Revolucion y Gobierno Prov.

El malestar político, económico y social que se arrastraba desde años atrás condujo al pronunciamiento del almirante Juan Bautista Topete en la bahía de Cádiz el 19 de septiembre de 1868. El modelo político isabelino, forjado en torno a los partidos moderado y unionista, se había agotado. Una coalición de fuerzas progresistas, demócratas y unionistas descontentos firmaron en 1866 el Pacto de Ostende, que fue el primer episodio de un movimiento que acabó con el reinado de Isabel II,

1.1. La Gloriosa revolución

El levantamiento militar de septiembre dio paso a un movimiento revolucionario conocido como La Gloriosa. Esta revolución tuvo algunas peculiaridades: fue resultado de una alianza entre progresistas y unionistas, con la aprobación de los demócratas; aunque intervinieron militares de prestigio (Prim, Serrano, Primo de Rivera, Dulce, etc.), hubo una presencia destacada de civiles de las clases burguesas y medias; el objetivo era derrocar a la reina, no acabar con un gobierno;
La difusión fue rápida y su éxito dio lugar a un amplio programa de reformas.

El verdadero ideario revolucionario lo aportaba el partido demócrata.

Sus peticiones se centraban en el sufragio universal, la supresión de medidas impopulares como los consumos* o las quintas* y su defensa de las clases medias y trabajadoras.

Sin embargo, también se considera que fue un movimiento organizado desde el poder por políticos y militares, cuyos objetivos eran finalizar con el bloqueo parlamentario, promovido por la reina y su entorno, que impedía a los progresistas gobernar, así como hacer frente a la pésima situación económica, que afectó a los intereses de los inversores en las empresas ferroviarias. En ese sentido fue una revolución «falseada», pues las juntas revolucionarias y los movimientos de base popular amparados por los demócratas fueron pronto excluidos o perseguidos. El fin, pues, de la revolución era completar la transición iniciada en 1833 hacia una sociedad plenamente burguesa, apoyada en un sistema capitalista eficaz, cuyos actores eran hombres de negocios vinculados al poder político.

Tras el levantamiento militar, la revolución se extendió pronto desde Cádiz por toda la Península: Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, La Coruña, Alicante, Santander (Doc. 2). En San Sebastián, donde veraneaba la familia real, la noticia sorprendió a la corte, el gobierno de González Bravo dimitió y fue sustituido por un militar, Pero la incapacidad para hacer frente a la sublevación tuvo su reflejo en el combate del 28 de septiembre entre tropas sublevadas, al mando de Serrano, y las fieles a la reina, dirigidas por el general Novaliches. Esta batalla tuvo lugar en el puente de Alcolea (Córdoba). El triunfo fue para los sublevados, lo que provocó que el día 30 Isabel II abandonara con su corte el país en dirección a Francia.

El gobierno entregó el 29 de septiembre el poder en Madrid a una junta revolucionaria, que se encargó de regular la revolución. Las primeras juntas se formaron en Andalucía (Doc. 1) y Barcelona y les siguieron las de Alicante, Murcia, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Santander, Coruña o Asturias. Pero la deriva radical fue cortada con rapidez. En general el programa revolucionario se ceñía al establecimiento de libertades políticas y civiles, secularización del Estado, reforma de la Hacienda, libertad económica y rechazo de la dinastía borbónica. Las juntas estuvieron dominadas por las llamadas al orden, a preservar la propiedad y a la prudencia, desplazando las demandas radicales de raíz democrática y republicana.

El 3 de octubre la junta revolucionaria encomendaba al general Serrano la formación de un gobierno provisional, que se constituyó el día 8, tras la llegada del general Prim. El 13 de octubre se establecía la disolución de las juntas. Muchos de sus miembros fueron compensados con puestos en ayuntamientos y diputaciones.

En parte del país, las juntas revolucionarias ocuparon un poder paralelo que competía con el del gobierno provisional. Su composición y programa variaba según predominaran en ellas progresistas o demócratas. Las juntas con mayoría de demócratas fueron más reacias a disolverse tras la orden del gobierno, por lo que durante unas semanas hubo un doble poder.

Muchas juntas se resistieron a su disolución. Fue el caso de las de Barcelona, Valladolid, Alcoy o algunas andaluzas que veían frustradas sus esperanzas de reforma social: la de Jerez de la Frontera pidió la instauración de la república; y hubo motines en El Puerto de Santa Maria, Cádiz y Málaga.

1.2. El gobierno provisional y su labor

El gobierno provisional, presidido por Serrano, lo formaban cinco ministros progresistas y cuatro unionistas (Doc. 3); los demócratas quedaron fuera, y con ellos el sector mas revolucionario. Las primeras medidas se dirigieron a controlar la revolución: disolución de las juntas, reorganización de la Milicia Nacional, desarme de los Voluntarios de la Libertad* y restitución de la disciplina en el ejército. Sagasta, ministro de la Gobernación, ordenó a los gobernadores civiles mantener el orden «a toda costa».

Una vez cumplido este objetivo, atendió algunas peticiones populares y las promesas recogidas en la proclama del 19 de septiembre:

• Supresión del impuesto de consumos.
• Emancipación de los hijos de esclavos nacidos tras la revolución.
• Decreto de libertad de enseñanza y reforma de la segunda enseñanza.
• Decreto de libertad de imprenta.

El 25 de octubre, el gobierno mostraba en un manifiesto a la nación su programa de reformas, cuyos pilares eran el sufragio universal y las libertades religiosa, de enseñanza, de imprenta, de asociación y de reunión i (Doc. 4), A ello se sumaron medidas de carácter económico y social: creación de la peseta como moneda nacional (Doc. 6), ley de minas y arancel librecambista, Este programa definía un orden social conservador de carácter burgués, en el que los poderosos y acomodados moldearon la revolución, desoyendo las demandas populares y democráticas.

Este distanciamiento entre quienes apoyaban al gobierno provisional y los que demandaban reformas más avanzadas, radicalizó al sector republicano del partido demócrata, que apostó por la república federal, mientras el sector moderado se inclinaba por la monarquía (cimbrios*).

El gobierno provisional convocó elecciones municipales para diciembre, que dieron el triunfo a los republicanos en veinte capitales de provincia, mientras el 15 de enero de 1869 tuvieron lugar las elecciones a Cortes Constituyentes, con mayoría de progresistas y unionistas, pero con un notable grupo de diputados republicanos (85) fr (Doc. 5). Ambas elecciones se hicieron mediante sufragio universal masculino, con casi cuatro millones de electores, hombres mayores de 25 años. Las sesiones de las Cortes se abrieron el 11 de febrero y su tarea se centró fundamentalmente en la elaboración de la nueva constitución.

El proceso político iba dejando en el camino las reivindicaciones de las clases populares urbanas y del mundo rural. El desencanto se extendió por lugares de Andalucía, donde los republicanos incluso se enfrentaron a las demandas de líderes populares, como Caro en Jerez de la Frontera, que incitaba «a la guerra de los pobres contra los ricos». O la revuelta popular contra las medidas del gobernador civil de Cádiz, quien el 5 de diciembre de 1868 declaró el estado de guerra, ordenó el desarme de los Voluntarios de la Libertad y el cierre de todas las publicaciones; duró tres días, llenó de barricadas la ciudad y los Voluntarios se enfrentaron al ejército para acabar pactando el abandono de las amias. Movimientos similares hubo en Béjar, Badajoz, Málaga, Tarragona, Sevilla, Gandía, mientras en Barcelona surgía en diciembre de 1868 el embrión de los movimientos obreros del Sexenio con la creación de una dirección central de las sociedades obreras.