El Bienio Reformista (1931-1933): Impulso Transformador de la Segunda República

Tras la aprobación de la Constitución de 1931, las Cortes eligieron a Niceto Alcalá-Zamora como Presidente de la República. Este encargó a Manuel Azaña (nuevo Jefe de Gobierno) formar gobierno. Azaña optó por constituir un ejecutivo con republicanos de izquierdas y socialistas, descartando a los radicales.

Este gobierno duró dos años (diciembre de 1931 – septiembre de 1933), período conocido como Bienio Reformista, en el que se emprendieron las principales reformas republicanas. Algunas de ellas ya habían sido iniciadas por el Gobierno Provisional anterior.

Reforma Religiosa

En el momento en el que se proclama la República, la Iglesia Católica tenía un poder ideológico, cultural y social muy fuerte. La jerarquía eclesiástica era muy conservadora y contraria a perder su dominio en estos ámbitos y su influencia.

Frente a ella existía un fuerte sentimiento anticlerical, que pedía leyes restrictivas para la Iglesia y que llegó a manifestarse en ataques violentos a iglesias y conventos, como en mayo de 1931 (especialmente en Madrid y Andalucía).

El gobierno defendía el establecimiento de un Estado laico y no logró frenar completamente la violencia anticlerical. El enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado se acentuó tras la aprobación de la Constitución.

La política de secularización llevada a cabo por el gobierno (defensa del Estado laico y separación Iglesia-Estado) llevó a que la religiosidad quedase limitada al ámbito privado.

Además, se incluían medidas como:

• Separación Iglesia-Estado.
• Extinción del presupuesto del clero (vigente desde el Concordato de 1851).
• Libertad de cultos.
• Secularización de los cementerios.
• Legalización del matrimonio civil y el divorcio.
• Imposición de limitaciones a la Iglesia, como la necesidad de autorización para actos públicos (procesiones), prohibición a las órdenes religiosas de dedicarse a la enseñanza y realizar cualquier tipo de actividad económica, y la disolución de la Compañía de Jesús (jesuitas).

El problema religioso le creó al régimen republicano sus mayores enemigos, acentuándose el enfrentamiento Iglesia-Estado, y también generó debates encendidos. Esto tuvo como resultado que parte de la población percibiese estas medidas como actos de agresión a la religión.

Una buena parte de la jerarquía eclesiástica no dudó en manifestar su antagonismo hacia la República y en movilizar a la opinión pública en su contra. Ante esto, el gobierno optó por medidas de fuerza, expulsando a algunos altos cargos hostiles, como el Cardenal Segura o el Obispo de Vitoria.

También contribuyeron al clima de tensión los sectores tradicionalmente anticlericales de las clases populares, así como la violencia esporádica de los sectores más radicales (quema de conventos).

Reforma Agraria

En 1931, España seguía siendo un país mayoritariamente rural (un 45,51% de la población activa trabajaba en el sector rural), en el que la estructura de la propiedad de la tierra favorecía a una minoría (latifundistas), mientras que los jornaleros sin tierras y los pequeños propietarios apenas podían subsistir. La distribución de la propiedad apenas había sufrido cambios desde las desamortizaciones del siglo XIX. La situación era especialmente grave en Extremadura y Andalucía.

Los dirigentes de la República se propusieron buscar soluciones a esto y emprender una reforma que mejorase la situación de los campesinos y permitiese poner fin al atraso de la agricultura española.

Los primeros decretos establecieron:

• La prohibición de finalizar contratos de arrendamiento.
• La fijación de la jornada laboral de 8 horas en el campo.
• El establecimiento de salarios mínimos.
• La obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello.

La verdadera reforma se llevó a cabo con la Ley de Reforma Agraria, aprobada en Cortes en 1932. El objetivo era la expropiación de latifundios y el asentamiento de los campesinos en esas tierras.

La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza (Grandes de España). Mientras, las que estuvieran cultivadas deficientemente, arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas, no lo eran, se podían expropiar pero indemnizando a sus propietarios.

De aplicar la ley se encargó el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar el asentamiento de familias campesinas.

Los resultados de la reforma no fueron los esperados: se aplicó con muchas limitaciones y se acabaron expropiando menos hectáreas de las previstas, asentándose muchos menos campesinos de los esperados inicialmente.

Las causas de este fracaso fueron:

• La complejidad técnica de la propia ley.
• La lentitud y dificultades burocráticas de su aplicación.
• La falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones.
• La resistencia de los propietarios, que tomaron todo tipo de medidas para esquivar la ley.

La reforma tuvo consecuencias sociales importantes. Por un lado, los grandes propietarios mostraron su descontento y, a menudo, adoptaron una actitud desafiante ante los campesinos. Además, muchos de los propietarios agrícolas se aliaron con los enemigos del régimen, lo que favoreció la unión de las fuerzas conservadoras en su oposición a las reformas republicanas.

Por otro lado, los campesinos estaban decepcionados y se orientaron hacia posturas más revolucionarias, que conllevaron comportamientos y actuaciones violentas de enfrentamiento con las fuerzas de orden público (como los sucesos de Casas Viejas).

Reforma del Ejército

Hasta este punto, el ejército tenía un gran peso en la vida política y sus miembros gozaban de beneficios legales y fiscales (privilegiados con un fuero especial). Además, carecía de armamento moderno y había un exceso de oficiales para el total de tropas existentes.

Azaña impulsó la conocida como “Ley Azaña”, una reforma del ejército que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello, creía necesario reducir los efectivos militares y acabar con el excesivo número de oficiales.

Además, se proponía el fin del fuero especial de los militares y asegurar su obediencia al poder civil, acabando con la tradicional intervención del ejército en la vida política y con el golpismo.

Para estos fines se tomaron las siguientes medidas:

• La “Ley del Retiro de la Oficialidad”: todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión al régimen, concediéndoles la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban.
• Supresión de la Ley de Jurisdicciones de 1906 y de algunos rangos tradicionales.
• Se redujo el número de unidades y oficiales.
• Se cerró la Academia Militar de Zaragoza (dirigida entonces por Franco) para frenar el crecimiento de la oficialidad.

Para evitar recurrir al ejército y a la Guardia Civil (desprestigiada por sus violentas represiones), el Gobierno creó un nuevo cuerpo, una fuerza leal a la República: la Guardia de Asalto, una policía urbana y republicana que debía usarse para controlar las manifestaciones y asegurar el orden público.