Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

La Junta Suprema Central, incapaz de dirigir la guerra, se disolvió en enero de 1810, no sin antes iniciar un proceso de convocatoria de Cortes para que los representantes de la nación decidieran sobre su organización y su destino. Mientras se reunían las Cortes, se mantuvo una regencia formada por cinco miembros y se organizó una “consulta al país”, a través de las Juntas provinciales o de los ayuntamientos, sobre las reformas a realizar por las Cortes. Predominaba la idea de que la desastrosa acción de los gobiernos de Carlos IV había provocado la ruina de España, por lo que se pedían garantías contra el poder absoluto del monarca.

Las Cortes se abrieron en septiembre de 1810 en Cádiz, única ciudad que no estaba ocupada por los franceses. La dificultad por llegar a dicha ciudad hizo que no todas las provincias estuvieran representadas y que, en cambio, hubiera un número importante de diputados americanos. Se formó una cámara única, frente a la tradicional representación estamental, y ya en la primera sesión se aprobó el principio de soberanía nacional, por el cual el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes.

Las Cortes de Cádiz promulgaron la primera constitución española el 19 de marzo de 1812. Fue bautizada como la Pepa por ser el día de su proclamación el día de San José. Quedaba definida la soberanía nacional y la monarquía constitucional como forma del Estado. En ella se recogía la separación de poderes:

• El poder ejecutivo quedaba en manos del monarca, quien podía expedir decretos.
• El poder legislativo sería compartido entre las Cortes y el Rey.
• El poder judicial recaería en los jueces.

También se recogía en la Constitución cuestiones como la igualdad ante la ley, poniendo punto final a los privilegios de los estamentos nobiliario y eclesiástico. También se recogían los derechos individuales, como la libertad de imprenta para la publicación de libros que no fueran religiosos, el derecho de sufragio, aunque censitario, para los varones mayores de 25 años y que poseyeran bienes que le asegurasen una mínima renta. La Constitución de 1812 era confesional, al señalar el catolicismo como la religión de los españoles; los absolutistas se mostraron intransigentes en este punto.

El territorio se dividía en provincias, para cuyo gobierno interior se creaban las diputaciones provinciales, se establecía la formación de ayuntamientos con cargos electivos para el gobierno de los pueblos y se creó la Milicia Nacional, cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional, así como un sistema de enseñanza primaria pública.

Reformas Adicionales de las Cortes de Cádiz

Adicionalmente, las Cortes desarrollaron una importante legislación ordinaria encaminada a terminar con el Antiguo Régimen y crear un nuevo Estado Liberal:

• Los señoríos jurisdiccionales fueron suprimidos en 1811. Se liquidaba el régimen señorial, pero convirtiendo en propietarios a los antiguos señores, no a los campesinos.
• Se abolieron los gremios, al tiempo que se establecía la libertad de trabajo, producción, contratación y comercio.
• Se abolió la Inquisición, aunque para ello fuera necesario hacer frente a una fuerte oposición por parte de los sectores absolutistas.

El regreso de Fernando VII a España supuso la anulación de la Constitución y de la obra legislativa de las Cortes, y se volvió al absolutismo.

La Llegada de la Primera República Española (1873-1874)

Ante la renuncia de Amadeo I, las Cortes, en una situación de emergencia, debían encontrar una solución que evitase un vacío de poder. El representante del Partido Demócrata Republicano (que se había escindido del Partido Demócrata hacia 1868), Francisco Pi y Margall, propuso la proclamación de la República. El proyecto consiguió el voto favorable de la mayoría de la cámara (258 contra 32). Así, el 11 de febrero de 1873 fue proclamada en las Cortes la República Española.

Inmediatamente después de la aprobación de la República, el Ministerio de Gobernación envió una circular a todos los gobernadores de provincias informando del nuevo orden político. Pronto se establecieron algunos de sus principales símbolos y su bandera. Fue designado presidente Estanislao Figueras (11 de febrero a 11 de junio de 1873), y como jefe de gobierno, Pi y Margall.

La República fue acogida con gran entusiasmo por las masas populares, pues se creía que ésta solucionaría los graves problemas que acosaban a España y a los españoles de una manera rápida. Así, inmediatamente después de que las Cortes proclamaran oficialmente el establecimiento de la república, se dieron manifestaciones, se ocuparon ayuntamientos y se constituyeron juntas revolucionarias por todo el país que reivindicaban cambios como la abolición de los quintos o los consumos.

El gobierno republicano procedió de inmediato a poner orden, pero Figueras, al sentirse incapaz de solucionar los problemas de España, dimitió y se fue del país. Le sustituyó en el cargo Pi y Margall (11 de junio-18 de julio), cuyo principal cometido sería redactar una nueva Constitución, la de 1873.

La Constitución Federal de 1873

Las Cortes Constituyentes se abrieron en julio estableciendo como primer artículo para el nuevo texto constitucional que España sería una República federal. Era el cambio más radical que ofrecía el nuevo gobierno. Establecía que la nación española se componía de 17 estados, entre ellos Cuba y Puerto Rico. Cada uno de los estados regionales tendría su propia constitución y tendría amplia autonomía económico-administrativa y política.

Además, la Constitución establecía:

• Soberanía popular con sufragio universal masculino.
• Unas Cortes bicamerales con un Congreso y un Senado, este último como cámara de representación territorial y sin iniciativa legislativa.
• Declaraba la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado, y prohibía la subvención a cualquier religión.

Sin embargo, la Constitución no llegó a aprobarse.

Problemas de la Primera República: El Cantonalismo

El Estado Republicano tuvo que seguir haciendo frente a los numerosos problemas existentes en España. La guerra carlista y la guerra de Cuba, que habían comenzado en el periodo anterior, continuaban y se intensificaban. Pero el conflicto más grave al que tuvo que enfrentarse la I República fue la sublevación cantonal.

En numerosas ciudades se dieron revoluciones que desembocaron en el establecimiento de cantones independientes. Entre los principales cantones surgidos destacan: Cartagena, Sevilla, Cádiz, Torrevieja, Almansa, Granada, Castellón, Málaga, Salamanca, Valencia, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras y Alicante. Cada cantón se dotó de su propia estructura de poder y emprendió sus propias reformas sociales. Este movimiento respondió a la decepción por el limitado alcance social de las reformas emprendidas por la república.

Pi y Margall se opuso a sofocar la revuelta por las armas y dimitió. Accedió entonces a la presidencia Salmerón (18 de julio-7 de septiembre), el cual, después de planificar una enérgica reacción militar contra los cantones en la que destacaron nombres como Pavía o Martínez Campos, se vio moralmente obligado a dimitir debido a los problemas de conciencia que le generaron la firma de penas de muerte contra los principales líderes cantonalistas.

El Gobierno de Castelar y el Fin de la República

Tras Salmerón, fue nombrado presidente del gobierno Castelar (7 de septiembre de 1873-3 de enero de 1874), representante de los sectores más conservadores del republicanismo. Éste no tenía suficientes apoyos en las Cortes, por lo que, ante el miedo de ser destituido por ellas, decidió suspender las sesiones parlamentarias y comenzó a gobernar de un modo autoritario, otorgando grandes atribuciones al ejército para que garantizara el mantenimiento del orden público.

Se eliminó la estructura federal del Estado (República unitaria) y se restableció el orden, por lo que se dio la reapertura de las Cortes el 2 de enero de 1874. Castelar fue derrocado en las mismas tras una votación para reafirmarlo en el cargo por 120 votos contra 100. Las Cortes trataron de establecer un gobierno de centro-izquierda para restaurar el federalismo. Para evitar esto, el general Pavía dio un golpe de estado, invadiendo el Congreso de los Diputados con la Guardia Civil el 3 de enero de 1874.

El Gobierno de Serrano y el Camino a la Restauración

Una coalición de progresistas y unionistas se hizo con el poder y convirtió al general Serrano en nuevo presidente de la República, que en la práctica se convirtió en una dictadura militar. Se disolvieron las Cortes, se suspendieron las garantías constitucionales, se aplicó la censura a la prensa, se ilegalizó a los federales, se disolvió la Internacional y se suspendieron ayuntamientos y diputaciones.

Enfrentado a los republicanos, Serrano intentó buscar apoyo entre los conservadores, pero éstos, en su mayoría monárquicos, habían optado por el retorno de los Borbones. El principal defensor de la causa Alfonsina, Cánovas del Castillo, había hecho llegar a Alfonso, que se encontraba en Inglaterra, un documento que él mismo redactó, el Manifiesto de Sandhurst, y que el príncipe firmó el 1 de diciembre de 1874.

A través de este manifiesto, el futuro Alfonso XII defendía una monarquía dialogante, constitucional y católica, garantizadora del orden social, al tiempo que expresaba su voluntad de aceptar buena parte de las transformaciones producidas durante el Sexenio Democrático y respetar el sistema político liberal.

A finales del mes de diciembre de 1874, los generales Martínez Campos y Jovellar se pronunciaron en Sagunto a favor de la Monarquía borbónica. El gobierno no opuso resistencia y dimitió. Cánovas formó entonces un gabinete de regencia y comunicó a Alfonso su proclamación como rey de España. Se abría un nuevo y extenso período al que la historiografía ha denominado La Restauración.

Profesor: Pedro Jesús López González