La Desamortización de Mendizábal (1835-1844)

En 1835, Mendizábal, tras su regreso a España, se enfrentó a una Hacienda Pública en situación deficitaria. Para encontrar una fuente de financiación, se aprobaron varias disposiciones legislativas entre 1835 y 1837, iniciando la desamortización de los bienes eclesiásticos.

En febrero y marzo de 1836, se promulgaron dos Reales Decretos:

• Uno sobre la disolución y cierre de conventos (exclaustración).
• Otro sobre la incautación de los bienes de las órdenes religiosas, que procedía a la nacionalización y venta en pública subasta de los bienes rústicos y urbanos, muebles e inmuebles, y todos los enseres (bibliotecas y obras de arte) expropiados a la Iglesia.

Primero se afectó al clero regular y, al año siguiente (1837), una nueva ley (Ley de Bienes Nacionales) permitió la venta de los bienes del clero secular. Este proceso no culminó hasta 1841, durante la Regencia de Espartero. Quedaron excluidos de estas medidas los edificios destinados a la beneficencia y la educación.

Los bienes eran subastados en presencia de un juez y adjudicados al mejor postor. Los compradores podían pagar en un plazo de ocho años, en metálico o en títulos de deuda pública. Este mecanismo fue cuestionado por algunos economistas, como Flórez Estrada, quien proponía que el Estado mantuviera la propiedad de las tierras desamortizadas y las cediera en enfiteusis a los campesinos. El pago del canon enfitéutico habría satisfecho las necesidades de la Hacienda, conservando la propiedad y mejorando la situación del campesinado. Sin embargo, la complejidad del plan de Flórez Estrada favoreció las propuestas de Mendizábal.

Objetivos de la Desamortización de Mendizábal

Mendizábal perseguía varios objetivos:

• Aumentar los efectivos y la capacidad del ejército isabelino para ganar la Guerra Carlista.
• Sanear la Hacienda Pública, amortizando la deuda pública y pagando las deudas del Estado. Además, se incrementaban los ingresos fiscales, ya que los nuevos propietarios debían tributar.
• Ampliar el número de simpatizantes del liberalismo.
• Crear una clase media agraria de campesinos propietarios, lo que aumentaría la producción, la inversión y la riqueza nacional.

El proceso desamortizador se desarrolló hasta 1844, cuando los moderados suspendieron las ventas y devolvieron los bienes no vendidos. Para entonces, se habían vendido tres cuartas partes del patrimonio eclesiástico. Con el Concordato de 1851, la Iglesia reconoció las ventas a cambio del compromiso estatal de mantener el culto y el clero.

La Desamortización «Civil» de Madoz (1855-1924)

Durante el «Bienio Progresista» (1854-1856), los progresistas, liderados por el general Espartero, impulsaron una nueva desamortización. El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, promulgó la Ley de Desamortización General. Esta ley puso en venta, además de los bienes eclesiásticos restantes, todos los bienes de propiedad colectiva (propios y comunales). También se denominó «desamortización civil», ya que la mayor parte de las tierras vendidas correspondían a los municipios.

Este proceso, que se prolongó hasta 1924 (Estatuto Municipal de Calvo Sotelo), significó la práctica desaparición de los «bienes de manos muertas» en España. La Ley de Madoz, cuestionada por la Iglesia (por no respetar el Concordato de 1851) y por la reina, se puso en práctica rápidamente.

Diferencias entre la Desamortización de Madoz y la de Mendizábal

El procedimiento de venta fue similar al de Mendizábal, pero con diferencias:

• El volumen de ventas fue mayor (afectó al 20% del suelo español).
• Las fincas se vendían en pequeños lotes.
• El pago se hacía en metálico (10% al contado y el resto en 14 plazos).
• El beneficio de las ventas se destinó, principalmente, a financiar la expansión del ferrocarril y, en menor medida, a los ayuntamientos (bajo la «custodia» del Estado), debido a la mejora de la Hacienda.

La venta de tierras municipales no solucionó la deuda pública y arruinó a muchos ayuntamientos y vecinos pobres que complementaban su economía con las tierras comunales. La burguesía fue la gran beneficiaria, aunque la participación de pequeños propietarios fue mayor que en la desamortización de Mendizábal. Terminado el Bienio Progresista, el gobierno de O’Donnell decretó la supresión de la desamortización de la Ley Madoz.