La Crisis de 1808
La situación en España en 1808 era grave, tanto social como políticamente. A la bancarrota del Estado, causada por las guerras que habían multiplicado por diez la deuda, se sumaba la indignación general contra Godoy y los reyes por mantenerlo al frente del gobierno. Se les acusaba del hundimiento de la economía y de las derrotas militares. En este contexto, Napoleón decide invadir Portugal y firma el Tratado de Fontainebleau con España, que permitía al ejército francés atravesar el territorio español. Sin embargo, Napoleón introdujo más tropas de las pactadas, acuartelándolas en varias ciudades. En marzo de 1808, se produjo el Motín de Aranjuez: los partidarios de Fernando asaltaron el Palacio Real. En Bayona, tuvieron lugar unas negociaciones entre Napoleón y Fernando, que abdicó en favor de sus padres, quienes a su vez lo hicieron en favor de Napoleón. Finalmente, Napoleón entregó el reino a su hermano José.
La Revolución Liberal
Tras recibir la corona, José I se enfrentó a la tarea de dirigir el país, pero su posición era débil. Comenzó por imponer el Estatuto de Bayona, una carta otorgada que hizo firmar a eclesiásticos, nobles y militares que aceptaron prestarse a ello para que José se ganara su apoyo. También suprimió los consejos por ministerios y eliminó las barreras aduaneras interiores. Para reducir el poder de la Iglesia, decretó la disolución de la Inquisición. La mayoría del país rechazó su legitimidad y se formaron órganos de gobierno propios. Era una revolución. Se formó la Junta Suprema Central, que se convirtió en el gobierno de la resistencia, formado por miembros de las clases dirigentes. La Junta se propuso modernizar el país. Se llegó a la conclusión de que solo las Cortes del reino, elegidas por sufragio, podían aprobar las reformas necesarias. Los liberales exigían un régimen político libre y parlamentario en oposición al absolutismo, defendiendo el derecho preferente de los más ricos a intervenir en la política.
Las Cortes de Cádiz
Asediada en Cádiz, la Junta convocó elecciones para las Cortes. El Consejo de Regencia entregó toda la autoridad a las Cortes, culminando el proceso revolucionario. Las Cortes estaban compuestas por representantes de las ciudades y de las capas medias urbanas: funcionarios, abogados, y también por eclesiásticos y la aristocracia. Predominaban las opiniones liberales, puesto que entre los refugiados en Cádiz abundaban los partidarios de las reformas. Esto condujo a la promulgación de la Constitución de 1812, un texto extenso que establecía los derechos del individuo. Se estableció la división de poderes y se declaró al Estado como una monarquía constitucional hereditaria. El poder ejecutivo lo ejercía el rey, que nombraba a sus secretarios, pero con doce limitaciones a su autoridad, como no poder suspender las Cortes. El poder legislativo residía en las Cortes. Las leyes las hacían las Cortes y el rey las promulgaba o sancionaba con veto, pudiendo suspender las leyes un máximo de dos veces en tres años. Se estableció que las Cortes fueran elegidas por sufragio universal indirecto masculino, con un mandato de dos años. El poder judicial lo ejercían jueces independientes. La Constitución reconocía la confesionalidad del Estado y la exclusividad de la religión católica. Se estableció un ejército permanente y una milicia nacional. El país se dividió en provincias, que elegían a sus alcaldes. Otras medidas fueron la eliminación del mayorazgo, la declaración de la libre propiedad y la abolición del régimen jurisdiccional.
Fernando VII
Fernando VII dio un golpe de Estado con la ayuda de nobles y eclesiásticos reaccionarios. Se suprimieron las Cortes y se abolió la Constitución. Fernando VII restauró el Antiguo Régimen. Durante el Sexenio Absolutista (1814-1820), el gobierno se caracterizó por la inestabilidad política, con continuos cambios de ministros. Su auténtico gobierno era la camarilla, formada por hombres de confianza del rey que impedían cualquier cambio. La economía era desastrosa y se produjo una caída de precios debido a las buenas cosechas, que perjudicó a los campesinos. Pero el verdadero problema era la quiebra financiera del Estado, ya que cada año se gastaba más de lo que se ingresaba y los intereses aumentaban. El ejército se vio perjudicado porque Fernando VII se negó a integrar en él a los jefes guerrilleros y por el retraso de los pagos. Poco a poco se organizó un movimiento liberal clandestino y se empezaron a organizar conspiraciones que fracasaron y fueron pagadas con la vida de sus participantes.