20. «PUEDO PROMETER Y PROMETO»: Adolfo SUÁREZ Y LA UCD EN LA TRANSICIÓN
La Transición a la democracia desmotará el franquismo desde dentro, a través de la fórmula del
consenso con la oposición de izquierda. Su punto de partida está en la muerte en 1975 de Franco y
el ascenso a la jefatura del Estado del rey Juan Carlos I. Tras el cese de Arias Navarro, el rey
nombra en 1976 jefe de gobierno a un hombre del sector aperturista del régimen, Adolfo Suárez,
líder de un nuevo partido, Uníón de Centro Democrático (UCD), que agrupaba a franquistas
moderados, socialdemócratas y democristianos. Suárez pone en marcha la Ley para la Reforma
Política (1976), que afirmaba los valores democráticos (sufragio universal, soberanía nacional,
división de poderes) y legaliza los partidos políticos (incluidos PSOE Y PCE), condiciones
esenciales previas para poder celebrar elecciones a cortes constituyentes. Estas se celebraron en
Junio de 1977 y UCD obtuvo la victoria pero sin mayoría absoluta. Tal situación obligó a Suárez a
buscar el consenso con otras fuerzas políticas, como se evidenció en los Pactos de la Moncloa,
firmados por el gobierno, los empresarios, sindicatos y partidos para hacer frente a la fuerte crisis
Económica
El consenso entre las principales fuerzas políticas (UCD, PSOE, PCE, AP, CIU) estuvo
también detrás de la nueva constitución, aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de 1978, que
establecía la monarquía parlamentaria y creaba el estado de las autonomías. El acuerdo con los
nacionalistas permitíó la aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco
en 1979. En las elecciones de 1979, la UCD vuelve a ganar sin mayoría absoluta, pero surgían ya
fuertes divergencias internas en su seno (Ley del divorcio, generalización de las autonomías) que
conducen a la dimisión en 1981 de Adolfo Suárez.
19. LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
En 1982 el PSOE ganaba las elecciones. El nuevo gobierno, liderado por Felipe González,
convirtió en su gran objetivo romper el histórico aislamiento del país, lo que supónía la integración
de España en la Comunidad Económica Europea. Esta se produjo en 1986, con la firma del
Tratado de Adhesión de España y Portugal. La integración favorecíó la llegada de inversiones
extranjeras y España se vio beneficiada de las ayudas de la Comunidad Europea a los países más
pobres, gracias a la llegada masiva de los llamados fondos de cohesión, que ayudaron a reactivar la
economía, sirviendo para mejorar las infraestructuras de comunicación del país y desarrollar el
estado de bienestar. Con la integración se abolieron progresivamente los obstáculos para la libre
circulación de mercancías y personas entre España y el resto de países miembros, lo que supuso la
creación de un mercado único europeo. Esto implicó dos cosas: nos integrábamos en un mercado
de gran tamaño y no podíamos aplicar barreras aduaneras y aranceles para evitar la competencia de
los productos de los restantes países miembros. Se rompía así con la tradición proteccionista del
Siglo XX español y aumentaban las exigencias de competitividad a nuestras empresas.
La culminación de tal proceso de unidad se produjo en 1993 con la entrada en vigor del Tratado de
Maastricht (firmado en 1992) que supuso la creación de la Uníón Europea y sentó las bases de la
actual Uníón Económica y Monetaria. En 2002, la moneda única europea, el euro, sustituía a la
peseta.
18. CONSTITUCIÓN DEL 78 Y ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS
A partir del consenso, representantes de los principales partidos políticos (UCD, PSOE, PCE, AP,
CIU) elaboraron un proyecto de constitución, aprobado en referéndum el 6 de Diciembre de 1978.
En ella se definía España como un Estado social y democrático de derecho cuya forma era la
monarquía parlamentaria: establecía un estado liberal y democrático (sufragio universal, división
de poderes, soberanía nacional), el predominio del poder legislativo en manos de unas cortes
bicamerales (Congreso y Senado), la reducción de los poderes de la monarquía (papel
simbólico), una amplia declaración de derechos individuales y un estado aconfesional. A nivel
económico establecía un modelo mixto, defensor de la propiedad privada y el mercado libre, pero
también de la intervención estatal en la vida socioeconómica (Estado de bienestar).
Más problemática fue la cuestión territorial. En su título VIII promovía un estado descentralizado
(reconocía los fueros vasco-navarros y los gobiernos regionales autónomos); pero por otro lado en
el artículo 2 se defendía la unidad nacional y la indivisibilidad de la soberanía española, lo que
supuso el rechazo de los nacionalistas vascos. El nuevo Estado de las Autonomías se generalizó a
todo el territorio, que fue dividido en comunidades autónomas, en contra de aquellos que
defendían tan solo los derechos de los territorios históricos (Cataluña, Euskadi y Galicia). Se
establecieron dos vías de acceso, una rápida para las comunidades históricas más Andalucía, que se
acogía al artículo 151 de la Constitución, y otra vía lenta para el resto (art. 143).