Revolución Liberal en el Reinado de Isabel II (1833-1874)

Entre los años 1833 y 1874 se produce en España un proceso de construcción y consolidación del estado liberal. Asistimos al triunfo del régimen liberal burgués, que trajo consigo una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. Este fenómeno histórico fue similar al que había triunfado en la mayoría de los países europeos a partir del primer tercio del siglo XIX. En el caso español fue un proceso lento, singular y complejo. En su recorrido España vivirá la experiencia de una cruel guerra civil, la persistente presencia del estamento militar en la vida política y la elección de una efímera monarquía seguida de la proclamación de la primera república. Poco antes de concluir el año 1874 tuvo lugar la restauración de la monarquía en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón. Fernando VII muere en 1833, la infanta Isabel, al ser menor de edad, asume la regencia la reina María Cristina de Borbón (1833-1840) y el general Baldomero Espartero (1840-1843). Su reinado comenzó en 1843, cuando las Cortes proclaman su mayoría de edad. Los años de reinado de Isabel II supondrán la consolidación de la revolución burguesa en España, y los del sexenio, el intento fallido de establecer un estado democrático. Entre 1833-1874, la Europa de la Restauración cedió paso a los ideales del liberalismo, culminando con la configuración de un nuevo mapa de Europa, como consecuencia de las unificaciones de Italia y Alemania al comenzar la década de los setenta. Entre ambos procesos tuvo lugar la revolución de 1848 por la burguesía liberal y las masas populares.

La Primera Guerra Carlista y la Cuestión Sucesoria

La muerte de Fernando VII generó un conflicto en la sucesión al trono español. La Ley de Partidas, que permitía el acceso femenino al trono, había sido abolida por Felipe V en 1713, estableciendo la Ley Sálica francesa que excluía el acceso del trono de las mujeres. En 1830, Fernando VII hizo pública la Pragmática Sanción, año del nacimiento de su hija, futura Isabel II, que restablecía la costumbre del régimen de las Partidas. Tal decisión provocó la guerra civil que siguió a la muerte del monarca. El hasta entonces heredero y hermano del rey, Carlos María Isidro, no aceptó la nueva legalidad y reclamó su derecho al trono del país, surgiendo así el carlismo. La guerra civil no fue solo una lucha por una sucesión legal al trono de España, sino una verdadera confrontación entre absolutismo y liberalismo.

Fases de la Primera Guerra Carlista

Las operaciones militares se desarrollaron en tres fases:

• Primera fase (1833-1835): control del territorio vasconavarro, excepto las capitales, comenzando su expansión por Aragón, Cataluña y Valencia. La muerte de Zumalacárregui supuso un gravísimo revés para los carlistas.
• Segunda fase (1836-1837): se prolongó hasta octubre de 1837 con el fracaso de la llamada Expedición Real de Madrid.
• Fase final (1838-1840): marcada por la crisis interna del carlismo, por un lado los transaccionistas dispuestos al acuerdo político y por otro lado los contrarrevolucionarios, querían continuar con la guerra. La guerra terminó con la derrota del general Cabrera a comienzos del verano de 1840.

Las Regencias y el Nacimiento de los Partidos Políticos

La minoría de edad de la infanta Isabel transcurrió bajo las regencias de la reina María Cristina de Borbón (1833-1840) y del general Baldomero Espartero (1840-1843). El primer gobierno de la regente fue confiado a Cea Bermúdez, cuyos propósitos reformistas eran insuficientes, dejando intactas las estructuras de la monarquía absoluta. Lo único a destacar es la división provincial llevada a cabo por Javier de Burgos. En una clara apuesta frente a la sublevación carlista, la regente decidió confiar el gobierno a Martínez de la Rosa. El nacimiento de los partidos políticos fue uno de los aspectos a destacar en la actividad política de estos años.

Partido Moderado y Partido Progresista

• Partido Moderado: pretendía una reconciliación con las antiguas clases dirigentes. Defiende una soberanía nacional que emana de dos instituciones: las Cortes y el rey, un poder legislativo bicameral (Senado integrado por miembros elegidos por la corona y Congreso elegido por sufragio censitario), un estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte.
• Partido Progresista: defiende una soberanía nacional que emana de las Cortes, acepta el papel moderador de la corona, un sistema legislativo bicameral, un cuerpo electoral más amplio, amparan la libertad de prensa, el modelo municipal democrático de los ayuntamientos y la creación de la Milicia Nacional.

El triunfo del régimen liberal fue difícil debido a la falta de coherencia entre los propósitos de renovación y la estructura social del país. El movimiento constitucional se concretó en el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837.

El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837

Francisco Martínez de la Rosa promulgó el Estatuto Real de 1834. En él se plasmaba un modelo político basado en la soberanía de dos instituciones: el rey y las Cortes, divididas en dos cámaras: cámara de próceres (aristocracia, alto clero, propietarios… nombrados por el rey) y de procuradores (elegidos por sufragio censitario). El rey gozaba de iniciativa legal. Los liberales se convirtieron en el apoyo decisivo del trono frente a los absolutistas. A pesar de los logros del Estatuto, se echaban de menos principios como la soberanía nacional y el reconocimiento de los derechos.

Los movimientos revolucionarios contra el gobierno entre 1835 y 1836 dieron lugar a la formación de juntas locales y provinciales, y la reina recurrió a los liberales radicales. Dueños del poder, los progresistas dieron por liquidado el Estatuto Real y a la promulgación de la Constitución de 1837. Esta es de origen popular, recogía el principio de soberanía nacional y una amplia declaración de derechos. Las Cortes se estructuraban en dos cámaras: el Senado, cuyos miembros son nombrados por el rey a propuesta de los electores, y el Congreso, cuyos diputados son elegidos por sufragio directo y censitario para tres años. El poder legislativo fue confiado al rey y a las cámaras, el ejecutivo residió en la corona, y además asumió el poder de moderador en caso de conflicto entre el gobierno y el parlamento. El poder judicial se encomendó a la independencia de los tribunales.

La medida más revolucionaria entre las adoptadas por el gobierno liberal fueron las medidas desamortizadoras de Mendizábal que legitimaron la desvinculación del patrimonio nobiliario y clero regular, declarando propiedad nacional los bienes raíces, rentas y derechos de las comunidades religiosas, disponiendo su salida a subasta.

La Regencia de Espartero y la Mayoría de Edad de Isabel II

Lo cierto es que la intervención del ejército en la vida pública se convirtió en un arma decisiva para las revoluciones políticas, activada mediante la conspiración y el pronunciamiento y realizada en apoyo de los partidos. Al amparo de la ley de 1840 los progresistas suscitaron un movimiento insurreccional que obligó a la regente a recurrir al general Espartero. La suspensión de dicha ley y la decisión de disolver las Cortes provocaron la renuncia de María Cristina a su regencia, siendo asumida por Espartero.

Después del fracasado pronunciamiento de 1841 por O’Donnell, Concha…, la revuelta de Barcelona de 1842 condujo a la ruptura definitiva y a la impopularidad del regente. Una coalición de fuerzas antiesparteristas dio lugar al pronunciamiento del general Ramón María de Narváez, que se hizo con el poder. Las Cortes, para evitar una regencia, adelantaron la mayoría de edad de la infanta Isabel, siendo coronada reina a los trece años.

La Década Moderada (1844-1854)

Durante este periodo de signo conservador, se produjo la consolidación del régimen liberal y de sus instituciones político-administrativas. Una serie de jóvenes políticos protagonizaron la vida política española, siendo el más representativo Narváez, el político que más gobiernos presidió. En esta década se emprendió la tarea de institucionalización del régimen liberal (elaboración de un nuevo marco constitucional), de las relaciones entre la Iglesia y el Estado español y de la reforma de la administración pública.

La Constitución de 1845 y el Concordato de 1851

La Constitución de 1845 llevó a la práctica la concepción doctrinal del liberalismo, donde la corona y las Cortes son depositarias de la soberanía nacional compartiendo el poder legislativo. Sobre este principio quedaba cimentada la nueva constitución. La corona ve ampliadas sus prerrogativas (nombramiento y separación de ministros, disolución de Cortes, la sanción y promulgación de leyes, declaración de guerra y ratificación de paz…). Las Cortes se componen de dos cámaras: Senado (cuyos miembros, nombrados por el rey, pertenecen a la nobleza o el clero y poseen una elevada riqueza personal y tienen cargo vitalicio) y Congreso de los Diputados, cuyos representantes son nombrados por sufragio censitario y directo, para un periodo de cinco años, aunque podían ser elegidos indefinidamente.

El Concordato de 1851 tuvo una importancia relevante, quedando zanjada la ruptura entre la Iglesia y el Estado liberal como consecuencia de la desamortización. En él la Santa Sede aceptó el hecho consumado de la desamortización eclesiástica y ratificó el patronato regio. A pesar de todo se sucedieron nuevas rupturas con las medidas desamortizadoras de 1855 y la revolución de 1868.

Reformas Administrativas y Centralismo

Los moderados emprendieron un régimen político basado en el control de la corona sobre los mecanismos de la acción política, bajo el signo del centralismo político-administrativo. A este propósito responderían algunas de las medidas llevadas a cabo:

• Creación de la Guardia Civil (1844): con el propósito de mantener el orden público, la vigilancia de la propiedad privada, la lucha contra el bandolerismo y la represión de las revueltas.
• Disolución de la Milicia Nacional (1845): contemplada por los moderados como un peligroso cuerpo armado bajo la influencia y el control de los liberales más radicales.
• Ley de Organización de los Ayuntamientos (1845): que reservaba a la corona la designación de los alcaldes de las capitales de provincia.
• Reforma del Sistema Tributario (1845): ideada por Alejandro Mon y Ramón de Santillán, que propuso un sistema de impuestos más equitativo y uniforme, suprimiendo las particularidades regionales. Ello favoreció los ingresos del Estado y la inversión en infraestructuras y servicios públicos.
• Reforma de Instrucción Pública (1845): que preveía el paso de las competencias educativas en manos del Estado, con la elaboración de los nuevos planes de estudio.
• Creación de una Ley Electoral (1846): por la cual solo podía votar el 0,8% de la población española.
• Elaboración de un Código Penal de 1848: que sustituyó el de 1822.

El Bienio Progresista (1854-1856) y la Unión Liberal

La principal amenaza del moderantismo provenía de las fracciones internas del partido. El general O’Donnell lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno, la Vicalvarada, en junio de 1854. Su politización a través de un manifiesto (de Manzanares), redactado por Antonio Cánovas, determinó la adhesión de grupos progresistas que incitaron a la insurrección popular.

Los progresistas acometieron la tarea de profundización liberal del régimen. Los hechos relevantes que marcaron la política desarrollada durante el Bienio Progresista (1854-1856) son:

se elaboro una nueva constitución en 1856, que no llego a ser promulgada (nonata), basada en el espíritu liberal que dio forma a la de 1837. La ley de desamortización, en este caso de la mano del ministro pascual madoz. En 1855 el gobierno elaboro la ley general de ferrocarriles, que regulaba su construcción. La ley bancaria y ley de sociedades de crédito, aprobada en 1856. El bienio progresista fue un periodo de fuerte conflictividad social, destacando una huelga general en julio de 1855. Las movilizaciones populares provocaron la crisis en el gobierno, provocando la sustitución de espartero por O’donnell. Tras un breve gobierno de este, la reina llamo a los moderados, dirigidos por Narváez, gobernaron hasta 1858, en este bienio (1856-58), re retorno a las instituciones anteriores a 1854, el general O’donnell respondió con la creación de un partido de centro conocido como la unión liberal, integrado por progresistas y por un sector del partido moderado, y a partir de 1858, O’donnell presidio el gobierno mas estable hasta entonces en la España constitucional. La unión liberal llevo a cabo una política de prestigio exterior, materializada en expediciones militares en indochina (1860-63), México (1861-62) la guerra de marruecos (1859-61) y la del pacifico contra chile y pero (1862-66), las divisiones internas y el propósito de destronar a la reina e instaurar la republica, provocaron la caída de O’donnell. El régimen político moderado llego a un agotamiento, en 1866, tras los sucesivos fracasos del pronunciamiento del general Prim, progresistas y demócratas exiliados acordaron en el pacto de Ostende (Bélgica): el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de cortes constituyentes por sufragio universal para decidir el futuro político del país. La muerte de O’donnell en 1867 empujo a los unionistas hacia la causa revolucionaria, culminando en la revolución de septiembre de 1868.