Desamortización de Mendizábal
El documento, un decreto de desamortización de Mendizábal, es un texto primario de carácter jurídico, económico y político. Explica el Decreto de desamortización de Mendizábal, dirigido a la reina regente María Cristina, dado que Isabel II era menor de edad. La autoría recae en Álvarez de Mendizábal, exiliado en Londres y miembro del gobierno liberal en 1836. El decreto fue publicado en la Gaceta de Madrid el 21 de febrero de 1836, con finalidad pública.
Análisis del Decreto
El decreto se compone de dos párrafos que justifican la desamortización. El primero es un preámbulo donde Mendizábal justifica la venta de bienes expropiados a las órdenes religiosas, declarados nacionales. Los objetivos son:
- Cumplir con los ideales liberales.
- Sanear la Hacienda pública, afectada por deudas y la pérdida de colonias.
- Financiar la guerra carlista.
- Aumentar la producción y la riqueza.
- Obtener capital para la industrialización.
Mendizábal enfatiza que no es una mera especulación mercantil, sino que beneficiará políticamente a la reina. El segundo párrafo recalca los beneficios de la venta en subasta pública: reducir la deuda pública y convertir los bienes en propiedad privada, creando riqueza.
Contexto Histórico
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, Isabel II accede al trono, siendo regente su madre María Cristina. La regencia enfrentó la transición del absolutismo al liberalismo y la Primera Guerra Carlista (1833-1840). En este contexto, Mendizábal, ministro de Hacienda, impulsó la desamortización. Esta, junto con la disolución del régimen señorial, son pilares de la revolución burguesa. La desamortización buscaba convertir la tierra en propiedad privada, sacándola al mercado. Se vendieron bienes del clero regular, que no tributaban, para obtener recursos para el Estado y amortizar la deuda pública.
Consecuencias e Importancia
La desamortización de Mendizábal recaudó capitales, pero la deuda persistió. Los moderados paralizaron la venta de fincas. La Iglesia sufrió las consecuencias, pasando a depender del Estado. Los nobles y burgueses fueron los principales beneficiados, creando una clase de propietarios liberales. Los campesinos se convirtieron en proletariado agrícola. La desamortización expandió la superficie cultivada, pero no mejoró la productividad. En 1855, Madoz continuó con medidas desamortizadoras.
Ley General de Ferrocarriles de 1855
Este documento es una ley de carácter jurídico y económico, promovida por el gobierno progresista de 1855 durante el reinado de Isabel II. Francisco de Luxan, ministro de Fomento, fue el promotor y firmante junto con la reina. La ley fue ratificada en Aranjuez el 3 de junio de 1855 y publicada en la Gaceta de Madrid el 6 de junio de 1855. El destinatario es público, incluyendo inversores extranjeros.
Análisis de la Ley
La ley busca impulsar la creación de una red de ferrocarriles en España, atrayendo capital y tecnología extranjera. Se seleccionaron 6 artículos que destacan:
- El Estado facilita la construcción con medidas legales y fondos públicos.
- Las concesiones se hacen por medio de las Cortes.
- Se exige un porcentaje del monto total de la obra al concesionario.
- Se establece un plazo máximo para comenzar la construcción.
- La línea es explotada por 99 años, revirtiendo luego al Estado.
- El gobierno y particulares verifican la construcción.
- El Estado subvenciona líneas de servicio general.
- Se ofrecen ventajas a las compañías adjudicatarias, como exención de aduanas.
- El ancho de vía es mayor que el europeo.
Contexto Histórico
La ley se promueve durante el bienio progresista (1854-1856). El Estado buscaba mejorar la economía y superar el atraso respecto a Europa. La falta de capitales, las guerras y la inversión en tierras eran obstáculos. España necesitaba el ferrocarril para estructurar un mercado interior e industrializarse. Antes de 1855, hubo proyectos como Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez, pero no fueron rentables. La ley de 1855 reglamentó la construcción, trazándose más de 4.500 km (1856-1866). La mayoría de los tramos eran radiales, conectando Madrid con la costa. La construcción se financió con capital extranjero, sobre todo francés. Se crearon compañías nacionales como MZA. Las subvenciones del Estado fueron posibles gracias a la desamortización de Madoz (1855). Junto con la ley del ferrocarril, se promulgaron leyes que posibilitaron la creación de Sociedades de Crédito y bancos privados.