LA PRIMERA GUERRA CARLISTA En 1830, el nacimiento de una hija del rey, Isabel, dio lugar a un grave conflicto en la sucesión al trono. La Ley Sálica impedía el acceso al trono a las mujeres, pero Fernando VII, influido por su mujer María Cristina, derogó la ley mediante la Pragmática Sanción, que abríó el camino al trono a su hija y heredera. Los carlistas se negaron a aceptar la nueva situación.  Estos enfrentamientos se trataban de una lucha por imponer un modelo u otro de sociedad. Alrededor de don Carlos se agrupaban fuerzas mas partidarias del Antiguo Régimen y opuestas a cualquier forma de liberalismo. Por contra, María Cristina buscó apoyos en los sectores mas cercanos al liberalismo para salvar el trono de su hija. Fue nombrada regente durante la enfermedad del rey, formando un nuevo gobierno reformista y decretando una amnistía que supuso la vueltas de miles de exiliados liberales, preparándose así para el enfrentamiento contra los carlistas. En 1833, Fernando VII murió, nombrando gobernadora a María Cristina hasta la mayoría de edad de su hija Isabel. El mismo día don Carlos se proclamó rey, iniciándose un levantamiento absolutista en el norte de España, comenzando así la primera guerra carlista.
En 1833 murió Fernando VII y comenzó la regencia de María Cristina, que debería durar hasta que su hija Isabel alcanzara la mayoría de edad. Pero los partidarios de Don Carlos, hermano del difunto rey, iniciaron una insurrección armada para impedir la consolidación del trono isabelino. Los insurrectos proclamaron rey al infante Carlos María Isidro, confiando en él la defensa del absolutismo y de la sociedad tradicional. La causa isabelina, ante la necesidad de hacer frente al carlismo, se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales. Los carlistas no pudieron contar inicialmente con un ejército regular y organizaron sus efectivos en grupos armados que actuaban como las guerrillas. Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833 por una amplia zona del territorio español, pero el foco más importante se situó en las regiones montañosas de Navarra y el País Vasco. Finalmente el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó la firma del Convenio de Vergara con el general liberal
Espartero.  EL PROCESO DE REVOLUCIÓN LIBERAL (primer bienio progresista)
Pero ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino comenzó a tambalearse por falta de apoyos sólidos. Entonces algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar a un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían convertido en aliados indispensables. Se escogíó para presidirlo a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo las primeras reformas, aunque muy limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, que era un conjunto de reglas para convocar unas Cortes, que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero ligeramente adaptadas a los nuevos tiempos. Pronto se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes para una buena parte del liberalismo. La división entre los liberales doceañistas (moderados) y los exaltados (progresistas), que ya se había iniciado en el Trienio Liberal, formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española de los siguientes decenios. La corona y los antiguos privilegiados apoyaron a los moderados y maniobraron para mantenerlos en el poder. Los progresistas, descontentos con las tímidas reformas iniciadas, en el verano de 1835 y, de nuevo, en 1836, protagonizaron una oleada de revueltas urbanas por todo el país. Los motines se iniciaron con asaltos y quema de conventos en varias ciudades y redactaron proclamas expresando sus principales demandas: reuníón de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral, extinción del clero regular, reorganización de la Milicia Nacional y leva de 200000 hombres para hacer frente a la Guerra Carlista. Ante la situación, María Cristina llamó a formar gobierno a un progresista, Mendizábal, que rápidamente inició la reforma del Estatuto Real y decretó la desamortización de bienes del clero. 2 El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase el de 1812 a los nuevos tiempos. La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, la amplia declaración de derechos ciudadanos (libertad de prensa, de opinión, de asociación,…), la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. También recogía algunos elementos moderados: dos cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado (esta última no electiva y designada directamente por el rey), y concedía amplios poderes a la corona. La ley electoral fijó un sistema de sufragio censitario muy restringido, pero que amplió el censo electoral del 0,15% del Estatuto Real al 2,4%. Tenían derecho al voto los españoles varones mayores de 25 años que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa. A partir de entonces quedó configurado un sistema de partidos, sobre la base de los partidos moderado y progresista, que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II. Pero el modelo político se vio fuertemente mediatizado por la intromisión constante de los militares, que aumentaron su poder gracias a las guerras carlistas. Los generales Espartero, Narváez y O`Donnell desempeñaron un papel determinante en todos los gobiernos que hubo en España entre 1837 y 1843. Una vez aprobada la Constitución se convocaron nuevas elecciones en las que ganaron los moderados. En 1840 prepararon una ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una nueva Ley de Ayuntamientos dio a la corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capìtales de provincia. Esta ley enfrentó a progresistas y moderados, ya que los primeros defendían la elección directa de los alcaldes. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional. María Cristina, antes de dar su apoyo a un nuevo gobierno progresista, dimitíó de su cargo. Entonces, los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero, que asumíó el poder y se convirtió en regente en 1840. Durante su regencia actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de colaborar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos. Una de sus actuaciones de mayor trascendencia fue la aprobación, en 1842, de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió gravemente amenazada y la medida provocó un levantamiento en Barcelona. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión, colocando a Cataluña y a gran parte de sus antiguos partidarios en su contra. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años.  

LA DÉCADA MODERADA Tras esto, las elecciones de 1844 dieron la mayoría a los moderados, que formaron un nuevo gobierno presidido por el general Narváez. Dicho gobierno aprobó la Constitución de 1845, que recogíó las ideas básicas del moderantismo: soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de los poderes del legislativo, restricción del derecho de voto e institución de un Senado no electivo. Los ayuntamientos y diputaciones quedaron sometidos a la Administración central y se suprimíó la Milicia Nacional. Además, se otorgó exclusividad a la religión católica, que fue declarada la oficial del Estado. Los moderados intentaron mejorar sus relaciones con la Iglesia. En 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede. Ésta reconocía a Isabel II y aceptaba la obra desamortizadora, mientras el Estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia española (presupuesto de culto y clero), al restablecimiento de las órdenes regulares, a la concesión a la Iglesia de amplias competencias en materia de educación y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial del país. El moderantismo pretendíó consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Para poner fin a la dispersión de leyes del Antiguo Régimen, se abordó la unificación de códigos, se aprobó el Código Penal y se elaboró un proyecto de Código Civil. También se abordó la reforma de la Administración pública, reorganizando los cargos del Estado y creando una ley de funcionarios que regulaba su acceso. Además se puso especial atención en el control del poder municipal. La Ley de Administración Local dispuso que los alcaldes de los municipios de más de 2000 habitantes y de las capitales de provincia serían nombrados por la Corona, mientras que el gobernador civil designaría a los alcaldes de los municipios menores. Se establecíó un sistema nacional de instrucción pública, que regulaba los diferentes niveles de enseñanza y elaboraba los planes de estudios. Se adoptó un único sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal. Se disolvíó la antigua Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil que se encargaría del mantenimiento del orden público, sobre todo en el medio rural. Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Actuaron de forma arbitraria y excluyente, manipulando las elecciones y reduciendo la importancia del poder legislativo. El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo que propuso una reforma constitucional que transformase el Estado en una dictadura tecnocrática. EL BIENIO PROGRESISTA Esto comportó la oposición y el levantamiento de progresistas, demócratas y de algunos sectores moderados defraudados con la actuación gubernamental. Esta uníón desembocó en 1854 en el pronunciamiento de Vicálvaro a cuyo frente se colocó un moderado descontento, el general O`Donnell, que fundó un nuevo partido, la Uníón Liberal, con la pretensión de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares. La presidencia recayó de nuevo en Espartero. El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo e inmediatamente restauró la Milicia y la Ley Municipal que permitía la elección directa de los alcaldes y preparó una nueva Constitución (1856) que no llegó a ser promulgada. Las líneas de acción más importantes del gobierno progresista fueron la reanudación de la obra desamortizadora y la extensión de la red ferroviaria. La nueva Ley Desamortizadora afectó sobre todo a los bienes de los ayuntamientos. La construcción de las líneas del ferrocarril se inició en 1855 con la Ley General de ferrocarriles, que regulaba su ejecución y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieran en ella, de lo que se beneficiaron los capitales extranjeros.  Las medidas reformistas del bienio no remediaron la crisis de subsistencias, que movilizó al pueblo en las revueltas de 1854. La creciente conflictividad social, que significó la irrupción del movimiento obrero en la escena política del país, retrajo y atemorizó a las clases conservadoras. Las discrepancias dentro de la coalición gubernamental entre el progresismo más moderado, que acabaría en la Uníón Liberal, y el más radical, que lo haría en el Partido Demócrata, se agudizaron. Espartero dimitíó y la reina confió el gobierno a O`Donnell, que reprimíó duramente las protestas. El nuevo gobierno unionista intentó un equilibrio político combinando los elementos fundamentales del proyecto moderado con algunas propuestas progresistas como la limitación de los poderes de la corona y la aceptación de la desamortización civil. Una de sus actuaciones más relevantes fue su política exterior activa, que buscaba recuperar el prestigio internacional. Se llevaron a cabo tres campañas de carácter internacional: Indochina, México y Marruecos. LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA ISABELINO Los años transcurridos entre 1863 y 1868 supusieron el retorno de Narváez al poder y la reposición de los antiguos principios del moderantismo, que impuso de nuevo la forma autoritaria de gobierno y ejercíó una fuerte represión sobre sus opositores. En 1866 tuvo lugar la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, que contó con la adhesión de progresistas y demócratas y que comportó un levantamiento popular en Madrid y acabó con 66 fusilamientos y más de 1000 prisioneros. Buena parte de los unionistas se puso en contra del gobierno y se acercaron a las posiciones de los progresistas, mientras O`Donnell se exiliaba a Gran Bretaña. La situación del gobierno empeoró a raíz de la crisis de subsistencias iniciada en 1866, que provocó el aumento de los precios y el descontento popular. Entonces amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de promover un pronunciamiento que diese un giro radical a la situación. El partido progresista, dirigido por Prim, firmó con el Partido Demócrata el Pacto de Ostende en 1867, para unificar sus actuaciones y acabar con el moderantismo en el poder. Propónían el fin de monarquía isabelina y dejaba la decisión de la nueva forma de gobierno (monarquía o república) en manos de unas Cortes constituyentes, elegidas por sufragio universal tras el triunfo del movimiento insurreccional. A este pacto se adhirieron los unionistas tras la muerte de O`Donnell.

LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y EL GOBIERNO PROVISIONAL El 19 de Septiembre de 1868, la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz al mando del brigadier Juan Bautista Topete, protagonizó un alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Prim, exiliado en Londres, y Serrano, desterrado en Canarias, se reunieron con los sublevados y consiguieron el apoyo de la población gaditana tras la publicación de un manifiesto en el que se pedía a los ciudadanos que acudiesen a las armas para defender la libertad, el orden y la honradez, y que terminaba con el lema:”¡Viva España!”. El gobierno de Isabel II defendíó el trono con las armas. Ambas fuerzas se encontraron en Puente de Alcolea, cerca de Córdoba, donde se libró una batalla que dio la victoria a las fuerzas fieles a la revolución. El gobierno dimitíó y la reina se exilió a Francia. En la revolución tuvieron un gran protagonismo las fuerzas populares, sobre todo urbanas, dirigidas por un sector progresista, los demócratas y los republicanos. En muchas ciudades españolas se constituyeron Juntas revolucionarias, que organizaron el levantamiento y lanzaron llamamientos al pueblo. Todas las consignas eran parecidas: demandas de libertad, soberanía, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de las quintas, sufragio universal, abolición de impuestos de consumo, elecciones a Cortes constituyentes, reparto de propiedad o proclamación de la república.El general Serrano fue proclamado presidente de un gobierno integrado por progresistas y unionistas, con el general Prim como ministro de guerra, marginando al resto de las fuerzas políticas. El nuevo gobierno provisional promulgó decretos para dar satisfacción a algunas demandas populares (libertad de imprenta, derecho de reuníón y asociación, sufragio universal,…) y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Los comicios dieron la victoria a la coalición gubernamental (progresistas, unionistas y un sector de los demócratas), partidaria de la monarquía. Las Cortes crearon una comisión parlamentaria encargada de redactar una nueva Constitución, aprobada en 1869, que fue la primera democrática de la historia de España, y establecíó un amplio régimen de derechos y libertades. Se reconocía la libertad de profesar de manera pública o privada cualquier religión, aunque el Estado debía mantener el culto católico. También proclamaba la soberanía nacional. El Estado se proclamaba monárquico, pero las leyes las hacían exclusivamente las Cortes. Ante esto los republicanos mostraron su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación económica era grave y había que encontrar un monarca para la Corona española. EL REINADO DE AMADEO DE Saboyá (1871-1873) Prim sondeó a los embajadores extranjeros y llevó a cabo negociaciones para establecer un consenso internacional sobre el candidato más idóneo para el vacante trono español. Consiguió imponerse la candidatura de Amadeo de Saboyá, que tenía una concepción democrática de la monarquía y era miembro de una dinastía que gozaba de gran popularidad por haber sido la artífice de la unificación de Italia. Pero la nueva dinastía contaba con escasos apoyos. El rey y su esposa Victoria contaban con la oposición de la aristocracia, el clero y las camarillas cortesanas de la época de Isabel II, sobre todo cuando el monarca mostró su intención de mantener una neutralidad en política y redujo el boato de la Corte. Una parte del ejército no vinculada a progresistas y unionistas mostró su resistencia a mostrar fidelidad al nuevo monarca. Tampoco obtuvo el favor popular, quizá por el arraigo del republicanismo, contrario a cualquier monarquía. Los dos años de Amadeo de Saboyá se vieron marcados por dificultades constantes. Los problemas económicos del Estado seguían siendo acuciantes y hubo de recurrir a emitir más deuda pública. Se produjo una lucha permanente entre los grupos políticos y la revitalización del conflicto carlista, de la guerra en Cuba y de las insurrecciones republicanas.(3 guerra carlista)
 Amadeo I contó con la oposición de los moderados, que consideraban ilegítima a la nueva dinastía y continuaban fieles a los borbones. Conscientes de la impopularidad de Isabel II, organizaron la restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso, hijo de la reina. Cánovas del Castillo, su principal dirigente, fue captando a muchos disidentes unionistas y progresistas, y les convencíó de que la dinastía borbónica era una garantía de orden y estabilidad frente al excesivo liberalismo de la monarquía de Amadeo I. Esta opción contó con el apoyo de la Iglesia, contraria a la nueva situación, sobre todo después del decreto de Prim que obligaba al clero a jurar la Constitución de 1869. También apoyó a los moderados la élite del dinero, opuesta a un régimen que legislaba en contra de sus intereses: abolición de la esclavitud en Cuba, regulación del trabajo infantil, etc. La crisis final del reinado de Amadeo I fue el resultado de la desintegración de la coalición gubernamental (unionistas, progresistas y demócratas). En dos años se formaron 6 gobiernos y hubo que convocar elecciones 3 veces. Privado de todo el apoyo el 11 de Febrero de 1873 Amadeo de Saboyá presentó su renuncia al trono y abandonó España dejando una impresión de país ingobernable y contrario a una monarquía democrática.

LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1873-1874) La proclamación de la Primera República española fue la salida más fácil ante la renuncia del rey. Las Cortes, depositarias de la soberanía nacional en ausencia del monarca, decidieron someter a votación la proclamación de una república, que fue aprobada el 11 de Febrero de 1873 por una amplia mayoría. Para presidir el gobierno fue elegido el republicano federal Figueras, que contó para gobernar con los miembros de su partido y con algunos republicanos unitarios. Ahora bien, estos datos no reflejan un apoyo real a la nueva forma de gobierno. Gran parte de la cámara era monárquica, y su voto republicano fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los borbones al trono español. La república nacíó con escasas posibilidades de éxito, lo que se evidenció en el aislamiento internacional del nuevo sistema. Salvo Estados Unidos y Suiza, ninguna potencia reconocíó la República española, a la que veían como un régimen revolucionario que podía poner en peligro la estabilidad de una Europa mayoritariamente burguesa y conservadora. A pesar de todo, la República fue recibida con entusiasmo por las clases populares, que creyeron que había llegado el momento de cumplir sus aspiraciones de cambio social. Los federales ocuparon las corporaciones de muchos municipios y constituyeron Juntas revolucionarias para desplazar de la administración a los antiguos cargos monárquicos. En Andalucía se produjo un movimiento insurreccional que pretendía dar solución al problema del reparto de tierras entre el campesinado, y las protestas se hicieron frecuentes. En las ciudades se produjeron también amplias movilizaciones populares; entre el movimiento obrero se generalizaron las reivindicaciones a favor de la reducción de la jornada laboral, del aumento de salarios y de la implantación inmediata del Estado federal. El interés de los dirigentes republicanos por respetar la legalidad se exteriorizó en la disolución de las Juntas y en la represión de las revueltas populares. Pacificado el panorama se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, que ganaron ampliamente los republicanos. El gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall cuyo propósito era emprender grandes reformas pero los pocos meses que duró la experiencia republicana no permitieron el desarrollo de esa legislación reformista. La ratificación de la abolición de la esclavitud en las colonias, la supresión de las quintas, la reforma de los impuestos y el inicio de una legislación proteccionista en el ámbito laboral fueron las iniciativas más innovadoras. (3 guerra carlista) La Primera República tuvo que enfrentarse a grandes problemas. Uno de ellos fue una insurrección carlista: el nacimiento de la República había acelerado y animado el conflicto armado, que se convirtió en un verdadero frente abierto, con un auténtico ejército y con el dominio de territorios tradicionalmente carlistas: gran parte de Cataluña, provincias vascas y el Maestrazgo. Las tropas gubernamentales impidieron la extensión del conflicto a las ciudades, pero fueron incapaces de acabar con él y se prolongó hasta 1876. // También continuó la guerra en Cuba que, iniciada en 1868, continuaba extendíéndose y cuya situación la República fue incapaz de mejorar. A esto se uníó el obstruccionismo de los partidos monárquicos y las divisiones entre los propios republicanos. Todo ello socavó un régimen que tenías dificultades para dirigir a un ejército escasamente fiel al proyecto republicano. La sublevación cantonal fue el conflicto más grave que se produjo en el período republicano y el que provocó la mayor situación de crisis para el gobierno. El cantonalismo era un fenómeno complejo en el que se mezclaban las aspiraciones autonomistas propiciadas por los republicanos federales con las aspiraciones de revolución social inspiradas en las nuevas ideas internacionalistas. En las zonas con fuerte implantación republicana, la población radicalizada por las aspiraciones revolucionarias expandidas por los núcleos anarquistas de la Internacional se alzó en cantones independientes (Cartagena, Sevilla, Cádiz, Granada, etc.). Los protagonistas de los levantamientos cantonalistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, pequeños comerciantes y asalariados. Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitíó, siendo sustituido por Nícolás Salmerón, quien inició una acción militar contra el movimiento cantonalista. Excepto en Cartagena, la intervención militar acabó con la insurrección, pero dio un inmenso poder a los generales que asumieron la represión y volvíó a colocar al ejército en el papel de único garante del orden y barrera contra la revolución social. Salmerón dimitíó a principios de Septiembre al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra activistas cantonalistas. La presidencia recayó en Emilio Castelar, dirigente del republicanismo unitario, mucho más conservador en cuestiones sociales. La República inició en Septiembre de 1873 un progresivo desplazamiento a la derecha. El nuevo ejecutivo intentó aplicar una política de autoridad y fuerza para controlar los problemas que aquejaban al país, especialmente la grave situación de Cartagena. Castelar no tenía mayoría en las Cortes y, temiendo ser destituido por la mayoría federal, había suspendido las sesiones parlamentarias y gobernó autoritariamente, respaldando a los sectores más conservadores y concediendo amplias atribuciones a los jefes militares para que mantuvieran el orden público. El 3 de Enero de 1874 se abrieron las Cortes y el gobierno fue derrotado por 120 votos contra100. Era inminente la formación de un gobierno de izquierda pero el capitán general de Castilla la Nueva, Manuel Pavía, exigíó la disolución de las Cortes republicanas. Los diputados se resistieron en principio pero, ante la invasión del hemiciclo por Pavía con fuerzas de la Guardia Civil, abandonaron la cámara el 4 de Enero. Apenas hubo resistencia, ni política ni popular, lo que muestra la debilidad de la República que apenas contaba con base popular en la que sustentarse. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano que intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador. Pero la base social que podía apoyar un proyecto de este tipo ya había optado por el hijo de Isabel II, Alfonso XII. En Diciembre de 1874, el pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto, proclamó rey de España a Alfonso XII. Isabel II ya había abdicado en su hijo y Cánovas del Castillo se había convertido en el dirigente e ideólogo de su causa. El 1 de Diciembre el príncipe Alfonso de Borbón había firmado el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, que sintetizaba el programa de la nueva monarquía Alfonsina: un régimen de signo conservador y católico que garantizaría el funcionamiento del sistema político liberal y restablecería la estabilidad política y el orden social.

EL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN El pronunciamiento de Martínez Campos en Diciembre de 1874 significó la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII, el único hijo varón de Isabel II. El político clave del momento fue Antonio Cánovas, que asumíó la regencia hasta el regreso del rey en Enero de 1875. Los grupos conservadores recibieron con satisfacción la restauración de los borbones porque esperaban que la nueva monarquía devolviera la estabilidad política y pusiera fin a todo intento de revolución democrática y social en España. Cánovas no pretendía el regreso a los tiempos de Isabel II, sino la vertebración de un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas endémicos del liberalismo precedente: el carácter partidista y excluyente de los moderados durante el reinado isabelino, el intervencionismo de los militares en la política y la proliferación de enfrentamientos civiles. Para conseguir su propósito, se propuso dos objetivos: elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo y pacificar el país poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista. La primera medida pública de importancia fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes constituyentes por sufragio universal. La Constitución elaborada en 1876 era una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Era por tanto una constitución de carácter marcadamente conservador e inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad. Consideraba a la monarquía como una institución superior, incuestionable y permanente, por lo que se concedían amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar las Cortes, que eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados, este último de carácter electivo. Una ley establecíó el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino. En el Senado la mitad de los senadores lo eran por derecho propio o vitalicio, lo que daba opción al rey y al gobierno a nombrar directamente a los senadores. La Constitución también proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba otras creencias siempre que no se hiciese manifestación pública de ellas. Asimismo aparecía una amplia declaración de derechos, pero su concreción se remitía a leyes posteriores que tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, reuníón y asociación. Bipartidismo y turno pacífico Cánovas del Castillo introdujo un sistema de gobierno basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder de los dos grandes partidos dinásticos, el conservador y el liberal, que renunciaban a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. Se aceptaba por tanto que habría un turno pacífico de partidos. El ejército quedó subordinado al poder civil. Como contrapartida se otorgaba a los militares una cierta autonomía para sus asuntos internos y se dotaba al ejército de un elevado presupuesto. De este modo, el turno pacífico eliminó el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos y en la vida política española, que habían caracterizado la época de Isabel II. (3 guerra carlista) La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlista y cubana. El esfuerzo militar del gobierno hizo posible la reducción de los núcleos carlistas hasta su total rendición en 1876. Ese mismo año, Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada en todo el territorio. El final de la guerra carlista permitíó acabar más fácilmente con la insurrección cubana. Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud y la promesa de que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría el inicio de un conflicto posterior.  

LA VIDA POLÍTICA Y LA ALTERNANCIA EN EL PODER Los partidos dinásticos Cánovas había sido el principal dirigente del Partido Conservador. Su proyecto bipartidista requería otro partido de carácter más progresista, la llamada izquierda dinástica, y él mismo propuso a Sagasta su formación. De un acuerdo entre progresistas, unionistas y algunos republicanos moderados nacíó el Partido Liberal. A ambos partidos les correspondía la tarea de aunar a los diferentes grupos y facciones con el único requisito de aceptar la monarquía Alfonsina y la alternancia en el poder. Por este motivo se les conocía como partidos dinásticos. Conservadores y liberales coincidían ideológicamente en lo fundamental. Ambos defendían la monarquía, la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Su extracción social era bastante homogénea y se nutrían principalmente de las élites económicas y de la clase media acomodada. En cuanto a su actitud política, las diferencias eran escasas. Los conservadores propónían un sufragio censitario y la defensa de la Iglesia y del orden social. Los liberales defendían el sufragio universal masculino y estaban más inclinados a un reformismo social de carácter más progresista y laico. Pero en la práctica la actuación de ambos partidos en el poder no difería en lo esencial, al existir un acuerdo tácito de no promulgar nunca una ley que forzase al otro partido a derogarla cuando regresase al gobierno. La alternancia regular en el poder entre estas dos grandes opciones dinásticas (turno pacífico) tenía como objetivo asegurar la estabilidad institucional. El turno en el poder quedaba garantizado porque el sistema electoral invertía los términos propios del sistema parlamentario. De este modo, cuando el partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste político y perdía la confianza de las Cortes, el monarca llamaba al jefe del partido en la oposición a formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe de gabinete convocaba elecciones con el objetivo de conseguir el número de diputados suficiente para formar una mayoría parlamentaria que le permitiese gobernar. Falseamiento electoral y caciquismo El sistema del turno pacífico pudo mantenerse durante más de 20 años gracias a la corrupción electoral y a la utilización de la influencia y poder económico de determinados individuos sobre la sociedad (caciques). El caciquismo fue un fenómeno que se dio en toda España, aunque alcanzó su máximo desarrollo en Andalucía, Galicia y Castilla. La adulteración del voto constituyó una práctica habitual en todas les elecciones, basada sobre todo en la manipulación y las trampas electorales. El triunfo del partido que convocaba las elecciones porque había sido requerido para formar gobierno era convenido previamente, y se conseguía gracias al falseamiento de los resultados. De este modo, el triunfo electoral permitía la creación de una amplia mayoría parlamentaria al partido gobernante. Los caciques eran personas notables, sobre todo del medio rural, a menudo ricos propietarios que daban trabajo a jornaleros y que tenían una gran influencia en la vida local, tanto en lo social como en lo político. También podían ser abogados, profesionales de prestigio o funcionarios de la administración que controlaban los ayuntamientos, hacían informes y certificados personales, dirigían el sorteo de las quintas, propónían el reparto de las contribuciones y podían resolver o complicar los trámites burocráticos y administrativos. Con su influencia, los caciques orientaban la dirección del voto, agradeciendo con sus favores la fidelidad electoral y discriminando a los que no respetaban sus intereses. Los caciques manipularon las elecciones continuamente de acuerdo con las autoridades, especialmente los gobernadores civiles de las provincias. El conjunto de trampas electorales que ayudaban a conseguir la sistemática adulteración de los resultados electorales se conoce como pucherazo. Para conseguir la elección del candidato electoral, no se dudaba en falsificar el censo, incluyendo a personas muertas o impedidas para votar, manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos, amenazar al electorado con coacciones de todo tipo, incluso emplear la violencia para atemorizar a los contrarios.  El desarrollo del turno de partidos La primera crisis del sistema sobrevino como consecuencia del impacto del desastre de 1898. El temor a una posible desestabilización del sistema político tras la muerte de Alfonso XII (1885), impulsó un acuerdo entre conservadores y liberales, el llamado Pacto del Pardo. Su finalidad era dar apoyo a la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía ante las fuertes presiones de carlistas y republicanos. Bajo la regencia, el Partido Liberal gobernó más tiempo que el conservador. Durante el llamado gobierno largo de Sagasta los liberales impulsaron una importante obra reformista, siendo la más importante la implantación del sufragio universal masculino en las elecciones generales (1890). El personalismo del sistema deterioró a los partidos, que dependían excesivamente de la personalidad de sus líderes, provocando disidencias internas y la descomposición de ambos partidos.