Comentario del texto 6: “EL PROBLEMA AGRARIO”

   Se trata de un fragmento de la obra Causas de la guerra de España, publicada en 1939, año de finalización de la contienda (la Guerra Civil), y escrita por un protagonista de excepción del período histórico 1931-1939. Azaña fue el jefe de Gobierno en el período reformista de 1931 a 1933, y tras el triunfo del Frente Popular, y luego, presidente de la República hasta el final de la guerra. Líder del republicanismo de centro-izquierda representado por Izquierda Republicana, planteó las principales reformas políticas, sociales y económicas del régimen.

                  El documento es, pues, una fuente de naturaleza política, directa y primordial para el conocimiento del proyecto republicano de reforma agraria y de la justificación social e histórica que hacen sus planificadores. Expone los hechos del pasado reciente desde la perspectiva de un protagonista, por lo que tiene una clara fiabilidad, pero al mismo tiempo, presenta una interpretación de los hechos personal, subjetiva y discutible desde otras perspectivas ideológicas.

                  El texto se inicia presentando el triunfo de la Segunda República como una clara respuesta a las aspiraciones de amplias capas de la sociedad española, descontentas con la situación del país en los inicios de la década de los años treinta, y además señala que esto se había logrado mediante unas elecciones democráticas y sin necesidad de un golpe de estado o de un derramamiento de sangre.

                  Pero además denuncia que la sociedad española presentaba profundos desequilibrios en cuanto a niveles de renta: lujosas mansiones y las chabolas coexistían, la opulencia y miseria convivían en una sociedad tremendamente desigual. E insiste diciendo que la estructura de la propiedad de la tierra (oposición minifundio-latifundio), es el síntoma más claro de uno de los grandes problemas históricos de la España contemporánea: el problema agrario. Las zonas de minifundio son el norte y noroeste peninsular, donde predominan pequeños y medianos propietarios, y las de latifundio se encuentran en Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva (donde más del 50 % de la tierra estaba en manos de un pequeño grupo de grandes propietarios); esta es la distribución tradicional de la tierra en España desde la época de la Reconquista.

                  Pero no solamente denuncia esta desigual distribución de la tierra sino también las malas condiciones de los obreros agrícolas, ya que del total de trabajadores agrícolas, el 50 % de la población activa, la mitad eran jornaleros y el 20 % arrendatarios o aparceros; el resto, pequeños y medianos propietarios. El paro, más grave en la agricultura que en otros sectores, fue un problema clave del país y una de las principales causas de la permanente conflictividad de la II República.

                  Por tanto, abordar el problema agrario era un objetivo de modernización política y social que no tenía necesariamente un carácter socialista. Si se quería solucionar el paro endémico del campo, era necesario acometer la reforma de las estructuras agrarias e iniciar su modernización.

                  Así pues, el texto es básicamente una descripción del panorama agrario que encontró Azaña al llegar al poder en 1931 y es una explicación de la gravedad de la situación y de sus actuaciones reformistas desde la Presidencia del Gobierno primero y la continuación de éstas tras la paralización de las reformas entre los años 1933 y 1936.

Contexto histórico.

                  Tras las elecciones municipales de abril de ese año, se produjo el hundimiento definitivo del régimen de la Dictadura, y con él, la caída de la monarquía. La II República se proclamó el día 14 de abril entre el entusiasmo popular. El Gobierno provisional, en el que predominaban fuerzas de la burguesía reformista y del movimiento obrero (republicanos de izquierdas y socialistas), convocó elecciones en junio para la formación de Cortes Constituyentes, elecciones que fueron ganadas por la coalición republicana-socialista.

Este nuevo régimen fue aceptado desde el comienzo por sectores muy amplios de la sociedad española, deseosos de una regeneración de la vida política, ya que la sociedad presentaba profundos desequilibrios en cuanto al nivel de renta: opulencia y miseria convivían en una sociedad tremendamente desigual. Pero, al mismo tiempo, el cambio institucional suscitó desde el primer momento una profunda desconfianza entre los propietarios de la tierra y los empresarios, cuyas inversiones eran decisivas para el aumento de la producción  y el empleo.

Las reformas empezaron con el Gobierno Provisional (de abril a junio de 1931), que emprendió aquellas reformas que consideró más urgentes como la Reforma del Ejército, el inicio de la negociación con los nacionalistas para pactar una solución autonómica o la cuestión agraria, a la que hace referencia el texto presentado.

La reforma de la agricultura fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República porque desde hacía dos siglos este problema venía inquietando a quienes reflexionaban sobre los males de España, y era una cuestión que se había acentuado tras la crisis producida por la 1ª Guerra Mundial. Además, desde principios de siglo existía una gran demanda social de reformas, con gran agitación de jornaleros y pequeños propietarios.

Desde sus inicios, los dirigentes de la República se propusieron buscar soluciones a la cuestión agraria para mejorar la situación de los campesinos y para poner fin al atraso de la agricultura española. Durante el Gobierno Provisional, los primeros decretos fijaron la jornada laboral de ocho horas en el campo, y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello.

También, en el ánimo de muchas personas estaba el deseo de que el régimen de Azaña acabara por fin con todas las lacras del campo español mediante una distribución justa de la propiedad y una mayor atención a sus rendimientos, para lo cual era urgente aprobar una ley que expropiara grandes fincas -como permitía la Constitución-  y las repartiera entre los campesinos sin tierras. Pero este proyecto chocó con la resistencia de los latifundistas y de los partidos de derecha y de centro. En las zonas de minifundio la situación no fue tan grave.

Por fin la Ley de Reforma Agraria fue promulgada en septiembre de 1932. Se fijaban, entre otros, los siguientes objetivos:

— Modernizar las técnicas, aumentando las inversiones en el campo, para   conseguir un aumento de los rendimientos.

—  Expropiación de los latifundios y asentamiento de los campesinos.

—  Acabar con el absentismo de los grandes propietarios.

La aplicación de la Ley se realizó a través del Instituto de la Reforma Agraria (IRA). Este organismo inició la expropiación de grandes fincas o latifundios, pertenecientes a los Grandes de España, sin indemnización; también se expropiaron tierras que no estaban suficientemente explotadas pero, es este caso, sí recibían una indemnización.

Los resultados de la Reforma fueron en realidad limitados (no obstante se asentaron aproximadamente unas 12.000 familias de campesinos en el primer bienio) y esta situación llevó a un aumento de la conflictividad social. Entre las causas que explican el fracaso están la lentitud y las dificultades burocráticas de su aplicación, la falta de presupuesto para las indemnizaciones y la resistencia de los propietarios.

Las consecuencias de esta reforma fue que los grandes propietarios mostraron una fuerte oposición a los campesinos y se unieron con las fuerzas conservadoras enemigas del régimen. Por otro lado, los campesinos vieron frustradas sus esperanzas y adoptaron posturas revolucionarias enfrentándose con las fuerzas del orden.

Finalmente Azaña dice que la solución al problema agrario era un objetivo de modernización política y social que tenía que plantearse cualquier gobierno que estuviese al frente del poder, fuese cual fuese su ideología política porque la situación, heredada del pasado, era ya insostenible.

La aplicación de reformas como esta y las del Ejército, la Educación, la reglamentación laboral, la relación Iglesia-Estado y otras muchas contempladas en la Constitución de 1931 como el voto de la mujer, la amplísima declaración de derechos y libertades, el divorcio, el matrimonio civil… supuso, casi desde el principio, la oposición de amplios sectores de la sociedad: Ejército, Iglesia, organizaciones patronales, grandes propietarios de tierra, e incluso de otros grupos como los anarquistas,  comunistas y UGT que radicalizaron sus posturas por la tardanza de las reformas.