ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DESAMORTIZADORAS

Durante el siglo XIX la agricultura fue la activad económica más importante,; sin embargo, hasta mediados de siglo soportó una permanente situación de atraso, La desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del Siglo XIX. No obedecíó a un proyecto que persiguiese la reforma agraria,

1.- La estructura agraria del Antiguo Régimen

La propiedad de la tierra en la España del Antiguo Régimen se caracterizaba porque el dominio útil de la tierra estaba, en gran medida, en manos de la nobleza y de la Iglesia.

La nobleza, gracias a la institución del mayorazgo, había constituido un patrimonio de bienes rústicos y urbanos sustraídos al libre comercio; . La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las numerosas donaciones . De esta forma, la tierra que daba inmovilizada y convertida en tierra de “manos muertas”.

También los municipios eran propietarios de tierras que tenían su origen en concesiones reales durante la Reconquista. Solían consistir en bosques o terrenos áridos (montes y baldíos), cuya utilización adoptó dos formas: tierras de “aprovechamiento común” por parte de la colectividad y tierras de “propios” que, siendo del común, eran arrendadas a particulares.

Como resultado, la cantidad de tierra a la que se podía acceder como propietario había ido disminuyendo y encarecíéndose.

 La despoblación tenía su origen en la dureza de la vida del labrador: era una invitación para huir a la ciudad.

Pero el problema esencial continuaba siendo el bajo rendimiento agrícola, a causa del atraso técnico. 

La situación descrita se tornaba aún más difícil si tenemos en cuenta las trabas ejercidas por la ganadería trashumante sobre la agricultura

.2.- La modificación de la estructura de la propiedad. El concepto de desamortización

Ya los reformistas ilustrados del Siglo XVIII habían denunciado que uno de los principales problemas del campo español radicaba en la mayoritaria presencia de propiedad amortizada o vinculada, lo que contribuía a que el mercado libre fuese casi inexistente y que las pocas propiedades no vinculadas fuesen muy caras.

La Revolución liberal del Siglo XIX,, también tomó cartas en el asunto.

La primera tarea fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. Ambas acciones pretendían lo mismo: sacar al mercado libre, para que fueran objeto de compra y venta.
La palabra desvinculación se aplicaba a los bienes de los seglares, y la de desamortización, a los bienes eclesiásticos. Se trataba, por lo tanto, de proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el número de propietarios particulares .

La desvinculación supuso, a su vez, una doble decisión. La primera fue la abolición de los señoríos, lo que significaba, por un lado, acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores habían tenido, debido a privilegios concedidos por los reyes. El proceso iniciado en las Cortes de Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y problemas surgidos, y concluyó en 1837. Y eso que, en contraste con la desamortización, esta medida no aportaba un cambio de propietario, sino la transformación de los antiguos señores en propietarios privados, con una titularidad plena y libre sobre dichos bienes.

La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos. Las resistencias de la nobleza retrasarían su culminación hasta 1841 

La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales.

La desamortización supónía dos momentos bien diferenciados: primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de “manos muertas” para convertirse en “bienes nacionales”; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos

3.- El proceso desamortizador

La desamortización  había empezado a ser aplicada en el Siglo XVIII. Se ha calculado que desde que se pusieron en venta los primeros bienes de los jesuitas hasta 1924, fecha en que el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes de sobre desamortización de los bienes de los pueblos, pasaron a manos de propietarios particulares, el 39 % de la superficie del Estado.Este dilatado proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias desamortizaciones:

* Desamortización de Godoy (1798).

* Desamortización de las Cortes de Cádiz (1811-1813)

* Desamortización del Trienio Liberal (1820-1823)

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Desamortización de Mendizábal (1836-1851)

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Desamortización de Madoz (1855-1924)

3.1.- La desamortización de Mendizábal

De estas desamortizaciones, es obligado destacar las dos últimas, y de forma especial la de Mendizábal, porque la puesta en práctica de su decreto trajo la ruptura de relaciones diplomáticas con Roma y removíó y dividíó la opinión pública de tal forma que ha quedado en nuestra historia contemporánea como “la desamortización” por antonomasia. Cuando en 1835 llegó , lo que le preocupaba era garantizar la continuidad en el trono de Isabel II, . Para ello era necesario ganar la Guerra Carlista;, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, era preciso eliminar, o por lo menos disminuir, la deuda pública hasta entonces contraída. Ante la mala situación de Hacienda, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas fuentes de financiación y éstas no eran otras que los bienes eclesiásticos.

El decreto desamortizador, publicado en 1836, en medio de la guerra carlista, puso en venta todos los bienes del clero regular. Al año siguiente, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular, aunque la ejecución de ésta última se llevó a cabo unos años más tarde, en 1841, en la regencia de Espartero.

Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos: ganar la guerra carlista; eliminar la deuda pública. Pero había más: la iglesia sería reformada y transformada en una institución del nuevo régimen, comprometíéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el correspondiente culto.