Procesos de Desamortización y Cambios Agrarios

Introducción

La agricultura era la actividad económica más importante en España debido al volumen de la población activa empleada. Hasta el siglo XIX soportó una permanente situación de atraso, con escasas innovaciones tecnológicas y bajos rendimientos. Esta situación se relacionaba de un modo especial con la peculiar distribución de la tierra. El campo español arrastraba una serie de desequilibrios muy graves entre los que destacaba el problema de la propiedad. Mientras en determinadas zonas del norte y este peninsular abundan los minifundios, desde el valle del Tajo hacia el sur las propiedades eran mayoritariamente latifundistas.

Estas singularidades del caso español encuentran sus orígenes en el proceso de la Reconquista, aunque determinadas actuaciones en los siglos venideros no hicieron sino agravar dicha situación, por cuanto favorecieron el proceso de concentración de las propiedades en pocas manos. Así, un enorme porcentaje de las tierras estaban en manos de la nobleza y el clero, que vivían de las rentas que les proporcionaba el campo. La nobleza, gracias al mayorazgo, había conseguido un patrimonio territorial inmenso.

La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las donaciones. Estaban amortizadas, es decir, no podían ser vendidas o parceladas. También los municipios eran propietarios de las tierras comunales. A menudo permanecían improductivas o estaban mal cultivadas. Las tierras de la Iglesia y las de los municipios se denominaban propiedades de «manos muertas» ya que, como no se podían poner a la venta, no había posibilidad de que cambiasen de manos. Todas estas tierras amortizadas suponían un enorme lastre para la economía nacional: por ellas no se pagaban impuestos y, además, se explotaban con técnicas de cultivo tradicionales, por lo que eran poco productivas. Los políticos ilustrados del siglo XVIII se preocuparon por modernizar la agricultura, con críticas a los bienes raíces amortizados de la nobleza y del clero, así como contra las propiedades de «manos muertas» de los municipios.

Décadas después, los políticos liberales del siglo XIX, conscientes de que los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la producción agrícola y un aumento de la productividad, propugnaban la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos…) para poder vender las tierras. Entendían que los nuevos propietarios se preocuparían de aumentar la productividad de las tierras y de la modernización del campo. Todo esto redundaría en un beneficio global hacia el Estado por un doble motivo:

1. Financiero: financiación de la guerra carlista.
2. Saneamiento de la Deuda: con la admisión de títulos de deuda como forma de pago.
3. Recuperación de la confianza de la economía del país: que podría permitir la concesión de créditos en un futuro y el aumento de créditos gracias al cobro de los impuestos de los bienes desamortizados.

En este periodo se desamortizó en total el 62% de las propiedades de la iglesia. Además, la reforma agraria llevó a cabo otras medidas para comenzar una desamortización civil, aboliendo los mayorazgos mobiliarios, con lo que se abría la posibilidad de vender las tierras vinculadas al primogénito.

La Desamortización de Madoz (1855)

La segunda desamortización se produce en 1855, con Pascual Madoz, durante el Bienio Progresista de la reina Isabel II. La nueva ley ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios (bienes de propios y comunes; los de propios eran los que, al arrendarse, proporcionaban ingresos al ayuntamiento, mientras que los comunes no proporcionaban ingreso alguno y eran aprovechados por los vecinos). La desamortización de Madoz se desarrolló a gran velocidad; solo en dos años se recaudaría el doble que en la anterior ley. Su objetivo principal fue la financiación de grandes obras públicas.

Consecuencias de los Procesos de Desamortización

Las consecuencias de los procesos de desamortizaciones fueron:

1. Cambio en la propiedad de la tierra: las 3/5 partes de las propiedades de la iglesia pasan a otros propietarios y el 40% de la tierra cambió de manos.
2. Los campesinos no pudieron acceder a comprar las tierras: al no tener dinero para participar en las subastas. El economista Álvaro Flores, propuso que el estado asumiera la propiedad de las tierra, pero que se debía su aprovechamiento al campesinado a cambio del pago de un impuesto.
3. Deterioro económico para muchos agricultores: ya que perdieron los derechos de uso de bienes comunales. Los campesinos se ven obligados a trabajar en las fábricas.
4. Considerable expansión de la superficie cultivada y aumento de la producción agraria: está última se debió al aumento del terreno ya que mejores técnicas apenas se llevaron a cabo.

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