las manipulaciones a las zonas agrarias. También tuvo como causa la aparición de nuevos partidos políticos (socialistas, radicales, republicanos y nacionalistas).

A lo largo del reinado, una serie de problemas marcaron la vida política:

• Aumento de las luchas sociales:
• Reaparición de la «cuestión religiosa»: Socialistas, republicanos y parte del Partido Liberal reclamaron el recorte de su poder y la regulación del matrimonio civil. El anticlericalismo se fue extendiendo en buena parte de la opinión pública.
• Resurgimiento del «problema militar»: La guerra de 1898 había demostrado la degradación de las Fuerzas Armadas.
• Cristalización del movimiento nacionalista: El «desastre» produjo en el País Vasco un incremento del nacionalismo, pero fue sobre todo en Cataluña donde tuvo mayor impacto. Para los políticos, el nacionalismo equivalía a separatismo y a riesgo de disgregación de la Patria.
• Problema de Marruecos: Después de un primer acuerdo franco-español en 1904, que otorgaba a España la administración del Rif, en 1906 la Conferencia de Algeciras concedió a ambos países el protectorado conjunto sobre el sultanato. En 1909 se inició un conflicto bélico que se prolongó durante 15 años.

La primera década del siglo XX estuvo marcada por los intentos de aplicar el gobierno y las reformas regeneracionistas que fracasaron por las disputas entre partidos. En 1905, bajo el gobierno de los liberales, estalló una grave crisis en Cataluña. Allí, en 1901, se había fundado la Lliga Regionalista, partido nacionalista liderado por Prat de la Riba y Francesc Cambó. Apoyada por las clases medias y altas de Cataluña, en 1905 ganó las elecciones municipales. En 1906 se aprobó la «ley de jurisdicciones» que identificaba los delitos contra el ejército, incluidas las injurias, como delitos contra la patria. En enero de 1907 el rey nombró jefe de gobierno a Antonio Maura, líder del Partido Conservador.

Antonio Maura emprendió una serie de medidas de inversión pública. En 1908 se estableció el Instituto Nacional de Previsión, también reguló el descanso dominical y la jornada laboral de mujeres y niños. Modificó la ley electoral para establecer el voto obligatorio y la proclamación automática de candidatos sin oposición. Pero la reforma más ambiciosa era la nueva Ley de Administración Local, por la que se creaban las mancomunidades, asociaciones de las diputaciones de cada región. En 1907 se creó Solidaridad Obrera como alternativa a Solidaritat Catalana.

Surgió el Partido Republicano Radical, dirigido por Alejandro Lerroux, restando fuerza al movimiento obrero con un programa demagógico, anticlerical y españolista. Fue la situación de Marruecos, por los errores del gobierno, lo que provocó que en 1909 los cabilas atacaran a los mineros del Rif. Maura decidió enviar al ejército para ensayar el plan de movilización de reservistas. El desastre del Barranco del Lobo causó más de 1200 bajas que coincidieron con la huelga general de Barcelona el 26 de julio, convocada por Solidaridad Obrera y respaldada por UGT, que supuso el paro total y se declaró el estado de guerra. Durante 3 días se sucedieron asaltos y quemas de conventos, luchas callejeras, incendios y enfrentamientos. Las consecuencias de la Semana Trágica provocaron la caída de Maura y propiciaron la conjunción republicano-socialista.

Entre 1910 y 1912 dirigió el gobierno José Canalejas, líder del Partido Liberal, que suprimió los consumos, estableció el servicio militar obligatorio y reguló el trabajo nocturno femenino. Se aprobó la «ley del candado» que prohibía durante 2 años nuevas comunidades religiosas. En 1912 el congreso aprobó la Ley de Mancomunidades. Tras la muerte por asesinato de Canalejas, se inició una etapa de crisis permanente en los dos partidos «de turno».

El estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, fue seguido de la neutralidad del gobierno español. No impidió que la opinión pública se dividiera. En 1915 se produjo un boom económico y España se convirtió en suministradora de guerra, lo que provocó el descontento de la población. En 1917 el descontento era general. El gobierno respondió a las críticas en marzo con la suspensión de las Cortes y en junio estalló el enfrentamiento entre el gobierno y el ejército. El nuevo gabinete conservador de Eduardo Dato (Partido Liberal) se plegó a las exigencias militares y reconoció las Juntas de Defensa como órganos representativos del ejército. En julio estalló otro conflicto, una crisis parlamentaria, y se decidió convocar una asamblea nacional de parlamentarios. El gobierno intentó ocultar lo ocurrido, pero fue imposible. El 13 de agosto se inició una huelga con un gran seguimiento y con unas consecuencias importantes.

A partir de 1918 y hasta 1923 se sucedieron 11 gobiernos. La situación económica y social se fue agravando, con continuos despidos y cierres de fábricas, se multiplicó el número de huelgas. Surgió el Sindicato Libre, una organización de pistoleros con el apoyo de la policía. En 1921 los anarquistas mataron a Eduardo Dato. En cuanto a la guerra de Marruecos, en verano de 1921 una acción mal planificada desde Melilla por el general Fernández Silvestre permitió a Abd-el-Krim atacar, desencadenando una matanza, el Desastre de Annual, que supuso miles de vidas, vista por la opinión pública como una sangría inútil y carísima.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El golpe de estado que en septiembre de 1923 acabó con el régimen constitucional tuvo diversas causas:

• El Desastre de Annual: El ejército pedía más medios y varios jefes militares se sumaron al golpe por la negativa del gobierno de aumentar los presupuestos de guerra.
• Disolución de las Juntas de Defensa en 1922:
• Expediente Picasso: Provocó el rechazo del estamento militar y los grupos más derechistas de las Cortes. La izquierda acusaba al rey por instigar a Silvestre y la opinión pública pedía el fin de la guerra.
• Auge del nacionalismo en Cataluña y País Vasco: Era visto con recelo entre la derecha conservadora pese a que la Lliga y el PNV no eran radicales.
• División de los partidos conservador y liberal: El ascenso socialista y republicano alarmaban a la oligarquía y los militares. En 1921, se había formado el Partido Comunista de España (PCE).
• Descontento de las clases medias: Exasperadas por la corrupción política, el alza de los precios y la cuestión marroquí, presionaban. La prensa coincidía en una crítica al gobierno y los partidos de «turno».

Una dictadura militar era para la derecha una posible solución a la permanente inestabilidad política. Para los militares era la única forma de parar el Expediente Picasso, factor determinante para el golpe. El 12 de septiembre, Primo de Rivera se sublevó contra el gobierno. El golpe triunfó gracias al silencio y al apoyo de Alfonso XIII, que acabó encargando al general formar parte del gobierno. Aunque Primo de Rivera se presentó a través de un manifiesto, con un proyecto de regeneración, las primeras medidas establecieron una férrea dictadura militar. Se convirtió en ministro único asesorado por un Directorio Militar. Se declaró el estado de guerra en todo el país y los mandos militares se hicieron cargo de los gobiernos civiles. Se decretó la suspensión de las garantías constitucionales y se disolvieron las Cortes. También la censura de la prensa y las prohibiciones a las críticas de la dictadura y cualquier información no oficial sobre la guerra de Marruecos. El régimen constitucional quedó eliminado.

En los primeros meses, Primo de Rivera tuvo apoyo popular sin apenas oposición al golpe. Tras acabar con los viejos partidos y el parlamento, aunque manteniendo la base real del sistema, intentó introducir algunos cambios como el Estatuto Municipal en 1924, que buscaba aumentar la autonomía de los municipios. La vida local siguió siendo controlada por los gobernadores provinciales. En Cataluña, prohibió el uso del himno y la bandera catalana y restringió el uso del catalán. La Mancomunidad fue languideciendo y se reprimieron las manifestaciones culturales y políticas del catalanismo. En abril de 1924, Primo de Rivera decidió unificar los distintos grupos de apoyo de los círculos católicos y conservadores surgiendo un partido, Unión Patriótica, bajo la dirección de un militar. Para Primo de Rivera, el movimiento obrero y la delincuencia eran lo mismo. El gran éxito del Directorio Militar fue poner fin a la guerra de Marruecos. En 1924, tras dictar una amnistía que acababa con el problema de las responsabilidades, redujo los efectivos en Marruecos y ordenó una retirada parcial. Pero en 1925, Abd-el-Krim invadió la zona del protectorado francés. La respuesta fue el desembarco de Alhucemas, una operación conjunta franco-española que desmoronó la resistencia de los cabilas. A mediados de 1926, Abd-el-Krim se entregó a los franceses. La guerra había terminado y la victoria aumentó la popularidad de Primo de Rivera y la reconciliación con los militares.

A finales de 1925, decidió la sustitución del Directorio Militar por un gobierno civil. Para institucionalizar la dictadura se convocó una Asamblea Nacional Consultiva, formada por miembros de Unión Patriótica, elegidos mediante sufragio restringido, que copiaba el Gran Consejo Fascista italiano. Se le encargó una especie de constitución, aunque no entró en vigor. Tanto la Asamblea Nacional como la Unión Patriótica demostraron ser un fracaso. También se imitó la política social italiana, se creó un Consejo Nacional del Trabajo y se aprobaron leyes sobre contratos de trabajo, accidentes, etc. Largo Caballero, líder de UGT, se integró en el consejo. Muchos liberales y conservadores se negaron a colaborar con el dictador y exigieron a Alfonso XIII la restitución de la Constitución. La negativa del rey llevó a muchos a apartarse de la vida política. Entre los republicanos, la izquierda obrera, los intelectuales e incluso dentro del ejército fue creciendo el descontento. En 1929, el descontento se vio en las manifestaciones estudiantiles. Los universitarios se organizaron en la Federación Universitaria Escolar (FUE) y en octubre se desencadenó el crack de la bolsa de Wall Street. A finales de año, una oleada de huelgas sacudió el país y la peseta se derrumbaba. El 27 de enero de 1930, Alfonso XIII, consciente del rechazo hacia el dictador, aceptó la dimisión de Primo de Rivera.

La Segunda República (1931-1939)

El Bienio Reformista (1931-1933)

La Segunda República es quizás la etapa más crucial de la historia de España del siglo XX, coincidiendo en el tiempo con el crack de la bolsa de Wall Street en 1929. Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 produjeron una conmoción. En las áreas rurales los republicanos no presentaron candidatos, los concejales eran en su mayoría monárquicos. Pero en las ciudades, los candidatos republicanos ganaron. En la mañana del 14 de abril, la República fue proclamada en varias ciudades. Cuando Lluís Companys la estableció en Barcelona, los republicanos llegaron a la Puerta del Sol de Madrid y proclamaron la República. Alfonso XIII abandonó el país.

Los hombres que formaron el gobierno provisional representaban todas las fuerzas progresistas del país: republicanos liberales de izquierda y derecha, los partidos regionalistas y el PSOE. Todos actuaron con coordinación y asumieron como prioridad asentar la República hasta entregar el poder a las Cortes Constituyentes. La República se enfrentó a problemas desde el principio. El gobierno decidió abordarlos mediante decretos ministeriales. El ministro Largo Caballero adoptó las primeras medidas de reforma agraria y laboral. El gobierno promovió una importante legislación educativa. Se puso en marcha el Estatuto Provisional de autonomía de Cataluña, impulsado por Francesc Macià, presidente de la Generalitat. El ambiente social adquirió una tensión preocupante, anarquistas y socialistas estaban divididos. A finales de abril se desencadenaron huelgas en diferentes ciudades, pero el conflicto más grave fue a causa del enfrentamiento entre la Iglesia y el nuevo régimen. Para las elecciones se fundó un nuevo partido, Acción Nacional. La situación desembocó en la quema de conventos, utilizada por las clases propietarias como propaganda antirrepublicana. La actitud de la Iglesia había despertado el anticlericalismo.

El 28 de junio se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, con una victoria clara al conjunto republicano-socialista. La Constitución de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre, constando de 125 artículos. Se inicia con una definición de soberanía popular. Se desarrolla una extensa declaración de derechos y libertades y destaca el sufragio universal, para mayores de 23 años, incluyendo el femenino. La Constitución estableció también el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos de hijos legítimos e ilegítimos. Declara la igualdad en el derecho a la educación y el trabajo como obligación social. El poder legislativo corresponde a las Cortes. El poder ejecutivo corresponde al presidente de la República, que nombra al jefe de gobierno, y se establece un poder judicial totalmente independiente con un Tribunal de Garantías Constitucionales. En la articulación del Estado se establece el Estatuto de autonomía. En la cuestión religiosa se proclama la libertad de conciencia y cultos. La Constitución era claramente progresista. Niceto Alcalá-Zamora fue elegido primer presidente de la República.

Los primeros años de la Segunda República transcurrieron en un marco económico relativamente estable. Existía una situación de estancamiento, algo insuficiente para emprender transformaciones profundas en el país. Hubo dos factores negativos: la crisis del comercio exterior y, sobre todo, un aumento claro y creciente del paro. El primer gabinete constitucional estaba presidido por Manuel Azaña y formado por los mismos ministros del gobierno provisional. Durante 1932-1933 el gobierno profundizó en el programa reformista. Largo Caballero continuó con las reformas laborales. Se aprobaron la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos. La reforma de la enseñanza continuó. El gobierno adoptó un modelo basado en la escuela única, pública, obligatoria, gratuita y mixta, lo que provocó el rechazo de la derecha y la Iglesia. Con la reforma militar se trataba de reducir el ejército y de modernizar su preparación y dotación de material. La situación de hambre que vivían los campesinos había sido afrontada con medidas urgentes, tratando de asentar a los campesinos en las tierras de latifundio. Se creó el Instituto de Reforma Agraria, encargado de hacer el inventario de tierras expropiables, pero su aplicación fue un fracaso. El gobierno contó desde el principio con la oposición abierta de la derecha, encabezada por el Partido Radical de Lerroux. En la izquierda, la CNT optó por una línea revolucionaria, defendida por la FAI y el PCE. La UGT mantuvo su apoyo al gobierno. Los conflictos sociales fueron continuos. La tensión política desembocó el 10 de agosto en el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, que fracasó. En noviembre se celebraron elecciones en Cataluña que dieron el triunfo a Esquerra Republicana. Francesc Macià se convirtió en el primer presidente constitucional de Cataluña. En 1933 se produjo la masacre de Casas Viejas. La derecha se organizó: los católicos en la CEDA, bajo el liderazgo de José María Gil-Robles; los monárquicos en Renovación Española, bajo José Calvo Sotelo; y la ultraderecha en la Falange Española, bajo José Antonio Primo de Rivera. Azaña dimitió y Diego Martínez Barrio formó gobierno y convocó nuevas elecciones en noviembre de 1933.

El Bienio Conservador (1933-1936)

En las elecciones de noviembre de 1933 triunfó la derecha, lo que provocó una insurrección armada organizada por la CNT, que causó un centenar de muertes, prisión para muchos anarquistas y se cerraron periódicos y locales libertarios. Alejandro Lerroux formó un gobierno con miembros exclusivamente del Partido Radical. La CEDA quedó al margen, pero los radicales aceptaron aplicar un programa de «rectificación» de la acción legislativa del bienio anterior. Este giro conservador provocó fuertes tensiones entre ellos y frecuentes crisis ministeriales. La reforma agraria quedó paralizada. Miles de jornaleros fueron expulsados de las tierras que ocupaban y comenzaron a cobrar de nuevo salarios de miseria. La reforma militar quedó también detenida y se puso en destinos clave a militares como Goded, Cabanellas, Mola o Franco, algunos de ellos antirrepublicanos. Se aprobó una amnistía para los participantes en el golpe de 10 de agosto de 1932. No sirvió de nada la oposición del presidente Alcalá-Zamora. La política religiosa y educativa sufrió un cambio radical. Las Cortes fijaron derechos pasivos para el clero y se paralizó el proceso de secularización de la enseñanza. También se bloquearon los estatutos de autonomía. El proyecto vasco, presentado por el PNV, fue paralizado. La Generalitat, presidida por Companys desde enero de 1934, estuvo en tensión permanente con el gobierno central.

Durante 1934 las posiciones se decantaron y el país se polarizó definitivamente entre las derechas y las izquierdas. En la derecha, la CEDA aglutinaba casi todo el apoyo de las clases medias y populares católicas. Gil-Robles era el principal líder conservador de las Cortes. La izquierda republicana se reconstruyó a lo largo de 1934, tras el fracaso electoral. Los diversos grupos se unieron en torno a Azaña en un nuevo partido: Izquierda Republicana. Martínez Barrio fundó por su parte la Unión Republicana, de tendencia más moderada. El movimiento obrero se radicalizó. En el PSOE, Indalecio Prieto y Largo Caballero iniciaron la preparación de una revolución para el caso de que la CEDA llegase al gobierno y se hicieran con el control de la UGT. El PCE abandonó el enfrentamiento con el PSOE. Al frente revolucionario se sumaron también los nacionalistas catalanes de Esquerra Republicana. El liderazgo de Companys fue decisivo para el giro de la Segunda República. Ya en el mes de junio, la UGT organizó una huelga general de campesinos que fue duramente reprimida. La posible entrada de la CEDA en el gabinete se identificaba desde la izquierda como el triunfo del fascismo. Los dirigentes de la CEDA decidieron provocar la crisis del gobierno radical. El 4 de octubre se formó un nuevo gobierno con dos dirigentes cedistas. Los dirigentes socialistas dieron la orden de huelga general. Pero la movilización se convirtió en Asturias en una insurrección armada revolucionaria.

Se trataba de una revolución socialista, en la que los revolucionarios tomaban todo el poder en sus manos. Sin embargo, el movimiento fracasó en Madrid. El gobierno reaccionó rápidamente y detuvo a los principales dirigentes socialistas y comunistas. En Cataluña, el apoyo de Companys hizo triunfar al principio la revolución, pero el ejército consiguió recuperar el mando. Hacia el 12 de octubre solo quedaba la insurrección en Asturias. Para combatirla, el gobierno entregó plenos poderes al general Franco, que hizo traer tropas de la Legión. La Guardia Civil se encargó de ejercer una dura represión. El balance de octubre de 1934 fue durísimo: miles de muertos y heridos y unos 30.000 detenidos.

Durante 1935 el gobierno radical-cedista continuó con su programa reaccionario. Se decretó la suspensión del Estatuto de Cataluña. El 1 de agosto se aprobó la nueva Ley de Reforma Agraria. Pero el gobierno era débil y estuvo en crisis de forma permanente. La propia CEDA se fue debilitando. A su derecha surgió una gran coalición antirrepublicana, el Bloque Nacional, que defendía un estado autoritario y corporativo, similar al fascista y antidemocrático. En la izquierda, la campaña pro-amnistía para los presos de octubre unió a todos los grupos. Reclamaban la disolución de las Cortes y nuevas elecciones que permitieran salvar a la República. Azaña recuperó de nuevo su papel. La crisis definitiva del gobierno derechista se desencadenó en octubre, cuando estalló el escándalo del «Estraperlo«, un caso de soborno de altos cargos. Un gobierno puente convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.

El Frente Popular y el Inicio de la Guerra Civil (1936)

En enero de 1936 se firmó el programa del Frente Popular. En él se acordó restablecer de inmediato toda la legislación del primer bienio. Al Frente Popular se unieron Izquierda Republicana, Esquerra Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE y POUM (recién fundado y de tendencia trotskista), también la UGT. La coalición de derechas la formaron el Bloque Nacional y la CEDA. El PNV se presentó por su cuenta. La campaña y las elecciones de febrero de 1936 se celebraron con orden y el Frente Popular obtuvo la victoria. Los grupos de izquierdas liberaron a todos los detenidos desde octubre de 1934. El presidente del gobierno dimitió y Azaña formó gobierno. El gobierno decretó una amplia amnistía, se restablecieron el Estatuto de Cataluña y el Parlament, y se reanudó la reforma agraria. El 10 de mayo, Azaña fue elegido presidente de la República, que nombró jefe de gobierno a Santiago Casares Quiroga.

El primer intento de conspiración se produjo ya en diciembre de 1934, planteándose la posibilidad de un golpe de Estado. El mando de la conspiración lo tomó Emilio Mola. El 12 de julio, el asesinato de un oficial de la Guardia de Asalto fue respondido con el secuestro y asesinato del líder del Bloque Nacional, José Calvo Sotelo. Este hecho acabó por decidir a Franco a participar en la sublevación. En la tarde del 17 de julio se produjo la rebelión en Marruecos, dando comienzo a la Guerra Civil Española.