La II República: Constitución de 1931 y el Bienio Reformista
El 12 de abril de 1931, las elecciones municipales dieron el triunfo a republicanos y socialistas. El 14 de abril, Alcalá Zamora proclamó la II República, con la intención de establecer un proyecto de modernización y democratización del país. El Comité Revolucionario, creado por el Pacto de San Sebastián, se convirtió en el gobierno provisional de la república. Su objetivo principal era la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, que aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España (1931) e impulsaron las primeras reformas. El primer bienio republicano se caracterizó por la puesta en marcha de una política de reformas (religiosa, educativa, laboral, de organización territorial y agraria) que coincidió con la crisis mundial de 1929. Sin embargo, la implementación de estas reformas provocó una fuerte oposición tanto de la derecha como de la izquierda, generando una gran crisis de la coalición republicano-socialista que desembocaría en la celebración de nuevas elecciones en 1933, con el triunfo de la ideología de centro-derecha.
La Constitución de 1931
. No sería hasta 1936 cuando se aprobaría este estatuto.
La Ley de la Reforma Agraria fue el proyecto más complicado de este período ya que existía un doble problema. Por una parte, la agricultura aún seguía presentando rasgos arcaicos (atraso técnico, baja productividad, mano de obra abundante y barata y una inadecuada e ineficiente estructura de la propiedad) y había diferencias en la forma de explotación de la tierra dentro de la península, en la Cornisa Cantábrica y en la zona norte predominaba la pequeña propiedad mientras que en la zona sur y centro eran los latifundios los que cobraban el protagonismo, esto provocaba que un enorme proletariado rural estuviera sumido en la miseria. A ello se le sumó la grave crisis económica internacional. El sector más afectado fue el comercio exterior y con ello la agricultura de exportación y la minería. La política económica adoptada tenía como objetivo mantener un presupuesto equilibrado y una moneda fuerte. Pero las reformas aumentaron los gastos y los recursos económicos resultaron insuficientes.
La reforma agraria pretendía resolver el grave asunto de la propiedad y su reparto, pero las discrepancias entre partidos retrasaron la aprobación de la ley. En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria que pretendía la modernización técnica, acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. En principio, el texto presentaba trece tierras expropiables pero en realidad eran solo cuatro tipos: las propiedades de los antiguos señoríos, las tierras mal cultivadas, las permanentemente arrendadas y las de regadío que no estuviesen regadas. La propiedad de las tierras correspondía al Estado y el régimen de explotación colectivo o individual lo decidirían las comunidades de campesinos. La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Pero la ley fracasó por una serie de causas como la complejidad técnica, el exiguo presupuesto, el escaso interés de los republicanos de izquierda, la incompetencia del ministro encargado de aplicarla o la oposición de los grandes propietarios. Todo ello desembocó en insurrecciones anarquistas por el descontento de estas. Así surgieron dos oposiciones contra el proyecto reformador del bienio: los anarquistas y el problema de orden público y la reorganización y reacción de la derecha.
La pauta del anarquismo la marcó la CNT y la FAI, cuyo objetivo era establecer el anarquismo libertario mediante la acción directa, la huelga general y la insurrección. Desde finales de 1931 los anarquistas protagonizaron una intensa agitación huelguística, ante la que el gobierno reaccionó con la Ley Defensa de la República que fue utilizada con dureza en episodios sangrientos como los de Castilblanco y Arnedo. Pero el período más álgido fue el de 1932; el primer intento revolucionario se produjo en la cuenca del Alto Llobregat, dirigido por la CNT. Luego en Cádiz, que culminaron en los sucesos de Casas Viejas en 1933, con el enfrentamiento entre la CNT y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto; las fuerzas del orden público actuaron con dureza, lo que provocó numerosos muertos.
Por su parte, la posición de la derecha conservadora adoptó dos posturas diferentes: sectores de la derecha monárquica y sectores de la derecha católica. Los monárquicos derechistas lo formaban alfonsinos y carlistas, cuyo objetivo era derribar la república mediante la fuerza. Los carlistas formaron la Comunión Tradicionalista y los alfonsinos la Renovación Española, ambos intentaron dar un golpe de Estado en 1932 en Sanjurjo que fue abortado en poco tiempo. El otro sector lo componían los derechistas católicos que optaron por una vía pacífica, la de conquistar la república electoralmente para cambiar su contenido. En 1933 fundaron la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que aglutinó a distintas derechas regionales. Defendían la religión, la familia, el orden y la propiedad.
Pero pronto el régimen entró en crisis, en 1933 el gobierno de Azaña sufrió el acoso de las organizaciones de empresarios y patronos, las huelgas y movilizaciones de la CNT, la postura de acoso y derribo del Partido Radical. También contribuyeron las fisuras en la coalición, el malestar del presidente de la república y el debate del PSOE sobre la continuidad o no de su colaboración con los republicanos en el gobierno. El avance sustancial de los radicales y de la CEDA llevó a Alcalá Zamora a precipitar la crisis, forzando la dimisión de Azaña. En septiembre encargó a Lerroux formar gobierno, pero su intento republicano recibió el respaldo de republicanos de izquierda y socialistas. Antes esta situación, Alcalá Zamora convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933.
En conclusión, durante este período se llevaron a cabo diversas reformas, como la agraria, pero que en la mayoría de los casos no cumplieron con las expectativas generadas. La Segunda República es uno de los momentos clave de la historia contemporánea española. El proyecto de democratización y modernización que se abre en 1931, y que tantas esperanzas despertó en amplias capas de la población española, concluyó con una cruenta guerra civil.