REFORMA AGRARIA

1.- Encuadre del texto:

Nos hallamos ante una fuente primaria, un documento de carácter político y público, escrito por D. Manuel Azaña, presidente de la República (1936-1938) explicando su análisis de las causas de la Guerra Civil. La fecha es la de 1939cuando ya ha salido exiliado de España y se refugia en Francia. Su autor es D. Manuel Azaña, político y escritor español que desempeñó los cargos de Presidente del Gobierno español (1931-1933, 1936) y Presidente de la Segunda República Española (1936-1939).Fue uno de los políticos y oradores más importantes en la política española del Siglo XX, además de un notable periodista y escritor, consiguió el Premio Nacional de Literatura en 1926.

2. Las ideas

Si analizamos el texto podemos observar como en el primer párrafo a modo de introducción se da una explicación de cómo fue la acogida de la II República por parte de la sociedad española. En el segundo párrafo se nombra las grandes diferencia existentes en la sociedad española pues “los núcleos urbanos, un nivel de vida alto”, si analizamos esta afirmación del texto vemos como en las zonas de grandes ciudades en España había una calidad de vida buena, y sin embargo, las “aldeas que parecen detenidas en el Siglo XIV”; es decir, personas sumidas en una total miseria, por lo que deja ver la total desigualdad en cuanto al reparto de bienes de la sociedad de aquella época. En el siguiente párrafo hace alusión al mal reparto de la tierra, pues se dice que al noroeste la tierra está constituida por minifundios y en cambio en el sur y oeste están los latifundios. A continuación, se hace referencia a la acción de la República tal y como era su deber, se habla del paro “crónico”, en la explotación de la tierra, por lo que dan a ver que es un mal constante que siempre ha existido. Ya en la última parte del texto, el autor deja claro que el campesino siempre es el más perjudicado y que este pasa mucho tiempo sin trabajo por lo que no puede comer y no tiene con que mantener a su familia. Y finalmente deja entrever quesean o no socialistas, todo gobierno tiene que encargarse de este problema y ponerle solución para no volver a situación anterior. Por lo que como consecuencia de este estado las medidas tomadas tuvieron un triple objetivo, el social (entregar tierras a los campesinos), el político (para minimizar el poder de los terratenientes) y el económico, para incrementar la producción total del sector agrario y elevar el nivel de vida del campesinado.

3. Comentario histórico:

Como la cuestión religiosa y la militar, la agraria era el gran problema de la República. España, económicamente hablando, era, en 1931, una economía agraria. Lo era desde tiempo atrás aunque si bien en España la agricultura siempre había sido muy importante, lo que no había sido era productivo, ya que los medios y los modos de producción empleados no eran los más adecuados para elevar el nivel de productividad. /Como sabemos, había dos modelos agrarios distintos: el del norte, basado en los minifundios de escasísima superficie (a veces, tan poca que ni daba para sostener a la familia que lo cultivaba, tal y como señala Azaña en su texto); mientras que en el centro y sur, en la España seca, eran generales los grandes latifundios. Todo ello herencia de un sistema de reparto de tiempos de la Reconquista. El agricultor típico de la época era el yuntero, es decir un jornalero con dos mulas y un arado, que trataba de arrendar campos para explotarlos. Los latifundios eran el 58% de la superficie cultivable de Cádiz y cerca del 50% en cualquier otra provincia andaluza o extremeña. En Sevilla, por ejemplo, había 2.344 propietarios de tierras, el 5% del total, que generaban el 72% de la producción agrícola. Dado que en el secano la rentabilidad se incrementa con la superficie que se puede explotar, un terrateniente andaluz medio era capaz de sacar unas 18.000 pesetas anuales de su finca, mientras que el arrendatario minifundista solía sacar, por sus 10 hectáreas, poco más de 160.Esto por lo que se refiere a quienes podían alquilar una tierra. Para los jornaleros, la cosa era peor. Un jornalero andaluz ganaba en 1930 entre 3 y 3,5 pesetas por día, salvo en verano, cuando ganaba hasta 5 pesetas, pero tenía que trabajar cuatro horas más, hasta doce. En Cataluña, estos jornales eran de 4 y 8 pesetas y en el País Vasco no bajaban de 5 pesetas. En 1931 había en España 99 personas nobles con categoría de Grande de España. Sólo entre esta centena de familias poseían 577.000 hectáreas de campo. El mayor propietario de España era el duque de Medinaceli (79.146 hectáreas), seguido del duque de Peñaranda (51.015), el de Vista hermosa (47.203) y el de Alba (34.455 hectáreas).En algunas zonas, como en Castilla la Mancha, era endémico el arrendamiento a corto plazo. Con ello, el latifundista podía cambiar las condiciones del arriendo cada poco tiempo y, en caso que el arrendatario tuviese algún “problema”, siempre le quedaba la posibilidad de dejar las tierras en barbecho y no arrendarlas, con lo que privaba de medios de vida al arrendatario. La primera medida efectiva tomada por la República fue la denominada Ley de Términos Municipales, durante el primer gobierno de la República, el bienio reformista. La medida, tomada a iniciativa de Largo Caballero, a la sazón ministro de trabajo y miembro destacado de UGT y PSOE, impedía contratar un jornalero en otro pueblo mientras en el pueblo de las tierras quedase un solo parado. Esta ley elevó notablemente los jornales, aunque también sentó las bases de cierta dominación sindical sobre la contratación agraria, dominación de la que los propietarios de tierras se quejarían constantemente. En todo caso, el salario mínimo quedaba fijado en 5,5 pesetas por jornada normal y 11 para la de siega. Se fijaba la jornada de ocho horas y se recortaban notablemente las potestades de desahucio por parte de los propietarios arrendadores. El 21 de Agosto se constituye la ponencia de la Ley de Reforma
Agraria. En esta comisión, chocaron frontalmente los dos modelos de reforma existentes en la izquierda. Por un lado, el modelo del PSOE, que quería expropiar grandes fincas y explotarlas como tales colectivamente (un modelo seudo soviético, por lo tanto); y el modelo de los republicanos burgueses, que propugnaba la parcelación de dichos latifundios y su entrega a una multitud de pequeños propietarios. A la derecha de los burgueses estaban las derechas, que no querían la reforma; y a la izquierda de los socialistas estaba la CNT, que quería hacerse con la tierra a la fuerza y colectivizarla sin más, como por otra parte experimentaron en algunas zonas durante la Guerra Civil. La ley, finalmente, fue aprobada en el Congreso, en Septiembre de 1932. Establecía la creación de un organismo, el Instituto de Reforma Agraria, encargado de dirimir qué explotaciones serían susceptibles de expropiación; además de establecer medidas como la reversión a los arrendatarios de fincas que no fuesen muy grandes y que llevasen arrendando de mucho tiempo atrás. La reforma, en principio, no establecía la expropiación sin indemnización de las fincas de los grandes de España; aunque dicha enmienda en la ley fue introducida después del Golpe de Estado del general Sanjurjo, en represalia por el apoyo prestado a dicho golpe por algunas familias. Las causas del fracaso de la Reforma agraria fueron diversas, De un lado, un problema de planteamiento. Se hace una reforma pensando en el centro y sur peninsular, pero ignorando la realidad de la España minifundista y del pequeño propietario de la zona de Castilla, Galicia, País Vasco. En segundo lugar, la reforma exigía el pago de indemnizaciones que el estado no podía asumir en ese momento. La reforma agraria se diseñó para reasentar a 60.000 campesinos por año. En 1934, por lo tanto, debían ser 120.000; y eran 12.500. El Instituto de Reforma Agraria contaba con una aplicación presupuestaria de 50 millones al año, con lo que podía, por lo tanto, aspirar a colocar unas 5.000 familias. Para el resto, dependía de los bancos. El 10 de Marzo de 1933, siete mil agricultores se juntaron en una asamblea en Madrid contra la reforma. Las protestas llegaban por doquier. Paradójicamente, la superficie de tierra dejada sin cultivar crecíó. En este ambiente, las derechas ganaron las elecciones del 33, y le dieron una completa vuelta a la situación. El 11 de Febrero de 1934, con un solo decreto (levantamiento de los campesinos dedicados a cultivos intensivos), el gobierno desahució a 28.000 jornaleros. Cinco días después, se repónía la libertad del propietario de elegir arrendatario, eliminada con la reforma. Y, tres meses después, se anulaban las disposiciones relativas a jornadas, salario y colocación. Los jornales cayeron en unos pocos días un 50%. Entre Mayo y Junio de 1934, la Federación de Trabajadores de la Tierra, vinculada a UGT, desató una violentísima huelga general en el campo, con quemas de maquinaria incluidas. Un intento racional de hacer una reforma moderada, el del ministro de la CEDA Manuel Giménez Fernández, fue abortado por las propias derechas. Si es cierto que el Frente Popular no llegó del todo con ese afán revanchista y guerra civilista que se le atribuye, lo cierto es que en la materia agraria sí tuvo ese afán. El campo que votó al Frente lo votó para volver a voltear la legislación, esta vez con más radicalidad incluso; y, una vez producida la victoria, ello se cumplíó. De Febrero a Junio de 1936, se expropiaron tierras para asentar a casi 72.000 yunteros, o sea cinco veces la cifra del periodo 1932-33, aunque cabe decir que, en realidad, aquí el gobierno ya no hacía nada, sino que se limitaba a dar carta de naturaleza a los hechos. La mayor  parte de estas expropiaciones corresponde a terrenos previamente ocupados por los campesinos, con mayor o menor violencia. La nueva Ley de Reforma Agraria del Frente Popular se aprobó el 18 de Junio de 1936. Pero, por razones sobradamente conocidas, prácticamente no se aplicó.