La construcción del Estado Liberal (1833-1868)

Construcción y Evolución del Estado Liberal

En 1840, el general Espartero, liberal progresista, fortalecido por el éxito militar en la guerra carlista, se enfrentó abiertamente a la regente María Cristina, quien quiso resolver la crisis nombrándole jefe del gobierno. Espartero exigió además compartir la regencia, a lo que María Cristina se negó, renunciando a sus funciones en octubre de 1840, lo que daría inicio a una etapa de tres años de regencia de Espartero. Este periodo fue muy controvertido y contestado, incluso por los miembros de su propio partido, el progresista, ya que Espartero, acostumbrado a gobernar sobre una tropa en campaña militar, actuó como un regente muy autoritario. Las decisiones más polémicas de Espartero fueron la suspensión de los fueros vascos y navarro y la aplicación de una política económica librecambista, lo que perjudicó los intereses de las pujantes industrias textiles catalanas, que no podían competir con los productos extranjeros. A finales de 1842, Barcelona se amotinó y Espartero reprimió la revuelta con el bombardeo de la ciudad desde el castillo de Montjuich, lo que provocó varios pronunciamientos, como los de los generales Montes de Oca, Diego de León o Narváez (liberal moderado).

Tras constatar el apoyo recibido por Narváez en su pronunciamiento, Espartero renunció a la jefatura de gobierno en agosto de 1843 y se exilió. La principal consecuencia del fracaso de las dos regencias fue la declaración de mayoría de edad de la reina Isabel II cuando sólo tenía 13 años. Los 25 años de reinado efectivo de Isabel II (de 1843 a 1868) estuvieron marcados por los enfrentamientos entre las diferentes fuerzas políticas liberales, que se fragmentaron en cuatro partidos: Moderado, Progresista, Unión Liberal y Demócrata. Además, se generaron fuertes tensiones sociales que acabaron por convertir este reinado en uno de los períodos más inestables de la historia de España.

La Década Moderada (1844-54)

Isabel II, ya reina efectiva (al ser declarada mayor de edad pese a sus trece años), nombró como presidente del gobierno al general Narváez, jefe del Partido Moderado. Narváez propició la redacción de una nueva constitución, la de 1845 (basada en la de 1837):

• Poder compartido entre el monarca y las Cortes.
• El monarca tiene el poder ejecutivo, iniciativa legislativa y el derecho de disolver las Cortes.
• Las Cortes son bicamerales, están formadas por el Senado (con senadores vitalicios de designación real) y por el Congreso de Diputados (elegidos por sufragio).
• No hay libertad de imprenta, ni Milicia Nacional, ni jurado.
• La Iglesia Católica se estableció como religión oficial del Estado. Pudo adquirir y poseer bienes, aunque aceptó la desamortización a cambio de que el Estado asumiera los gastos del clero, según el acuerdo firmado en el Concordato con la Santa Sede de 1851.
• El sufragio censitario solo permitía votar a los hombres mayores de edad. Al mismo tiempo que los elegibles y los electores debían gozar de fuertes rentas.

Narváez aplicó una política muy centralista que implicó:

• Promulgación de una nueva Ley Municipal, que dispuso que el nombramiento de los alcaldes lo hiciera el Gobierno.
• Elaboración (en 1848) de un Código Penal uniforme para todo el territorio.
• Instauración de los gobernadores civiles, representantes del Gobierno en cada provincia, con competencias electorales, fiscales y económicas.
• Creación de la Guardia Civil, cuerpo estatal dedicado a mantener el orden público.
• Fundación del Banco de San Fernando (1847), dirigido por un gobernador elegido por el gobierno y con el monopolio de la emisión de moneda.
• La aplicación del sistema métrico decimal a pesos y medidas.

El gobierno moderado presidido por Narváez se encargó de reformar la Hacienda y establecer un nuevo sistema de impuestos:

1. La contribución territorial, aplicada a cada español, sin restricción estamental, en proporción a sus propiedades. Este impuesto servía, además, como baremo para establecer el derecho a sufragio y a ser elegido.
2. El impuesto indirecto de consumo, añadido a los productos de uso diario.

La Década moderada se caracterizó por el poder de una oligarquía formada por la antigua aristocracia y por los nuevos ricos surgidos de la Revolución Industrial. Esta oligarquía protagonizó una larga serie de escándalos relacionados con el tráfico de influencias y de información privilegiada. Dicha oligarquía intervino en todas las elecciones de manera que siempre obtuvieron la victoria sus candidatos (los del Partido Moderado). Ante esta situación de autoritarismo, se sucedieron pronunciamientos y sublevaciones, que fueron reprimidas con dureza. Otra de las cuestiones que añadieron inestabilidad a este período fue la de la boda de la Reina, que se convirtió en un serio asunto de Estado. Uno de los posibles maridos de la joven Isabel II fue su primo hermano, el candidato carlista al trono, el conde de Montemolín (hijo de Carlos María Isidro). Esta unión hubiera supuesto la solución final del problema carlista, pero hubiera significado una involución política hacia el absolutismo. Se optó por otro primo hermano de la reina, Francisco de Asís, Duque de Cádiz. Esta unión fue realizada contra la voluntad de la reina, que detestaba a su primo.

Como consecuencia del rechazo del conde de Montemolín (autoproclamado Carlos VI) como marido de Isabel II, se desarrolló la Segunda Guerra Carlista (1846-49), si bien no fue un conflicto tan importante como la guerra anterior.

A las tendencias y partidos políticos existentes al comienzo de la Década Moderada (los carlistas y los liberales, divididos a su vez en moderados y progresistas) se sumó el Partido Demócrata, surgido en 1849 del ala izquierda del Partido Progresista. El Partido Demócrata consideraba fundamentales e inalienables la libertad de conciencia, los derechos de asociación, reunión e instrucción primaria gratuita y la defensa del sufragio universal. El programa de los demócratas, que incluía la abolición del odiado Impuesto de Consumos, atrajo a socialistas y republicanos, tendencias que empezaban también a cobrar fuerza y que fueron un elemento determinante en la revolución que tuvo lugar en 1854 y que dio lugar al Bienio Progresista.

El Bienio Progresista (1854-56)

En 1854 se produjo un cambio de orientación política provocado por 3 hechos importantes:

• La Vicalvarada, pronunciamiento del general O’Donnell en Vicálvaro (Madrid), en el que los sublevados se retiraron ante la llegada del ejército partidario del gobierno. De ella surgió un nuevo partido político, la Unión Liberal, que buscaba posiciones flexibles entre progresistas y moderados.
• El Manifiesto de Manzanares, hecho público por O’Donnell, pero escrito por Antonio Cánovas del Castillo, en el cuál los moderados puritanos (grupo situado a la izquierda de los moderados que buscaba el entendimiento con los progresistas) pedían el fin de la camarilla de la reina, garantizaban el respeto al trono y la legalidad constitucional, exigían la rebaja de impuestos, una nueva ley electoral y libertad de imprenta, abogaban por la restauración de la Milicia Nacional y la descentralización de los poderes locales y el documento finalizaba haciendo una llamada a la formación de juntas locales y provinciales.
• Tras la publicación del Manifiesto de Manzanares, el movimiento revolucionario se fue extendiendo a lo largo del mes de julio (Jornadas de Julio) a importantes ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid, lo que propició la coalición de moderados y progresistas con el objetivo de encauzar la revolución y forzar la voluntad de la corona. Esta coalición formó un gobierno progresista encabezado por Espartero y con el general O’Donnell (líder de la recién creada Unión Liberal) como ministro de Guerra. Las elecciones de noviembre de 1854, gracias a una ley electoral más abierta, permitieron la llegada a las Cortes de una mayoría progresista.

Gobierno de Espartero

Sus objetivos eran restaurar el orden, desarmar a las juntas revolucionarias y despojar al movimiento de sus connotaciones más radicales. Su labor se centró en la recuperación de buena parte de la legislación abolida en 1844 en cuanto a materia electoral, libertad de imprenta y democratización de los poderes locales y provinciales, así como, en la recuperación de la Milicia Nacional. Potenció el desarrollo económico del país mediante:

• La Ley General de Ferrocarriles.
• La Ley de Desamortización de Madoz, que privatizó los bienes de los ayuntamientos y entidades públicas y supuso para el Estado un mayor rendimiento económico.
• La Ley de Bancos y Sociedades de Crédito, dirigida a modernizar la banca y a canalizar la inversión de dinero extranjero que llegaba en grandes cantidades. El Banco de España será desde ahora el único autorizado a emitir moneda.

Para desarrollar el programa progresista se redactó una nueva Constitución, la de 1856, conocida como la no nata porque no llegó a entrar en vigor. En ella se permitía el culto a otras religiones, aunque el Estado seguía sufragando el culto católico. Sin embargo, el gobierno Progresista entró rápidamente en crisis debido a la conflictividad política y social, a la hostilidad de la Corona y de la oligarquía moderada y a las discrepancias entre Espartero (progresista) y O’Donnell (de la Unión Liberal). En 1856, Espartero fue sustituido por O’Donnell, quien restableció la Constitución de 1845, con lo cuál volvió el conservadurismo al gobierno.

La Vuelta al Moderantismo Conservador (1856-68)

Durante los últimos doce años del reinado de Isabel II se alternaron los gobiernos de la Unión Liberal y de los Moderados, en tres etapas:

1ª Etapa: gobierno moderado de Narváez (1856-58)

Lo más destacado de este gobierno fue la Ley Moyano de instrucción pública (1857) por la que se regulaban los estudios no universitarios.

2ª Etapa: gobierno de la Unión Liberal de O’Donnell (1858-63)

La Unión Liberal, pese a sus iniciales deseos de confraternización entre el progresismo y el moderantismo, acabó convirtiéndose en una especie de partido único que no dudó en manipular en su beneficio las elecciones, lo que le propició la enemistad del resto de partidos, tanto del Progresista como del Moderado. Sin embargo, su etapa de gobierno coincidió con una fase de gran prosperidad económica, en consonancia con el resto de Europa, por lo que gozó de gran estabilidad.

En esta etapa se llevó a cabo una política exterior destinada a recuperar el prestigio perdido en el contexto internacional, con expediciones militares a Cochinchina, Marruecos, México, etc., generalmente con malos resultados, dada la fortaleza colonial de franceses e ingleses.

La política de prestigio de O’Donnell supuso su caída, acusado de corrupción, la Reina le obligó a dimitir.

3ª Etapa: alternancia entre unionistas y moderados (1863-68)

Al final de su reinado, Isabel II favoreció en sus gobiernos a las posiciones moderadas, de modo que la sociedad civil, empezó a radicalizarse y a evidenciar su malestar en forma de revueltas que los distintos gobiernos acallaban de forma contundente y represiva.

Sin embargo, las protestas se extendieron sobre todo a las zonas urbanas y a la España latifundista, que empezaron a ser escenario de huelgas y manifestaciones de carácter revolucionario, que pedían abiertamente un giro democrático y el fin de la injusticia social. Como consecuencia de todo esto, parte del ejército y los partidos Progresista, Demócrata y Unionista conspiraron para derrocar a la propia monarquía, lo que se concretará en el Pacto de Ostende (1866), que tendrá como resultado la organización de la llamada Revolución Gloriosa y del Sexenio Democrático.

La Situación de Castilla-La Mancha

El cambio más significativo, sin duda, se produjo con la nueva distribución provincial de Cea Bermúdez, que estableció las fronteras provinciales de manera que se conservan hasta la actualidad con escasos cambios (como el caso de Aranjuez, adscrito a Toledo y que más tarde pasará a Madrid). Sin embargo, esta división provincial dio lugar a una distribución regional que no coincide con la actual, ya que la provincia de Albacete pasaba a pertenecer administrativamente a la región de Murcia y Madrid estaba integrada con el resto de provincias castellano-manchegas en Castilla la Nueva.

Sociológicamente, la población castellano-manchega estuvo generalmente en sintonía con los sectores más retardatarios, de manera que la sociedad tenía un importante componente conservador, que se tradujo en un importante apoyo a la causa carlista, sobre todo en algunas zonas latifundistas de Ciudad Real (por el apoyo tanto de los terratenientes como del campesinado, que salía perjudicado netamente con las desamortizaciones que propugnaba el liberalismo) y en el centro de La Mancha (por el carácter tradicionalista de los pequeños y medianos propietarios). De hecho, la causa liberal fue sostenida en nuestra región esencialmente por militares y profesionales liberales, como médicos o abogados. Sin embargo, esto no es un impedimento para que en nuestra región surgieran personalidades de gran calibre, la principal de las cuales es el general Baldomero Espartero, natural de Granátula de Calatrava (Ciudad Real), Príncipe de Vergara, líder de los progresistas y de tal envergadura que, como dice su lápida sepulcral, no fue rey porque no quiso. También se produjeron algunos hechos clave en la Historia de España, como el Manifiesto de Manzanares, llamado así, precisamente, por haberse firmado en Manzanares (Ciudad Real).

1. Funcionamiento del Sistema Canovista. La Restauración en Castilla-La Mancha

El 1 de diciembre de 1874, el príncipe Alfonso, hijo primogénito de Isabel II, hizo público el Manifiesto de Sandhurst, cuya redacción se debe a Cánovas. En él se exponían cuáles serían las características de su monarquía si era restaurado el trono. Con esto se inicia el periodo conocido como Restauración, que ocupa el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y Alfonso XIII. Cánovas se encarga de formar un gobierno provisional mientras llega el rey, quien será conocido como Alfonso XII. Las primeras medidas del nuevo régimen, tuvieron como objetivo restablecer la autoridad de la Corona. Para ello, Cánovas nombró nuevos gobernadores y alcaldes, instauró la censura y decretó el cierre de periódicos republicanos.

En diciembre de 1875 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, tal como establecía la Constitución vigente de 1869. Sin embargo, el proceso electoral fue manipulado para asegurar una amplia mayoría a los candidatos del Gobierno. Meses después se aprobó sin enmiendas un texto basado en las ideas de Cánovas.

La Constitución de 1876 es un texto flexible, con el objetivo de poder gobernar de manera estable a los partidos que acepten el sistema. Sin embargo, su inspiración es doctrinaria y conservadora. La declaración de derechos y deberes es amplia, y recoge casi todas las conquistas de 1869. Pero, como en 1845, su concreción se remite a las leyes ordinarias, y éstas, en su mayor parte, tendieron a restringirlos. Respecto a los poderes del Estado, la Constitución vuelve al principio de soberanía compartida, al establecer que la potestad de hacer las leyes reside en “las Cortes con el Rey”. La Corona puede vetar una ley por una legislatura. Las Cortes son bicamerales, con una Cámara alta compuesta por tres tipos de senadores: por derecho propio, por designación real y elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Los diputados del Congreso son elegidos por sufragio directo, pero la Constitución no fija el sistema de votación, por lo que será el partido gobernante el que decida, a través de la ley electoral, si el sufragio debe ser censitario o universal. El poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros, que responden ante las Cámaras. El rey elige libremente al jefe del Gobierno y no responde ante las Cortes. El centralismo se acentúa también al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos y diputaciones y ser suprimidos los fueros vascos. El texto mantiene la independencia del poder judicial y la unidad de códigos. También reconoce la confesionalidad católica del país y la garantía del sostenimiento del culto y del clero. A cambio, una ambigua libertad de creencias permite otros cultos, pero siempre que se ajusten a la moral católica y con prohibición de sus manifestaciones públicas. Respecto a los fundamentos políticos del sistema canovista hay que indicar que Antonio Cánovas fue la figura clave de la Restauración. Su primer objetivo fue asentar firmemente la monarquía, por encima incluso de la Constitución. Para él, la monarquía y las Cortes eran dos pilares básicos de la historia de España. La Corona debía recuperar el prestigio perdido durante el reinado de Isabel II. Pensaba en una monarquía que compartiera la soberanía con las Cortes, que dispusiera de amplias competencias y, sobre todo, que desempeñara un papel protagonista en la vida política. En segundo lugar, el sistema debía acoger todos los partidos burgueses, con la condición de aceptar la monarquía y la alternancia en el Gobierno. Quería conseguir una Constitución que durase, que permitiera gobernar a partidos distintos y que acabara con el pronunciamiento como vía para la toma del poder. Este último aspecto preocupaba especialmente a Cánovas. El ejército debía volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional. Para ello, había que garantizar el mantenimiento del orden social, así como la posibilidad de acceso pacífico al Gobierno, a través del sufragio, para todos los partidos integrados en el sistema. Fue decisivo el papel ejercido por Alfonso XII, un “rey soldado” con formación militar. Su posición activa en la guerra carlista le ganó el apoyo de los cuarteles y permitió a Cánovas edificar un sistema político exclusivamente civil. Ajeno a la actuación del ejército.

El modelo ideal de parlamentarismo era, para Cánovas, el británico. Se basaba en la existencia de dos grandes partidos que aceptaran turnarse en el poder, con el fin de evitar la atomización parlamentaria y garantizar las mayorías. Ambos debían aceptar pasar a la oposición si perdían la confianza regia y parlamentaria, y respetar la obra legislativa de sus antecesores. Pero el modelo teórico no se correspondió con la práctica política. El funcionamiento constitucional fue adulterado conscientemente por sus propios defensores desde las primeras elecciones. Cuando un partido experimentaba el desgaste de su gestión, o cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el disfrute del poder, se sugería a la Corona el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo presidente era siempre el líder del partido hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Entonces actuaba su recién nombrado ministro de Gobernación, que “fabricaba” los resultados electorales desde el llamado encasillado del Ministerio, adjudicando escaños a partidarios o adversarios en función de los acuerdos que se pactaban con la oposición. A continuación se procedía a manipular las elecciones a través de la extensa red de “caciques” y autoridades repartida por todo el país.

Las dos fuerzas que aceptaron las reglas del juego y pudieron alternarse en el gobierno fueron:

• El partido Liberal Conservador, futuro Partido Conservador, liderado por Canovas del Castillo (hasta su muerte en 1897) y por Francisco Silvela. Representan la derecha conservadora y defensora acérrima del orden social y la propiedad. En él se integran los herederos del moderantismo, Unión Liberal y algunos carlistas.
• El Partido Fusionista, más tarde llamado Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta, que representaba un liberalismo más garantista (libertad de imprenta, de reunión, sufragio universal, etc.) aunque sin cuestionar nunca las bases del sistema y el falseamiento real de la voluntad popular. Se atrajo a conservadores desencantados con la política de Cánovas (como Martínez Campos) y a antiguos demócratas y progresistas del Sexenio (Montero Ríos, Moret). Incluso republicanos como Castelar estuvieron próximos a él.

Estos dos partidos eran profundamente elitistas. Tenían mínimas diferencias ideológicas entre sí; su composición social y comunidad de intereses era casi idéntica y su cohesión dependía de la influencia del líder principal. Hay que tener en cuenta que la Corona había sido establecida por los políticos conservadores, los hombres de negocios y los mandos militares. Todos ellos compartían unos intereses y una visión comunes, aunque quedaron divididos en los dos grandes partidos dinásticos y en sus respectivas redes clientelares: la defensa del orden social y de la propiedad, la monarquía como garantía de estabilidad, la identificación de la República como la anarquía y la subversión, y la de la unidad de la patria con el mantenimiento de las colonias.

Los partidos antiliberales, antimonárquico y nacionalistas periféricos (vascos y catalanes), al igual que las masas populares (con los nacientes partidos y sindicatos obreros como sus nuevos referentes), quedaron en un principio excluidos del sistema.

2. Oposición Política al Régimen

A) Nacionalismo y regionalismo

Hasta la Restauración, la reivindicación nacionalista se había canalizado a través del republicanismo federal, si era progresista, y del carlismo, cuando era conservadora. Debilitadas ambas corrientes, surgieron entonces movimientos que reivindicaban los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces. El movimiento regionalista fue más fuerte y surgió antes en Cataluña y en el País Vasco, al existir allí una diferenciación lingüística que cimentó el sentimiento nacional, y una burguesía desarrollada en la que arraigó la ideología nacionalista. Si bien en España tuvo caracteres propios, fue un fenómeno común a toda Europa, que en la misma época experimentaba el auge de un nacionalismo a veces imperialista. En Cataluña el primer nacionalismo surgió en torno a intelectuales como Valentí Almirall o Prat de la Riba. En 1892 los grupos liderados por ambos se fusionaron en la Unió Catalanista, cuyo programa fundacional, las Bases de Manresa, constituyó el documento básico del nuevo nacionalismo catalán.

Movimiento esencialmente burgués, no planteaba la secesión ni una actitud de lucha contra el Estado español, sino una propuesta de sistema federal en el que las regiones obtuvieran un régimen de autogobierno con instituciones propias. El movimiento se expandió a los largo de los años noventa y tomó importante auge en instituciones catalanas.

En 1895 Sabino Arana fundaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en torno a un grupo de reivindicación foral vizcaíno. Aunque en un principio sus reivindicaciones fueran muy radicales, proponiendo la secesión frente al Estado español, poco a poco fue suavizando su postura al tiempo que ganaba adeptos en Vizcaya, renunciaba al separatismo y conectaba con el ideario cristiano para fundamentar una opción nacionalista más bien conservadora. Pronto arraigó en unas clases medias que veían con temor el crecimiento del socialismo entre la clase obrera vasca. Arana, líder indiscutible del movimiento, cuidó también de desmarcarlo del carlismo, del que rechazaba su ideología reaccionaria.

Más débiles ante la falta de una burguesía fuerte que los impulsara, los nacionalismos gallego, valenciano y andaluz, que tenían ya defensores en algunos intelectuales a finales del siglo sólo se desarrollarán en los comienzos del siglo XX.

B) Republicanismo

Los republicanos unitarios del Sexenio se dividieron al producirse la Restauración monárquica:

a) Entre 1876 y 1885, Ruiz Zorrilla logró atraer a su partido “republicano progresista” a una parte importante de los republicanos y a algunos mandos del ejército. Con estos elementos intentó derribar la monarquía con diversos pronunciamientos.

b) Desde 1886, dirigidos por Nicolás Salmerón, artífice de la Unión Republicana, participaron regularmente en los procesos electorales, obteniendo triunfos en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia). De este partido se escindiría posteriormente, tras la muerte de Ruiz Zorrilla en 1895, el Partido Radical de Alejandro Lerroux en Barcelona y Vicente Blasco Ibáñez en Valencia, de carácter populista y anticlerical.

c) Frente al republicanismo radical y revolucionario de Ruiz Zorrilla, existía un grupo, llamado “posibilista”, dirigido por Emilio Castelar, de tendencia más moderada. La mayor parte de este republicanismo se integró entre 1891 y 1893 en el Partido Liberal de Sagasta, una vez que se reimplantó el sufragio universal y la ley del jurado.

d) El republicanismo federal (el federalismo es la doctrina política que plantea la necesidad de luchar contra el autoritarismo y el centralismo y defiende la autonomía del individuo, del municipio, de la región y de la federación) de Pi i Margall se transformará, a fines de siglo, en los movimientos nacionalistas de Almirall en Cataluña, Arana en el País Vasco o de Brañas en Galicia. Al tener su origen en partidos de clase, serán con respecto al movimiento obrero muy conservadores.

El republicanismo no suponía un serio peligro para la monarquía alfonsina y su influencia política y social fue reducida en estos años, ya que el respaldo de movimiento obrero comenzaba a pasar a las nacientes organizaciones propias, y las burguesías periféricas comenzaron apoyar a los partidos emergentes del nacionalismo y el regionalismo indicados más arriba.

C) Movimiento obrero

En España adquirió madurez y extensión organizativa a partir del Sexenio. Las dos corrientes de la Internacional encontraron eco en España:

–La corriente anarquista, tras la visita de Giuseppe Fanelli (discípulo de Bakunin), fue la que adquirió mayor predicamento en España. Creó en Madrid y en Barcelona la sección española de la AIT, la Federación Regional Española (1870). La fuerza de las organizaciones anarquistas constituyó durante decenios una de las particularidades del movimiento obrero español. Durante los primeros años de la Restauración se mantuvieron en la clandestinidad, y estaban organizados en sindicatos locales y de rama, teniendo su fuerza, sobre todo, en Andalucía, Cataluña y Levante. En 1881 crearon la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) para organizar un sindicato y defender por medios legales al proletariado. Sin embargo, una minoría de radicales optó por la “acción directa”, es decir, la huelga violenta o el atentado. La última década del siglo XIX y la primera del XX se caracterizaron por una oleada de atentados contra reyes, presidentes y jefes de Gobierno de toda Europa. La respuesta contundente de las autoridades alimentó una dinámica de acción-represión continua. La acción directa, muy minoritaria, sirvió a las clases dirigentes para etiquetar de violento a todo el anarquismo y justificar una represión indiscriminada, que afectó a todo el movimiento libertario. En España esa represión fue especialmente visible y llevó a la cárcel y a la tortura a numerosos anarquistas, la mayor parte sin relación alguna con la llamada “acción directa”. Por todo ello, en 1888 la FTRE se había disuelto y los diversos grupos anarquistas solo se ponían de acuerdo esporádicamente en las convocatorias de huelga y en la celebración, desde 1890, del 1º de Mayo.

–La corriente marxista (socialista)se aglutinó en torno a un pequeño núcleo madrileño que entró en contacto con Paul Lafargue (yerno de Marx) en 1871. Durante la Restauración, esta corriente estaba representada por el PSOE (1879), liderado por Pablo Iglesias, y el sindicato UGT (1888), ambos ligados a la II Internacional. Tuvo como órgano principal el periódico El Socialista, y su fuerza radicaba en Madrid, Asturias, Servilla,

Vizcaya y Asturias, principalmente.

En la última década del siglo XIX, el movimiento obrero experimentó un fuerte crecimiento debido a varias razones: la crisis económica de 1887, que empeoró su situación económica y laboral, y la libertad de acción y actuación legal de las organizaciones obreras (Ley de Asociaciones, 1887). El PSOE comenzó a obtener concejalías en elecciones municipales de distintas zonas industriales, y la UGT llegó a contar en 1900 con más de 30.000 afiliados. Eso sí, no consiguió acceder al parlamento en ninguna de las elecciones a Cortes antes de 1910 (recuérdese como era el sistema político y electoral de la Restauración). La movilización obrera en este período consiguió que, en los primeros años de siglo se aprobasen algunas leyes que mejoraban las condiciones jurídicas de los trabajadores: Ley de Accidentes (1900), la de Protección a mujeres y niños (1900), la creación del Instituto de Reformas Sociales (1903) y la del Instituto Nacional de Previsión (1908).

3. LA CRISIS DEL 98 Y LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL

La Tercera guerra de Cuba se inició en 1895 tras el Grito de Baire. A continuación se proclamó el Manifiesto de Montecristi (Rep. Dominicana), redactado por José Martí y Máximo Gómez, líderes civil y militar del Partido Revolucionario Cubano. A la muerte de Martí ese mismo año, Gómez y Antonio Maceo asumieron la dirección militar de los rebeldes. El gobierno envió a la isla 200.000 soldados entre 1895 y 1898, dirigidos en un principio por Weyler, destituido por sus tácticas que hacían perder popularidad a los españoles y aumentaban las críticas internacionales, sobre todo de la prensa estadounidense. Su destitución vino acompañada por la concesión, por parte del gobierno de Sagasta, de amplia autonomía para Cuba y Puerto Rico (enero 1898).

A la revuelta cubana se unió la rebelión en Filipinas (1896), duramente reprimida. El líder filipino, Emilio Aguinaldo, mantuvo una paz transitoria hasta que EE.UU. intervino en 1898.

Sin embargo los EE.UU., con su presidente McKinley al frente, estaban decididos a intervenir, y la misteriosa explosión del acorazado Maine el 15 de febrero de 1898 en el Puerto de La Habana, en la que muriendo más de 250 marinos americanos, fue la excusa perfecta. La prensa y el gobierno estadounidenses culparon a España del incidente y dieron un plazo de tres días a España para que se retirase de Cuba, al tiempo que se ofrecieron para comprar la isla. Los políticos de la Restauración prefirieron una derrota honrosa antes que una paz comprada; la opinión pública y la prensa españolas se mostraban belicistas y nacionalistas. Estados Unidos declaró la guerra a España el 20 de abril de 1898. La guerra se decidió en el mar. Los modernos buques estadounidenses derrotaron a los españoles en Manila

(batalla de Cavite), Santiago de Cuba (mayo-julio 1898) y Puerto Rico.

El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado (o Paz) de París, por el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos: Puerto Rico, la isla de Guam y las Filipinas. En febrero de 1899 España vendió al Imperio alemán las últimas islas que le quedaban en el Pacífico: las Marianas, las Carolinas y Palaos.

La pérdida de las últimas colonias españolas tuvo importantes repercusiones:

· La pérdida de un excelente mercado para los productos de la industria, sobre todo catalana, y unas materias primas (azúcar, café) baratas.

· El resentimiento de los militares hacia los políticos, que los habían utilizado haciéndoles perder la guerra.

· El crecimiento de un antimilitarismo popular. El reclutamiento para la guerra de Cuba afectó a los que no tenían recursos, ya que la incorporación a filas podía evitarse pagando una cantidad en metálico. Esto, unido al espectáculo de la repatriación de soldados heridos y mutilados, incrementó el rechazo al ejército entre las clases populares. El movimiento obrero hizo campaña contra este reclutamiento injusto, lo que provocó a su vez la animadversión de los militares hacia el pueblo y las organizaciones obreras.

· La aparición de un importante movimiento intelectual y crítico (Regeneracionismo), que rechazaba el sistema político y social de la Restauración al considerarlo una lacra para el progreso de España. Defendían la necesidad de “regenerar” la política y la sociedad española. Destacaron Valentí Almirall, Ángel Ganivet, Lucas Mallada, Joaquín Costa, Miguel de Unamuno o el propio Galdós. El Regeneracionismo tuvo una vertiente literaria, la Generación del 98 (Valle-Inclán, Pío Baroja, Antonio Machado, Azorín…), que dio nuevos impulsos a la vida intelectual y política del país en las primeras décadas del siglo XX. Destacaron también a raíz del desastre intelectuales como Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y personajes vinculados a la Institución Libre de Enseñanza (Rafael Altamira, Giner de los Ríos, Julián Besteiro).

En conclusión, el desastre del 98 planteó la necesidad de importantes cambios: 1) Conocer y mejorar las condiciones del pueblo (“España real”). 2) Modernizar la sociedad y la economía. 3) Reformar el sistema político. 4) Recuperar el prestigio perdido en el 98.