El Bienio Progresista (1854-1856)
En 1854, el régimen moderado había perdido casi todos sus apoyos. La monarquía maniobraba con los progresistas tras el asunto de las bodas reales, la oligarquía moderada estaba dividida ante la corrupción generalizada (especialmente en las concesiones de ferrocarriles), y la crisis económica provocaba paro obrero y descontento.
Ante esta situación, varios generales moderados, pero opuestos al régimen, se pronunciaron en Vicálvaro y publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía aspiraciones progresistas como la reforma de la ley electoral y una mayor apertura en el derecho de imprenta.
La Vicalvarada, apoyada por levantamientos progresistas en las principales ciudades, propició que la Reina entregara el poder a Espartero, quien lo compartió con O’Donnell. Así se inició el Bienio Progresista.
Siguiendo el modelo de los moderados en 1844, los progresistas convocaron elecciones para unas Cortes constituyentes, que comenzaron la preparación de la Constitución «nonnata» de 1856, que nunca fue promulgada.
Además del trabajo de las Cortes constituyentes, el gobierno progresista durante el Bienio estuvo marcado por la inestabilidad provocada por el auge del movimiento obrero (con huelgas), las exigencias de mantenimiento del orden público por parte de la burguesía, y una nueva desamortización, esta vez sobre bienes religiosos y civiles, concretamente municipales.
La inestabilidad social se debió a la subida de precios por malas cosechas y a la repercusión sobre las capas más modestas de la sociedad de la desamortización de los bienes comunales efectuada por Madoz. También surgieron los primeros casos de asociacionismo obrero, como la Unión de Clases, un sindicato de trabajadores textiles que luchó por la reducción de la jornada (en 1855 consiguió reducir la jornada semanal de 72 a 69 horas) y otras mejoras laborales. Esta inestabilidad social se manifestó en huelgas, motines campesinos y algaradas violentas en las ciudades.
El Bienio terminó cuando la inestabilidad provocó la suspensión de las Cortes, la dimisión de Espartero y su sustitución, a pesar de la oposición de la Milicia Nacional, por el general O’Donnell, líder de la Unión Liberal.
La Desamortización
La desamortización fue un proceso jurídico que liberó bienes que estaban vinculados a un título nobiliario, una entidad religiosa o un municipio. Durante la Edad Moderna, muchos bienes (tierras, rentas, inmuebles) estaban vinculados a una institución (título nobiliario, obispado u orden religiosa, municipio). Los Reyes Católicos, para preservar estos patrimonios, aprobaron la institución del Mayorazgo, que pasaba íntegramente al heredero primogénito, quien tenía ciertas obligaciones morales, pero no legales, con respecto a sus hermanos menores. Además, el trabajo estaba mal visto legalmente, por lo que cualquier miembro de la nobleza estaba obligado a vivir de las rentas, sin poder trabajar manualmente ni emplear su capital en negocios.
En 1837, Mendizábal, liberal progresista, fue jefe del gobierno durante la regencia de María Cristina. España estaba inmersa en la Primera Guerra Carlista contra los partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y líder de los absolutistas. España necesitaba dinero para mantener un ejército, y Mendizábal aplicó un programa legislativo de desamortización que constaba de las siguientes etapas:
- Se aprobó una ley desvinculando el patrimonio de las entidades a las que estaba unido, permitiendo a nobles y eclesiásticos disponer libremente del patrimonio.
- Se aprobaron leyes que convertían en bienes nacionales los patrimonios de la Iglesia o la nobleza que no cumplieran determinadas condiciones (por ejemplo, se obligaba a los monjes y frailes cuya comunidad no llegara a doce miembros a concentrarse en una casa mayor; los nobles que no ocuparan efectivamente sus tierras también las perdían).
- Todos los bienes nacionalizados se vendían en pública subasta, dando preferencia al pago en títulos de deuda pública. Para evitar la concentración de la propiedad, se reservaba una parte de las tierras para sortearlas entre los campesinos.
Las consecuencias principales del proceso desamortizador fueron la concentración de la propiedad de la tierra en manos de la nobleza y la burguesía (los únicos con dinero y títulos de deuda pública para acudir a las subastas), la inversión de gran cantidad de capital burgués en la adquisición de tierras (más por prestigio social que por razones económicas, lo que retrasó el desarrollo industrial y comercial de España), la disminución de parte de la deuda del Estado español, y el aumento del número de jornaleros, campesinos sin tierras obligados a malvivir o emigrar.