Crisis del Reinado de Carlos IV

Introducción: El rey Carlos IV subió al trono español en 1788, e inmediatamente se vio desbordado por la compleja situación creada por la Revolución francesa (1789). Carlos IV apartó del gobierno a los ministros ilustrados y en 1792 confió el poder a un joven militar, Manuel Godoy. La elección mostraba desconfianza en los círculos nobiliarios de la corte y el deseo de encontrar una persona de cuya fidelidad pudiera estar seguro.

La ejecución de Luis XVI impulsó a Carlos IV a declarar la guerra a Francia. La derrota de las tropas españolas fue inapelable y la Paz de Basilea subordinó España a los intereses franceses. Las alianzas con Francia derivaron en conflicto con Gran Bretaña. Las hostilidades se desarrollaron en dos fases y la Batalla de Trafalgar (1805) constituyó el hito más relevante. La armada francoespañola fue destrozada, lo que supuso la pérdida de casi toda la flota de Carlos IV. El desastre naval acentuó la crisis de la hacienda real, agravada por la reducción de los ingresos. Godoy recurrió al endeudamiento y al aumento de las contribuciones y planteó reformas como la desamortización de tierras eclesiásticas con el fin de conseguir fondos. Fueron medidas ineficaces que provocaron una amplia oposición. La nobleza y la iglesia se mostraron contrarias a las reformas de Godoy. Su poder aumentó el rechazo de Fernando, hijo del rey. Los impuestos sobre el campesinado provocaban el descontento popular, que se veía incrementado por las epidemias, el hambre y la escasez, que impedía abastecer los territorios necesitados. En unos 20 años murieron por estas causas entre 350,000 y 500,000 personas. La incapacidad para resolver esta situación alimentó motines y revueltas, que responsabilizaban a Godoy de la grave situación de crisis.

La situación anterior se deterioró cuando, en 1807, Godoy firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que autorizaba a los ejércitos napoleónicos a entrar en España para atacar a Portugal, aliada de Gran Bretaña. A cambio, se pactaría un futuro reparto de Portugal entre Francia y España. El 18 de marzo de 1808 estalló un motín en Aranjuez, ciudad donde se encontraban los reyes, quienes, aconsejados por Godoy, se retiraban hacia el sur. El motín, con participación popular, pero dirigido por la nobleza y el clero, perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando. Los amotinados consiguieron sus objetivos, pero los hechos evidenciaron una crisis profunda en la monarquía española. Carlos IV escribió a Napoleón reclamando su ayuda para recuperar el trono que le había sido arrebatado por su propio hijo Fernando VII. El emperador se reafirmó sobre la debilidad de la monarquía española y se decidió definitivamente a invadir España. Carlos IV y Fernando VII fueron llamados por Napoleón a Bayona, donde acudieron y, sin mayor oposición, ambos abdicaron en Napoleón Bonaparte. Napoleón nombró a su hermano José rey de España y convocó a Cortes a fin de aprobar una constitución que acabase con el Antiguo Régimen y ratificase el nombramiento de José I. El Código de Bayona reconocía la igualdad de los españoles ante la ley, los impuestos y el acceso a los cargos públicos. José I lo juró el 7 de julio de 1808 y devino nuevo monarca, ante la pasividad de la inmensa mayoría de la administración borbónica. José Bonaparte inició una experiencia reformista, que pretendía la liquidación del Antiguo Régimen y que se concretó, entre otras medidas, en la abolición del régimen señorial, la desamortización de tierras de la iglesia y la desvinculación de los mayorazgos y tierras de manos muertas.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Introducción: La obra de los diputados reunidos en Cádiz, en pleno conflicto bélico, significó la liquidación jurídica y política del Antiguo Régimen y la definición del primer sistema liberal español, el más avanzado de Europa en aquellos momentos. La Junta Suprema Central se había mostrado incapaz de dirigir la guerra y decidió disolverse en enero de 1810, no sin antes iniciar un proceso de convocatoria de Cortes. Mientras se reunían las Cortes, se mantenía una regencia formada por 5 miembros y se organizó una “consulta al país” a través de las juntas provinciales sobre las reformas a realizar por las Cortes. La idea era que la desastrosa acción de los gobiernos de Carlos IV había provocado la ruina de España. El proceso de elección de diputados a Cortes y su reunión en Cádiz fueron difíciles dado el estado de guerra. Las Cortes se abrieron en septiembre de 1810 y el sector liberal consiguió su primer triunfo al forzar la formación de una cámara única, frente a la tradicional representación estamental.

En su primera sesión aprobaron el principio de soberanía nacional, es decir, el reconocimiento de que el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes. Una comisión de las Cortes preparó el proyecto de Constitución y se promulgó el 19 de marzo de 1812, por lo que se la conoció como *La Pepa*. Era un texto largo, de 384 artículos, y su tramitación se vio afectada por las vicisitudes bélicas y por las diferencias entre absolutistas y liberales.

La Constitución contiene una declaración de derechos del ciudadano: la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, la libertad civil. La nación se definía como el conjunto de todos los ciudadanos de ambos hemisferios. La estructura del estado basada en la división de poderes y no en el derecho divino. El poder legislativo, las Cortes unicamerales, representaban la voluntad nacional y poseían amplios poderes: elaboración de leyes, mando sobre el ejército, aprobación de presupuestos, etc. El mandato de los diputados duraba dos años. El sufragio era universal masculino e indirecto. El monarca era la cabeza del poder ejecutivo, por lo que poseía la dirección del gobierno. Las decisiones del monarca debían ser refrendadas por los ministros. La administración de justicia era competencia exclusiva de los tribunales.

Otros artículos de la Constitución planteaban la reforma de los impuestos y la Hacienda, la creación de un ejército nacional, el servicio militar obligatorio y la implantación de una enseñanza primaria, pública y obligatoria. El texto constitucional plasmaba el compromiso existente entre los sectores de la burguesía liberal y los absolutistas, al afirmar la confesionalidad católica del estado. Además del texto constitucional, las Cortes de Cádiz aprobaron una serie de leyes y decretos destinados a eliminar el Antiguo Régimen. Había un tipo de reforma agraria que transformaba a los antiguos señores, y no a los campesinos, en propietarios de las tierras. Se decretó la eliminación de los mayorazgos y la desamortización de las tierras comunales, con el objetivo de recaudar capitales para amortizar deuda pública. Se votó la abolición de la Inquisición. Finalmente, cabe señalar la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado.

Este primer liberalismo marcó las líneas básicas de lo que debía ser la modernización de España. Los legisladores de Cádiz aprovecharon la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar un marco legislativo. La obra de Cádiz no tuvo una gran incidencia práctica, y al final de la guerra, la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y condujo al retorno al absolutismo.

El Reinado de Fernando VII

Introducción: El regreso del rey planteó, en marzo de 1814, un problema: integrar al monarca en el nuevo modelo político definido por la Constitución de 1812. Fernando VII había abandonado el país como un monarca absoluto y debía regresar como un monarca constitucional.

La Restauración del Absolutismo

Los liberales desconfiaban de la predisposición del monarca para aceptar el nuevo orden constitucional. Por ello dispusieron que viajara a Madrid para jurar la Constitución. Fernando VII temió enfrentarse y acató sus condiciones. Pero los absolutistas, nobleza y clero, sabían que la vuelta del monarca era su mejor oportunidad para deshacer toda la obra de Cádiz y volver al Antiguo Régimen. Se organizaron rápidamente para demandar la restauración del absolutismo (Manifiesto de los Persas) y movilizaron al pueblo para que mostrase su adhesión al monarca. Fernando VII traicionó sus promesas y, mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, anuló la Constitución y las leyes de Cádiz y anunció la vuelta al absolutismo. Fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales, mientras otros huyeron hacia el exilio. La monarquía procedió a la restauración de todas las antiguas instituciones del régimen señorial y de la Inquisición. Era una vuelta al Antiguo Régimen, en un contexto internacional determinado por la derrota de Napoleón, y la creación de la Santa Alianza garantizaba la defensa del absolutismo.

A partir de 1815, Fernando VII y su gobierno intentaron un objetivo imposible: rehacer un país destrozado por la guerra, con la agricultura deshecha, el comercio paralizado, y todo ello a partir de la restauración del Antiguo Régimen. Sus gobiernos fracasaron uno tras otro. Por un lado, las elevadas pérdidas humanas y materiales arruinaron al campesinado. Por otro lado,

la hacienda real entró en bancarrota por la falta de recursos económicos, debido a la guerra en las colonias americanas. A estos problemas hay que añadir que el campesinado había dejado de pagar las rentas señoriales, la libertad de fabricación y de mercado había permitido el desarrollo de empresas y negocios más allá de la rígida reglamentación gremial y gran parte de la burguesía urbana reclamaba la vuelta al régimen constitucional. Por último, la integración de jefes de guerrilla en el ejército originó un sector liberal, partidario de reformas. Los gobiernos de Fernando VII fueron incapaces de dar respuesta a los problemas. Pronunciamientos militares liberales y amotinamientos campesinos evidenciaron el descontento y la quiebra de la monarquía absoluta. La represión fue la única respuesta de la monarquía a las demandas políticas y sociales.

El Trienio Liberal

El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego, al frente de una compañía de soldados acantonados en Sevilla, se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército, la acción de los liberales en las principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución. Se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes. Los resultados electorales dieron la mayoría a los diputados liberales, que iniciaron una importante obra legislativa. Restauraron gran parte de las reformas de Cádiz. Establecieron la disminución del diezmo y reformas en el sistema fiscal, el código penal y el ejército. Asimismo, impulsaron la liberalización de la industria y el comercio, con la eliminación de las trabas a la libre circulación de mercancías. Por último, iniciaron la modernización política y administrativa del país de acuerdo con el modelo de Cádiz. Se formaron ayuntamientos y diputaciones electivos y se reconstruyó la Milicia Nacional.

Todas estas reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía. Fernando VII había aceptado el nuevo régimen forzado por las circunstancias y paralizó cuantas leyes pudo, recurriendo al derecho de veto que le otorgaba la Constitución, y conspiró contra el gobierno, buscando recuperar su poder mediante la intervención de las potencias absolutistas en España. Sin embargo, las nuevas medidas liberales del Trienio provocaron el descontento de los campesinos, ya que se abolían los señoríos jurisdiccionales. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios, y los campesinos quedaron desamparados. En una economía todavía de autosuficiencia resultaba muy difícil vender a buen precio los productos y reunir la cantidad de dinero necesario para pagar las nuevas contribuciones. La nobleza tradicional y la iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y la venta de bienes monacales, impulsaron la revuelta contra los gobernantes del Trienio. En 1822 se alzaron partidas absolutistas.

Las tensiones se produjeron también entre los propios liberales, que se dividieron en dos tendencias: los moderados, partidarios de reformas limitadas que no perjudicasen a las élites sociales, y los exaltados, que planteaban la necesidad de reformas radicales, favorables a las clases medias y populares.

La Década Ominosa

No fueron ni los conflictos ni las divisiones internas lo que provocó el fin del régimen liberal, sino la acción de la Santa Alianza que encargó a Francia la intervención en España. En abril de 1823, unos 100,000 soldados, al mando del duque de Angulema, irrumpieron en territorio español y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Alarmadas por la constante agitación en que vivía España, las potencias restauradoras consideraban necesarias algunas reformas moderadas. Fernando VII no se avino a estas peticiones, y se produjo una feroz oposición contra los liberales, muchos de los cuales marcharon hacia el exilio. El ajusticiamiento de Mariana Pineda en 1831 por el delito de bordar una bandera liberal se convirtió en un caso emblemático de la represión fernandina.

La otra gran preocupación de la monarquía fue el problema económico. A partir de 1825, el rey, acuciado por los problemas económicos, buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía financiera e industrial de Madrid y Barcelona. Esta actitud incrementó la desconfianza de los realistas y de los sectores ultramontanos de la corte, ya muy descontentos con el monarca porque no había restablecido la Inquisición. En Cataluña se levantaron partidas realistas que reclamaban mayor poder para los ultraconservadores y defendían el retorno a las costumbres y fueros tradicionales. En la corte, dicho sector, se agrupó alrededor de Carlos María Isidro, hermano del rey y su previsible sucesor, dado que Fernando VII no tenía descendencia.

El Conflicto Dinástico

En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, parecía garantizar la continuidad borbónica. La Ley Sálica, de origen francés e implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, que abrió el camino al trono a su hija y heredera. Los carlistas se negaron a aceptar la nueva situación. En 1823, presionaron fuertemente al monarca, gravemente enfermo, para que repusiera la Ley Sálica, que beneficiaba como candidato al trono a Carlos María Isidro. Alrededor de Don Carlos se agrupaban las fuerzas más partidarias del Antiguo Régimen. Por el contrario, María Cristina comprendió que si quería salvar el trono para su hija, debía buscar apoyos en los sectores más cercanos al liberalismo. Nombrada regente, formó un nuevo gobierno de carácter reformista, decretó una amnistía y se preparó para enfrentarse a los carlistas. En 1833, Fernando VII murió, reafirmando en su testamento a su hija, de 3 años de edad, como heredera del trono y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista y poco después, en Cataluña. Comenzaba así la Primera Guerra Carlista.

La Primera Guerra Carlista

En 1833 murió Fernando VII y comenzó la regencia de María Cristina, que debería durar hasta que su hija Isabel alcanzara la mayoría de edad. Pero los partidarios de Don Carlos iniciaron una insurrección armada para impedir la consolidación del trono isabelino.

Dos Opciones Enfrentadas (Convenio de Vergara)

Los insurrectos proclamaron rey a Carlos V, confiando en su persona la defensa del absolutismo y de la sociedad tradicional. Se inició una larga guerra civil. Los defensores del Antiguo Régimen con los partidarios iniciaron un proceso de carácter liberal:

• El carlismo es una ideología tradicionalista y antiliberal que recogía la herencia de movimientos. Bajo el lema de *Dios, Patria y Fueros* se agrupaban los defensores de Don Carlos. El carlismo lo apoyaban el clero y parte de la pequeña nobleza agraria, también contaron con una amplia base social y cobraron fuerza en el País Vasco, Navarra, Cataluña, etc.
• La causa isabelina contó con el apoyo de la alta nobleza y de los funcionarios. La regente se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales.

El Desarrollo del Conflicto Armado

Los carlistas no pudieron contar con un ejército y organizaron grupos armados de guerrillas. Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833. El foco más importante se situó en Navarra y País Vasco. Se extendió por el norte de Castellón, Bajo Aragón y el Pirineo. Don Carlos recibió el apoyo de potencias absolutistas como Rusia, Prusia y Australia, mientras Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal. El conflicto armado pasó por dos fases:

• La primera etapa se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas. En 1834 el pretendiente abandonó Gran Bretaña para instalarse en Navarra, donde creó una monarquía alternativa con su corte de gobierno y su ejército. En la zona de Levante los carlistas estaban más desorganizados.
• En la segunda fase la guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana. Los insurrectos no podían triunfar si no ampliaban el territorio ocupado e iniciaron nuevas estrategias. La más importante fue la que partió hacia Navarra, marchó hacia Cataluña y se dirigió a Madrid con la intención de tomar la capital. Finalmente, el general Maroto acordó el Convenio de Vergara con el general Espartero.

El Proceso de Revolución Liberal

La guerra carlista aceleró el proceso de revolución liberal en España. Frente al absolutismo y al tradicionalismo de los insurrectos, el bando isabelino solo podía establecer una base social sólida atrayendo a los liberales hacia su causa. El régimen consolidó la propiedad individual y la configuración de un estado liberal.

Los Primeros Gobiernos de Transición

El testamento de Fernando VII establecía la creación de un consejo de gobierno para asesorar a la regente María Cristina, presidido por Francisco Cea Bermúdez y compuesto por absolutistas moderados para llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete proponía algunas tímidas reformas administrativas.

La única reforma fue la división provincial que intentaba poner fin a la administración local del Antiguo Régimen. Pero la extensión de la insurrección carlista empezó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. El gobierno de Cea chocó con las pretensiones de buena parte de la población que reclamaba la reforma del estado absoluto. Entonces, militares y asesores convencieron a la regente para nombrar un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales. Francisco Martínez de la Rosa llevó a cabo la reforma. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real.

Estas reformas eran insuficientes para una buena parte del liberalismo. La división entre los liberales y los exaltados formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española. La corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados y maniobraron para mantenerse en el poder, pero la necesidad de conseguir apoyos sociales contra el carlismo forzó a la monarquía a vencer sus reticencias y aceptar un gobierno progresista.

Los Progresistas en el Poder

Los progresistas tenían su fuerza en el dominio del movimiento popular y en las juntas revolucionarias. En 1835 hubo una oleada de revueltas urbanas. Las juntas redactaron proclamas expresando sus principales demandas: reunión de Cortes, libertad de prensa, etc. En septiembre, María Cristina llamó a Mendizábal para iniciar la reforma del Estatuto Real y tomó medidas con el fin de conseguir los recursos financieros para organizar un ejército contra el carlismo. Estallaron revueltas a favor del restablecimiento de la Constitución de 1812. Tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja. En 1836, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder a Calatrava.

El Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un sistema liberal constitucional llamada reforma agraria liberal. Se llevó a cabo en 1837 a partir de tres grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial: implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales, mantuvieron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias.
• La desvinculación significó el fin del patrimonio unidos obligatoriamente.
• La desamortización como medio para conseguir recursos para el estado con la venta de tierras propiedad de la iglesia y de los ayuntamientos. Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas y estableció la incautación por parte del estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública. Los nuevos compradores constituirían unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo.

Junto a la abolición del régimen señorial y a la transformación del régimen de propiedad estaba una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado.

La Constitución de 1837

Proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos ciudadanos (libertad de prensa, de opinión, de asociación…). También recogía algunos elementos moderados: establecía dos cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado -esta última no electiva y designada directamente por el rey-, y concedía amplios poderes a la Corona (veto de leyes, disolución del Parlamento,).

Como la desamortización y la supresión del diezmo habían dejado al clero sin su patrimonio y sin sus fuentes de recursos tradicionales. Otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico constitucional: la Ley de Imprenta (1836) hizo desaparecer la censura previa y la Ley Electoral (1837) fijó un sistema de sufragio censitario.

Los Moderados en el Gobierno (1837-1840)

Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones, que fueron ganadas por los moderados que intentaron desvirtuar los elementos más progresistas de la legislación de 1837. En 1840 prepararon una Ley de Ayuntamientos dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero secular y también se preparó un proyecto de reimplantación del diezmo.

La Ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y moderados. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento. María Cristina, en 1840, antes de dar su apoyo a un nuevo gobierno progresista, dimitió de su cargo. Espartero, vencedor de la guerra carlista, asumió el poder y se convirtió en regente en 1840.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero disolvió las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones. Durante su regencia: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los *ayacuchos*. Espartero se aisló cada vez más del entorno progresista y perdió la popularidad que lo había llevado al poder. Una de sus actuaciones de mayor trascendencia fue la aprobación, en 1842, de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió gravemente amenazada con un levantamiento en Barcelona, en el que estuvieron involucradas la burguesía y las clases populares.

Los moderados aprovecharon la división del progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años.

La Década Moderada (1844-1854)

Tras la caída de Espartero en 1843 y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II, los moderados accedieron al poder con el apoyo de la Corona. Se inició así un período de gobiernos moderados que duró diez años y que finalizó en 1854 mediante el pronunciamiento militar progresista conocido como la *Vicalvarada*.

La Configuración del Régimen Moderado

El general Narváez impulsó una política basada en los principios del liberalismo moderado. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales, creando una legislación básica para estructurar el nuevo Estado. Éste debía sustentarse en el predominio del orden y la autoridad y combinar la reforma política con férreas medidas represivas. Los primeros gobiernos moderados llevaron a cabo una fuerte represión contra los progresistas, cuyos principales líderes optaron por exiliarse. El régimen se asentó sobre el predominio de la burguesía terrateniente, nacida de la fusión entre los antiguos aristócratas que habían aceptado el liberalismo y la nueva burguesía de propietarios rurales. La Corona y gran parte del ejército se convirtieron en los garantes más fieles de un sistema que no dudó en falsear los mecanismos electorales para garantizar el triunfo del partido del gobierno, dejando a los opositores sin otra alternativa que la conspiración como único camino para alcanzar el poder.

La Constitución de 1845

El gobierno preparó una reforma de la Constitución progresista de 1837 y aprobó la nueva Constitución de 1845, que recogió las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones del legislativo. Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central y se suprimió la Milicia Nacional. Un decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta y suprimió el jurado que sancionaba los delitos de opinión. La Ley Electoral de 1846 planteó un sufragio censitario muy restringido que no superaba el 1% de la población.

El Concordato con la Santa Sede

Los moderados intentaron también mejorar sus relaciones con la Iglesia. En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede, en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos desamortizados y el retorno de los no vendidos. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora. A partir de ese momento, aun cuando ciertos sectores continuaron viendo en la opción carlista la única garantía de recuperación de los valores tradicionales y de los antiguos privilegios, la postura oficial de la jerarquía de la Iglesia católica fue la de respaldar el trono de Isabel II.

La Institucionalización del Estado Liberal

El moderantismo pretendió consolidar los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Por un lado, el gobierno emprendió la necesaria reforma fiscal para aumentar los ingresos de la Hacienda pública. Para poner fin a la dispersión de leyes del Antiguo Régimen, se abordó la unificación de códigos, se aprobó el Código Penal (1848) y se elaboró un proyecto de Código Civil, que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anteriores, pero que no se aprobó hasta años más tarde.

Por otro lado, se abordó la reforma de la Administración pública, reorganizando los cargos del Estado y creando una ley de funcionarios que regulaba su acceso.

La Legislación Económica

Las líneas de acción más importantes del gobierno progresista fueron la reanudación de la obra desamortizadora y la extensión de la red ferroviaria. Una buena parte de los ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, considerada la pieza clave para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país. La construcción de las líneas del ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de Ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran en ella. La preocupación de las Cortes por fomentar el desarrollo económico de España se reflejó también en una legislación para favorecer la reforestación, poner en marcha el sistema de telégrafo, ampliar la red de carreteras. Todo ello propició un marco legal que comportó una etapa de expansión económica hasta 1866.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Tras el levantamiento de 1854, la reina Isabel II llamó a formar gobierno al general Espartero, que inauguró el Bienio Progresista. El nuevo régimen intentó impulsar reformas económicas y políticas, pero otro pronunciamiento en 1856 devolvió el poder a los moderados.

La Revuelta de 1854 y el Nuevo Gobierno Progresista

El autoritarismo del gobierno moderado comportó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y de algunos sectores. Esta unión desembocó en el pronunciamiento de Vicálvaro, a cuyo frente se colocó un moderado descontento, el general O’Donnell, que fundó un nuevo partido, la Unión Liberal. Los sublevados elaboraron el llamado Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución de 1845. Al llamamiento se unieron diversos jefes militares, así como grupos de civiles que protagonizaron levantamientos en diversas ciudades. La presidencia recayó de nuevo en Espartero, y O’Donnell fue nombrado ministro de la Guerra. Las elecciones fueron convocadas según la legislación de 1837, lo que permitió una mayoría progresista y la aparición por primera vez en el Parlamento de algunos diputados demócratas. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e inmediatamente restauró la Milicia y la Ley Municipal.