Ley de Protección de las Industrias de Interés Nacional (25-10-1939)

Localización

Tipo de Documento: Histórico. Jurídico. Contenido político-económico

Contexto: Ley promulgada por Francisco Franco el 24 de octubre de 1939 y publicada al día siguiente en el BOE (destinatario público), seis meses después del fin de la Guerra Civil y de la victoria del bando franquista, mientras en Europa está comenzando la Segunda Guerra Mundial.

Análisis

La ley consta de un preámbulo y cuatro artículos (1º, 2º, 3º y 6º).

Establece las disposiciones del Estado sobre la regulación de la economía nacional.

El preámbulo del decreto alude a la Guerra Civil (1936-1939), a la que denomina “gloriosa Cruzada”, e indica la necesidad de que la economía española produzca por sí misma los recursos, materias primas y productos industriales indispensables para la vida.

Asimismo, considera deseable la autosuficiencia económica, que implicaría no tener que recurrir a la importación de productos del exterior.

Por todo ello, en la parte dispositiva (art. 1) se autoriza al Estado a intervenir en la actividad económica cuando una determinada industria sea necesaria para la economía o la defensa nacional. En ese caso, el Estado podría estimular la iniciativa privada, declarando esa actividad económica de interés nacional.

En el art. 2 se indican los beneficios de subvenciones, exenciones fiscales u otras medidas para las industrias denominadas de interés nacional; y en el art. 3, lo que conseguirá el Estado a cambio de esos beneficios.

El Art. 6 posibilita a dichas empresas a dejar dicho plan una vez muestren su solvencia económica.

Contexto Histórico y Económico

Este texto muestra los principios de política económica que el régimen franquista impuso en su primera etapa. Por un lado, se defiende una economía autárquica, es decir, una política económica que persigue la autosuficiencia y la renuncia a los intercambios exteriores, en la medida de lo posible. Esto llevaría a explotar los recursos naturales propios, aunque los costes de producción fuesen altos. Por otro lado, se propone el intervencionismo económico del Estado, es decir, la acción del Estado como agente económico, fundando empresas estatales, nacionalizando otras y fijando precios, salarios y costes, y funcionando también como un factor importante de la demanda al consumir numerosos recursos en gastos militares.

Tras la Guerra Civil, la recuperación económica fue muy lenta. Hasta 1950 no se alcanzaron los niveles de renta de 1935. La Segunda Guerra Mundial no supuso para España ninguna ventaja económica, como sí ocurrió en la guerra de 1914. España, en esta ocasión, estaba vinculada económicamente, sobre todo, a las potencias fascistas a las que estuvo durante varios años pagando las ayudas recibidas en la guerra. España no aprovechó la situación de guerra para estimular las exportaciones y favorecer la recuperación de su industria. Las autoridades franquistas llevaron a cabo una política que favoreció poco la producción industrial, en parte por su profunda ignorancia en cuestiones económicas, que provocó un largo estancamiento de la economía nacional y, sobre todo, por el alineamiento de la España franquista con las potencias del Eje, que colocaba al país en el campo más escaso de materias primas y de productos energéticos, en concreto de petróleo.

La política económica seguida durante toda la década fue de autarquía y fuerte intervencionismo del Estado. Por razones doctrinales, el régimen de Franco había hecho de la autarquía el instrumento clave de su política económica, pero el aislamiento internacional que sufrió durante los años cuarenta reforzó su ideario. La autarquía, cuyo objetivo es el logro del más alto grado de autoabastecimiento posible, se presenta no solo como un medio para alcanzar la independencia económica, sino también como una forma de desafío al aislamiento político y de desconfianza respecto de cualquier relación exterior, generando una gigantesca burocracia que entorpeció la gestión de los escasos recursos existentes y multiplicó las irregularidades administrativas de los organismos interventores, sobre todo del comercio interior. Los principales beneficiarios de la corrupción fueron los grupos adictos al régimen, los únicos que manejaban fondos públicos y tenían competencias mercantiles e industriales.

Como reflejo de esa política económica fue creado el INI –Instituto Nacional de Industria- por ley en 1941. Fue un instrumento del Estado franquista encargado de relanzar la industria española en esos años de la posguerra. Canalizaba el ahorro hacia empresas públicas que desarrollaron sectores industriales básicos en los años de la autarquía: siderurgia, líneas férreas y aéreas, industria naval, cementeras, etc. La apuesta del régimen por la industria fue en detrimento de la agricultura, donde el Estado neutralizó los intentos de reforma de la República, y donde hasta 1952 no se abordó ningún plan para resolver los problemas de parcelación irracional del campo. El balance de la política agraria no pudo ser peor, con unos rendimientos por hectárea extremadamente bajos y una superficie cultivada inferior a la del período republicano.

Consecuencias

Como consecuencia de la política económica intervencionista y autárquica, casi no existió crecimiento en España durante toda la década de los años cuarenta. A su vez, la larga duración de esta política dejó su huella negativa en el sistema productivo español, caracterizado por sus altos costes, fuerte especulación y escasa competitividad. El problema de la vivienda, muy grave en las zonas industrializadas, no sería afrontado por el Gobierno hasta 1957, en que puso en marcha un ministerio para tal fin.

Los resultados de la etapa de autarquía económica –de la que se empieza a salir a partir de 1953- fueron desastrosos; fueron los años del hambre y del estraperlo o mercado negro. Una década de estancamiento y de política económica errónea, en los que se produjo un retraso difícilmente recuperable de la economía española con respecto a los países occidentales.