Introducción

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), el Estado impulsó procesos desamortizadores encaminados a recaudar fondos públicos. Igualmente, a lo largo del siglo XIX existió una tímida evolución desde las estructuras económicas del Antiguo Régimen hacia un tejido productivo propio de una economía industrial. Esta transformación fue posterior y menos intensa que la experimentada en áreas económicamente pujantes de Europa y estuvo limitada a determinadas zonas del país. En la España decimonónica, el principal sector productivo continuó siendo el agrario.

Las Desamortizaciones

La distribución y situación jurídica de las propiedades agrícolas se convirtió en uno de los mayores problemas de la falta de dinamismo económico español durante la Edad Moderna (siglos XVI a XVIII). La gran mayoría del espacio agrario estaba constituido por manos muertas, propiedades que no se podían vender, canjear por deudas o dividir, al estar bajo régimen de señorío o de mayorazgo, caso de las tierras del clero y la nobleza, o bien por tratarse de tierras que estaban en manos de los ayuntamientos: los bienes de propios y comunales.

El liberalismo y los primeros debates desamortizadores

Durante la minoría de edad de Isabel II, en regencia de María Cristina (1833-1840), tiene lugar el pronunciamiento progresista de 1836, lo que permite el nombramiento como ministro de Hacienda de Juan Álvarez Mendizábal. Se inician entonces los debates desamortizadores sobre bienes fundamentalmente eclesiásticos. Las principales líneas de pensamiento fueron desarrolladas por Álvaro Flórez Estrada y por el propio Mendizábal.

Flórez Estrada se declaraba partidario de la desamortización, pero no como medio para finalizar con la deuda pública sino para iniciar la necesaria reforma agraria. Esta reforma agraria debía favorecer principalmente a los campesinos, propiciando un reparto más equitativo de la principal fuente de riqueza. El método propuesto por Flórez Estrada era entregar a crédito lotes de tierra a los pequeños campesinos que antes trabajaban para la Iglesia, con la finalidad de aumentar su producción y productividad.

La falta de recursos estatales para poder articular el acceso a la propiedad de los aparceros, las necesidades de afrontar con inmediatez gastos de la guerra carlista y la oposición por parte de la influyente burguesía y la nobleza, que veían en la desamortización una ocasión para aumentar su patrimonio, determinaron que el planteamiento de Florez Estrada fuese desechado, llevándose a cabo el proyecto de Mendizábal.

La desamortización eclesiástica de Mendizábal

En 1836 se promulga el decreto de desamortización por el cual se ponen en venta los bienes pertenecientes al clero regular con el objetivo de destinar los fondos al pago de la deuda pública. Los grandes beneficiados de la desamortización fueron la burguesía y la nobleza, ya que eran los únicos que tenían capacidad económica para poder adquirir los bienes desamortizados. A su vez, burguesía y nobleza se vieron favorecidas por el hecho de que el pago podía realizarse mediante títulos de la deuda, que estaban, precisamente, en manos de nobles y burgueses. Los compradores solo tenían que aportar el 20% del valor efectivo en el momento de la compra.

La desamortización supuso un cierto respiro económico para el liberalismo. A la altura de 1844 se habían vendido propiedades por un valor estimado en 3500 millones de reales. La mayor parte de los pagos se hicieron con títulos de deuda, con lo que solo se pudieron recaudar 500 millones de reales en efectivo.

La desamortización civil de Madoz

Desde el Bienio Progresista (1854-1856) se acometerá un nuevo proceso desamortizador impulsado por el ministro de Hacienda Pascual Madoz, que tendrá continuidad en la etapa final del reinado de Isabel II.

La desamortización de Madoz se promueve en 1855, y es conocida como la desamortización civil, al afectar principalmente a bienes municipales. La desamortización de Madoz fue más importante en términos de recaudación estatal, alcanzó un valor aproximado de 5400 millones de reales y tenía dos objetivos fundamentales: disminuir la deuda pública y, sobre todo, financiar el Plan de Ferrocarriles de 1855.

Consecuencias de las Desamortizaciones

Las consecuencias de las desamortizaciones no pueden considerarse exitosas a partir de los objetivos que persiguieron. Si bien consiguieron reducir la deuda pública, aquella no pudo eliminarse. La precipitada puesta a la venta de forma conjunta de una masa patrimonial tan grande, así como la apremiante necesidad de minimizar la deuda pública, provocaron el Estado recaudara menos que si las subastas se hubieran hecho de forma parcial y de forma más pausada.

Lejos de solucionar la desigual distribución de la propiedad de la tierra, la acentuó. Sobre todo, en aquellas áreas donde ya predominaba el latifundismo. La situación de los campesinos en muchos casos empeoró con los nuevos contratos de arrendamiento que les impusieron. El latifundismo provocó, a su vez, el aumento de la conflictividad social y creó el caldo de cultivo para que se desarrollara el anarquismo en zonas rurales.

Podemos añadir que las desamortizaciones supusieron la entrada de una gran cantidad de tierras en el ámbito tributario, y, sobre todo, afianzó el régimen liberal al vincular a la burguesía y a la nobleza a su causa, ya que el triunfo del absolutismo habría supuesto la devolución de los bienes desamortizados a la Iglesia.

La España Rural del Siglo XIX: La Inexistente Revolución Agrícola

La industrialización de España durante el siglo XIX fue notablemente más tardía y superficial respecto a otros países europeos. Este retraso industrial estuvo estrechamente vinculado a la existencia de una agricultura estancada en España. Aun siendo el sector con mayor peso en la economía, la agricultura española careció de la revolución agrícola que otros países europeos llevaron a cabo como condición previa a la revolución industrial.

De este modo, la agricultura española se caracterizó por unos bajos niveles de producción y productividad, que impidieron la aparición de excedentes agrícolas necesarios para propiciar un aumento de la población rural. El sostenido aumento de la producción y productividad agrarias propicia un aumento demográfico y consecuentemente un éxodo de la población rural a las ciudades. Asimismo, el sector agrario configura el inicial mercado para la producción industrial, demandando manufacturas (textiles, utensilios metálicos, instrumental agrícola…), y contribuye al proceso de acumulación de capital que financia las actividades industriales posteriores. La agricultura en España no cumplió satisfactoriamente estas funciones durante el siglo XIX, por lo que la economía española careció de la palanca fundamental para llevar a cabo su proceso de industrialización.

El Desarrollo Industrial en España

Apuntada la fallida revolución industrial en el siglo XIX español, hemos de añadir que el estancamiento industrial no fue total en el país. Cataluña llevó a cabo un importante proceso de industrialización, mientras que la siderurgia vizcaína supuso otra excepción que escapa a la tónica general del país.

La industria textil catalana fue pionera en la industrialización española. Desde finales del XVIII, en Cataluña convergen condiciones favorables para el desarrollo de esta industria textil: activo comercio con América, próspera agricultura, vitalidad demográfica y acumulación de capital. En el XIX, la industria algodonera se desarrolló a partir de un fuerte proteccionismo y la introducción de la máquina de vapor. El textil catalán tuvo una fuerte dependencia energética exterior, en tanto la mayor parte del carbón que consumía procedía de Gran Bretaña. Su protegido mercado quedó limitado a la demanda nacional, además de Cuba y Puerto Rico y, a pesar de sus limitaciones, el textil catalán impulsó el desarrollo de la región y absorbió mano de obra procedente de otras regiones españolas.

A partir de los años ochenta, Vizcaya se convirtió en la región mayor productora de hierro, una vez concluyó la Tercera Guerra Carlista (1876). Su crecimiento se vio favorecido por la abundancia de yacimientos de hierro de buena calidad, aspecto que propició el impulso del eje comercial Bilbao-Cardiff (Gales). Así, desde Bilbao se exportaba hierro a Gales y se importaba carbón galés, más rentable que el asturiano. Las compañías siderúrgicas vizcaínas tuvieron fuerte participación de capital inglés además del propiamente vasco, alcanzando a final de siglo un crecimiento sostenido. Se fundan solventes empresas siderúrgicas, destacando el referente español de esta industria durante el siglo XX: Altos Hornos de Vizcaya (1902).

La Política Comercial: Proteccionismo y Librecambismo

Los dirigentes españoles se debatieron durante el siglo XIX entre una política librecambista, como forma de estimular la economía y la obtención de ingresos aduaneros y una política proteccionista, con el fin de cuidar la producción nacional, protegiéndola de la competencia extranjera, aun a costa de anular los ingresos aduaneros por las importaciones. A modo de balance general, la política comercial española fue más proteccionista que la llevada a cabo en el resto de Europa occidental, si bien, frente a la primacía industrial de británica en el siglo XIX, todos los países europeos, en mayor o menor medida, trataron de proteger sus industrias de su competencia. Respecto a los sectores económicos afectados, los grandes propietarios cerealistas castellanos, los industriales textiles catalanes, la siderurgia vasca y los productores de carbón defendieron el proteccionismo, conformando grupos de presión frente a las clases dirigentes. Los librecambistas conformaban un grupo menos definido que el de los proteccionistas. De forma general, el librecambio encontró apoyos en las empresas importadoras de combustible y bienes de equipo y en las compañías ferroviarias, que entendían que una rebaja de los aranceles significaría un aumento del comercio y por tanto de los transportes.

Se identifican diferentes periodos en las políticas comerciales en España durante el siglo XIX. Del predominio proteccionista inicial se pasó a una etapa librecambista concretada en el arancel de 1849 y, sobre todo, el arancel aprobado por el ministro Laureano Figuerola (1869) tras el triunfo de la Revolución de 1868, que mantenía una amplia protección a los productos agrarios y rebajaba notablemente los aranceles de los productos industriales. El arancel Figuerola contó con la resistencia de grupos industriales catalanes y vascos, paralizándose con la Restauración borbónica. Más adelante, imperó nuevamente el proteccionismo, con la Ley de Aranceles (1891) aprobada por Cánovas del Castillo.