Crisis del Antiguo Régimen y Evolución hacia el Estado Liberal en España: Siglo XIX

La crisis del Antiguo Régimen

11.1. La crisis de 1808. La guerra de la Independencia (1808-1814). Los comienzos de la revolución liberal.

La crisis de 1808

La situación de España en 1808 era de crisis económica, política y social:

Aumento incontrolado de los precios.
Comercio exterior colapsado tras la destrucción de la flota en Trafalgar (1805).
Endeudamiento del Estado para financiar las guerras.
Indignación contra Carlos IV y Godoy, que gobernaba como un valido.

Todos estos factores hicieron que surgiera un grupo de oposición al rey y al gobierno, que se organizó en torno al príncipe de Asturias, Fernando (el futuro Fernando VII), en el llamado partido fernandino.

Durante este período se sucedieron los siguientes hechos:

Tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807), firmado por Godoy y Napoleón. Este tratado permitía al ejército francés atravesar España para ocupar Portugal, colaborando así al bloqueo continental contra Inglaterra. Sin embargo, el plan de Napoleón incluía la invasión de España y las tropas francesas fueron tomando posiciones.
Motín de Aranjuez (marzo de 1808). Asalto popular al palacio de Godoy, provocado por los fernandinos, quienes consiguieron que Carlos IV cesara a Godoy y que abdicara en su hijo Fernando.
Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808). Se denomina así a la renuncia al trono de España de Carlos IV y Fernando VII a favor de Napoleón, quien entregó la Corona española a su hermano José Bonaparte, que reinaría con el nombre de José I. Las clases privilegiadas y muchas instituciones aceptaron a la autoridad francesa, incluidos los afrancesados.

Pero el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó contra el invasor francés. Murat reprimió la rebelión popular (fusilamientos del 3 de mayo), pero resultó inútil. La rebelión contra los franceses se generalizó a toda España, dando comienzo la guerra de la Independencia.

El desarrollo de la guerra de la Independencia (1808-1814)

La guerra de la Independencia fue una guerra nacional de liberación frente a la invasión del ejército francés. En la guerra se enfrentaron:

El ejército francés, a disposición del gobierno de José I Bonaparte. Éste contó con el apoyo de los afrancesados, que veían en la ocupación francesa la oportunidad de modernizar España inspirándose en las ideas de la Ilustración. Ejército muy numeroso y bien organizado.
El ejército y el pueblo españoles, en nombre del legítimo rey de España, Fernando VII. A pesar de la inferioridad del Ejército y su deficiente organización, la guerrilla y la ayuda de unidades portuguesas e inglesas, al mando del duque de Wellington, jugaron un papel de primer orden. Destacaron los generales Palafox en el sitio de Zaragoza y el general Castaños en la batalla de Bailén. Guerrilleros destacados fueron Espoz y Mina, el Empecinado y el cura Merino.

Se distinguían dos facciones ideológicas:

Liberales. Su objetivo era establecer una monarquía constitucional.
Absolutistas. Su objetivo era que Fernando VII retornara al trono de España y restaurase el absolutismo.

El desarrollo de la guerra de Independencia pasó por tres fases:

Hasta noviembre de 1808. Se caracterizó por la reacción de la mayor parte de los españoles ante la invasión. El ejército español derrotó al francés en Bailén, lo que impidió la ocupación francesa de Andalucía y provocó que José I abandonase Madrid para instalarse en Vitoria.
De noviembre de 1808 a enero de 1812. De predominio francés. Destacan tres hechos:
- Napoleón se pone al frente de las operaciones militares en España.
- Aparece la guerrilla popular como nueva táctica de lucha frente al ejército regular francés.
- Inglaterra entra en el conflicto, del lado español.
De enero de 1812 a agosto de 1813. Las tropas españolas y las tropas inglesas de Wellington, con el apoyo de Portugal en la retaguardia, consiguieron las victorias de Arapiles, Vitoria y San Marcial.

Por el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) Napoleón devuelve el trono de España a Fernando VII. Las últimas tropas francesas abandonaron España en 1814.

Consecuencias de la guerra de la Independencia:

Daños humanos: pérdida del 5% de la población entre fallecidos, desterrados y exiliados.
Daños materiales: destrucción de infraestructuras, ciudades, agricultura, industria y patrimonio cultural.

Los comienzos de la revolución liberal

Con la guerra de la Independencia se inicia en España la revolución liberal protagonizada por las Juntas locales. Ante el vacío de poder, y para hacer frente al gobierno francés considerado ilegítimo, el pueblo creó las Juntas locales, que asumieron el poder en nombre de Fernando VII y organizaron la resistencia. Fue la primera vez que se ejerció la soberanía nacional.

Las Juntas locales se agruparon en Juntas provinciales, que se coordinaron en la Junta Suprema Central (Septiembre de 1808), que inició la convocatoria a Cortes. Las Cortes habrían de poner en marcha una política de reformas políticas, sociales y económicas. Las Cortes se reunieron en Asamblea Constituyente en la ciudad de Cádiz el 24 de septiembre de 1810. Los liberales tomaron la iniciativa y pusieron las bases de toda la labor legislativa posterior. En el primer decreto que se aprobó, las Cortes reconocieron a Fernando VII como Rey, asumieron la soberanía nacional como representantes de la voluntad de la nación española y establecieron la división de poderes. Las Cortes de Cádiz promulgaron la primera Constitución española: la Constitución Española de 1812.

11.2. Las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812

Las Cortes de Cádiz

La invasión de Andalucía por las tropas francesas forzó a la Junta Central a traspasar sus poderes a un Consejo de Regencia, que se estableció en Cádiz y se dedicó a dirigir la guerra. A pesar de que este Consejo de Regencia era opuesto a la convocatoria a Cortes, no pudo impedir que el 24 de septiembre de 1810 comenzaran las reuniones de los diputados en la Isla de León (actual San Fernando, Cádiz). Los representantes fueron elegidos por sufragio universal masculino. Suplentes gaditanos sustituyeron a los representantes que no pudieron llegar desde las provincias ocupadas. Predominaron los diputados liberales.

En su Decreto de Constitución las Cortes establecían:

Que la soberanía residía en la nación, representada en las Cortes.
La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial.
Que el poder legislativo residía en las Cortes.
Objetivo de las Cortes: elaborar una Constitución.
Proclamación de Fernando VII como rey legítimo de España.

Las Cortes de Cádiz aprobaron:

La abolición de las instituciones feudales, como el señorío jurisdiccional.
La abolición de las instituciones, como el tormento en los procesos judiciales y las pruebas de nobleza para los cargos públicos.
La supresión de los gremios y la eliminación de la Mesta.
La autorización a los propietarios para vender, arrendar y cercar libremente sus tierras.
La limitación de los mayorazgos.
La conversión de los bienes nobiliarios en propiedades libres y circulantes y la aprobación de leyes desamortizadoras.
La abolición de la Inquisición.
El reconocimiento de las libertades individuales, incluida la de imprenta con la eliminación de la censura previa.

Las Cortes de Cádiz representaron el primer episodio de revolución liberal en la historia de España. El objetivo final de las Cortes de Cádiz era crear una nueva sociedad sobre las tres bases del liberalismo:

La vigencia de un sistema político constitucional y parlamentario.
La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La libertad económica.

Composición de las Cortes de Cádiz: clero (30%); abogados (20%); funcionarios públicos (20%); militares (10%); nobles, comerciantes, terratenientes, etc. (20%).

Los diputados no se encontraban agrupados por partidos políticos, pero se distinguían tres grupos: liberales, ilustrados jovellanistas y absolutistas. Desde el primer momento los liberales, liderados por Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y el conde de Toreno, tomaron la iniciativa y pusieron las bases de toda la labor legislativa posterior.

La Constitución de 1812

La Constitución de 19 de marzo de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz, es la primera Constitución española. Fue el resultado del compromiso entre liberales y absolutistas, aunque quienes se impusieron en mayor medida fueron los liberales. Su contenido se distribuía en 384 artículos y eran destacables los que hacían referencia a:

El establecimiento del principio de soberanía nacional. La autoridad suprema residía en la nación española representada en las Cortes.
Estructura del nuevo Estado como monarquía limitada (no absolutista) con división de poderes: el legislativo –correspondiente al Rey junto con las Cortes-, el ejecutivo –al Rey, que presidía el gobierno- y el judicial –a los tribunales de justicia.
El poder ejecutivo lo ejercía el monarca, y entre sus competencias estaba la de ejecutar las leyes, nombrar a los ministros –que no podían ser diputados-, declarar la guerra, dirigir los ejércitos y firmar la paz.
Las Cortes serían unicamerales y estarían facultadas para elaborar leyes, decidir sobre la sucesión de la Corona, aprobar tratados internacionales así como los presupuestos del Estado e impuestos. Las Cortes deberían reunirse en fecha fija al menos tres meses consecutivos al año.
El Rey no podría impedir, suspender ni disolver las Cortes. Los diputados serían elegidos por dos años y habrían de disponer de rentas para poder presentarse a las elecciones.
Establecimiento del sufragio universal masculino e indirecto en fases sucesivas: parroquia, partido, provincia y Estado.
Colaboración de la Corona en las tareas legislativas, en virtud de la iniciativa legal y del veto suspensivo durante dos legislaturas de los proyectos aprobados por las Cortes.
El poder judicial correspondía a los tribunales de justicia.
Establecimiento de garantías procesales y un fuero único para todos los españoles, excepto para eclesiásticos y militares.
Garantía de los derechos fundamentales del individuo: igualdad ante la ley, inviolabilidad del domicilio, libertad de prensa, sufragio, educación elemental, garantías procesales y penales.
Imposición del catolicismo como religión oficial y única del Estado.

Importancia y trascendencia de la Constitución de Cádiz – conocida también como “La Pepa” por haberse promulgado el 19 de marzo:

Es el primer texto constitucional de la historia de España.
Se convirtió en bandera del liberalismo y como tal fue derogada y repuesta en varias ocasiones a lo largo del siglo XIX.
Sirvió de fuente de inspiración a las constituciones de Portugal, Piamonte (Italia) y muchas de Iberoamérica.

Los períodos de vigencia de la Constitución de Cádiz fueron:

De marzo de 1812 a marzo de 1814, momento en el que la derogó Fernando VII.
De enero de 1820 a noviembre de 1823, durante el Trienio Liberal.
De agosto de 1836 a junio de 1837, durante la minoría de edad de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina.

11.3. Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América Española.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Durante toda la guerra de Independencia Fernando VII permaneció preso en Valençay (Francia), hasta que el 11 de diciembre de 1813 Napoleón le devolvió al trono de España en virtud del Tratado de Valençay.

El regreso de Fernando VII planteó el problema de su integración en el nuevo sistema político definido en las Cortes de Cádiz. Las Cortes prepararon a Fernando VII un itinerario corto hacia Madrid, pero éste tomó otro camino para manifestar su rebeldía hacia las Cortes y tantear los apoyos con los que contaba, que comprobó suficientes para retornar al absolutismo.

Apoyaban a Fernando VII una parte importante del Ejército y 69 diputados absolutistas dirigidos por Rosales y Villamil, que firmaron el Manifiesto de los Persas, de 12 de abril de 1814, en el que se animaba a Fernando VII a ignorar la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y a restablecer el absolutismo y unas Cortes iguales a las del Antiguo Régimen.

Las vacilaciones de Fernando VII concluyeron con un golpe de Estado y la firma del Real Decreto de 4 de mayo de 1814, conocido como Decreto de Valencia, en el que declaró nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución y los decretos promulgados por las Cortes de Cádiz y reo de lesa majestad a quien tratase de restablecerlos. Sólo confirmó la abolición de los derechos jurisdiccionales en los señoríos. Fernando VII inició una campaña de represión de los liberales; muchos pasaron a la clandestinidad y formaron sociedades secretas conspirativas o recurrieron a los pronunciamientos para hacerse con el poder; otros se exiliaron en Francia o en Inglaterra, país que se convirtió en el modelo político a seguir.

El Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823)

Entre 1815 y 1820 los liberales protagonizaron varios pronunciamientos contra el gobierno de Fernando VII – Juan Díaz Porlier en La Coruña en 1815 y el general Luis Lacy en Cataluña en 1817- en los que el protagonismo de los militares compensaba la debilidad de la burguesía. Pero todos ellos fracasaron porque fueron duramente reprimidos.

Sí triunfó el pronunciamiento del comandante Rafael del Riego en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Generalizándose la insurrección posteriormente al resto de España. Riego reclamó la Constitución de 1812 y, el 9 de marzo de 1820, Fernando VII se vio obligado a jurar la misma.

Se iniciaba así el Trienio Liberal (1820-1823), durante el cual las nuevas Cortes pusieron en marcha un sistema de gestión compartida entre las Cortes y la monarquía. No obstante, durante el Trienio Liberal surgieron dos problemas: – Fernando VII utilizó el veto suspensivo para boicotear la labor legislativa de las Cortes.

Los liberales se escindieron en dos grupos:
- Los “moderados” o deceañistas. Eran partidarios de la participación de la Corona en las labores legislativas.
- Los “exaltados” o veinteañistas. Defendían que el Rey sólo debía tener el poder ejecutivo.

Los dos primeros años del Trienio Liberal estuvieron dominados por los moderados, que intentaron desarrollar la Constitución de 1812 para acabar definitivamente con el Antiguo Régimen, y tomaron las siguientes medidas:

Suprimieron los mayorazgos y se abolió el régimen señorial.
Se prohibió a la Iglesia la adquisición de bienes inmuebles y se redujo el diezmo.
Se definieron las bases de una desamortización de tierras eclesiásticas.
Se abolió la Inquisición y se limitaron las comunidades religiosas.
Se redactó un Código Penal, que se promulgó en julio de 1823, bajo el período exaltado del Trienio.

La oposición absolutista se reunió en el verano de 1822 en el grupo conocido como los realistas, que protagonizaron varios sucesos para restablecer el absolutismo:

La sublevación de la Guardia Real en julio de 1822, sofocada por la Milicia Nacional.
La organización de fuerzas guerrilleras en Navarra y Cataluña.
La creación de la Regencia de Urgel, con sede en La Seo de Urgel, que pretendió actuar como gobierno legítimo mientras durara la “cautividad” de Fernando VII por parte de los liberales. El ejército disolvió la Regencia de Urgel.

Ante tales hechos, Fernando VII dio un golpe de fuerza y nombró ministro al exaltado Evaristo San Miguel, comenzando el período exaltado del Trienio Liberal. Fernando VII buscó entonces la ayuda de las grandes potencias absolutistas europeas, forzando la intervención de la Santa Alianza. En abril de 1823 entraron en España los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés al mando del duque de Angulema. Los liberales ofrecieron escasa resistencia y marcharon con Fernando VII como “rehén” a Andalucía, pero en Cádiz fue liberado por el duque de Angulema el 1 de octubre de 1823. Ese mismo día Fernando VII restauró por segunda vez el absolutismo.

La Década Ominosa (1823-1833)

Entre 1823 y 1833 España retornó al absolutismo: fue la denominada Década Ominosa. Fernando VII por el Decreto de 1 de octubre de 1823 declaró nulos todos los actos del Trienio Liberal, excepto la abolición de la Inquisición, que fue sustituida por las Juntas de Fe.

Durante estos años se distinguen dos grupos políticos:

Liberales. Opositores naturales al régimen absolutista. Fueron perseguidos y muchos huyeron a Francia e Inglaterra.
Absolutistas, entre los que se distinguieron dos grupos:
- Reformistas. Eran absolutistas, pero partidarios de una política reformista para evitar una revolución y estaban dirigidos por López Ballesteros.
- Apostólicos. Eran absolutistas radicales y querían el restablecimiento del absolutismo pleno, incluida la Inquisición. Dirigidos por el infante don Carlos, al que querían hacer rey, se organizaron en Juntas Apostólicas financiadas por la Iglesia. Fueron los futuros carlistas. En 1826 protagonizaron la revuelta de los Malcontents.

El problema sucesorio. Para que pudiera reinar su hija Isabel, Fernando VII abolió la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres y firmó la Pragmática Sanción de 1789 que autorizaba la sucesión femenina. El infante don Carlos (hermano del monarca) consideró ilegal esta medida y no la aceptó, ya que le privaba del derecho a heredar la Corona. Es así como nació el carlismo para defender los derechos sucesorios de don Carlos.

Para que su hija Isabel pudiera reinar y se nombrara regente a su esposa María Cristina, al final de su reinado Fernando VII optó por un acercamiento a los liberales. Posteriormente, María Cristina preparó con Cea Bermúdez la transición hacia el liberalismo moderado y la creación de un partido político que apoyara a la infanta Isabel.

La emancipación de la América española

Las causas de la emancipación fueron principalmente dos:

La política de control económico y político llevada a cabo por los Borbones.
Las aspiraciones de los criollos (descendientes de españoles nacidos en América), que fueron desplazados de los cargos públicos más importantes por personal venido de la Península.

Los criollos constituían el grupo más poderoso, pese a que apenas superaba el 10% de la población, y rechazaban el trato discriminatorio, la fuerte presión fiscal y la pérdida de control sobre el comercio. El pensamiento ilustrado y la independencia de EE.UU. influyeron en sus ideas de emancipación. La masa campesina y minera (indios, mestizos y negros) estaba marginada. Durante la guerra de la Independencia española, en América también se formaron Juntas que, tras el traspaso en España de los poderes de la Junta Central al Consejo de Regencia, se declararon autónomas.

En 1810 se llegó a proclamar la independencia en algunas ciudades como Caracas o Buenos Aires, siendo Paraguay el país que en esta época consiguió su independencia.

El regreso de Fernando VII al trono, con una postura de total intransigencia frente a las aspiraciones de autonomía, y el envío a América de un ejército de más de 10.000 hombres reavivó las ansias de independencia.

Argentina. Logró su independencia en 1816.
Chile. José San Martín consiguió su liberación en la batalla de Chacabuco, a principios de 1817.
Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador lograron su independencia por medio de Simón Bolívar, cuyo ejército derrotó al español en Boyacá (Colombia) en 1819 y Carabobo (Venezuela) en 1821. Simón Bolívar manifestaba su idea de formar una Gran Colombia con el concurso de todas estas naciones.

A partir de 1820 tuvo lugar la crisis definitiva del poder español debido a la ausencia de refuerzos militares.

México. El movimiento acaudillado por Hidalgo tuvo un carácter social – fin de la esclavitud, reparto de tierras-, y fue rápidamente reprimido. El general Itúrbide publicó el Plan de Iguala, que garantizaba la independencia.
Perú y Bolivia conseguían la independencia tras la batalla de Ayacucho (Perú) en 1824.
Centroamérica se independizaba al mismo tiempo. España conservó en América Cuba y Puerto Rico.

Consecuencias de la emancipación de los países americanos:

Para España: pérdida de su mercado exterior más importante, pasando a ser una potencia de segundo orden.
Para América:
- Fragmentación en quince repúblicas, a veces enfrentadas entre sí, ya que fracasaron los proyectos unitarios.
- Aparición de la figura política del caudillo.
- Predominio político, económico y social de los criollos.
- Marginación de la mayoría de la población india, negra y mestiza, lo que provocó profundas convulsiones sociales.
- Entrada en la órbita comercial de Reino Unido y EE.UU., países que apoyaron diplomáticamente y con las armas a los independentistas.

La construcción y consolidación del Estado liberal

12.1. El Reinado de Isabel II. La oposición al liberalismo: Carlismo y Guerra civil.

La cuestión foral.

El reinado de Isabel II (1833-1868)

Desmantelamiento del Antiguo Régimen

Durante el reinado de Isabel II se produjo el desmantelamiento del Antiguo Régimen instalándose en España el estado liberal. Para ello, los liberales se enfrentaron a los sectores sociales más reaccionarios en las guerras civiles conocidas como carlistas. Los militares intervinieron activamente en la vida política, alcanzando gran peso político.

Conflicto dinástico: isabelinos frente a carlistas

El enfrentamiento comenzó como un problema dinástico. En España la Ley Sálica impedía a las mujeres heredar la Corona. Carlos IV había redactado una ley para derogarla, llamada Pragmática Sanción, pero no llegó a promulgarse, por lo que la Ley Sálica continuó vigente con Fernando VII. Cuando en 1830 su esposa María Cristina de Borbón se quedó embarazada, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción de 1789, derogando la Ley Sálica, asegurando el trono a su descendiente, aunque fuera niña. De esta forma, cuando nació Isabel fue proclamada heredera del trono, quedando Carlos María Isidro, hermano del rey, el segundo en el orden sucesorio. Carlos María Isidro no aceptó esta modificación legal y contó con el apoyo de los defensores del Antiguo Régimen, conocidos como carlistas. Para hacerles frente Fernando VII se apoyó en los monárquicos más moderados, nombrando Jefe de Gobierno a Cea Bermúdez y desterró a su hermano a Portugal.

En 1832, Fernando VII enfermó y María Cristina asumió la regencia. Mantuvo su apoyo a los moderados, que pasaron a conocerse como cristinos o isabelinos.

Cea Bermúdez, que defendió los derechos sucesorios de Isabel II, depuró el ejército de militares carlistas y disolvió los Voluntarios Realistas.

Al morir Fernando VII en 1833 Carlos María Isidro publicó dos manifiestos desde Abrantes (Portugal) reclamando el trono de España con el nombre de Carlos V. Comenzaba así la primera guerra carlista.

La oposición al liberalismo: carlismo y guerra civil

Lo que empezó como un pleito dinástico se convirtió en una guerra civil que enfrentó a liberales y absolutistas.

Aunque el carlismo surgió a finales del reinado de Fernando VII, su origen se encuentra en las posiciones de defensa del Antiguo Régimen mantenidas por los diputados serviles de las Cortes de Cádiz, los rebeldes de la Regencia de Urgel durante el Trienio Liberal, o los Voluntarios Realistas de la Década Ominosa.

El carlismo era un movimiento tradicionalista que defendía:

Monarquía absoluta de origen divino y legitimista. Sólo los varones podían reinar.
Sociedad estamental. Mantenimiento de los privilegios estamentales.
Religión. Gran influencia de la iglesia.
Mantenimiento de los fueros y privilegios tradicionales.

El carlismo tuvo una gran implantación en las áreas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. Contaba con el apoyo de la baja nobleza rural, el bajo clero, los mandos intermedios del ejército y gran parte del campesinado. Por el contrario, la alta nobleza, la jerarquía eclesiástica, los altos mandos militares, las clases urbanas –incluidas las de ciudades de regiones carlistas como Bilbao y San Sebastián- y los intelectuales apoyaban a Isabel II.

Al morir Fernando VII se formaron las primeras partidas de guerrilleros y comenzó la primera guerra carlista (1833-1839), que tuvo tres etapas:

Primera etapa: 1833-1835. Las partidas carlistas se hacen con el control del País Vasco, Navarra y Cataluña, excepto las ciudades. El general carlista Zumalacárregui consigue formar un ejército regular aglutinando las partidas dispersas. Aunque se aseguró el control de las áreas rurales, fracasó en el sitio de Bilbao, en el que murió.
Segunda etapa: 1835-1837. Los carlistas emprenden varias expediciones militares desde el norte, que fracasaron. La expedición del propio Carlos María Isidro, pretendiente al trono, llegó hasta Madrid en 1837. El general Espartero, partidario de Isabel II, adquirió gran prestigio tras liberar a Bilbao de su segundo sitio por parte de los carlistas.
Tercera etapa: 1837-1839. La imposibilidad de vencer provocó la división de los carlistas en transaccionistas –partidarios de negociar la paz- y exaltados –no partidarios de la negociación.

Tras la victoria de Luchana, el general Espartero y el general carlista Maroto –líder de los Transaccionistas– firmaron la paz mediante el Convenio de Vergara (1839). Los carlistas cesaron en la lucha y se reintegraron a la vida civil. Espartero se comprometió a solicitar a la gente la incorporación al ejército nacional de los carlistas que lo deseasen, manteniendo su graduación militar y su retribución.

Los exaltados no aceptaron negociar la paz y continuaron la lucha en el Maestrazgo bajo el mando del general Cabrera hasta la conquista de Morella (Castellón) por los liberales en 1840.

La cuestión foral

Carlistas: a sus reivindicaciones iniciales los carlistas añadieron la defensa del mantenimiento de los fueros en el País Vasco y Navarra, así como su recuperación en Cataluña, Aragón y Valencia (perdidos en el siglo XVIII tras los Decretos de Nueva Planta). Los fueros otorgaban privilegios, como exenciones fiscales y militares, así como el mantenimiento de algunas instituciones y leyes propias. La defensa de la cuestión foral dio un gran apoyo popular al carlismo en dichas regiones.

Liberales: eran contrarios a los fueros porque su pervivencia impedía la existencia de un Estado centralista en el que todos se rigieran por las mismas leyes. Sin embargo, tras la primera guerra carlista, los cristinos se comprometieron a mantener sus aspectos esenciales –privilegios fiscales y mantenimiento de instituciones forales como las Juntas Generales provinciales- con el fin de atraerse a los carlistas moderados.

En 1876, tras el fin de la tercera guerra carlista, las Cortes abolieron los fueros de las provincias vascas aunque, en contrapartida, en 1878 se aprobaron conciertos económicos para el País Vasco y Navarra.

12.2. Isabel II (1833-1843): Las Regencias

Isabel II: La regencia de María Cristina (1833-1840). Isabel II: La regencia de Baldomero Esp

artero (1840-1843)
La regencia de María Cristina (1833-1840)
La regencia de María Cristina estuvo condicionada por la primera guerra carlista (1833- 1839). Su primera decisión fue confirmar a Cea Bermúdez como Jefe de gobierno. Proclamó una amnistía para los liberales más progresistas perseguidos por Fernando VII con el fin de ganarse su apoyo. Pese a la suspicacia que les generaba la regente, los liberales progresistas vieron en el apoyo a María Cristina la mejor vía para acabar con el Antiguo Régimen.
Cea Bermúdez emprendió algunas reformas para implantar un liberalismo de tipo moderado, una de las cuales fue la división del territorio español en provincias realizara por Javier de Burgos en 1833. Cea Bermúdez fue criticado por los liberales progresistas por su moderación. Para asegurarse el apoyo de los liberales progresistas María Cristina nombré Jefe de gobierno a Martínez de la Rosa, liberal doceañista (liberales moderados favorables al mantenimiento de la Constituciónde 1812), pero que se había vuelto más moderado. Bajo su gobierno se promulgó el Estatuto Real (1834), que era una carta otorgada de carácter muy
conservador. Del Estatuto Real cabe destacar:
– Cortes bicamerales. Los miembros del Estamento de los Próceres eran designados por la Corona. Los representantes del Estamento de Procuradores eran elegidos mediante sufragio.
– Las Cortes carecían de la facultad de redactar leyes, sólo podían solicitar su redacción al ejecutivo ejerciendo el derecho de petición.
– No reconocía derechos individuales.
Los liberales progresistas se movilizaron contra el Estatuto Real y, por temor a quedarse sin su apoyo, María Cristina nombró Jefe de gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Éste consideraba que la única forma de ganar la guerra carlista era profundizar en las reformas liberales, por lo que impulsó la Ley de Desamortización ecliesiástica y la reforma del ejército.
Como consecuencia, iglesia y ejército atacaron a Mendizábal, por lo que María Cristina lo sustituyó por el moderado Francisco Javier de Istúriz. Los progresistas se movilizaron en apoyo de Mendizábal y protagonizaron un pronunciamiento militar: el Motín de la Granja de San Indefonso (agosto de 1836).
María Cristina nombró Jefe de gobierno al progresista José María Calatrava y restauró la Constitución de 1812 mientras se redactaba una nueva.

El gobierno de Calatrava, con Mendizábal como ministro de Hacienda, llevó a cabo reformas legales para asentar el liberalismo en España:
– Desamortización eclesiástica de Mendizábal. Se pusieron en venta los bienes pertenecientes a conventos con pocos religiosos. Su objetivo era conseguir recursos económicos para financiar la primera guerra carlista y aumentar el número de propietarios que apoyasen al estado liberal frente a los carlistas.
– Se suprimieron el sistema señorial, los mayorazgos y el diezmo.
– Se estableció la elección democrática de los alcaldes y concejales.
– Se promulgó la Constitución de 1837, de carácter moderado por su redacción consensuada entre moderados y progresistas. La Corona renunció definitivamente al absolutismo y, a cambio, se le reconocieron facultades más amplias que en la Constitución de 1812. Del contenido de la Constitución de 1837 destaca:
– Soberanía nacional
– Derechos individuales. Se reconocieron la libertad de expresión e imprenta, el derecho de propiedad e igualdad jurídica.
– Facultades de la Corona. Capacidad legislativa, derecho a convocar y disolver el Parlamento y derecho a vetar las leyes aprobadas.
– El poder ejecutivo recae en la Corona, pero no lo ejerce directamente, sino que lo delega en el Presidente del Consejo de Ministros que nombre.
– El poder legislativo recae en el Parlamento, dividido en Congreso, elegido mediante sufragio, y Senado, cuyos miembros designa el rey entre una terna de aspirantes, elegidos por los votantes.
Satisfechos los progresistas con la aprobación de la Constitución de 1837, María Cristina cesó a Calatrava y llamó al poder a los moderados, con los que se sentía más cómoda.
Entre 1937 y 1840 se sucedieron varios gobiernos moderados.
La situación política se deterioró en 1840 cuando los moderados trataron de aprobar una nueva Ley de Ayuntamientos que suprimía la elección democrática de sus miembros, lo que provocó altercados progresistas en Madrid y Barcelona. María Cristina cedió la regencia al líder de los progresistas, el general Baldomero Espartero, y, desde este momento y durante gran parte del siglo XIX, los militares asumieron el liderazgo de los partidos políticos y de varios gobiernos.
La regencia de Baldomero Espartero (1840-1843)
Espartero practicó una política progresista con nuevas medidas desamortizadoras, lo que le enfrentó a los liberales conservadores. Disolvió el Parlamento, que se oponía a su política y, tras el bombardeo de Barcelona en 1842 para reprimer una revuelta popular que protestaba por las medidas librecambistas, su forma de gobierno autoritaria lo alejó de los progresistas. Sin apenas apoyos, Espartero se exilió en 1843, tras el triunfo del pronunciamiento del general Narváez, líder de los moderados.
Con la marcha de Espartero, la regencia quedaba vacante. Moderados y progresistas se pusieron de acuerdo en adelantar la mayoría de edad de Isabel II, que tenía 13 años. Sin embargo, fracasaron en su intento de gobernar conjuntamente, ya que la reina se rodeó de una camarilla compuesta por militares y políticos moderados que le aconsejaron que renunciase a los progresistas y nombrase a Narváez como Presidente del Consejo de Ministros (1844).

12.3. Isabel II (1843-1868): El reinado efectivo.
Características generales del reinado efectivo de Isabel II (1843-1868). La década moderada (1844-1854). El bienio progresista (1854-1856). La vuelta al moderantismo (1856-1868).
Características generales del reinado efectivo de Isabel II (1843-1868)
Los 25 años de reinado efectivo de Isabel II (1843-1868) estuvieron marcados por la alternancia en el poder los partidos liberales burgueses, llamados dinásticos. Eran, más que partidos de masas, agrupaciones de notables, encabezadas por milotares.
– Partido Moderado: liderado por Narváez. Defendía la soberanía compartida, un sufragio muy restringido, la confesionalidad del Estado y la limitación de los derechos individuales.
– Partido Progresista: liderado por Espartero. Era defensor de la soberanía nacional, un sufragio menos restrictivo, libertad religiosa y derechos individuales más amplios. Debido a las preferencias de Isabel II por los moderados hubo predominio de gobiernos moderados durante todo su reinado. Los progresistas sólo pudieron acceder al poder mediante revueltas.
A lo largo del siglo surgieron otros partidos, de entre los que cabe destacar la Unión Liberal, ideológicamente situada entre moderados y progresistas, y el Partido Demócrata, escindido del Progresista.

La Década Moderada (1844-1854)
Desde el nombramiento de Narváez como Presidente, los moderados gobernaron ininterrumpidamente desde 1844 hasta 1854. Narváez presidió la mayoría de estos gobiernos e inspiró su legislación. Durante su mandato se elaboró la Constitución de 1845, que suprimió los aspectos progresistas de la anterior.
Sus principales características eran:
– La soberanía no es nacional, sino compartida entre la Corona y las Cortes.
– Confesionalidad del Estado.
– Reconocimiento de un amplio número de derechos individuales, pero la Constitución permitía regular la limitación de su ejercicio mediante leyes ordinarias posteriores.
– Facultades de la Corona: convocatoria y disolución del Parlamento, así como derecho a vetar las leyes.
– Poder Legislativo: Parlamento bicameral, compuesto por el Congreso, elegido por sufragio muy restrictivo y el Senado, cuyos miembros elige de por vida la Corona. Esta Década Moderada se caracterizó por la elaboración de multitud de leyes para establecer un sistema político liberal de carácter conservador y garantizar el orden público. Sus principales medidas legislativas fueron:
– Limitación de los derechos individuales. La Ley Electoral limitó el derecho de voto al uno por ciento de la población. La Ley de Imprenta, además de incorporar una amplia censura, exigía a los editores hacer un depósito económico, previo a la publicación, para hacer frente a posibles delitos. – Salvaguarda del orden público. En 1844 se creó la Guardia Civil para garantizar el orden público y la seguridad de la propiedad en el medio rural.
– Mantenimiento de la influencia de la iglesia. Las relaciones entre la iglesia y el Estado se habían deteriorado a causa de las desamortizaciones, pero la reconciliación llegó con la firma del Concordato de 1851, por el que la Santa Sede reconocía el régimen liberal español. A cambio, el Estado aseguraba el sostenimiento económico de la iglesia y su influencia social – control de la enseñanza, censura de las obras que atentaran contra la moral o la religión, y garantías de que no se establecería la libertad religiosa-.
El Partido Moderado también llevó a cabo una profunda labor de centralización y unificación del sistema legal español. Las principales actuaciones fueron:
– Control gubernativo sobre la Administración provincial y local. La Corona nombraba al gobernador provincial, quien dirigía la capital provincial y elegía a los alcaldes de las poblaciones de más de dos mil vecinos. Así se eliminó la democracia provincial y municipal, lo que permitió al gobierno controlar el proceso electoral.
– Reforma de la Hacienda. Se creó un sistema único de impuestos. Las contribuciones directas gravaban las fincas rústicas cultivadas y las actividades industriales y comerciales. Las indirectas, conocidas como consumos, gravaban productos de primera necesidad como el aceite o el jabón.
– Unificación jurídica. Se aprobó el Código Civil y el Código Penal, que unificaban la legislación en todo el país en ambas materias.
Estas medidas centralizadoras, que atentaban contra los privilegios forales, así como el fracaso en las negociaciones para casar a Carlos VI con Isabel II, dieron lugar a la segunda guerra carlista (1849-1860). No fue un conflicto armado convencional entre dos ejércitos, sino la insurrección de partidas guerrilleras, especialmente activas en Cataluña. El ejército isabelino obtuvo la victoria, pero a pesar de ello algunas medidas centralizadoras no se aplicaron en los territorios forales.
Con los años, el modelo político moderado dio síntomas de agotamiento. Así, en 1849, los miembros más radicales del Partido Progresista se escindieron formando el Partido Demócrata, que defendía el sufragio universal. Al mismo tiempo se organizó también el Partido Republicano, de ideología federalista y socialista. El autoritarismo del Presidente de gobierno Bravo Murillo, la mala situación económica y el enriquecimiento de la camarilla política que rodeaba a la reina, encabezada por el Conde de San Luis, provocaron un enorme malestar que supuso el fin de la Década Moderada.

El Bienio Progresista (1854-1856)
Durante la Década Moderada (1844-1854), la manipulación electoral impedía gobernar a los progresistas, que vieron en la insurrección la única manera de hacerse cn el poder. Sin embargo, fueron algunos moderados enfrentados a la camarilla de Isabel II quienes en julio de 1854 se sublevaron. El general O´Donnell dio un golpe militar con las tropas acuarteladas en Vicálvaro (Vicalvarada), seguido por el general Serrano, firmando ambos el Manifiesto de Manzanares, cuyo texto fue redactado por el moderado Cánovas del Castillo. Sus promesas de reforma política les proporcionaron el apoyo de los progresistas y los demócratas. La sublevación triunfó, e Isabel II se deshizo de su camarilla y nombró Jefe de gobierno a Espartero, quien designó a O´Donnell como ministro de la Guerra.
Durante el Bienio Progresista se llevaron a cabo reformas legales, sobre todo económicas, como: la desamortización civil de Madoz, la aprobación de la Ley de Ferrocariles y la creación del Banco de España. Se redactó una Constitución, pero el Parlamento no tuvo tiempo de aprobarla antes del fin del Bienio, fue la Constitución non nata de 1856. En 1856 la situación era muy difícil para el Gobierno de Espartero por:
– Conflictividad social por el alza de precios y el nacimiento del movimiento obrero.
– Hostilidad política. El Gobierno se vio acosado por el Partido Demócrata al no cumplir la promesa del sufragio universal. Además, la Corona mostró abiertamente su deseo de prescindir de los progresistas y llamar al poder a O´Donnell.
– Diferencias internas en la coalición gobernante. Se ahondaron las diferencias entre Espartero y O´Donnell, quien fundó la Unión Liberal. Ideológicamente se situaba entre los dos partidos dinásticos tradicionales, captando muchos miembros del Partido Moderado. En 1856 la reina nombró a O´Donnell Jefe de gobierno, quien prescindió de los progresistas. Fue el fin del Bienio Progresista.
La vuelta al moderantismo (1856-1868)
O´Donnell encabezó el Gobierno Largo (1856-1863), que se caracterizó por la estabilidad social y el crecimiento económico. Para aumentar la cohesión social y el prestigio internacional se entabló una guerra con Marruecos –en la que destacó el general Prim, progresista- y se enviaron expediciones militares a Méjico y Cochinchina (actual Vietnam).
Entre 1863 y 1868 se sucedieron gobiernos moderados y unionistas, pero ni Narváez ni O´Donnell fueron capaces de solucionar los problemas de España:
– Crisis política. Descrédito de la Corona: su conservadurismo sólo contaba con moderados y unionistas e impedía gobernar a progresistas y demócratas.- Crisis económica. Comenzó como una crisis bursátil tras la quiebra de varias compañías ferroviarias y se agudizó con una crisis agraria que provocó un alza de los precios de los alimentos y los artículos básicos.
– Crisis social. Se incrementaron las protestas urbanas por la carestía económica y la penetración de las ideas del Partido Demócrata –sufragio universal y extensión de los derechos individuales- y del movimiento obrero entre las masas. La situación política se deterioró. Ante la imposibilidad de gobernar por medios legales,
los progresistas intentan acceder al poder mediante el pronunciamiento encabezado por el general Prim, que fracasó. En el exilio, Prim firmó con los demócratas el Pacto de Ostende (1866) con el objeto de destronar a Isabel II. A la muerte de O´Donnell, en 1867, el general Serrano, su sucesor al frente de la Unión Liberal, se adhirió al Pacto. En septiembre de 1868 un grupo de generales desembarcó en Cádiz pronunciándose contra el régimen, comenzaba la revolución.

12.4. El sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores. La revolución. El reinado de Amadeo I. La Primera República.
El sexenio democrático (1868-1874): Intentos democratizadores En 1868, Isabel II se vio privada de apoyos a su política por los siguientes motivos:
– La exclusión del poder de los progresistas y la muerte de Narváez y O´Donnell
– La crisis económica y los continuos escándalos financieros de su camarilla Todo ello motivó varias protestas de ideología progresistas, como la revuelta de la Noche de San Daniel (1865) y la Sublevación de los Sargentos del Cuartel de San Gil (1866).
En 1867 murió O´Donnell y fue sustituido al frente de la Unión Liberal por el general Serrano, quien se adhirió al Pacto de Ostende en contra de Isabel II.

La revolución
La Revolución Gloriosa comenzó en septiembre de 1868 con el pronunciamiento de la flota al mando del almirante Topete en Cádiz, secundado por Prim y Serrano, para derrocar a Isabel II. En el manifiesto conocido como “España con honra” se animaba a las masas a que se organizasen en juntas locales contra el Gobierno. De esta forma, el pronunciamiento militar se convirtió en una revolución de carácter popular. Isabel II se exilió en Francia tras la derrota realista en Alcolea. Comenzaba entonces el Sexenio Democrático (1868-1874).
Tras la huida de Isabel II se constituyó un Gobierno provisional de coalición formado por progresistas, unionistas y demócratas, presidido por Serrano. Su primera medida fue disolver las juntas locales para controlar la revolución, lo que fue criticado por el Partido Demócrata. A cambio, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino, que ganó la coalición gobernante. Los republicanos –escindidos de los demócratas- obtuvieron un número considerable de representantes. Las Cortes elaboraron la Constitución de 1869, primera en la historia de España que estableció un régimen totalmente
democrático: – Soberanía nacional. La soberanía reside en la nación y no en el rey. – Aconfesionalidad del Estado. Se reconoció la libertad de culto. – Amplio reconocimiento de derechos individuales: sufragio universal masculino, derecho de libre asociación y reunión y libertad de enseñanza. – Monarquía parlamentaria. Se limitaron las facultades de la Corona, aunque por su poder moderador se mantuvo la prerrogativa de convocar y disolver las Cortes y el derecho de vetar las leyes. – El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales.
El reinado de Amadeo I
Tras la aprobación de la Constitución, Serrano fue nombrado regente hasta que el Gobierno de Prim encontrase un rey, bajo las condiciones siguientes: no ser Borbón, tener voluntad democrática y ser aceptado por las potencias europeas. Tras más de un año de negociaciones internacionales y con los partidos, Prim y los progresistas lograron que las Cortes votaran a Amadeo de Saboya –perteneciente a la monarquía italiana-. Mientras, el Gobierno tuvo que hacer frente en el interior a la agitación social y en el exterior a un levantamiento armado independentista en Cuba. Pocos días antes de que el rey jurase la Constitución como Amadeo I (enero 1871), Prim, su principal valedor, fue asesinado- Durante sus dos años de reinado acató fielmente la
Constitucióm y asumió su papel como moderador entre los partidos. Sin embargo, el reinado de Amadeo I fracasó por:
– Falta de apoyos políticos. Los progresistas tenían que haber sido su principal apoyo, pero el partido se dividió a la muerte de Prim entre los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla.
– Oposición política. Contó con el rechazo de alfonsinos, carlistas y republicanos. Los alfonsinos, liderados por Cánovas del Castillo, querían la restauración de los Borbones en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II.
– Enfrentamientos armados. A la guerra por la independencia de Cuba se sumaron los partidos carlistas a favor de Carlos VII, que controlaron amplias regiones rurales en el País Vasco, Cataluña y Valencia.
– Frialdad de las clases dirigentes y populares. Debido a su condición de extranjero. Su acatamiento de la Constitución –que reconocía la libertad de cultos y la aconfesionalidad del Estado- lo enfrentó a la Iglesia.
– El movimiento obrero. Alcanzó gran vitalidad gracias a la libertad de asociación y al envío de líderes obreros por parte de la AIT. Ante la falta de apoyos, Amadeo I abdicó y abandonó España en febrero de 1873.

La Primera República
La proclamación de la Primera República fue una solución de urgencia votada en las Cortes ante el vacío político dejado por la abdicación de Amadeo I. En las Cortes votaron a favor de la República los republicanos y los radicales de Ruiz Zorrilla. Ambos eran grupos minoritarios y sin experiencia de gobierno, teniendo que hacer frente a otras graves dificultades:
– División de los republicanos en federalistas (partidarios de la república federal) y unitarios (partidarios de la república centralizada).
– Oposición política. La República fue rechazada por los carlistas, los alfonsistas de Cánovas del Castillo –que atrajo a conservadores y moderados- y los progresistas constitucionalistas. También los progresistas radicales se fueron alejando de los republicanos. – Enfrentamientos armados: tercera guerra carlista, guerra de independencia cubana y movimiento federalista cantonal.
– Desmesuradas expectativas de las clases populares. Pretendían llevar a cabo una revolución social centrada en el reparto de tierras a campesinos, mejoras salariales y abolición de quintas y consumos.
– Falta de apoyo internacional. La Primera República sólo fue reconocida por Estados Unidos y Suiza.
Durante el tiempo que duró la Primera República (apenas un año) se sucedieron cuatro gobiernos presididos por:
– Estanislao Figueras. Convocó elecciones a Cortes Constituyentes. La abstención de la oposición (alfonsinos, carlistas y unitarios) dio la mayoría a los federales.
– Francisco Pi y Margall. Durante su gobierno se redactó la Constitución de 1873, que proponía una república federal pero no llegó a entrar en vigor. La Constitución dividió a los republicanos federales en benévolos –partidarios de convertir España en una federación- e intransigentes –que protagonizaron el movimiento insurreccional cantonal-. Incapaz de controlar a sus propios seguidores, Pi y Margall dimitió.
– Nicolás Salmerón. La insurrección cantonal se extendió por Levante y Andalucía alentada por republicanos federales y anarquistas, que incorporaron reivindicaciones sociales. Pese a su ideología federal, el Gobierno tuvo que enviar al Ejército, que sofocó la insurrección – excepto en Cartagena-. Salmerón dimitió para no firmar las penas de muerte a los líderes cantonalistas, facilitando la llegada al Gobierno de los republicanos unitarios.
– Emilio Castelar. Trató de dar un giro conservador a la República para tranquilizar a la burguesía: suspendió las Cortes, de mayoría federal, y reforzó el Ejército para acabar con las guerras carlista y cubana y tomar Cartagena. Fue acusado de autoritarismo y cesado como presidente. Durante la sesión parlamentaria en que se elegía a su sucesor, el general Pavía entró en las Cortes y las disolvió (enero 1874).
El golpe de Estado mantuvo la República. Se nombró un gobierno militar autoritario presidido por el general Serrano, cuyo principal logro fue tomar Cartagena. Las conspiraciones monárquicas, lideradas por Cánovas del Castillo, fueron tomando fuerza, culminando con la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII (diciembre 1874).

12.5. El reinado de Alfonso XII. El sistema canovista. La Constitución de 1876.
El reinado de Alfonso XII
En 1874 el general Manuel Pavía dio un golpe de Estado contra el gobierno de la I República. Debido a la crisis económica y a la inestabilidad política –Tercera Guerra Carlista y Guerra de Cuba- el nuevo régimen militar, presidido por el general Francisco Serrano, no se consolidó. De forma simultánea, Antonio Cánovas del Castillo conseguía la adhesión de las élites, la clase media y el ejército hacia su propuesta de restauración de la monarquía borbónica en el hijo de Isabel II, el futuro Alfonso XII.
El 1 de diciembre de 1874, el futuro Alfonso XII firmaba el Manifiesto de Sandhurst escrito por Antonio Cánovas del Castillo, en el que se defendía el régimen político que se pretendía restaurar:
– Monarquía liberal que incorporara los derechos individuales básicos: libertad, propiedad e igualdad jurídica.
– España unida (centralizada)
– España tradicional (católica)
En el Manifiesto de Sandhurst Cánovas del Castillo proponía la restauración borbónica de manera pacífica, sin intervención militar. Pero el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto el 29 de diciembre de 1874 y proclamó al príncipe Alfonso de Borbón rey de España. El gobierno del general Francisco Serrano no opuso resistencia.
Las medidas iniciales de Cánovas del Castillo denotaban el carácter conservador del nuevo régimen: aplicación del Concordato, así como la supresión de la libertad de expresión y de cátedra. El objetivo de Cánovas del Castillo era conseguir la estabilidad política. Para ello se propuso:
– La pacificación de España. Puso fin a la Tercera Guerra Carlista (1876) y suprimió los fueros vasco-navarros.
–

El fin de la Guerra colonial en Cuba con la derrota de los insurgentes cubanos. En 1878 se firmó el Convenio de Zanjón por el que el gobierno se comprometía a abolir, de manera escalonada, la esclavitud y a otorgar una amplia autonomía a Cuba.
– La integración política mediante la incorporación de liberales y demócratas del Sexenio a través del Partido Liberal-Fusionista de Práxedes Mateo Sagasta, quien aceptó la restauración borbónica.
– El alejamiento del ejército de la vida pública, limitando su actuación a las funciones profesionales de defensa e integridad territorial.
– La elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico-político: la Constitución de 1876.

El sistema canovista
El creador del régimen de la Restauración fue Cánovas del Castillo, político conservador admirador del modelo inglés de alternancia pacífica entre grandes partidos. Después de promulgada la Constitución de 1876, pacificada España e integrados los liberales en el nuevo régimen, Cánovas del Castillo ideó el turno de partidos como vía pacífica para acceder al poder haciendo innecesario el pronunciamiento militar. Los dos grandes partidos que debían alternarse en el gobierno eran:
– Partido Conservador de Cánovas del Castillo, que contaba con el apoyo de la clase alta
–oligarquía agraria, alto clero-.
– Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, contaba con el apoyo de la clase media. El instrumento para hacer efectivo el turno de partidos era el falseamiento del proceso electoral, basado en el reparto previo de las circunscripciones (encasillado), el fraude electoral y el caciquismo.
La Restauración era un sistema político oligárquico en el que los resultados electorales no obedecían a la voluntad popular sino a los intereses de los políticos del momento – Cánovas del Castillo en 1878 y Mateo Sagasta en 1881.
La Constitución de 1876
El modelo político de Cánovas del Castillo se concretó en la Constitución de 1876. Era una Constitución de carácter integrador, sin propuestas excluyentes para alguna parte de la sociedad. Ello explica que la Constitución de 1876 haya sido la más duradera de la historia de España. Estuvo vigente hasta 1923.
Del contenido de la Constitución de 1876 destaca:
– Declaración de derechos individuales: propiedad, libertad de expresión y una fórmula de consenso en la cuestión religiosa: reconocía la confesionalidad católica del Estado, pero permitía el culto privado de las demás religiones.
– Reforzamiento del poder del monarca a través de la soberanía compartida rey-Cortes; poder para convocar y disolver las Cortes, así como sancionar las leyes y Jefatura del ejército cuya finalidad era evitar pronunciamientos militares y la intromisión del ejército en asuntos políticos.
– Bicameralismo: Congreso, elegido por sufragio y Senado, compuesto por miembros no electivos –senadores por derecho propio de tipo vitalicio o nombrados por el rey- y electivos
–miembros de las corporaciones del estado o dueños de grandes fortunas.
– Centralismo: Se acentuó la centralización al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos y diputaciones y al ser suprimidos los fueros vascos.
Conflictos como la ley electoral, de asociación o de imprenta no se incluyeron en la Constitución sino que se desarrollaron posteriormente mediante leyes orgánicas, respondiendo a la inclinación ideológica de los gobiernos.

12.7. Guerra colonial y crisis de 1898
Las guerras coloniales
Los gobiernos de la Restauración intentaron mantener intacto el imperio de ultramar.
Sin embargo, a finales del siglo XIX, las Guerras de Ultramar supusieron la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
La opinión pública se encontraba dividida acerca de las guerras coloniales. Los partidos dinásticos las apoyaban, mientras que los anarquistas, nacionalistas y socialistas las rechazaban.
El apoyo popular fue disminuyendo por el alto coste humano y el sistema militar español de la redención de quintas que permitía a los ricos evitar el servicio de armas.
– La guerra de Cuba. La primera guerra de Cuba (1868-1878) terminó con el Convenio de Zanjón.
El retraso en aplicar las medidas de este convenio provocó un nuevo levantamiento en 1895, dirigido por José Martí, quien contó con el apoyo masivo de la población negra y mulata.
El gobierno español envió 200.000 soldados al mando del general Valeriano Weyler y empleó una durísima represión: las reconcentraciones. El triunfo final de los rebeldes en 1898 se debió a la intervención militar del ejército de Estados Unidos, que destruyó la armada española, con la excusa del suspuesto hundimiento del acorazado estadounidense Maine, por parte de España.
– La guerra de Filipinas. En 1896 se produjo la insurrección de Filipinas. La respuesta española fue la represión – fusilamiento del líder independentista José Rizal-. Al igual que en Cuba, los insurrectos consiguieron la independencia con ayuda de Estados Unidos, tras la derrota española en Cavite.
La Paz de París. España firmó la Paz de París en 1898. Por ella España reconocía la independencia de Cuba así como el protectorado estadounidense sobre Puerto Rico y Filipinas, a la vez que entregaba Hawai a Estados Unidos. El acuerdo sobre Filipinas fue rechazado por los filipinos, quienes comenzaron una nueva insurrección contra Estados Unidos. Un año más tarde, en 1899, España vendía a Alemania las islas Carolinas y Marianas.
Causas de la pérdida del imperio español de ultramar:
– Tardía adopción de medidas autonomistas, rechazadas por la oligarquía colonial.
– Falta de apoyos internacionales, resultado de una política exterior aislacionista que había dejado a España fuera del sistema europeo de alianzas.
– Intervención militar de Estados Unidos en apoyo de los independentistas.

12.7. II. Guerra Colonial y Crisis de 1898
LA GUERRA DE CUBA ( 1895-1898 )
La guerra de Cuba ocupa el centro de la acción del Gobierno conservador de Cánovas hasta la muerte del político a manos del anarquista italiano Angiolillo (agosto de 1897). En el momento de la nueva insurrección cubana, España se encuentra aislada del conjunto de las alianzas políticas diseñadas por el canciller alemán Bismarck. Debido a esta falta de apoyos internacionales, el régimen alfonsino apenas puede mantener el enfrentamiento, primero indirecto y más tarde directo, con Estados Unidos, que se presenta como una nueva potencia emergente.
MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA
La segunda guerra de independencia cubana tiene como inspirador a José Martí, nacido en la Habana de padres españoles. La base social del movimiento está compuesta por el campesinado, la burguesía criolla, que comercia mayoritariamente con Estados Unidos ( 94% del azúcar), y las clases populares. El Partido de la Revolución Cubana, fundado por Martí en 1892, impulsa el movimiento independentista que estalla en 1895 con el “Grito de Baire”. Con una táctica de guerrillas que les concede el dominio en el campo, los insurgentes
avanzan hacia las ciudades industriales; mientras Martínez Campos intenta establecer un “cordón sanitario” en el centro de la Isla para impedir los abastecimientos enviados desde Estados Unidos.
Muy pronto, la guerra obliga al Estado español a realizar un gran esfuerzo de leva entre los ciudadanos procedentes de las clases trabajadoras, que no pueden eludir el servicio militar mediante un sustituto o merced al pago de 2000 pesetas a Hacienda. Martinez Campos es sustituido por Valeriano Weyler, que concentra a la población rural en zonas controladas por el ejército, pero la aglomeración de efectivos militares y las malas condiciones de vida de la población producen un gran número de muertos por epidemias.
Tras el asesinato de Cánovas en 1897, vuelve a presidir el Ejecutivo el liberal Sagasta, partidario de un entendimiento con Estados Unidos, y Weyler es sustituido por el general Blanco. La adopción de medidas de autonomía política y de amnistía pretende reorientar el conflicto; sin embargo, el suceso conocido como la “voladura del Maine” cambia radicalmente la situación.
”.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONFLICTO
Estados Unidos, que tiene grandes intereses económicos (en torno a 54 millones de dólares de inversión) y estratégicos en la zona y una tradicional aspiración a la ocupación de la isla caribeña, interviene en el conflicto cubano desde 1897, bajo la presidencia de MacKinley, que se dirige a España con una oferta de compra de la isla por trescientos millones de dólares y lanza un ultimátum si no le es vendida de inmediato. La posición
estadounidense es apoyada por una prensa belicista, que tiene como máximo representante a William Hearst, quien desde las páginas del New York American, desempeña un papel extraordinariamente hostil contra la dominación española.
La voladura y el hundimiento del acorazado norteamericano Maine en circunstancias no aclaradas (febrero 1898) es aprovechado por la prensa estadounidense para avivar el enfrentamiento que se hace inevitable. El incidente, en el que mueren 254 marinos y dos oficiales, tiene como consecuencia inmediata la declaración de guerra a España por parte del Congreso de Estados Unidos el 25 de abril de 1898.La guerra hispano estadounidense, que se extiende a Filipinas, llega a su fin de forma fulminante a causa del desequilibrio de las fuerzas enfrentadas. Las batallas de Cavite, en Filipinas, donde se impone el almirante Dewey, y la de Santiago de Cuba, donde la flota española al mando del almirante Cervera es destrozada por la escuadra estadounidense, deciden la capitulación de las fuerzas españolas. El 17 de julio de 1898 se rinde Santiago;
Puerto Rico lo hace en la última semana de ese mismo mes y Manila el 14 de agosto de 1898.
LA FIRMA DEL TRATADO DE PARÍS
La guerra termina con la firma del Tratado de París en diciembre de 1898. España reconoce la independencia de Cuba, cede a Estados Unidos las islas de Puerto Rico, Filipinas y UAM a cambio de una contraprestación económica, y vende a Alemania las islas Carolinas, las Marianas y las Palaos en 1899 por 15 millones de dólares. Los efectos de la derrota, además de la pérdida de los restos del imperio colonial español, son ingentes. Las bajas se calculan en 120000 personas; a ello se suman los gastos de guerra, que se elevan a más de 2.000 millones de pesetas, la privación del mercado colonial, el parón de la industria catalana, la subida de los precios en más de un 28% y el repudio de los jefes políticos por parte del ejército. Para la política internacional, la resolución de esta guerra es decisiva. Estados Unidos aparece como una gran potencia militar que ocupa Puerto Rico, se reserva la posibilidad de intervenir en Cuba mediante la introducción de la enmienda Platt (1901) en la Constitución cubana y se instala en la base naval de Guantánamo (1903), lo que le proporciona el control
total del Caribe. La ocupación de Filipinas pone en contacto a Estados Unidos con el mercado asiático.
LA CRISIS DE 1898.
España se quedó sin pulso. “ Sólo se advierte un nube general de silenciosa tristeza”. Así concluía un artículo titulado “Sin pulso”, publicado en El Tiempo el 16 de agosto de 1898 por el nuevo líder conservador Francisco Silvela. Con este artículo, se inició la literatura conocida como del Desastre, que reflexionaba sobre la decadencia española.
El desastre colonial de 1898 tuvo consecuencias de todo tipo; sin embargo, ni las económicas ni las políticas tuvieron la trascendencia que un hecho de tal envergadura pudiera hacer pensar Entre las consecuencias económicas destacamos como principales dos:
– Una negativa: la pérdida de los mercados coloniales, de lo que, no obstante, se recuperó pronto la industria española.
– Otra positiva: la repatriación a España de capitales situados en América, que permitió un gran desarrollo de la banca española, como la creación del Banco Hispano Americano, por ejemplo. De igual modo, las consecuencias políticas tuvieron una doble vertiente:
– Se criticó con severidad la torpeza de la política oficial, pero el sistema político sobrevivió.
– En el terreno de la reflexión política surgió el regeneracionismo, que analizaremos a continuación. Mayor repercusión tuvo el desastre en la psicología colectiva de la nación, pues provocó una auténtica crisis de la conciencia nacional, manifestada de forma muy especial en el pesimismo de los intelectuales de la llamada Generación del 98.

13.1. Transformaciones económicas: proceso de desamortización y cambios agrarios. Peculiaridades de la incorporación de España a la Revolución Industrial. Modernización de las infraestructuras: el impacto de ferrocarril.
Transformaciones económicas: proceso de desamortización y cambios agrarios.
Las transformaciones económicas más importantes en España durante el siglo XIX fueron:
– La desamortización
– La Revolución Industrial
– La construcción del ferrocarril.
Desamortización es la expropiación y venta de tierras vinculadas a la Iglesia – denominada “manos muertas”- y a los concejos –de propios: cedidos por el ayuntamiento a particulares a cambio de una renta, y comunales: de aprovechamiento común por parte de los vecinos del ayuntamiento.
El proceso desamortizador lo llevaron a cabo los gobiernos progresistas durante el reinado de Isabel II (1833-1868).
Los motivos de la desamortización, expuestos por Mendizábal fueron tres:
– Reconocer el derecho a la propiedad libre y circulante
– Aumentar el número de medianos propietarios
– Disminuir la deuda pública del Estado
Fases del proceso desamortizador:
– Desamortización de Mendizábal (1836). Afectó a los bienes del clero regular (Órdenes Religiosas). Se cerraron los conventos que no tenían un número mínimo de monjes y se nacionalizaron sus propiedades. Los bienes desamortizados se dividieron el lotes y se vendieron en pública subasta, aceptándose el pago en metálico o con títulos de deuda pública.
– Desamortización de Espartero (1841). Afectó a los bienes del clero secular (Sacerdotes).
– Desamortización de Madoz (1854). Afectó a las propiedades que aún quedaban en manos de la Iglesia y todos los bienes de propios y comunales. La recaudación fue muy superior a la de Mendizábal. Consecuencias del proceso desamortizador:
– Disminución de la deuda del Estado.
– La mayoría de las tierras pasaron a manos de la oligarquía dirigente, ya que eran los únicos que disponían de medios económicos para comprarlas, consolidándose los latifundios.
– El campesinado resultó gravemente perjudicado, pues perdió el derecho a los usos comunales y el usufructo permanente de tierras de cultivo.
– La agricultura siguió siendo tradicional, sin innovaciones técnicas significativas; la desamortización no estimuló el desarrollo industrial ni la modernización de España-
– Hubo un leve crecimiento de la producción agraria debido al aumento de la superficie cultivada.
Peculiaridades de la incorporación de España a la Revolución Industrial Durante el siglo XIX España experimentó un proceso de aceleración industrial localizado en el sector textil de Barcelona y el metalúrgico de Bilbao y Oviedo-Gijón. El desarrollo industrial se centró en estas zonas costeras por su fácil accesibilidad por mar y su cercanía a los países europeos más avanzados económicamente (Francia y Reino Unido). El resto de España permaneció sin industrializar.
La incorporación de España a la Revolución Industrial fue tardía, incompleta y desequilibrada con respecto a países como Reino Unido, Francia o Bélgica.
Las causas del fracaso de la Revolución Industrial en España fueron:
– Inestabilidad política: guerra de la Independencia, pérdida de los territorios americanos y guerras carlistas
– Carbón escaso, de mala calidad y difícil explotación
– Carencia de materias primas, por ejemplo el algodón, que debía importarse en su totalidad
– Deficiente red de comunicaciones
– Atraso tecnológico
– Falta de capitales nacionales
– Dependencia técnica, financiera y energética del exterior
– Debilidad del mercado interior español, por la baja capacidad adquisitiva de gran parte de la población Escasa competitividad en el mercado internacional de los productos nacionales, más caros y de menor calidad, debida al proteccionismo de los grupos industriales
– Estancamiento de la agricultura, que no proporcionó mano de obra a la industria ni hizo aumentar el poder adquisitivo de los campesinos Actividad industrial en España:
– Industria textil del algodón: en 1855 la industria algodonera estaba totalmente mecanizada. La modernización de Barcelona se vio impulsada por la industria textil, que utilizaba mano de obra inmigrante de otras regiones españolas. La industria algodonera catalana se vio favorecida por la política proteccionista practicada durante la mayor parte del siglo XIX.

– Industria siderúrgica: desde mediados del siglo XIX se desarrolló la siderurgia asturiana con fábricas en Mieres y La Felguera. A finales de siglo, Vizcaya se convirtió en el centro de la siderurgia española por la abundancia de hierro y la actividad de la empresa Altos Hornos de Vizcaya. El retraso de la siderurgia española se debió a dos motivos: el atraso de la agricultura, que no tenía una capacidad de demanda suficiente, y a la Ley de Ferrocarriles (1855), que facilitó la importación de material extranjero.
– Minería: durante el Sexenio Democrático (1868-1874) se aprobó una legislación minera para la desamortización del subsuelo español. Todos los yacimientos mineros pertenecían al Estado, que los vendió en pública subasta, la mitad de ellos a compañías extranjeras, debido al déficit de la Hacienda.
El comercio exterior creció durante el siglo XIX, pero se mantuvo deficitario.
España exportaba materias primas e importaba productos elaborados, principalmente del Reino Unido y Francia. Los gobiernos españoles apostaron por el proteccionismo para proteger la producción nacional elevando los aranceles sobre los productos extranjeros. Los grupos económicos que reclamaron una política proteccionista fueron los industriales catalanes del textil del algodón, los cerealistas castellanos y los siderúrgicos vascos.
Sólo durante el Sexenio Democrático hubo cierto aperturismo del mercado español tras la aprobación del Arancel Figuerola (1869), que rebajó los aranceles y no prohibió la importación de artículos extranjeros.
Modernización de las infraestructuras: el impacto del ferrocarril
La construcción del ferrocarril en España estuvo regulada por la Ley de Ferrocarriles (1855), que subvencionó las inversiones, eximió de aranceles a los materiales importados y permitió la entrada de capitales extranjeros.
La construcción del ferrocarril alcanzó su máximo desarrollo entre 1855 y 1864, con una media de 430 kilómetros anuales. Las primeras líneas ferroviarias fueron BarcelonaMataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851). Se creó una red radial en torno a Madrid con un ancho de vía de 1´67 metros, mayor que el europeo, de 1´44 metros, porque se creía que las máquinas debían ser más potentes para salvar la difícil orografía española y no por el miedo a una posible invasión. Un ancho de vía distinto al europeo dificultó las comunicaciones ferroviarias con Europa.
La construcción del ferrocarril se hizo con capital público y privado –sobre todo francés-. El Estado subvencionó la construcción con la condición de que las líneas férreas construidas pasaran a ser de propiedad estatal transcurridos 99 años. Como consecuencia de las condiciones impuestas, las empresas utilizaron materiales de baja calidad que continuamente debían ser reparados, motivo por elcual no se obtuvieron apenas beneficios. La industria española no se benefició de la construcción del ferrocarril, ya que gran parte del material fue
comprado a empresas belgas, francesas e inglesas. La expansión del ferrocarril contribuyó a la consolidación de un mercado nacional, conectando los diferentes espacios económicos, uniendo los centros productores con los centros de consumo y facilitando el traslado de alimentos, artículos industriales y materias primas de unos lugares a otros.

13.2. Transformaciones sociales: crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España.
Transformaciones sociales: crecimiento demográfico
La población española creció de manera constante durante el siglo XIX: en el año 1800 España tenía 11.500.000 habitantes aproximadamente y en 1900 la cifra aumentó a 18.600.000 habitantes.
Se mantuvo el régimen demográfico antiguo caracterizado por tasas de natalidad y mortalidad elevadas. La alta mortalidad se debió a la incidencia de las enfermedades infecciosas y, puntualmente, la mortalidad se elevaba como consecuencia de las guerras y las epidemias: especialmente grave fue la epidemia de cólera de 1885. La esperanza de vida, muy baja, mejoró ligeramente hasta alcanzar los 34 años en 1900.
La estructura demográfica por sectores económicos era arcaica y desequilibrada, con un importante predomino del sector primario (70%) frente al secundario (14%) y al terciario (20%). Se incrementó el éxodo rural debido a dos motivos: el estancamiento del mundo agrario y las expectativas laborales que ofrecían las ciudades. Este movimiento de población tuvo como consecuencia el crecimiento urbano, con mayor intensidad en Madrid, Barcelona y Bilbao, ciudades que estaban en pleno crecimiento industrial. El aumento de la población urbana supuso el desarrollo espacial de las ciudades: – Por un lado, surgieron suburbios periféricos de barrios obreros, desordenados, sin servicios ni infraestructuras. – Por otro, se crearon áreas burguesas de urbanismo planificado, los denominados ensanches, cuyos mejores ejemplos fueron el de Barcelona (1860), diseñado por Cerdá, y el de Madrid (1861), planificado por Castro, y financiado en parte por el marqués de Salamanca.
Fueron importantes las migraciones de gallegos, asturianos, vascos y canarios a Iberoamérica y de andaluces y murcianos a Argelia.

De la sociedad estamental a la sociedad de clases
Durante el siglo XIX, en España se desarrolló la sociedad de clases, que sustituyó a la sociedad estamental del Antiguo Régimen. Los fundamentos de esta nueva sociedad eran la libertad de todos los individuos y la igualdad ante la ley. En este tipo de sociedad era posible la movilidad social de clase según el mérito de cada persona.
La clase alta era el nuevo bloque social dominante: aunque minoritario en número, acumuló grandes propiedades y controló el poder político. Estaba formado por: – La antigua aristocracia terrateniente- La nueva burguesía de los negocios (industriales, financieros, banqueros). Muchos burgueses invirtieron en la compra de fincas y se convirtieron en rentistas, abandonando las inversiones industriales – Altos cargos del Estado y mandos militares – La Iglesia, que aunque tuvo grandes pérdidas económicas tras las desamortizaciones, mantuvo su influencia La clase media urbana fue escasa en número (5%). Estaba integrada por pequeños comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, propietarios rurales acomodados, artesanos y pequeños fabricantes. La inmensa mayoría de los españoles constituían las clases populares:
– Campesinos: era el grupo más numeroso, con dos tercios de la población total. No se beneficiaron de la desamortización, ya que no pudieron comprar tierras por falta de recursos y perdieron los comunales. Muchos emigraron y otros se convirtieron en jornaleros, sobre todo en el centro y sur peninsular. Sus condiciones de vida eran muy precarias debido a los bajos salarios, la mala alimentación y el paro estacional. – Población urbana: era menos numerosa, pero muy importante. En ella se integraban los criados, los trabajadores de los talleres artesanales, los mendigos, etc. El proletariado industrial era aún escaso y se concentraba en Barcelona, Bilbao y Asturias. Vivían en condiciones infrahumanas, en barrios de chabolas, degradados e insalubres, con largas jornadas laborales y salarios ínfimos. – Obreros y jornaleros: tenían una situación de pobreza similar, pero mientras que los obreros industriales mejoraron sustancialmente sus condiciones gracias a la presión sindical (CNT y UGT) y a la política reformista de algunos gobiernos de la Restauración, los jornaleros apenan se beneficiaron de los cambios.
Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España
Los antecedentes del movimiento obrero en España se encuentran en el reinado de Isabel II. En torno a 1840 se crearon en Barcelona las primeras agrupaciones de trabajadores, sociedades de auxilio mutuo, que ayudaban a los afiliados en paro, enfermos, inválidos o a sus viudas. Estas sociedades, sin orientación política, tenían como principal objetivo impedir el descenso de los salarios y conseguir el pleno derecho de asociación.
El proletariado urbano y rural sufría duras condiciones laborales y fueron la causa de los conflictos de los jornaleros andaluces y de los obreros de las principales ciudades industriales. El Partido Demócrata y los republicanos asumieron las reivindicaciones sociales de los trabajadores hasta la creación de asociaciones con programas exclusivamente obreros. Los factores que propiciaron la expansión del movimiento obrero fueron:
– La fundación de la Primera Internacional (1864), que difundió las nuevas doctrinas socialistas y anarquistas. – El reconocimiento del derecho de asociación que recogía la Constitución de 1869. – El clima de inestabilidad en el que se desarrolló la I República, que fomentó la agitación revolucionaria. El movimiento obrero, tras un período de decadencia al principio de la Restauración, se recuperó durante el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta por la Ley de Asociaciones (1887) que legalizaba las organizaciones obreras. El movimiento obrero español siguió dos tendencias: – Tendencia marxista. Los pequeños núcleos marxistas fundaron en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en torno a la Agrupación de Tipógrafos, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias. En 1888 los socialistas impulsaron la creación del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. La implantación de la UGT fue lenta, debido a su radicalismo, logrando una mayor presencia en Madrid, Bilbao y Asturias. Su primer diputado lo obtuvieron en las elecciones de 1910, después de la Semana Trágica de Barcelona, elecciones a las que concurrieron junto a los republicanos.
– Tendencia anarquista. Ejerció su mayor influencia en Andalucía, Aragón, Cataluña y Valencia. Desde el principio estuvo dividida en torno a dos tipos de organizaciones:
– Grupos de Acción Directa: eran pequeños núcleos clandestinos (Mano Negra) que utilizaban la violencia para conseguir el cambio político. Sus objetivos eran los miembros de las élites económicas y políticas: terratenientes en la década de los ochenta, políticos con el cambio de siglo –asesinato de Antonio Cánovas del Castillo y varios atentados contra Alfonso XIII- y empresarios a finales de la Restauración –pistolerismo obrero de Barcelona-. – La Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Se fundó en 1881 y era de tendencia anarco-sindicalista. Este grupo era pacífico y se proponía la huelga general revolucionaria como instrumento de transformación social. La FTRE se disolvió por la persecución a la que fue sometida tras los atentados terroristas de la Mano Negra. En 1910 se creó la CNT (Confederación Nacional del Trabajo).

13.3. Transformaciones culturales. Cambio en las mentalidades. La educación y la prensa.
Transformaciones culturales
Durante la primera mitad del siglo XIX llegaron a España las corrientes artísticas denominadas Neoclasicismo y Romanticismo y, durante la segunda mitad, el Realismo y Naturalismo.
El régimen liberal permitió a los intelectuales y artistas acercarse a las corrientes europeas y desarrollar actividades propias del nuevo estilo burgués.
La difusión de los acontecimientos artísticos entre las naciones y el desarrollo de ciertas artes y géneros –entre ellos la literatura y, en especial, la novela- favorecieron la expansión de los nuevos movimientos culturales europeos por España.
El despertar de la cultura española coincidió con la crisis de finales del siglo XIX. En estos años se inició una etapa de gran esplendor científico y cultural –Santiago Ramón y Cajal y generaciones del 98, 14 y 27 respectivamente-. A partir de 1898 los intelectuales lograron una fuerte proyección pública
interviniendo en la vida política y social mediante la firma de manifiestos, la colaboración en periódicos y revistas, la celebración de conferencias (Ateneo de Madrid), la creación de asociaciones (Liga de la Educación Política) o, incluso, la participación en las elecciones (Pérez Galdós y Pío Baroja). A pesar de su
individualismo, los intelectuales tuvieron un claro sentido colectivo y generacional.

la generación del 98 criticó los defectos del sistema político de la Restauración –decadencia nacional y oligarquía del poder-, pero no hicieron propuestas políticas alternativas coherentes. En la generación del 98 destacaron ensayistas como Joaquín Costa y Ramiro de Maeztu, o escritores y periodistas como
Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramón María del Valle-Inclán. Frente al pesimismo de sus maestros del 98, la generación del 14 (José Ortega y Gasset) quiso encontrar soluciones a los problemas de España. Su propuesta era hacer una “nueva política” con el objetivo de modernizar y europeizar España.
Cambio en las mentalidades
Durante el siglo XIX chocaron tradicionalismo e innovación.
Tradicionalismo: basado en los valores propios del absolutismo del Antiguo Régimen y del liberalismo más conservador –tradición, jerarquía, orden y moral-, era defendido por intelectuales como Marcelino Menéndez y Pelayo, que identificaban España y catolicismo.
Innovación: los pensadores liberales como Francisco Giner de los Ríos defendían una cultura abierta a las novedades del pensamiento europeo –darwinismo, racionalismo, positivismo-, para superar el atraso cultural y científico. Esta nueva corriente surgió en las ciudades y expresaba una nueva mentalidad:
– Moderna y laica entre la clase media –liberalismo progresista-
– Revolucionaria y anticlerical entre las clases bajas –republicanismo, socialismo y anarquismo-
A pesar de los cambios producidos, permanecieron vigentes muchos valores y costumbres heredados de épocas anteriores como el sentido del honor, la infravaloración del trabajo, la picaresca, la petulancia, el trato despectivo a los considerados inferiores, En la sociedad española se distinguían tres clases:
– Las clases altas: eran minoritarias y formaban un grupo bastante homogéneo, unido por la conservación de las viejas actitudes aristocráticas, como la ostentación de su riqueza, la vida palaciega y la organización de cacerías.
– Las clases medias: eran, en general, más progresistas que las altas pero, debido a su diversidad, ideológicamente más heterogéneas. Muchos de sus componentes aspiraban a intervenir en la vida política y formaban un segundo nivel del entramado caciquil y de los partidos.
– Las clases populares: representaban más del 80% de la población al iniciarse el siglo XX. La influencia del movimiento obrero anarquista y marxista desarrolló entre el proletariado la conciencia de clase y multiplicó su capacidad reivindicativa.

La educación y la prensa La educación
El modelo educativo español quedó fijado en 1857 por la ley Moyano, que dividía la enseñanza en tres niveles: educación primaria, educación secundaria y educación universitaria. La Ley Moyano declaró obligatoria la enseñanza primaria y encargó su financiación a los ayuntamientos. Mientras que en Europa prácticamente había
desaparecido el analfabetismo, en España, a principios de siglo XX, aún superaba el 60% de la población.
La Ley Moyano estableció el derecho a la creación de centros privados, garantizando la influencia de la Iglesia en la enseñanza mediante los privilegios recogidos en el Concordato de 1851: obligatoriedad de la asignatura de religión y adaptación a la doctrina católica de los libros y de las explicaciones de los profesores. A
principios del siglo XX la Iglesia impartía el 33% de la enseñanza primaria y casi el 80% de la secundaria.
Frente al conservadurismo de la enseñanza oficial y religiosa, Francisco Giner de los Ríos fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE), siguiendo un concepto de renovación educativa. La ILE era un centro privado, laico y alternativo a la cultura oficial, que rechazaba la afiliación política y religiosa de profesores y alumnos y tenía como objetivo la formación de personas libres, fomentando la tolerancia y el
espíritu crítico. La ILE introdujo en España métodos educativos de vanguardia con tanto éxito que su proyecto cultural formó y condicionó a tres generaciones de pensadores y pedagogos.
A principios de siglo XX, el regeneracionismo de la Restauración tomó las ideas de la ILE y se creó, en 1907, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE). La nueva institución, dirigida por Santiago Ramón y Cajal., pretendía acabar con el aislamiento español y situar España al nivel cultural y científico
de las naciones europeas, mediante varias acciones: – Fomento de la investigación: becas para la ampliación de estudios en el extranjero y creación de nuevos centros de investigación: el Instituto Nacional de
Ciencias y el Centro de Estudios Históricos.
– Renovación educativa: creación de nuevos centros donde se incorporaron modernas prácticas pedagógicas: el Instituto Escuela de Madrid.
– Creación de centros de intercambio cultural, científico y artístico, nacional e nternacional: la Residencia de Estudiantes. Por su parte, el movimiento obrero fomentó la enseñanza popular a través de las escuelas de alfabetización de los ateneos obreros. Hay que desatacar al pedagogo libertario Francisco Ferrer Guardia, creador de la Escuela Moderna (Barcelona, 1901), de orientación libertaria.
La prensa
La prensa tomó un marcado carácter político desde principios del siglo XIX. Su papel fue decisivo en la difusión de ideas liberales, aunque tuvo que luchar contra las prohibiciones que impusieron el absolutismo de Fernando VII y los gobiernos conservadores isabelinos.
El pleno desarrollo de la prensa tuvo lugar a partir de la Ley de libertad de imprenta de Práxedes Mateo Sagasta, tras la Revolución de 1868. En 1873 se editaban en Madrid 102 publicaciones o gacetas. Nació una prensa informativa independiente con periódicos como El Imparcial o La Vanguardia, que incorporaban nuevos
contenidos, con secciones de pasatiempos, anécdotas, humor y sobre todo los folletines (novelas por capítulos) con muy buena acogida por los lectores.
Los nuevos formatos de periódico aumentaron la tirada, aunque sin sobrepasar los 15.000 ejemplares, pues la mayoría de la población era analfabeta y de escaso poder adquisitivo. Se hicieron frecuentes las lecturas colectivas, las lecturas en cafés, ateneos y tertulias, pasando por muchas manos en un único ejemplar. Paralelamente surgió la prensa obrera, que difundía los proyectos políticos de socialistas (El Socialista) o anarquistas (Tierra y Libertad) y revistas ilustradas satíricas como La Flaca y El Motín.