Ilustrados como Campomanes, Jovellanos y Olavide pensaban que para mejorar el rendimiento agrícola, según ellos fuente de fortaleza y riqueza del Estado, había que cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, pues había tierras “amortizadas” (en manos de la Iglesia), “baldíos” (de los municipios) y de “realengo” (del Estado) que ni tributaban a la Hacienda Real por los privilegios que sus propietarios tenían, ni rendían como era deseable que lo hicieran, ni podían ser enajenadas, lo que aumentaba el precio de la tierra “libre” e impedía su capitalización y mejora. Así, entre finales del siglo XVIII y la mitad del siglo XX, se abolió el mayorazgo (1836) y el régimen señorial (1837), lo que convirtió a las tierras de los señoríos en propiedades plenas y de libre disposición, y hubo una serie de incautaciones forzosas de los bienes de manos muertas por parte del Estado, con su consiguiente subasta pública (desamortizaciones), buscando:

• Sanear la Hacienda.
• Erradicar la deuda pública.
• Desarrollar el capitalismo en el medio rural mediante el asentamiento de una propiedad individual y libre.
• Ampliar el número de propietarios afines al régimen liberal.
• Obtener fondos para la guerra carlista.

Etapas de la Desamortización en España

Primer Proceso Desamortizador

La primera etapa, durante el reinado de Carlos IV, es conocida como la “desamortización de Godoy” (1798-1808), aunque su impulsor fue el sustituto de este, Mariano Luis de Urquijo, y tuvo en el Secretario de Hacienda Miguel Cayetano Soler su principal artífice. Afectó a bienes de los Colegios Mayores, la Compañía de Jesús, e instituciones benéficas dependientes de la Iglesia (Hospitales, hospicios, Casas de Misericordia, cofradías, etc.) con un valor aproximado de 1.500 millones de reales. Sólo compraron los grandes propietarios.

La segunda la realizó José I, quien, tras suprimir las órdenes religiosas e incorporar sus bienes al Estado, realizó una “pequeña desamortización” consistente en utilizar sus rentas para costear el avituallamiento y gastos de las tropas francesas, quedando sin efecto al acabar la Guerra de la Independencia Española.

La tercera, durante las Cortes de Cádiz, mediante un decreto de 1811 que abolía los señoríos, otro de enero de 1813 que desamortizaba “todos los terrenos de baldíos (que no está labrado o adehesado) o realengos y de propios (tierras que el municipio arrendaba a particulares) y arbitrios (contribuciones de carácter temporal sobre determinados alimentos y otros géneros comerciales)» de los municipios, y otro de septiembre de 1813 que consideraba “bienes nacionales”, entre otros, los de “traidores”, afrancesados, órdenes religiosas, y conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra.

La cuarta, en el Trienio Liberal, con el restablecimiento de los decretos de enero y septiembre de 1813 mediante uno de 1822 y otro de agosto de 1820, que añadía los bienes de la Inquisición, respectivamente, y con un decreto de octubre de 1820 que afectaba a los bienes del clero regular. Tanto la tercera como la cuarta no tuvieron efecto por el restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII.

Proceso de Desamortización General

Desamortización de Mendizábal

Llevada a cabo por este presidente del Gobierno mediante un decreto (1836), afectó a los bienes del clero regular (el Estado suprimió las órdenes religiosas y cerró los conventos, que debido a los años de conflicto se habían quedado sin miembros, excepto los religiosos que se dedicaban a la enseñanza o al cuidado de los hospitales, y se apoderó de sus bienes, los cuales fueron expropiados y subastados) y su objetivo era sanear la Hacienda, crear propietarios adictos al régimen liberal que invirtiesen en la tierra y desarrollar el sector agrario e industrial. La premura por obtener dinero para la guerra carlista y el hecho de que los lotes fuesen establecidos por las autoridades municipales propiciaron que estos sólo pudiesen pagarlos las oligarquías adineradas y las autoridades municipales (nuevos caciques locales), quienes los adquirieron por medio de intermediarios o testaferros, por miedo a ser excomulgados por la Iglesia por ello, y a un precio más bajo del esperado, recaudándose unos 3.440 millones de reales. Mendizábal también promulgó una ley en 1837 que afectaba a casi todos los bienes del clero secular, pero fue derogada antes de su puesta en vigor.

Por otro lado, la ley de desvinculación de los patrimonios de la nobleza autorizaba a los dueños de la propiedad a venderlas con plena autoridad (fin del mayorazgo). Además, se aprobó la ley de supresión de los señoríos en la cual los nobles aceptaban sin protestar la renuncia a sus derechos (nombrar cargos, justicia…) siempre que conservaran el derecho de propiedad de ellas. Esta ley hizo que la mayoría de las familias nobles poderosas pudieran legitimar su propiedad (casa de Alba, Medina Sidonia…) mientras que en el caso de las propiedades de la nobleza media y baja, muchas de ellas arruinadas, sus tierras pasaron a manos de la burguesía adinerada.

Desamortización de Espartero

En 1841 el regente Espartero aplicó el proyecto de desamortización de bienes del clero secular elaborado por Surra Rull, ley que fue derogada tres años más tarde al hundirse el partido progresista. Si bien la Iglesia reconoció la titularidad de las propiedades ya desamortizadas con el Concordato de 1851.

Desamortización de Madoz

Efectuada por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855 durante el Bienio Progresista, es conocida como la desamortización civil, aunque, además de a las propiedades del Estado y de los municipios (bienes de propios, comunales -que eran aprovechados gratuitamente por los vecinos- y baldíos), también afectó a las de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, etc.) y al resto de bienes que aún quedaban de las comunidades religiosas y del clero secular. Suspendida por el gobierno moderado (1856), fue reanudada por los unionistas (1858), alcanzando en 1895 casi el doble del dinero obtenido con la desamortización de Mendizábal, a lo que contribuyó su mayor duración, y tuvo una importancia superior a todas las anteriores. El dinero se destinó a cubrir el déficit del presupuesto estatal, a amortizar la deuda y obras públicas, como el ferrocarril, y a reedificar y reparar iglesias.

En total, de lo desamortizado, el 30-35% pertenecía a la Iglesia, el 15-20% a beneficencia y el 50% a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.

Consecuencias del Proceso Desamortizador

Consecuencias Sociales

Acentuó la división de España en dos zonas, latifundista al sur y minifundista al norte, al no haber en la zona meridional agricultores con recursos económicos suficientes para pujar en las subastas, lo que incrementó y diversificó el número de propietarios con la incorporación de burgueses absentistas, pero no consiguió que la mayoría de los pequeños campesinos se convirtiesen en propietarios, y muchos de ellos, faltos de recursos por la privatización de los bienes municipales, los nuevos arrendamientos y la competencia de jornaleros, se vieron obligados a emigrar a zonas industrializadas o a América. Los jornaleros tampoco salieron beneficiados ya que no pudieron acceder a la compra de las tierras desamortizadas y además perdieron el aprovechamiento de los bienes comunales. Es decir, que estas medidas no lograron eliminar la desigualdad y las tierras siguieron en poder de la nobleza o fueron a parar a las manos de la burguesía latifundista, que de esta manera se adueñaba del poder municipal, lo que dio origen al caciquismo de fin de siglo. Por su parte, el clero sufrió un golpe muy duro: vio mermado sus recursos y pasó a depender del Estado, a través del presupuesto estatal.

Consecuencias Económicas

Los bajos ingresos por las subastas no lograron terminar con el déficit público. La falta de demanda interior desincentivó la inversión en la industria y el comercio. A su vez, la clase destinada a impulsar el proceso de industrialización, la burguesía, pasó a convertirse en rentista y a imitar el comportamiento de los antiguos estamentos privilegiados, rechazando la inversión y la innovación. Se aumentó la superficie cultivada y la productividad, que se centró sobre todo en el cereal, protegido por aranceles y de baja rentabilidad. En general el aumento de la producción agraria fue debido a la roturación de los antiguos terrenos comunales, muchos de ellos bosques y dehesas que se dedicaron a cultivos de maíz, patata, viñedo, trigo, frutales… con una clara orientación de productos destinados hacia la exportación, la mayoría de ellos cultivados por una mano de obra abundante y barata (jornaleros), lo que no incentivó la mecanización agrícola. Por tanto, no hubo en España una auténtica revolución agraria y, como consecuencia, fracasó el proceso de industrialización, no se invirtió en una renovación técnica y se incrementó la deforestación. El abandono con el tiempo de muchas de estas tierras empeoraría la situación. También aumentó la centralización al perder los ayuntamientos buena parte de sus ingresos.

Consecuencias Urbanísticas y Culturales

La privatización de bienes religiosos y culturales provocó cambios urbanísticos, parte de los edificios conventuales o los huertos el Estado los habilitó para escuelas, edificios de la Administración, en otros casos fueron derribados con el fin de crear ensanches, plazas y nuevos edificios públicos (Teatro Romea en Murcia). Desde el punto de vista artístico, al abandonar los monjes los monasterios se perdió un patrimonio artístico de gran valor, pues el abandono y mantenimiento de algunos de los bienes comprados se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Pero también hubo pérdida de inmuebles y bienes culturales de los monasterios, muchos de los cuales, vendidos a precios irrisorios, acabaron en el extranjero.

Consecuencias Políticas e Ideológicas

Se quiso consolidar el régimen liberal creando una clase de pequeños y medianos propietarios afines a este, pero la mayor parte de las tierras fueron adquiridas por grandes propietarios, lo que puso en entredicho a la élite liberal creada en el siglo XIX, que perdió el poder político en el Sexenio y lo recuperó en la Restauración, a pesar de que el rechazo social hacia ella iría en aumento. El subdesarrollo del país provocó una fuerte polarización y conflictividad social, al crear un proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra. Uniendo ambos elementos, es fácil comprender la inestabilidad política que sufre el país que desembocará en los graves conflictos del campo español de las décadas de principios del siglo XX (anarquismo y socialismo) y que no tendrá solución hasta que primero el Desarrollismo franquista y posteriormente el desarrollo socioeconómico de la España democrática generase un éxodo rural hacia las ciudades y la consolidación de una nueva sociedad con predominio de una clase media que estabilizó el sistema político.

Conclusión

En suma, podemos concluir que las desamortizaciones del siglo XIX fueron la medida práctica de mayor trascendencia adoptada por los Gobiernos liberales y se concibieron más como una medida fiscal que como una reforma agraria, perdiéndose así la gran oportunidad de repartir las tierra a los campesinos y de transformar las bases de la agricultura española, con lo que no se dieron las circunstancias favorables para que la agricultura sirviera de base a la Revolución Industrial. Se sigue debatiendo sobre su aportación económica al Estado, la superficie desamortizada y su repercusión sobre la vida socioeconómica del país, pero es innegable que benefició a quienes tenían dinero para comprar, empeoró la situación de los campesinos y redujo enormemente el patrimonio eclesiástico, no estando el resultado a la altura de las expectativas liberales, en tanto que no contribuyó a un verdadero crecimiento económico, salvo por lo que se refiere a su aportación al ferrocarril, y consolidó el latifundio (centro y sur de España), lo que produjo la emigración hacia las escasas zonas industriales. Los municipios sobrevivieron a la medida y pudieron conservar sus dominios.