La Crisis del Antiguo Régimen en España (1808-1840)

La Crisis de 1808: Guerra de la Independencia y los Comienzos de la Revolución Liberal

A finales de 1807, la situación económica y social de España era muy grave. Las guerras sucesivas, el hambre y las epidemias habían provocado una importante mortandad. Los precios se habían disparado y el comercio con las colonias estaba colapsado. A esto se sumaba la bancarrota del Estado, con un endeudamiento que ni los vales reales ni la tímida desamortización de 1798 habían conseguido aliviar.

La indignación de todos los grupos sociales se dirigía contra Manuel Godoy, el primer ministro, y también contra los reyes, Carlos IV y María Luisa de Parma, por mantenerle al frente del gobierno. Se le hacía responsable del hundimiento económico del país.

La oposición se fue concretando en torno al príncipe Fernando, apartado del gobierno por Godoy. Sus partidarios supieron propagar una imagen positiva del príncipe y presentarle como el único salvador del país. En octubre de 1807, se descubrió una primera conspiración de Fernando contra Godoy.

El Tratado de Fontainebleau y el Motín de Aranjuez

En 1806, Napoleón Bonaparte decretó un bloqueo continental contra el comercio británico. Los portugueses, viejos aliados de Inglaterra, se negaron a cumplirlo. En 1807, Napoleón decidió invadir Portugal y, para ello, firmó con el gobierno español el Tratado de Fontainebleau, que autorizaba al ejército francés a cruzar España camino de Portugal. En pocos días, las tropas francesas tomaron Lisboa.

No se sabe con certeza cuándo tomó Napoleón la decisión de invadir España. Entre noviembre de 1807 y febrero de 1808, entraron en España varios cuerpos del ejército francés, más de los pactados en Fontainebleau. En febrero, Napoleón puso al general Murat al frente de su ejército en España.

Empezaron a producirse incidentes entre la población y los soldados franceses. Los partidarios de Fernando aprovecharon la situación para dar el golpe definitivo. En la noche del 17 al 18 de marzo de 1808, se produjo el llamado Motín de Aranjuez, cuando los partidarios de Fernando tomaron el palacio real. A la mañana siguiente, Godoy fue destituido y detenido, y Carlos IV se vio obligado a abdicar, cediendo la corona a su hijo, Fernando VII.

Las Abdicaciones de Bayona

Tras una entrada triunfal en Madrid, Fernando VII se encontró en manos de Murat, ya instalado en la capital. Napoleón invitó a Fernando a dirigirse hacia el norte para entrevistarse con él.

En Bayona, tuvo lugar una negociación vergonzosa. El 7 de mayo, Fernando abdicó a favor de su padre, y este lo hizo a favor de Napoleón. Carlos IV solo se preocupó de que se garantizara la unidad de la Corona y el exclusivismo de la religión católica. Napoleón entregó el reino a su hermano, José Bonaparte.

La Guerra de la Independencia

El levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid se produjo por la salida de la capital de los últimos miembros de la familia real. Se generalizó la lucha callejera contra los franceses, que terminó con el aplastamiento de la resistencia popular. Murat dictó la pena de muerte para los resistentes y un centenar fueron fusilados.

Las clases privilegiadas obedecieron a la autoridad francesa. La reacción popular fue muy distinta: la renuncia de Fernando VII se interpretó como impuesta por la fuerza. En la misma tarde del 2 de mayo, el alcalde de Móstoles dictó su famoso bando llamando a las armas contra los franceses. Otras autoridades hicieron lo mismo y la rebelión se extendió por todas las ciudades del país.

Primera Fase de la Guerra

En principio, la relación de fuerzas era muy desigual. La intervención de unidades inglesas y de los restos del ejército portugués reforzó considerablemente la resistencia española. El nivel de eficacia del ejército francés no fue tan alto como en otros conflictos. El mando francés nunca pensó que la invasión española fuera a encontrar una resistencia tan seria. Cuando surgió la acción guerrillera, que les impedía abastecerse sobre el terreno, los generales franceses no supieron reaccionar y acabaron actuando por su cuenta.

A mediados de junio, se inició el sitio de Zaragoza. Pero el 19 de julio, las tropas francesas sufrieron una derrota en la batalla de Bailén. Los franceses se vieron obligados a levantar el sitio de Zaragoza y el cuerpo expedicionario inglés venció a las tropas francesas en Lisboa. Fue entonces cuando Napoleón intervino personalmente. Al frente de la Grande Armée, ocupó Burgos, derrotó a las tropas españolas y avanzó hacia la capital. Madrid se rindió el 4 de diciembre. Napoleón empezó a dictar órdenes y decretos para acelerar las reformas sociales y económicas y mejorar su imagen. Abandonó el país en enero de 1809.

Segunda Fase: La Guerra de Desgaste y la Acción de las Guerrillas

En 1809, los franceses consiguieron vencer la resistencia y avanzar hacia el sur. En 1810, ultimaron la conquista de Andalucía. Solo Cádiz supo resistir. Sin embargo, la voluntad de resistencia permanecía entre los españoles. Se inició una guerra de desgaste, caracterizada por la imposibilidad de que las tropas francesas controlaran efectivamente el territorio.

Las guerrillas aparecieron en 1808 como unidades de paisanos armados con el objetivo de mantener en constante amenaza a los franceses. Los guerrilleros optaron por golpear rápidamente mediante emboscadas. La población civil les suministraba víveres, información y escondites.

Tercera Fase

En 1812, Napoleón tomó la decisión de atacar Rusia y retiró de España a las mejores unidades. Tras el desastre de Rusia, retiró aún más tropas para defender Francia, dejando a las fuerzas hispanobritánicas en superioridad. En 1813, la batalla de Vitoria obligó a José I a cruzar la frontera. Finalmente, Napoleón firmó el Tratado de Valençay, que restituía la Corona española a Fernando VII.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Composición de las Cortes

Mientras la Junta Central (en Cádiz) se transformaba en un Consejo de Regencia, se celebraron elecciones a Cortes en medio de muchas dificultades. En septiembre de 1810, el Consejo de Regencia entregó toda la autoridad a las Cortes. Los diputados procedían en su mayoría de las capas medias urbanas, eclesiásticos y miembros de la aristocracia. El sufragio era indirecto, es decir, los diputados no eran elegidos directamente por los votantes, sino que estos elegían a un intermediario, quien a su vez elegía a otro intermediario, que finalmente elegía al diputado.

En las Cortes de Cádiz estaban representadas todas las comunidades por medio de diputados elegidos por sus ciudadanos y trasladados a la ciudad. Muchos de ellos tuvieron problemas con los franceses para llegar a Cádiz. En estos casos, se nombraban sustitutos. Entre los refugiados en Cádiz, abundaban los partidarios de las reformas. El ambiente revolucionario y patriótico de la ciudad permitió que el ideario liberal pudiera concretarse en la Constitución de 1812.

La Constitución de 1812

Los diputados proclamaron la soberanía nacional (el poder reside en el conjunto de ciudadanos) y emprendieron la elaboración de una Constitución. El 19 de marzo de 1812 quedó aprobada la primera Carta Magna de la historia de España. La Constitución de 1812 es un texto de gran extensión y minucioso, porque los diputados eran conscientes del trascendental cambio que suponía. Pusieron especial cuidado en la formulación de los derechos individuales.

En el preámbulo, se afirma que la soberanía reside esencialmente en la nación. Se establece la división de poderes y se declara al Estado como una “monarquía moderna hereditaria”. El poder ejecutivo lo ejerce el rey, que nombra a sus secretarios libremente, y estos responden ante las Cortes. En un artículo, se recogían hasta 12 limitaciones a la autoridad real. El poder legislativo reside en “las Cortes con el Rey”. Las leyes las hacen las Cortes, y el rey las promulga y sanciona, pero también tiene derecho de veto (dos veces como máximo cada tres años). Se establece que las Cortes son unicamerales y elegidas por sufragio indirecto de los varones mayores de 25 años.

El poder judicial corresponde a los tribunales y se reconocen dos fueros especiales: el militar y el eclesiástico. La Constitución reconocía expresamente la exclusividad de la religión católica. Se establecía un ejército permanente y una Milicia Nacional. El país se dividía en provincias y se establecía la elección popular de los alcaldes.

Otras Medidas de las Cortes

En agosto de 1811, se decretó la abolición del régimen jurisdiccional. También desapareció la Mesta (organización de pastores de ganado ovino). Se decretó la eliminación del mayorazgo y se declaró la libre propiedad. Fueron suprimidos los gremios y se estableció la libertad de trabajo. Se estableció la libertad de imprenta, aunque se excluían las cuestiones religiosas, donde seguía existiendo censura.

• Daños materiales: ciudades destrozadas y masacradas.
• Daños económicos: la industria textil y los campesinos fueron los más perjudicados.
• Repercusión internacional: la victoria española fue decisiva para la derrota napoleónica y la guerra activó el proceso de independencia de las colonias americanas españolas.

Los Comienzos de la Revolución Liberal

Cuando José Bonaparte recibió la Corona, su posición fue débil. La población se resistía a aceptar su autoridad y los propios generales franceses actuaban al margen del gobierno. Napoleón intervenía continuamente en el gobierno de España, desautorizando a su hermano. Comenzó por imponer el Estatuto Real de Bayona, una “carta otorgada” que hizo aprobar a un centenar de eclesiásticos, nobles, militares y próceres españoles que aceptaron prestarse a ello.

Siguieron una serie de medidas de modernización: se disolvió la Inquisición y se redujo el número de conventos. Con José Bonaparte colaboraron los “afrancesados” (ciudadanos españoles que apoyaban el régimen napoleónico). El fracaso de estas aspiraciones les supondría el exilio a ellos y a sus familias.

Resistencia y Revolución Política: El Liberalismo

La mayoría del país rechazó las abdicaciones de Bayona y formó sus propios órganos de gobierno. Esto significaba asumir la soberanía nacional y romper con el régimen absoluto. Finalmente, se formó en Aranjuez la Junta Suprema Central, que se convirtió en el gobierno de la resistencia.

Al principio, predominaban las posiciones conservadoras en la Junta, pero poco a poco fue aumentando la influencia de los sectores más reformistas. La Junta asumió la tarea de modernizar las instituciones del Antiguo Régimen.

Quienes propugnaban los cambios eran los liberales. El liberalismo había penetrado en España procedente de Francia a partir del estallido de la Revolución francesa.

Fernando VII: Absolutismo y Liberalismo (1814-1833)

El Golpe de Estado y la Represión

Las instrucciones de las Cortes para que el rey se dirigiera directamente a Madrid fueron desobedecidas, y Fernando VII se dirigió a Valencia. Allí, el 4 de mayo de 1814, desencadenó un golpe de Estado y, mediante un Real Decreto, suprimió las Cortes y abolió la Constitución. El general Eguía fue enviado a Madrid con orden de tomar la sede de las Cortes y detener a regentes, ministros y diputados. El 10 de mayo, el rey entró en Madrid.

Parte del ejército, la nobleza y el clero reaccionaron apoyando a Fernando VII, como se expresaba en el Manifiesto de los Persas, un documento entregado al rey a su llegada a Valencia en el que se defendía la vuelta al Antiguo Régimen. El golpe también tuvo respaldo por parte del pueblo llano.

Fueron suprimidas todas las leyes de la Constitución y la reforma de los impuestos. Se restituyeron los privilegios de la nobleza y la Iglesia y se restablecieron el Tribunal de la Inquisición y la Mesta.

El retorno al absolutismo no fue un hecho aislado, sino que formó parte del proceso general de restauración del Antiguo Régimen en toda Europa.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Fernando VII gobernó en permanente inestabilidad política, con continuos cambios de ministros. No había capacidad política para gobernar el país. El auténtico gobierno lo constituía la camarilla, formada por hombres de confianza del rey, clérigos, aristócratas reaccionarios y consejeros.

El resultado fueron seis años caóticos en los que los problemas se fueron agravando progresivamente. La situación económica era un desastre: el país estaba devastado, la producción industrial hundida y el comercio paralizado por la pérdida del mercado colonial.

Se produjo una quiebra financiera del Estado, ya que se gastaba más de lo que se ingresaba. El envío de tropas a América para frenar el movimiento independentista agravó el problema.

La Hacienda estaba hundida, ya que los aristócratas y los clérigos, propietarios de la mayor parte de las tierras del país, no pagaban impuestos.

La situación de los campesinos se agravó y se desencadenaron sucesivos movimientos de protesta. Este descontento se extendió poco a poco por las ciudades, donde también se veían afectados los grupos burgueses y el naciente proletariado urbano. El ejército también se vio perjudicado y, por último, se fue reorganizando el movimiento clandestino liberal (movimientos de ciudadanos descontentos al margen de la ley; logias masónicas en las principales ciudades). Las Cortes aprobaron una abundante legislación religiosa, eliminándose, por ejemplo, la Inquisición. Hubo conflictos con el clero. Se puso en marcha la desamortización de bienes propios y baldíos, con el fin de amortizar deuda y recompensar a los militares retirados.

El Trienio Constitucional (1820-1823)

El 1 de enero de 1820, el comandante Rafael del Riego, jefe de las tropas que iban a ser enviadas a América, se pronunció con éxito a favor de la Constitución. Durante dos meses, estuvo buscando apoyos hasta que los encontró en guarniciones de otras regiones y en los levantamientos campesinos. Obligaron a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. Semanas más tarde, se celebraron elecciones a Cortes, mientras los liberales retornaban del exilio.

El periodo del Trienio Constitucional se caracterizó por la agitación política permanente, debido, primeramente, a la división entre los liberales: por un lado, estaban los moderados, representados por la burguesía; y por otro, los radicales, apoyados por las capas populares urbanas, que eran abogados, jóvenes, intelectuales, militares exaltados y mayoría en las Cortes.

La segunda causa fue la actitud involucionista del rey, que mantuvo ministros absolutistas, se enfrentó a las Cortes, vetó leyes y manifestó su desconfianza hacia los liberales. Comenzó a pedir secretamente la intervención extranjera.

Reformas del Trienio

Se adoptaron medidas de reforma agraria: desamortización de propios y baldíos y de tierras de la Iglesia. La mayor parte de las reformas beneficiaron más a los propietarios que a los campesinos, que acabaron enfrentados al liberalismo.

La política religiosa estuvo marcada por el anticlericalismo y la defensa de la autoridad del Estado. Se exigió a los clérigos que juraran la Constitución y que se estudiara en las escuelas desde los púlpitos. Estas medidas fueron rechazadas por los obispos. Volvió a suprimirse el Tribunal de la Inquisición.

Hubo una reforma militar, ya que se restableció la Milicia Nacional, y también una reforma educativa, con una secularización de la enseñanza, extensión gradual y ordenación en tres niveles (primaria, secundaria y superior). Por último, se intentó abordar el problema de la Hacienda.

Contrarrevolución y Caída del Gobierno Liberal

En julio de 1822, se produjo un intento de insurrección contrarrevolucionaria al sublevarse cuatro regimientos de la Guardia Real, que fue sofocado. Se formó entonces un Gobierno radical, que pasó a vigilar al rey.

Por su parte, desde 1821, actuaron en el norte partidas guerrilleras organizadas por la aristocracia y el clero. Las potencias europeas acordaron en el Congreso de Verona una intervención militar para acabar con el gobierno liberal. Se encomendó a Francia la operación militar. Un ejército (los Cien Mil Hijos de San Luis), con el refuerzo de 35 000 voluntarios españoles, entró en España en abril de 1823 y en octubre se le devolvía al rey el poder absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

Se caracteriza por la vuelta al absolutismo, la represión y el terror contra los liberales. Los ultrarreaccionarios formaron un movimiento a la derecha del propio Fernando VII, que acabaría siendo el carlismo. Fernando VII publicó un decreto por el que quedó anulada toda la legislación del Trienio. Se restablecían todas las instituciones y autoridades del absolutismo. Se condenó a muerte y a cárcel a miles de personas de tendencia liberal. Muchos pudieron escapar a tiempo. Vieron expropiados sus bienes y se restableció una rígida censura. También se creó el Voluntariado Realista, que sustituyó a la Milicia Nacional.

La vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. Había que introducir cambios si se quería mantener el Antiguo Régimen, por lo que se creó el Consejo de Ministros, pero se mantuvo la definitiva abolición de la Inquisición. La lejanía del rey con los absolutistas radicales fomentó la aparición de los llamados carlistas, partidarios del absolutismo radical, que comenzaron a apoyar la candidatura al trono de don Carlos, el hermano del rey.

En 1827, los carlistas organizaron una insurrección en el Pirineo catalán y reclamaban que el trono pasara a Carlos. Fueron vencidos, pero comenzó así un movimiento llamado carlismo.

La Agonía del Absolutismo y la Crisis Sucesoria

A partir de 1830, volvieron a producirse conspiraciones liberales, animadas por el triunfo de la revolución liberal en Francia. Las intentonas fueron abortadas.

Se desencadenó la crisis sucesoria. Fernando VII, después de no tener descendencia en sus tres primeros matrimonios, contrajo matrimonio en 1829 con su sobrina María Cristina, que quedó embarazada.

Fernando VII quiso garantizar la descendencia en su futuro hijo o hija. En marzo de 1830, publicó la Pragmática Sanción, que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la sucesión femenina. Los carlistas protestaron airadamente y Carlos no lo consideró legítimo y consideró que atentaba contra sus derechos al trono.

En octubre, nació la princesa Isabel. Frente a los carlistas, se formó un sector de absolutistas moderados, cercanos a los liberales, que se apoyó en la reina, en quien veían la única posibilidad de cambio, y pasaron a defender los derechos de la princesa. En septiembre de 1832, se dieron los sucesos de La Granja: Fernando VII estaba a punto de morir y Carlos le presionó a él y a su mujer para que anulasen la Pragmática Sanción porque el absolutismo se vería debilitado, y la acabó anulando. El rey se recuperó milagrosamente y la restableció.

Sustituyó a los principales ministros carlistas y puso a Cea Bermúdez, absolutista moderado, al frente del gobierno, al tiempo que la reina María Cristina era autorizada a presidir el Consejo. Cea liberó a los presos políticos y permitió la vuelta de algunos exiliados. En abril, Carlos abandonó la Corte y se trasladó a Portugal, antes de que su hermano le comunicara oficialmente su destierro. El 29 de septiembre de 1833, moría Fernando VII y se iniciaba la regencia de María Cristina.

La Construcción y Consolidación del Estado Liberal

El Reinado de Isabel II: La Oposición

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se llevó a cabo la construcción del Estado liberal y la desaparición casi definitiva del Antiguo Régimen. La nueva clase dirigente se formó por la fusión de la burguesía de negocios y de la nobleza tradicional.

El Carlismo y la Cuestión Foral

El 1 de octubre de 1833, Carlos, desde Portugal, exigía mediante el Manifiesto de Abrantes su derecho dinástico. El 3 de octubre, en muchas partes de España fue proclamado rey. El carlismo tenía un fuerte contenido ideológico y de clase, ya que representaba el absolutismo intransigente en nombre del “legitimismo” (sucesión por línea masculina) y, además, no aceptaba la Pragmática Sanción. Los apoyos sociales eran variados: por parte de la nobleza, ultraconservadores de la administración del ejército, el bajo clero, el campesinado tradicional influido por el clero y el sector del artesanado.

Los territorios carlistas fueron las zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. No tuvo apoyo en las ciudades ni en el sur.

Fue muy importante la defensa de los fueros vascos y navarros existentes desde 1713 por el apoyo de estos lugares a los Borbones en la Guerra de Sucesión. Los fueros establecían la exención fiscal y de servicio militar, y otras características de su derecho civil (los liberales los querían abolir).

Las Guerras Carlistas

El bando cristino estuvo respaldado por los sectores más reformistas del absolutismo y por los liberales. Fue apoyado por altos cargos del ejército, de la administración y de la Iglesia, conscientes de la inestabilidad de los cambios. También por la burguesía de negocios, por los intelectuales, profesionales y clases medias urbanas. Y, con mucho menos entusiasmo, por obreros y campesinos del sur. Además, la Regencia contó con el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia (Cuádruple Alianza). En cambio, los apoyos del carlismo eran Rusia, Austria y Prusia. Al inicio de la guerra, los carlistas derrotaron a las tropas cristinas repetidas veces, gracias a su movilidad y conocimiento del terreno. En 1835, fracasaron en el sitio de Bilbao, donde murió su mejor estratega, Tomás de Zumalacárregui. Hicieron expediciones hacia el sur, pero la población no les respaldaba. En 1837, estuvieron a punto de tomar Madrid, pero el asalto acabó fracasando.

Pasaron a la defensiva, y el agotamiento llevó al general carlista Maroto a negociar con el cristino Espartero, lo que culminó en 1839 con el Abrazo de Vergara. A cambio de su rendición, se reconocieron los grados y empleos de los vencidos. El acuerdo de Vergara significó la renuncia de Navarra a su condición de reino, prometiéndole una autonomía en la administración de impuestos.

Isabel II (1833-1840): Las Regencias

Regencia de María Cristina y Revolución Liberal (1833-1840)

Entre 1833 y 1840, María Cristina gobernó como regente de su hija Isabel II, menor de edad. No era liberal, pero necesitó apoyarse en ellos al estallar la guerra. Fue obligada a llamar a Martínez de la Rosa (liberal moderado) y nombrarle jefe de Gobierno.

Martínez de la Rosa consiguió ayuda extranjera mediante la Cuádruple Alianza y llevó a cabo un programa de tímidas medidas reformistas: amnistía que permitió a los liberales exiliados volver y restableció la Milicia Nacional. En 1834, se promulgó el Estatuto Real, una carta otorgada que solo regulaba la convocatoria de unas Cortes con dos cámaras y reservaba a la Corona la capacidad legislativa y de veto, lo que mostró su carácter conservador.

Se fueron creando dos tendencias del liberalismo: la moderada, que apoyaba al gobierno y era contraria a los cambios radicales; y la progresista, reformista y partidaria de restaurar la Constitución de 1812.

La marcha de la guerra, poco favorable a los isabelinos, provocó una situación de crispación social y brotes de anticlericalismo, creciendo el apoyo a los progresistas. En el verano de 1835, estallaron una serie de insurrecciones populares que obligaron a la regente a entregar el gobierno a los progresistas.

El nuevo jefe de Gobierno, Juan Álvarez Mendizábal, aprobó una serie de medidas de guerra que fueron decisivas para el triunfo cristino y adoptó las primeras decisiones para desmantelar el Antiguo Régimen. Esto le enfrentó a los moderados y a la regente, que en mayo de 1836 forzó su dimisión.

El intento de María Cristina de acabar con el reformismo desencadenó una nueva insurrección progresista que culminó con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de La Granja, que obligó a la regente a entregar el gobierno a los progresistas y a restablecer la Constitución de 1812.

El nuevo jefe de Gobierno fue José María Calatrava (que mantuvo a Mendizábal en el gobierno), que continuó con la demolición del Antiguo Régimen. Se puso al general Espartero al frente del ejército. Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución de 1837, que intentaba contentar a progresistas y moderados. Mantenía un poder ejecutivo fuerte, con competencias legislativas y derecho de veto, y unas Cortes bicamerales, con un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado.

Durante tres años, María Cristina eligió jefes de gobierno moderados. En 1840, se provocó una nueva insurrección que forzó la dimisión de María Cristina, que fue sustituida por el general Espartero, héroe de la victoria sobre los carlistas.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero gobernó tres años con el apoyo de los progresistas y otros jefes militares. Aplicó una política autoritaria que reprimía protestas de moderados y progresistas radicales, lo que hizo que su popularidad fuese disminuyendo.

En 1842, estalló una insurrección en Barcelona, ya que se rumoreaba que Espartero estaba negociando un tratado con Inglaterra de libre comercio, lo que afectaba a la industria textil catalana. El bombardeo de la ciudad hundió el prestigio del general, y moderados y algunos progresistas organizaron una sublevación militar que obligó a Espartero a dimitir.

En los siguientes meses, fue el general Narváez el que controló la nueva situación y llevó a cabo una política de ataque a los progresistas. En mayo de 1844, Narváez había formado un gobierno ultraconservador.

Isabel II: La Regencia

En septiembre de 1833, moría Fernando VII y comenzaba la regencia de María Cristina. Dos días después, el Manifiesto de Abrantes del infante Carlos significaba el comienzo de una larga guerra civil, que consideraba nula la Pragmática Sanción que daba legitimidad a Isabel. Si María Cristina quería sacar adelante los derechos de su hija, únicamente se podía apoyar en los sectores del liberalismo que su marido había combatido en su reinado.

La búsqueda del apoyo de los liberales llevó a María Cristina a cesar a Cea Bermúdez que, aunque había establecido la libertad de trabajo e industria y había dividido a España en sus actuales provincias, no quería ir más allá de un absolutismo reformista. Animada desde distintos sectores del Estado, María Cristina nombró al liberal Francisco Martínez de la Rosa (enero de 1834 – mayo de 1835) para iniciar una apertura política que contentase al liberalismo y diera así a la Corona el apoyo que necesitaba para luchar contra el carlismo.

El resultado de este acuerdo fue el Estatuto Real, una concesión del trono. Era un articulado que regulaba una convocatoria a Cortes Generales que ni eran absolutistas ni plenamente liberales. Estas Cortes estaban formadas por un estamento de próceres del reino, vitalicio, y designado por el rey, y un estamento de procuradores elegido por un sufragio censitario muy restrictivo (15 000 electores).

Las Cortes tenían un carácter consultivo, aunque no existía iniciativa legislativa, sí podían realizar peticiones de ley al gobierno. Lógicamente, la Corona seguía teniendo mucho poder y podía suspender o convocar las Cortes.

Dentro del estamento de procuradores, se formaron dos tendencias liberales: moderados y progresistas. Muy pronto, la marcha de la guerra, una epidemia de cólera y la oposición de los sectores liberales harían que María Cristina cambiase de gobierno.

Pero el nuevo gobierno del conde de Toreno se encontró con los mismos problemas y, sobre todo, con un montón de revueltas populares y juntas apoyadas por las milicias urbanas que reclamaban un cambio en la política.

La situación obligó a María Cristina a llamar a Mendizábal (septiembre de 1835 – mayo de 1836), que era un liberal progresista. El gobierno de Mendizábal se propuso reorganizar y modernizar el Estado, pero tenía que ganar una guerra. Primero, estableció una serie de medidas militares (ampliación de la Guardia Nacional) que financió con préstamos extranjeros, una mayor presión fiscal y la desamortización del clero regular. También tomó otras medidas para desmantelar el Antiguo Régimen (libertad de imprenta).

Cuando la situación de guerra pareció mejorar, la Corona, apoyada en los próceres y moderados, provocó la caída de Mendizábal, que fue sustituido por Istúriz. El gobierno de Istúriz (mayo – agosto de 1836) significó el punto de partida de los partidos moderados y progresistas.

Y de nuevo fue la mala marcha de la guerra lo que provocó una serie de sublevaciones que se manifestaron en Madrid. Sobre todo, será determinante el levantamiento de los sargentos de La Granja que obligaron a María Cristina a restablecer la Constitución de 1812, y también fue obligada a aceptar un gobierno del progresista Calatrava (agosto de 1835 – agosto de 1837) que incluía a Mendizábal como ministro de Hacienda y a Espartero como jefe del ejército del norte. Este gobierno continuó con la legislación de 1812 y el Trienio, sobre todo la disolución del régimen señorial, la continuación de la desamortización y la desaparición de los gobiernos por los vecinos. Pero las nuevas Cortes se reunieron, la mayoría progresistas, para actualizar la Constitución. El resultado fue una nueva, la Constitución de 1837. Era una Constitución liberal integradora de las dos tendencias liberales.

Con soberanía compartida Cortes-Rey y ejecutivo para el monarca, con veto absoluto, que nombraba a los ministros. Dos cámaras: el Congreso elegido por sufragio censitario y el Senado, de designación real propuesto por una lista de los electores. Lo más importante, inaceptable para los moderados, era la elección popular de las diputaciones y ayuntamientos y una sistematización de los derechos individuales.

De nuevo la guerra y, sobre todo, las dificultades financieras, permitieron que María Cristina sustituyera al gobierno por otro moderado.