Dictadura de Primo de Rivera y Caída de la Monarquía

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra la legalidad constitucional, anunció el estado de guerra y exigió que el poder pasase a manos de los militares.

La iniciativa de Primo de Rivera contó con el beneplácito del rey, con el apoyo del Ejército y con el respaldo de la burguesía catalana. Además, encontró la adhesión de las élites económicas y de amplios sectores de las clases medias. Incluso en el PSOE apareció una corriente favorable al dictador debido a su programa de reformas sociales que contemplaba la creación de juntas mixtas. Así, el líder socialista Francisco Largo Caballero asumió un cargo como consejero de Estado. Mientras, otro sector del PSOE, encabezado por Indalecio Prieto, mostró su desacuerdo con la dictadura.

Características del Gobierno de Primo de Rivera (1923-1925)

Entre 1923 y 1925 el Gobierno estuvo en manos de militares y presidido por Primo de Rivera. En esa etapa, la acción del gobierno se centró en una serie de claves:

• Represión de las libertades: se declaró el estado de guerra y quedaron suspendidas las Cortes y las garantías constitucionales; los Ayuntamientos y las Diputaciones fueron disueltos y se ejerció una censura contra la prensa y la libertad de enseñanza.
• Represión del movimiento obrero: con esas medidas pretendía afianzar el apoyo de la burguesía catalana.
• Represión contra los nacionalismos: En Cataluña, se disolvió la Mancomunidad y se prohibieron la bandera, el himno y la lengua, lo que provocó la enemistad con la burguesía catalana. En el País Vasco, la persecución se centró en el nacionalismo radical, representado por el PNV.
• Resolución de la cuestión marroquí: tras el desastre de Annual se abrieron dos corrientes de opinión: una favorable al abandono del protectorado y otra que abogaba por el mantenimiento de la acción bélica en el territorio. Primo de Rivera se decidió por extender la acción militar sobre la región. El resultado fue el desembarco de Alhucemas de septiembre de 1925, una acción que determinó la ocupación efectiva de todo Marruecos y marcó el momento de máxima popularidad del dictador.

Consolidación del Régimen Dictatorial

Con el propósito de consolidar el régimen dictatorial, a finales de 1925 el gabinete militar que asesoraba a Primo de Rivera fue sustituido por otro de carácter civil. Previamente, en 1924 se había fundado la Unión Patriótica, cuyo modelo a imitar era el de la Italia de Mussolini. Con la misma intención, se constituyó la Asamblea Nacional Consultiva (1927), un parlamento corporativo y autoritario que tuvo como cometido elaborar una constitución que permitiera la institucionalización del régimen. En el período entre 1925 y 1930 Primo emprendió un programa de economía dirigida cuyo éxito se produjo sobre los felices años 20. En este sentido se aprobó el Decreto de Protección a la Industria Nacional que aseguraba la entrega de ayudas estatales a empresas que no pudieran competir en el exterior y promovía la concesión de monopolios. En cuanto a las relaciones laborales, se creó la Organización Corporativa del Trabajo, una especie de sindicato que arbitraba entre los obreros y la patronal.

Oposición y Caída de Primo de Rivera

Desde 1926, la oposición a la dictadura no dejó de crecer. Su anticatalanismo lo alejó de la burguesía catalana, mientras que en el PSOE acabó imponiéndose la postura contraria a la Dictadura. Incluso entre el Ejército y las élites liberales surgieron sectores discrepantes con las políticas del dictador. La fuerte oposición al régimen dictatorial obligó a Primo a presentar su dimisión, en enero de 1930, y falleció poco después. Alfonso XIII decidió entonces encargar al general Berenguer la configuración de un nuevo gobierno que restableciese la normalidad constitucional. Pronto se puso en evidencia que el rey tendría dificultades para desvincular el destino del dictador a su propio destino. La oposición al rey se hizo evidente en tres ámbitos:

• Político: en agosto de 1930 se había firmado el Pacto de San Sebastián, en el que republicanos, socialistas y nacionalistas catalanes acordaron trabajar de forma conjunta en el derrocamiento de la monarquía.
• Intelectual: su máxima expresión fue “El error Berenguer” de Ortega y Gasset.
• Militar: en diciembre de 1930 se sucedieron las sublevaciones militares de corte republicano.

La Crisis del Parlamentarismo (1917)

En el año 1917, el sistema político de la Restauración se veía aquejado por dificultades derivadas del enfrentamiento entre los partidos dinásticos, del creciente intervencionismo del Ejército en la vida política y de la agudización de la conflictividad social.

A ello se le había sumado el impacto económico de la IGM que había causado un aumento de la inflación y del desequilibrio salarial que ahondaron el descontento social. Por último, las perspectivas ante el estallido de la Revolución Rusa provocaron una crisis que evidenció la desintegración del sistema.

Crisis Militar

La injerencia del Ejército en la vida política del país había aumentado desde comienzos de siglo. El asalto de un grupo de militares que realizó en 1905 a las redacciones de la revista ¡Cu-Cut! y del periódico La Veu de Catalunya fue significativo como respuesta ante una caricatura ofensiva. En lugar de castigar los hechos de los militares, el Gobierno promulgó la Ley de Jurisdicciones (1906), por la que se ponía bajo la jurisdicción militar toda ofensa a la unidad de la patria, la bandera o el honor de los militares, lo que estimuló el intervencionismo castrense y el nacionalismo catalán. El descontento militar también estuvo motivado por la disminución de los salarios y por la política de los ascensos que premiaba a los méritos de guerra, por lo que los militares destinados a Marruecos tenían mayor facilidad de ascender que los peninsulares. En este contexto, se crearon las Juntas de Defensa que eran asociaciones militares que exigían mejoras salariales o acabar con la política de ascensos. Ante esta presión, el presidente del Gobierno Eduardo Dato decide suspender las garantías constitucionales, clausurar las Cortes y aumentar la censura en la prensa.

Crisis Política

La suspensión de las garantías constitucionales estimuló a Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, a promover una Asamblea de Parlamentarios que permitiese formar un Gobierno provisional y convocar Cortes Constituyentes. Los objetivos fueron: plantear un nuevo proyecto regeneracionista, romper con el sistema de turno, combatir el peso de las oligarquías, consolidar la separación efectiva de poderes y plantear un modelo de Estado descentralizado. La reunión que convocó la Asamblea fue disuelta por las fuerzas de orden público, no consiguió sus objetivos ya que acudió una minoría de parlamentarios. La mayoría decidió no acudir por el miedo a la agitación social y a que se convirtiera esta asamblea en un movimiento revolucionario.

Crisis Social

La conflictividad social había aumentado durante los años de la IGM como consecuencia del alza de precios y el desigual reparto de los beneficios de la expansión económica. El sindicalismo aumentó su fuerza y reclamó medidas que acabaran con la desigualdad social. En agosto de 1917, se convoca una huelga general por los sindicatos anarquista y socialista. Ante el peligro del estallido de una revolución, el Gobierno declaró la ley marcial facultando al ejército y a las fuerzas de orden al reprimir de forma violenta la huelga. El resultado fue trágico. El apoyo de los militares y la disolución de la Asamblea de Parlamentarios fue clave para evitar el colapso del régimen de la restauración y sofocar el descontento social por la fuerza. En 1918, con la promulgación de la Ley del Ejército, se acabó con la crisis militar lo que aseguró la continuidad del sistema algunos años más.