Crisis del Antiguo Régimen y Consolidación del Régimen Liberal, 1808-1875: El Largo Camino de los Españoles Hacia la Democracia

La Guerra de la Independencia en Castilla y León

En una perspectiva a largo plazo, la Constitución de Cádiz de 1812 (“Juramento Cortes Constituyentes”, Casado del Alisal, 1810) es el punto de partida de la democracia española:

• El conjunto del pueblo, la Nación española, es proclamado como el titular de la soberanía, del poder político.
• Los ciudadanos, en tanto que componentes de la Nación, verán como les son reconocidos una serie de derechos. Destaca la libertad de imprenta (siempre que no se vaya en contra de la religión católica).
• Esa atribución a la Nación de la soberanía queda expresada en la introducción del principio electivo (de carácter indirecto) para la renovación de los cargos públicos en el poder local o de los miembros del poder legislativo (Cortes).
• Será la vecindad el requisito exigido para poder gozar de derechos electorales.

Sin embargo, la obra gaditana, elaborada en un pequeño reducto liberal (en la Isla de León, Cádiz), sin apenas contacto con el resto de España (ocupada por los franceses), tropezó con la incomprensión o la hostilidad de gran parte de los españoles, muy influidos por el clero. No es de extrañar, por tanto, que una gran mayoría de los españoles aplaudieran o vieran con simpatía el restablecimiento del absolutismo, acordado por Fernando VII tras su retorno a España en 1814.

Así, la monarquía absoluta volvería a ser la forma de gobierno de España hasta 1833 (salvo un breve interludio constitucional: 1820-1823).

• Los españoles perdieron su condición de ciudadanos, para retornar a la de súbditos.
• El rey concentró de nuevo la totalidad del poder, sin división de funciones, sin compartirlo, por tanto, con nadie.

Será después de la muerte de este monarca absoluto (1833) cuando se abra por fin, no sin grandes resistencias y peligros (Primera Guerra Carlista), un período nuevo en el que los liberales lograron hacerse definitivamente con las riendas de la situación política y el absolutismo quedó superado.

No obstante, las promesas democráticas anunciadas en Cádiz van a verse escamoteadas por la orientación conservadora y temerosa del pueblo que adoptó una parte del liberalismo (Partido Moderado), que acabó monopolizando el gobierno de España hasta 1868.

Esta nueva orientación se va a expresar muy bien en la Constitución de 1845, donde la soberanía dejará de ser atribuida exclusivamente a la Nación, representada en las Cortes, debiendo compartirla con el rey.

Los ciudadanos, aunque reconocidos como iguales ante la ley, serán excluidos en su inmensa mayoría del goce de derechos políticos.

Esto será la consecuencia de la adopción del sufragio censitario (plasmado muy bien en la ley electoral de 1846), según la cual, menos del 1% de los ciudadanos podrán disfrutar del derecho a voto y serán admitidos como aptos para el desempeño de los cargos electivos.

El juego político, pues, quedará legalmente reducido a una minoría, a una élite ciudadana cuya riqueza le permitía ostentar dicha situación.

La Iglesia, aunque había sido finalmente la gran derrotada en el proceso de la revolución liberal (desamortización, exclaustración), recuperará poder e influencia sobre la nueva sociedad gracias al Concordato de 1851. Así, esta institución, marcadamente antidemocrática y antiliberal, podrá oponerse eficazmente, por ejemplo, a los avances del librepensamiento y de la libertad de conciencia. Sobre todo, en el plano de la educación procurará por todos los medios controlar tanto las explicaciones en las cátedras como los contenidos de los libros de texto (1ª Cuestión Universitaria).

Este sesgo oligárquico del liberalismo español contará asimismo con el apoyo de la reina Isabel II, de la Corona, cuyo papel en el juego político era fundamental.

Tendrá en frente, no obstante, la oposición del Partido Progresista (excluido sistemáticamente del poder), que defendía una soberanía nacional exclusiva, una mayor participación ciudadana en la actividad política, así como los valores liberales y la ideología del progreso. Y con la del Partido Demócrata (1849), el primero en España que lleve en su programa el sufragio universal, el enunciado, sin ninguna cortapisa, de los derechos individuales (ilegislables), y que se pondrá como objetivo estratégico la implantación en España de la forma de gobierno republicana, por considerar a la monarquía incompatible con la democracia, con el gobierno del pueblo.

Las cosas cambiarán sustancialmente, pero de modo efímero entre 1868 y 1874 (Sexenio Democrático) como consecuencia de la revolución de 1868 (La Gloriosa).

• Por primera vez se implantará legalmente en España el sufragio universal masculino (mayores de 25 años).
• La Constitución democrática de 1869 recogerá, sin limitaciones, la práctica totalidad de los derechos individuales, que podrán ser ejercidos sin cortapisas por los ciudadanos.
• Coherentemente con ello, la sociedad se entregó a la discusión libre de las distintas opciones políticas, a través de una prensa sin censura y del libre ejercicio de los derechos de reunión, de asociación o de manifestación.

Gracias a ello las clases populares –el Cuarto estado– podrán hacer su entrada efectiva en la vida política española:

• El reconocimiento de la libertad religiosa posibilitará el que puedan practicarse y hacer propaganda otros cultos distintos del católico.
• Se ensayarán, por último, diversos regímenes políticos (la monarquía de Amadeo I, la I República) con el propósito de plasmar el espíritu democrático que había inspirado la revolución.

Entre las limitaciones, por su lado, de este primer ensayo de gobierno popular se contarán las siguientes:

• El enunciado de los derechos individuales respondía a una orientación exclusivamente liberal, no social.
• Las mujeres y los jóvenes serán excluidos del disfrute de derechos políticos efectivos.
• No se dio un paso definitivo para la abolición de la esclavitud en las colonias.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

En 1868 se da una crisis de subsistencia: término muy utilizado en la historiografía que se refiere a los frecuentes episodios de malas cosechas que provocan una escasez de alimentos (pan principalmente), hambre y enfermedades (tifus). Al disminuir esas rentas, tenían menos dinero y se incrementaba el paro. Es decir, era una situación de crisis general, pues al fallar la agricultura fallaba todo el sistema de vida. Ello se debía a la pésima situación en que se encontraban los negocios en Castilla, debido a la crisis bancaria de 1864. En toda España se había vivido en estos años una fuerte expansión económica (gracias al ferrocarril) creándose bancos y sociedades de crédito en diferentes ciudades, pero a partir de mediados de los 60 se ve que las inversiones en las redes ferroviarias eran escasas, provocando que quiebren muchos de estos bancos. Valladolid es una de las ciudades más afectadas por este fenómeno de ebullición bancaria, pero a partir de 1864 se produce una sucesión de quiebras, provocando que mucha gente de Castilla que había invertido dinero en estos bancos se arruine. Después de la quiebra de bancos habrá una quiebra de sociedades mercantiles afectadas por dicha situación. Así pues, en este momento se abre un contexto muy depresivo en Castilla.

El pronunciamiento en Castilla tendría lugar en 1868, principalmente se notó bastante en una ciudad: Béjar. Era una ciudad fundamentalmente industrial (textil), que se enfrenta a las tropas de Isabel II, por ello se convertirá en uno de los referentes de esta Revolución. En el resto de las ciudades castellanas, la Gloriosa se abrió paso después de que se supo la victoria en la batalla de Alcolea. Tras el triunfo militar, la revolución se hace camino en Madrid. Isabel II se va a exiliar, formándose juntas revolucionarias, en las cuales la tendencia general era dar entrada a los tres partidos políticos que se habían puesto de acuerdo en quitar a Isabel II del gobierno. Esos tres partidos aparecen en las Juntas revolucionarias, que asumen el poder tras la caída de Isabel II hasta que se constituye un nuevo gobierno en España. Pero esta participación no fue igualitaria en todas las ciudades, por ejemplo, en Segovia sólo había un partido: el progresista.

Por otro lado, varios de estos organismos van a convocar elecciones con sufragio universal, para aparecer revestidos a la manera democrática. Aunque esta conducta no fue seguida en todos los casos: hubo localidades en que no se convocaron elecciones. En el breve tiempo en que estas juntas van a gobernar (20 días) estos organismos hacen gala de un cierto anticlericalismo, como las de Segovia y Valladolid, que ordenaron quitar todas las campanas de los templos y enviar el hierro a la fábrica de monedas. Aunque ninguna de estas juntas va a establecer la libertad de culto, al contrario que algunas juntas andaluzas.

En conjunto se puede decir que se mostraron bastante tímidas en cuanto a las demandas populares: abolen el impuesto de consumos (impuesto que se recaudaba a la entrada de las poblaciones en función de la cantidad y del producto que se tratara: había unos baremos fiscales) muy tardíamente y se van a abstener en la materia de quintas (servicio militar).

• Las juntas castellanas, aunque en sus programas contasen con la abolición del impuesto de consumos, se dieron cuenta de que si lo hacían los ayuntamientos se quedaban sin recursos. Pero al final se hace porque es una orden del gobierno central.
• Sin embargo, la otra gran demanda, la abolición de las quintas, no van a cumplirla: obligaba a todos los jóvenes de 21 años a hacer el servicio militar (aunque en realidad quedaba circunscrita a quienes no tenían recursos, pues los ricos contaban con la “redención a metálico”; había otra forma para librarse: el “procedimiento de la sustitución”, es decir, alquilando los servicios de un sustituto).

Quizás este comportamiento tímido se debía a que el nuevo estado de cosas de Castilla tras la revolución no vino acompañada por una fuerte movilización popular (salvo Béjar). En todo caso, con las Juntas se inauguró un período vertiginoso desde el punto de vista político, ya que pronto se dio paso a la decepción y a la hostilidad. Es un período en el cual el enunciado de los derechos individuales va a alcanzar unas cotas a las que nunca había llegado. Es una etapa en la cual se establecen unas normas de funcionamiento político democrático, que van a condensarse en la Constitución de 1869. Destaca el recurso a sufragio universal masculino para elegir a los cargos públicos; libertades de expresión, asociación, reunión… Esto se dejó notar con carácter general en 1869 cuando un decreto de Sagasta de sufragio universal se aplicó por vez primera en las elecciones democráticas de diciembre del 68. Se aplicó para elegir unas Cortes constituyentes, con una elevada participación, y que en Castilla y León, a diferencia de Andalucía, Levante y Cataluña, tendrá unos resultados muy satisfactorios para la coalición de partidos del gobierno provisional. En este gobierno entran los principales partidos que habían hecho la Revolución, fundamentalmente el Partido Liberal y el Progresista. Habían suscrito un Manifiesto el 12 de noviembre de 1868, cuyo contenido más notable consistía en definir el carácter monárquico del régimen futuro, pero con el matiz de que anunciaban que esa monarquía sería democrática y no basada en el deseo divino. Se quería una monarquía nacida de la voluntad popular.

En todo caso, se asistía en la región a la primera experiencia democrática en la Historia, algo puntuado con una movilización muy notable en la opinión pública, sobre todo en la prensa, que va a vivir uno de los momentos culminantes de su historia, apareciendo en ella todas las tendencias (carlistas, realistas, revolucionarios…). También esta movilización la advertimos en la aparición de clubs o casinos, espacios dedicados exclusivamente al debate político. Es difícil saber si el campesinado (el sector mayoritario) acogió de manera positiva la democratización o si ni siquiera se enteraron.

En el caso de Castilla y León (muy afectada por la crisis de subsistencia) no tuvo una opinión muy favorable al gobierno provisional: la movilización fue emprendida principalmente por los republicanos, o por la derecha integrista carlista. A lo largo del Sexenio, los monárquico-democráticos se esforzaron muy poco en llegar a la opinión pública, manejando mecanismos caciquiles y clientelares, dejando así la iniciativa a republicanos o carlistas, activos de valerse del repertorio pacífico de la movilización para tratar de atraerse a los ciudadanos. Este recurso no va a suponer en absoluto que estos grupos fueran a renunciar a la violencia. Los republicanos están presentes en algunos núcleos urbanos de Castilla y León, como en Valladolid (la ciudad sucia), y entre las capas sociales que van a formar el grupo Voluntarios de la Libertad (Milicia Nacional), que recluta miembros de las clases medias. La finalidad de este cuerpo era defender la situación revolucionaria frente a posibles enemigos. La influencia republicana en este cuerpo de civiles armados les dotó de una capacidad de influencia mucho mayor de la que podía resaltarse en los resultados electorales.

En Castilla, además, se dio la particularidad de que la corriente unitaria dentro del republicanismo español (la otra corriente era federal, en el que el poder estuviera más repartido entre las regiones y el centro) resultó muy destacable. Dos diputados republicanos castellanos (J. Sánchez Ruano y Eugenio García Ruiz).

En esta etapa el republicanismo español tiene un sesgo federal y la república que quiere implantar es una república federal. En Castilla este predominante federalismo… En los núcleos más importantes se forman, entre octubre del 68 y junio del 69, Comités Federales (a pesar de la corriente unitaria), se crean los “clubs de sociabilidad política” y además hubo conatos de levantamiento federal.

También se organizó la estructuración del Partido Republicano Español sobre la base de los pactos federales. De los pactos federales se elige la dirección general del partido. En Valladolid se firma del pacto general castellano con Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. La firma de este pacto se vio culminada con una manifestación en la ciudad y la estructuración autonómica de Castilla y León actual.

La influencia de la iglesia es muy fuerte en Castilla, más que el carlismo y la jerarquía establecida hacia “La Gloriosa”, junto con la “asociación de católicos” (muy integrista, dirigida por el marqués de Viluma) se concretó en una recogida de firmas para protestar por la reducción de conventos de monjes decretados por las juntas y refrendados por el gobierno provisional. Esta campaña sirve de prólogo a otra que pide la Unidad Católica cuando ya están las Cortes reunidas para promulgar la nueva Constitución.

Acciones pacíficas y respetuosas con la legalidad, no lo fue así la agresión mortal a Isidoro Gutiérrez de Castro (1869, gobernador de Burgos) a las puertas de la catedral de Burgos cuando mandaba incendiar por un decreto del gobierno los bienes de la iglesia, y que además los miembros del cabildo catedralicio podían haber evitado.

Verano de 1869: varios levantamientos armados en la región, como en la montaña leonesa, de algunos miembros del clero, obispados de Astorga, Burgo de Osma, comarcas en las que el carlismo había tenido una gran presencia.

Tratamiento que los ministros de la política económica, sobre todo Laureano Figuerola, a la cuestión de los aranceles de aduanas (impuestos que gravaban los productos extranjeros que entraban en España). Aranceles de orientación librecambista (anterior proteccionista), derechos a los trigos y harinas extranjeros considerados demasiado bajos por los harineros terratenientes castellanos y tampoco bien acogidos por el campesinado por la crisis de subsistencia que se estaba atravesando.

Los gobiernos de la Gloriosa se alinean en una economía de carácter cambista, pues se pensaba que además de estimular una mayor competencia entre empresas, facilitaría al gobierno español ventajas comerciales en el ámbito internacional. El estado español firma convenios comerciales con diversos países en los que ambas partes tenían ventajas arancelarias para hacer entrar productos en otro país. Es significativo que en los años 80 firme con Francia un convenio que permita la entrada libre del vino a granel español en el mercado francés, pues Francia había sufrido una importante merma en sus viñedos y no producía el vino suficiente para abastecer su mercado propio. Por tanto, estamos ante una política más liberal en materia arancelaria.

Se aprueba el nuevo arancel en junio del 69, con nuevos derechos a los trigos y harinas extranjeros. Van a ser considerados críticamente a partir de los informes de los corresponsales de los mercados, y que no fueron aceptados por los campesinos, que pasaban por momentos muy críticos (secuelas de la crisis de subsistencia, malas cosechas, poca remuneración…). Esto no quiere decir que el campesinado castellano-leonés fuera hostil a la Revolución Gloriosa, o que no surgieran iniciativas que ante la magnitud de la crisis de subsistencia reclamaran el cambiar la orientación exclusivamente cerealista regional. La política arancelaria proteccionista anterior a la Revolución estaba encaminada en la regionalización (Cataluña: textiles; Castilla: cereales y harinas) algo realmente abrumador, por no hablar de los riesgos que conllevaba al conjunto de la economía regional.

Como consecuencia de ese fuerte impacto que ocasiona esta grave crisis, van a surgir, al poco de triunfar la Revolución, algunas voces de labradores (sobre todo en Valladolid) que planteaban el cambio de la agricultura castellana. Creían que había que modificar la estructura agraria regional. Se trataría, por tanto, de dedicar una mayor atención a otros cultivos distintos del cereal (se fijan en el viñedo), de impulsar explotaciones agrarias viables, con un tamaño rentable (lo que luego será la concentración parcelaria). De esa manera pensaban que sería más apta la nueva tecnología aplicable a la agricultura –utilizada ya en el campo europeo–. También se buscaba con ello el llegar a crear una especie de patronal agrícola, independiente de los partidos políticos y del caciquismo rural, lo suficientemente fuerte como para tener capacidad de presión y de negociación con el gobierno, aceptando sus políticas agrarias. Se crea así en Valladolid la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada (1869): no deseaban ningún tipo de dependencia gubernamental, sino que estaría gestionada por individuos privados. Está dirigida a lograr una diversificación de cultivos y poner fin al monopolio cerealista. En esta asociación participan numerosos labradores de las élites rurales, sobre todo de la Tierra de Campos, porque había sido una de las comarcas de Castilla y León más afectadas por la crisis cerealista.

No obstante, se podría decir, que el ambiente no era muy favorable para que el proyecto de la Gloriosa gozará de un amplio y duradero apoyo castellano, y más entre sus contribuyentes, que por vez primera, van a ser objeto de propuestas diversas de organización (ligas de contribuyentes) para influir en las leyes que se preparaban en el Parlamento para que les beneficiaran en cierta medida. Estas organizaciones acabarán sumándose a los esfuerzos por frustrar la experiencia revolucionaria y por abrir el camino a la Restauración Borbónica.

Además del disgusto que va a provocar entre los labradores la desprotección triguera, hay que tener en cuenta que en Castilla van a surgir serias preocupaciones en torno al intento secesionista de los rebeldes cubanos (a los diez días de la Revolución Gloriosa, se da una revuelta en Cuba en busca de la Independencia), ya que esto comprometería al principal mercado exportador para la economía castellana: la harina que embarcaba hacia Cuba.

También habría que hablar dentro de los motivos que alejan a Castilla de la Gloriosa, es que aumentan bastante la contribución regional: establecen nuevos tributos que recaen sobre los propietarios.

Ahora bien, mientras que las clases agrarias se distanciaron enseguida del nuevo régimen, y sus simpatías se acercaron al Carlismo, los sectores más poblados fueron ganados por el republicanismo federal, o incluso por el obrerismo, representado por la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT, 1864), que pretendía unificar a los trabajadores de toda Europa a través de las ideas de Marx, Engels y Bakunin, creando una gran federación internacional en la cual se integrarían diferentes “regiones” (naciones) y entre ellas la región española. La Internacional se va a introducir en 1869 por parte del italiano Fanelli (amigo de Bakunin) con un sesgo marcadamente anarquista. El caso es que la Internacional logra apoyos, aunque escasos, en todo el territorio español: donde mayor implantación tendrá será en Cataluña, Levante y Andalucía, y en algunos puntos aislados tendrá asociaciones locales, entre ellos Valladolid (convocación de huelgas de carácter extremadamente anarquista). En todo caso, este incipiente movimiento obrero preocupaba a las clases acomodadas y a la Iglesia (“Propaganda Católica”, revista palentina: busca contrarrestar en sus artículos la posible influencia de dicha organización).

Mientras tanto, la élite política regional contribuyó a proporcionar los cuadros del régimen político (partido progresista, democrático y unión liberal), sosteniendo el sistema. La muestra más cualificada de estas élites políticas que apoyan al gobierno liberal, son el soriano Manuel Ruíz Zorrilla (que llegará a ser en dos ocasiones Presidente del gobierno), el salmantino Cristóbal Martín de Herrera y Bonifacio de Blas. Buena parte de estos políticos acabó afrontando con un creciente escepticismo la situación de la revolución, cuando una vez asesinado el general Prim, se vio que la Monarquía democrática (representado en la figura de Amadeo) no garantizaba la estabilidad política ni la defensa social (radicales: carlistas, obreros…). Sin Prim era difícil que este experimento monárquico se considerara, pues aparte de ser la figura más respetada de la Revolución, era el que mantenía unido a la mayor fuerza política: Partido Progresista. A partir de su muerte se empieza a separar en dos agrupaciones: una encabezada por Zorrilla y otra por Sagasta. Ese enfrentamiento entre los herederos de Prim supondrá un peligro para la Monarquía Democrática.

Esta fractura tuvo una presencia muy notable, pues ambos tenían apoyos en todas las provincias. Con lo cual las elecciones del reinado de Amadeo fueron de una especial intensidad. Ambos tenían una estrecha relación con Castilla: Zorrilla era soriano, y Sagasta trabajó en Zamora y León. El caso es que uno y otro tenían importantes clientelas en estas provincias.

Las tensiones en las elecciones eran frecuentes. A partir de 1871, cuando Zorrilla llega a Presidente, se suceden los manifiestos y contramanifiestos a uno y otro líder. Las diputaciones son un foco especial en el que se remueven las opciones políticas. Todo esto (ruleta política) iba a conllevar un caldo de cultivo para la creación de nuevos cacicazgos políticos, que consolidan su poder en determinados distritos gracias a las luchas entre ambas facciones. Por ejemplo, destaca el de la familia Rodríguez en Zamora, Sánchez Arjona en Ciudad Rodrigo, Saavedra en Villafranca del Bierzo, Gil en Riaza, Gamazo en Medina del Campo…

Por otro lado, la susceptibilidad que existía en Castilla y León respecto a la conservación de Cuba y de la continuidad de las exportaciones harineras, facilitaron que antes de que Amadeo renunciara (1873: dará paso a la I República) se darán eco a las corporaciones para poner en el trono a Alfonso XII. Estos grupos estaban formados por aristócratas, terratenientes… que se sirvieron de formaciones ya creadas como los centros hispanos ultramarinos, las ligas de contribuyentes… tomando como pretexto la abolición de la esclavitud en Puerto Rico para intentar que el gobierno de Zorrilla le diera prestigio.

Don Amadeo I acabó renunciando por la cuestión de los artilleros (el gobierno disuelve el arma de artillería), pero la Restauración de los Borbones todavía no estaba suficientemente madura como para que se aceptara sin más su vuelta. Por ello mientras tanto se va a gestar la Primera República (11 febrero 1863). Sin embargo, el nuevo régimen debido al desorden de los sucesivos gobiernos (sobre todo dirigidos por Figueras y Pi Margall) empujó todavía más a las clases acomodadas hacia el alfonsismo, hacia la vuelta de los Borbones. En Castilla y León, este episodio estuvo jalonado por la proclamación de algunos cantones (proclamación de independencias en diferentes ciudades, que pretenden cierta autonomía del gobierno madrileño), que querían construir la federación desde abajo por medio de los pueblos, es decir, que no se viera impuesta por las Cortes y el Gobierno. Destacan la proclamación de los cantones de Salamanca (julio de 1873) con solo unos días de experiencia (no obedecía a una especial radicalización social en la ciudad, sino más bien al deseo de los republicanos salmantinos de mostrar su postura ante la nueva división territorial federal que se preveía), de Ávila… En Valladolid, en cambio, se frustró esta expectativa, pues existía un trasfondo ideológico de carácter demo-socialista, con una mayor tensión social de fondo. En relación con la previsible definición federal de la República y con la prevista elaboración de una nueva Constitución, de nuevo se puso sobre la mesa la estructuración del territorio sobre la base del estado de Castilla la Vieja. Los republicanos leoneses, sin embargo, mostraron sus recelos a integrarse a este nuevo marco (preferían asociarse con Asturias o Galicia).

La experiencia republicana, muy efímera, resultó seriamente perturbada por el estallido de una Segunda Guerra Carlista. Esto tendrá un impacto sobre todo en las comarcas montañosas del norte y del este de la región castellana (León, Palencia, Burgos…), que tenían detrás ya un importante caudal de simpatías entre los habitantes de estas zonas. En este momento de la historia de la República (verano del 73), los proyectos democráticos traídos con la Revolución de Septiembre, contaban con muy pocos apoyos en la región, lo que quedó demostrado con la escasa participación en las elecciones democráticas de 1873.

Después del golpe del general Pavía el 3 de enero de 1874: irrumpió en las Cortes cuando se estaba decidiendo si a Castelar se le entregaban poderes para continuar o no. En ese momento acaba la experiencia de la REPÚBLICA FEDERAL. Aunque éste no es un término del todo exacto, pues no había realizado todavía una constitución federal, la llamamos así porque estaban los federales al mando. Cuando vuelven al gobierno los generales de Sagasta con la proclamación como rey de Alfonso XII, hijo de Isabel, se les acogió con calor por parte de las clases medias.