Tercer Peronismo y el Pacto Social (1973 – 1976)

Desde 1973 a 1974, la economía de Argentina creció casi cinco veces (o el 3,8% en términos anuales), mientras que su población solo se duplicó. Esta expansión fue bien distribuida y así dio lugar a cambios muy positivos en la sociedad argentina, especialmente el desarrollo de la clase media más numerosa proporcional (40% de la población de la década de 1960) de América Latina, así como la clase obrera mejor paga de la región, y una gran sindicalización de los trabajadores.

En 1973, tras la dictadura, es electo presidente el peronista Héctor José Cámpora, que llevó adelante junto a Juan Domingo el denominado Pacto Social. Sus primeros resultados fueron absolutamente positivos: la alta inflación que amenazaba continuamente a la Argentina entre 1955 y 1973, menguó (del 62% al 17% anual), los salarios reales se recuperaron en un 13,33%, se revirtió la situación de la balanza de pagos gracias a la acumulación de superávit por el comercio exterior. El incremento de los salarios y la expansión del gasto público alentaron la actividad interna.

Tras unos meses en el poder, se realizan nuevas elecciones que dan como ganador con más del 62% de los votos a Juan Domingo Perón, que confirmó como ministro de economía a José Ber Gelbard. Asimismo, mantuvo el «pacto social» que mediaba los aumentos salariales, y establecía controles de precios sobre los bienes de consumo. Esto dio como resultado el registro de salarios reales promedio en un 50% superior a los de 1963 y una nueva aceleración del crecimiento (6% anual en 1973-74 y 80% por encima de los niveles de 1963). Se dio un nuevo impulso al comercio exterior ampliando la flota de la Marina Mercante Argentina (que contaba a fines de 1973 con 198 barcos) con la incorporación de seis cargueros nuevos y la construcción de 27 barcos. A principios de ese año se inaugura Atucha I, siendo la primera central nuclear de Latinoamérica, y comienzan los trabajos de la central Embalse I para abastecer con energía nuclear los requerimientos de 3 a 4 millones de personas.

En 1973 se alcanzó un superávit comercial de más de mil millones de dólares. Para 1974 la inflación había caído a 30.2%, casi la mitad del 79.6% que había en 1972, en tanto el desempleo pasó del 6.1 al 2.5%, dificultada también por la crisis del petróleo. El Mercado Común Europeo se cerró para las carnes argentinas. El crecimiento del PBI pasó del 3.5% en 1969/72 al 6.1% en 1973, y al 6.4% en 1974. La inflación se frenó, al tiempo que la balanza de pagos se vio favorecida por la positiva coyuntura exportadora. Las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimulaban el aumento de la actividad interna.

Entre otras medidas fueron aprobadas por el Congreso: Ley de Represión penal para defraudaciones fiscales; Ley de Promoción minera; Ley de creación de la Corporación para el desarrollo de PYME; Impuesto a la renta potencial de la tierra; Ley de regionalización de Directorios de Bancos Nación y Banco Nacional de Desarrollo; Modificación de la Ley de Bosques; Ley de creación Instituto Nacional de vivienda de interés social; Ley de uso de tierras aptas para explotación agropecuaria; Ley de defensa del trabajo y producción nacional. El plan económico político de José Ber Gelbard planificaba una distribución del ingreso a favor de los trabajadores para el año 1980 de 58%, superando ampliamente el 36% de la participación salarial en el Ingreso nacional para el año 1973. La política exterior argentina correspondiente a la economía política del tercer gobierno peronista buscó ampliar y diversificar las relaciones económico comerciales.

Luego de la muerte de Perón en julio de 1974, asume la presidencia María Estela Martínez de Perón, jaqueada por la presión de su base política (los sindicatos, en particular) y de las fuerzas armadas, decide dar un drástico giro en la política económica y nombra a Celestino Rodrigo ministro de economía que aplicó una devaluación. Si bien Argentina fue casi autosuficiente en petróleo, la crisis de los precios del petróleo impactó negativamente en la balanza financiera, el país pasó de importar petróleo por $ 60 millones en 1973 a $ 600 millones en 1974.

Última dictadura cívico-militar (1976 – 1983)

El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado por José Martínez de Hoz, Ministro de Economía desde marzo de 1976 hasta el 29 de marzo de 1981. José Martínez de Hoz siguió los nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago, que habían sido impuestos por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973.

Las políticas económicas neoliberales impuestas a través del golpe de Estado de 1976, fueron catastróficas para la próspera economía argentina. El plan neoliberal produjo la declinación de la actividad industrial, la concentración de la riqueza, la población perdió el nivel de vida que había alcanzado a mediados del siglo XX. El período se caracterizó además por un aumento exponencial de la deuda externa nacional, que se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares en 1983. La relación porcentaje de deuda externa sobre PBI, pasó a ser una de las más elevadas de América Latina, lo que significaría un serio obstáculo para las políticas de desarrollo.

En el plano laboral Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios provocando una caída del nivel de vida de la población sin precedentes, así mismo prohibió el derecho a huelga, e intervino todos los sindicatos. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975, pero en 1976, en un solo año, cae a 79, el nivel más bajo desde los años ’30 (OIT 1988). La participación del salario en el PBI entre 1975 y 1977, se redujo del 43 al 25 por ciento.

La pobreza, que desde los años ’40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 37,4% en 1982, cifras inéditas para el país. Además, el plan económico se caracterizó por altas tasas de inflación durante toda la dictadura. Así mismo se incrementó la brecha en la distribución del ingreso, el coeficiente de gini paso de 0.365 en 1975 a 0.423 en 1982, observándose un marcado deterioro.

El plan de Martínez de Hoz consistía en una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, para darle competitividad a la economía y promover sus ventajas naturales. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen, Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y miles de medianas y pequeñas empresas industriales. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la textil, la caída superó el 15%.

En 1978, el plan del ministro neoliberal Martínez de Hoz dio indicios de ser un fracaso total: la inflación anual llegó al 160 por ciento, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2%. En 1979 la tasa de inflación llegó 139,7, con una economía estancada. Además, se generó una fuga del 25% de los depósitos bancarios, los cuatro bancos más importantes del sistema fueron liquidados. Durante su gestión la deuda externa creció de 7.000 millones de dólares a más de 40.000 millones de dólares, es decir, que en siete años se multiplicó casi seis veces. Durante 1980 las exportaciones cayeron un 20% respecto del año anterior, las importaciones subieron un 30%. En ese contexto se produjo el “crack bancario” de 1980, que puso fin a la etapa de la denominada “plata dulce”. La quiebra del Banco de Intercambio Regional junto con el cierre de otras 37 entidades financieras, que a su vez repercutió en sectores industriales, originando una fuerte corrida bancaria y fuga de divisas.

Neoliberal: refiere a todo aquello que se encuentra vinculado o es propio del Neoliberalismo. Podemos definir al Neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defiende la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único sin subsidio del gobierno.

En medio de una profunda crisis económica y una corrida bancaria, el presidente de facto Jorge Rafael Videla y su ministro José Alfredo Martínez de Hoz renuncian, asumiendo Viola. El 29 de marzo de 1981 asume Lorenzo Sigaut, que dispone una nueva devaluación que provocó que el Peso perdiera un 35% de su valor respecto al dólar, mientras el PBI caía un 6% interanual. Tras estas medidas iniciales desdobló el mercado cambiario en financiero y comercial, mientras que los precios aumentaron un 155%, el resultado de estas medidas fue profundizar la recesión con alta inflación. El nuevo presidente del BCRA, Domingo Cavallo, decidió en septiembre de 1982 la estatización de 17.000 millones de dólares de deuda externa privada que paso a ser deuda pública. La deuda de diferentes empresas como Alpargatas S.A., Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, FATE -ASTRA, Bunge y Born S.A., Grafa S.A., Molinos Río de la Plata, Loma Negra S.A, Ledesma, Papelera del Plata S.A., Pérez Companc S.A., Banco Río S.A., ACINDAR S.A., Bridas SAPIC – Papel Tucumán S.A., fue transferida al Estado para que este las pague.

Presidencia de Alfonsín (1983 – 1989)

Tras más de 7 años de dictadura militar, el 10 de diciembre de 1983 se retoma la democracia, asumiendo la presidencia Raúl Alfonsín. Si bien contaba con un amplio respaldo del electorado, la situación económica heredada después del desastre económico producido por la aplicación de la escuela económica monetarista traería serias dificultades durante su mandato: la deuda externa había aumentado de 7.961 millones de dólares (1975) a 41.054 (1983), es decir, la deuda pública consolidada había crecido del 33,8% del PIB en 1975 al 64,2% del PIB en 1983; la pobreza también había crecido del 5% en 1975 al 8% en 1980, siendo récord en el país. Así mismo la tasa de inflación era superior al 400% y la deuda externa llegaba al 49.6% del PIB, ahogando las finanzas públicas, lo que dió lugar a una creciente hiperinflación durante la década de 1980.12 Las medidas adoptadas durante la última dictadura militar también contribuyeron a la enorme deuda externa. A fines de los ochenta, esta equivalía a la mitad del Producto Nacional

Bruto (PNB). La diferencia entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) procede de la medición de la producción que hacen ambos: mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente de la residencia del factor productivo que la genera; en el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición.

Plan Austral

El primer ministro de economía Bernardo Grinspun, propone un plan neodesarrollista. En 1985 Juan Vital Sourouille asumió el Ministerío de Economía, y propuso el “Plan Austral”: se creó una nueva moneda, el Austral; se implementó un fuerte control de precios; las tarifas de los servicios públicos (por entonces en manos del Estado) se congelaron, y se establecieron listas de precios máximos para los bienes de la canasta básica. Así mismo la pobreza bajó considerablemente de un 37,7% al asumir el gobierno en 1983 a menos del 24,3% en 1986. Pero el plan fracasó rotundamente. A partir de 1987. El descontrol fiscal continuaba, y empezó a financiarse por el Banco Central, lo cual llevó a un recrudecimiento de la inflación, a pesar de la nueva moneda. La inflación pasó de un 81.9% en 1986, a 174,8% en 1987, saltó al 387% en 1988; y escaló a niveles de hiperinflación a comienzos de 1989. El descalabro económico y social fue mayúsculo. Los salarios llegaron a caer 90% medidos en dólares. Las empresas pagaban parte del salario con cajas de comida. La situación llegó a un límite donde empezaron a haber saqueos en los supermercados. A punto tal la situación se agravó que el presidente Alfonsín debió anticipar la entrega de mando a julio de 1989, mes en que la inflación acumuló un 200% en apenas 30 días.

El nuevo presidente Menem finalmente nombra a Javier Gonzales Fraga al frente del Banco Central y el nuevo equipo de economistas del gobierno liderado por el presidente de Bunge y Born intentaron un nuevo plan heterodoxo de estabilización. Pero el alto endeudamiento externo e interno, estancamiento, escasa inversión en bienes de capital e infraestructura y un grave desequilibrio fiscal hicieron que el éxito durara

poco tiempo. La pérdida del valor de la moneda continuó y la economía sufrió una segunda hiperinflación pocos meses más tarde.

La pérdida del valor de la moneda Austral llevada a cabo por el Banco Central en 1989, llevó a una hiperinflación del 3.079% anual, ese año el dólar subió el 2.038%.  A fines de 1988 Argentina experimenta la peor crisis energética de su historia, que obligó a asuetos administrativos, canales de TV operando sólo 4 horas diarias, bancos trabajando de 8 a 12, y misiones de emergencia a Estados Unidos, la reducción de 20% en el consumo de energía por todos los organismos de la Administración Pública, la prohibición de la iluminación con fines ornamentales y la supresión de los trabajos nocturnos”. Con críticas que debieron enfrentar los ministros de Obras Públicas, Rodolfo Terragno; de Economía, Juan Sourrouille, etc. En el período 1984-87 las inversiones en generación alcanzaron a US$ 28 millones cuando en realidad deberían haber sido alrededor de US$ 250 millones, sumado a la denuncia de corrupción de allegados al ministro Terragno que dirigían la empresa estatal de energía.

La estabilidad económica del Plan Austral, había sido efímera, a pesar de que había sido acompañada de una significativa reducción del déficit público, del 11% en junio de 1985 a menos del 4% hacia fin de año. En 1987 un segundo plan, llamado «Primavera», demostraba el prematuro fracaso del anterior. La hiperinflación de 1989 provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3 % en octubre del mismo año.

Hacia 1988 el plan económico ya mostraba gruesas dificultades, sumado el rechazo de las principales centrales obreras. En agosto de 1988 la inflación alcanzó el 27,6% mensual. En octubre el gobierno puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo control. La tasa de inflación de 343% para el año 1988, a partir de febrero de 1989 llegó a ser superior al 3000% anual, que hizo aumentar la pobreza hasta alcanzar un récord histórico hasta entonces: 47,3% (octubre 1989, Gran Buenos Aires)., derivó en una nueva

hiperinflación que aumentó un 4536% anual entre 1988 y 1989. El 24 de mayo fue decretado feriado bancario y estallaron los primeros disturbios aislados en Córdoba y Rosario la segunda y tercera ciudades más grandes del país. El 28 de mayo, Alfonsín anunció la eventual implementación de un plan económico de emergencia. Durante esa misma noche, se generalizaron los saqueos en la capital. Los operadores cambiarios rechazaron dicho plan. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo. El fracaso del Plan Primavera llevó a un adelantamiento de las elecciones, donde triunfó el peronista Carlos Saúl Menem.

Presidencia de Carlos Menem (1989 – 1999)

Carlos Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989. El nuevo gobierno se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado que otorgó poderes al poder ejecutivo para privatizar varias empresas estatales sin la aprobación previa del congreso.

La privatización de ENTel (La Empresa Nacional de Telecomunicaciones) fue una de las primeras y más importantes del gobierno menemista, dirigidas por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi. El proceso fue conducido por la ministra de la UCD María Julia Alsogaray, quien tenía a cargo la empresa. Por las irregularidades en su privatización, Alsogaray fue condenada por fraude a la administración pública y condenada a cuatro años de prisión. 162 se destacó porel incrementó el valor de las tarifas telefónicas de manera abrupta. El 7 de febrero de 1990 el aumento fue del 112 %, elevándose a más del 300 % a fines del mismo mes. 163 ENTEL fue cotizada en 1.900.000 dólares, cuando según estimaciones, su valor real triplicaba esa suma. 164 A Entel le siguió Aerolíneas Argentinas; estas privatizaciones y otras posteriores condujeron a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos

Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE, la Casa de la Moneda, etc.

Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como el IVA (del 19% al 21%) y Ganancias aumentó la recaudación fiscal.  A pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantuvo convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Según estudios de la Fundación de Investigación para el Desarrollo revelan que entre junio de 1989 y mayo de 1992 el salario real descendió un 25%, a pesar de la estabilización monetaria. Durante este gobierno la deuda externa pública se multiplicó desde los US$ 45.000 millones en 1989 hasta US$ 145.000 millones en el 2000.  El nuevo Ministro de Economía Domingo Cavallo asume en 1991. Impulsó la Ley de convertibilidad que estableció un nuevo régimen cambiario, fijando el tipo de cambio en 10.000 australes igual a 1 dólar estadounidense, y luego, en 1992, en 1 peso igual a 1 dólar estadounidense. Luego de ganar la reelección del año 1995, Menem, le pide la renuncia y nombra en su lugar a Roque Fernández. 168 después de que Cavallo denunciara varios hechos de corrupción que rozaban al gobierno menemista. Al asumir el gobierno, los valores de desocupación y subocupación eran de 8,1 y 8,6% respectivamente. En 1995 el desempleo y el subempleo habían alcanzado picos históricos de 18,4 y 11,3% en mayo. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 y 14,3%. Contribuyeron al aumento del desempleo y el subempleo, los despidos masivos en las empresas públicas privatizadas, la tercerización de actividades y las sucesivas medidas de flexibilización laboral. Hacia 1997/1998 la pobreza había aumentado a más del 36% de la población (13,4 millones de personas, se encontraban bajo la línea de pobreza). En tanto que el 8,6 por ciento (3,2 millones de personas) vivían en la indigencia. En las regiones del noroeste, noreste y Cuyo

la pobreza superaba el 50% de la población y la indigencia roza el 20%.

Caja de Conversión

De acuerdo a los economistas Hanke y Schuler (1994), una caja de conversión es una institución monetaria que tiene la facultad de emitir billetes y monedas (y en algunos casos depósitos) que están completamente respaldados por una moneda extranjera que se utiliza como reserva y que tiene completa convertibilidad a la moneda de reserva a un tipo de cambio fijo. La moneda de reserva puede ser una moneda extranjera, o incluso una mercancía de propiedades preponderantes como el oro. Se suele destacar que, como activos de reserva, una caja de conversión puede mantener títulos de poco riesgo que le generen intereses denominados en la moneda de reserva, pero siempre tiene que mantener reservas equivalentes al 100% o más de la emisión en moneda nacional, garantizando de esta manera la plena convertibilidad y el tipo de cambio fijo. Por otro lado, a diferencia de un Banco Central, usualmente las cajas de conversión no aceptan depósitos, y cuando lo hacen, éstos también tienen que estar respaldados 100% con las reservas de moneda extranjera. Los ingresos de la caja de conversión provienen de la diferencia entre los intereses obtenidos de las inversiones de sus reservas como activos que producen intereses y los gastos que se originan por mantener sus billetes y monedas en circulación.

Bajo este sistema, la cantidad de billetes y monedas en circulación no depende de las decisiones que adopte la caja de conversión sino del mercado. A diferencia de un Banco Central, la caja de conversión no tiene un rol activo en determinar la base monetaria de la economía nacional. En efecto, al mantener el tipo de cambio fijo respecto a la moneda de reserva, y debido a la obligatoriedad de mantener por lo menos un 100% de reservas, se le hace imposible a la caja de conversión aumentar o disminuir la base monetaria de manera discrecional. En pocas palabras el país mantiene una moneda propia, pero la respalda en su totalidad con la moneda de otro país para darle credibilidad a su política monetaria.

¿Cómo se implementa la caja de conversión?

Lo primero que debe considerar una economía para aplicar un sistema tipo caja de conversión es poder respaldar todos los billetes y monedas en circulación. Si se establecen, como en la mayoría de los bancos centrales, depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, es necesario incluir a la circulación monetaria y a estos depósitos, es decir, la base monetaria, en la garantía de convertibilidad por la moneda extranjera de reserva. Así, para garantizar la confianza del público en el sistema de convertibilidad, la caja de conversión debe comenzar con suficientes reservas internacionales como para respaldar una proporción del valor de los pasivos a la tasa de cambio escogida. Si no hay confianza por parte del público, esta proporción necesita ser de por lo menos 100 por ciento. Es de considerar que si un Banco Central mantiene depósitos de reserva de la banca comercial debe siempre prever mantener un excedente de reservas para enfrentar situaciones riesgosas como pueden ser los casos de insolvencias o quiebras bancarias.

La caja de conversión debe estar respaldada, en principio, por reservas internacionales mantenidas como activos a plazo en la moneda en que el tipo de cambio ha sido fijado. En algunos casos se ha permitido la utilización en un porcentaje pequeño de deuda del gobierno, pero esto atenta contra la credibilidad de la caja de conversión. El concepto de reservas internacionales debe incluir a las reservas internacionales netas incluidos los atrasos por pagos a la deuda externa. Esto es así porque se requiere que estas reservas sean mantenidas como depósitos de largo plazo. Para determinar el tipo de cambio hay que tomar en cuenta el grado de sobrevaluación de la moneda desde el punto de vista de la competitividad. Además, hay que considerar las implicancias del tipo de cambio a escoger para el nivel de reservas internacionales que se utilizan como respaldo, así como el cambio sobre el tipo de cambio del mercado.

Una de las condiciones más importantes para el establecimiento de una caja de conversión es que ésta no puede ser utilizada como un instrumento financiero del gobierno. La razón es que, si se le presta al gobierno, las reservas de la caja de conversión pasan a tener pasivos del gobierno, lo que va a afectar la credibilidad de la fijación del tipo de cambio por no tener los recursos para la convertibilidad. Un sistema de caja de conversión logra hacer muy difícil manejar irresponsablemente el presupuesto público, reduciendo sustancialmente las opciones monetarias y fiscales del gobierno. Al demandar una cantidad pre anunciada de reservas por cada billete y moneda que se emite, y ofrecer su plena convertibilidad, imposibilita la emisión discrecional de dinero para cubrir obligaciones fiscales. Por ello, la restricción fiscal permite entonces que el gobierno se vea obligado a recurrir a la banca comercial para financiar sus operaciones, lo cual ofrece un impacto directo sobre las tasas de interés. A diferencia de un Banco Central, dichas tasas deberán ser determinadas estrictamente por el mercado, pues con la caja de conversión no existen operaciones de mercado abierto y no se pueden esterilizar los flujos de divisas. La caja de conversión pierde, de esta manera, cualquier posibilidad de influir sobre las tasas de interés.

De la misma manera, también es necesario que el país tenga una balanza de pagos viable, es decir, un bajo nivel de deuda externa PIB que evite que las obligaciones con el exterior desmoneticen al país. Esto también implicaría una balanza comercial sostenible y una economía de mercados libres y abiertos al comercio internacional. Cuando se considera fijar el tipo de cambio en un sistema de caja de conversión, se asume que la economía no se ajustaría por el tipo de cambio, sino por tasas de interés, precios y salarios. Esto quiere decir que, ante una caída de los ingresos por exportación, y la necesidad de obtener una depreciación del tipo de cambio real, se requerirá que la inflación doméstica se ubique por debajo de la inflación internacional, es decir, que los salarios nominales caigan. No sería aconsejable implementar una caja de conversión en una economía sujeta a “choques” externos y donde el mercado laboral no sea suficientemente flexible.

Caja de conversión en Argentina

La Ley de Convertibilidad del Austral (Ley № 23.928) fue sancionada el 27 de marzo de 1991 por el Congreso de la República Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo vigente durante casi 11 años.

Establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar estadounidense por cada 10.000 australes o posteriormente un Peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente «el uno a uno», en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense.

Impacto inicial en la economía

El gobierno de Carlos Saúl Menem, llevó adelante desde 1990 un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica, la privatización de empresas públicas, la reducción del Estado y la reorganización del sistema tributario. La inflación en 1990 fue del 2314%.4 El nuevo régimen monetario logró estabilizar la economía tras la grave crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín.

A partir de abril de 1991, tras la aprobación de la Ley de Convertibilidad (ley № 23.928), se estableció una paridad fija de 10.000 Australes por cada dólar y, a partir del 1 de enero de 1992, con el Peso convertible. El Banco Central se convirtió en una virtual Caja de conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación de manera que cada peso en circulación pudiese ser canjeado por un dólar estadounidense. El plan produjo graves consecuencias en la industria argentina, una de las más afectadas fue la metalúrgica, junto con la textil y la del calzado, fueron sectores muy castigados. Lo segmentos de mano de obra intensiva son los que primero sufrieron las consecuencias.

La apertura comercial de los años 1990, el atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y los bajos salarios, entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales en aquella etapa.

En el período 1991-2000 la política fiscal arrojó un déficit promedio anual de 4,1% del PBI, con un total acumulado de 108.634 millones de pesos/dólares. En su primera etapa 1991-1994, ya había crecido 120%, pasando de los 32 mil millones a 70 mil millones de pesos/dólares. El gasto creció, lo que junto a una financiación del déficit en el exterior.8 Adoptó una política de endeudamiento que llevó la deuda externa pública durante su gestión de 45 000 millones de dólares (en 1989) hasta 145 000 millones (en 2000).

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad debido al crecimiento exponencial de la deuda pública el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal. En el caso específico de Argentina la deuda pública externa pasó de $60.000 millones a $105.000 millones a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas.

En mayo de 1991, a un mes de iniciado el plan, la pobreza en el Buenos Aires y zonas aledañas (el conurbano bonaerense) era de 28,9%. Al terminar el régimen de convertibilidad, diez años después la cifra era del 35,4%.

Presidencia de Fernando de la Rúa (1999 – 2001)

Fernando de la Rúa asume la presidencia el 10 de diciembre de 1999, ya desde mediados de 1998 la economía argentina había ingresado en una crisis económica. La inestabilidad económica provocó constantes cambios en el Ministerio de Economía, pasando por él José Luis Machinea (1999 – marzo del 2001), Ricardo López Murphy (marzo – abril del 2001) y por último Domingo Cavallo, que ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996 y que había impulsado la Ley de Convertibilidad.

Al asumir encontró un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de mil millones de pesos, una deuda externa del orden de los 145 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo. Debido a esto, De la Rúa tomó severas medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas: dispuso un recorte de sueldo entre 8 y 20% a los empleados públicos, docentes, fuerzas de seguridad y empleados judiciales que afectaron a más de 140.000 personas, recortes en el presupuesto de Universidades Nacionales y el despido de 10 000 empleados, como parte de un paquete de ajuste exigido por el FMI. Sin embargo, las medidas no dieron resultado, para el año 2000 la crisis continuó y la economía se contrajo 0,5% del PBI y la desocupación alcanzó el 14,7%.

  En marzo del 2001 asumió como ministro Ricardo López Murphy que llevó a cabo un severo programa de ajuste fiscal por 2500 millones de dólares, de los cuáles 1100 millones pertenecen al área educativa. También se eliminaron partidas por 660 millones de pesos/dólares destinadas a las provincias, recorte en el presupuesto universitario por 361 millones para el 2001 y 541 millones para el 2002, recortes en sueldos docentes por 220 millones, rebajas en el salario familiar por 129 millones, recortes en jubilaciones por 127 millones y postergación en el pago de las mismas, anulación de pensiones y becas estudiantiles, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, IVA del 15 al 21% para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, eliminación de ayuda a productores rurales de siete provincias por 180 millones, despido inmediato de 40.000 empleados públicos, flexibilización laboral aumentando el período de prueba de 3 a 12 meses y recortes en las indemnizaciones por despido, privatización de las casas de juego y de parte del Banco Nación.  El duro recorte supuso la ruptura de la coalición gobernante, miembros del Frepaso dentro del Gabinete renunciaron luego de presentado el programa económico. Debido a esto, López Murphy se vio obligado a retirarse a 16 días de haber asumido.  Se convocó a ocupar la cartera a Domingo Cavallo, ex presidente del BCRA durante la dictadura y ministro  de economía del menemismo. Cavallo junto a su equipo económico integrado por Patricia Bullrich, Ministra de Trabajo anunciaron más ajustes.

Se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias, un recorte del 13% en haberes previsionales que afectaron a 533.401 jubilados, recortes del 13% sobre el salario de empleados estatales, y se emitió deuda por 3000 millones. Estas medidas enfriaron el consumo y conllevaron a una mayor caída de los niveles de empleo. El déficit fiscal se disparó a 4000 millones de dólares.  El desempleo pasó de 14,7% en el año 2000 a 25% a comienzos del 2001 (niveles que marcaron un récord histórico en el país, superior incluso a los de la crisis de 1930).

Durante el 2001 la situación económica se deterioró rápidamente: las tasas interbancarias oscilaban el 900% anual, el riesgo país se disparó (en marzo superó 800 puntos y en octubre llegó a 1859 puntos, el más alto del mundo), acompañado de una baja de 540 millones de pesos en depósitos bancarios en un solo día. En octubre el desempleo fue récord 4,8 millones entre desocupados 18,3% de la población activa y una subocupación del 16.3%. La deuda pública llegó a 132.000 millones de dólares, se registró una contracción mayor al 11% en la actividad fabril y al 20% en construcción en términos anuales, el PBI per cápita bajó 10% y la inversión un 30% y un déficit de 8.500 millones (sin contar el de las provincias).

Ante una brusca caída de depósitos y fuga de divisas el 3 de diciembre de 2001, el decreto 1570/2001, que establecía prohibiciones para el retiro de dinero de las entidades financieras por parte del público. Al restringir bruscamente la liquidez monetaria estas medidas ahogaron todo movimiento económico, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago. Las restricciones al retiro de dinero, sumada a la incautación de los depósitos promovida por Domingo Cavallo fueron conocidas popularmente como Corralito. Estos hechos desembocaron en la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.

El gobierno argentino cayó en la “trampa de la deuda” a mediados de 2001. Los nuevos impuestos recargaron aún más a una economía ya tambaleante. Los cambios en la política monetaria hicieron disminuir la confianza en el peso.

La preocupación de que los préstamos y depósitos en dólares estuvieran en peligro debido a las políticas del gobierno hizo crecer significativamente incluso las tasas de interés en dólares dentro de Argentina. El estado argentino había estado pagando a sus acreedores entre 3 y 9 por ciento más que lo que pagaba el Tesoro de los Estados Unidos. Luego de los errores garrafales en política monetaria durante abril de 2001, esa brecha saltó a casi 13 por ciento. En julio de 2001, cuando las agencias calificadoras redujeron la calificación crediticia de la deuda estatal argentina, creció por encima de los 16 puntos, y para fines de octubre superaba los 20 puntos por ciento. Semejantes tasas indicaban que muchos inversores temían un default. El gobierno se encontraba en la “trampa de la deuda”: con las tasas de interés que debía pagar para tomar préstamos, la deuda crecería tan rápidamente que excedería la capacidad del gobierno y de la economía argentina para pagarla.

Economía Argentina 2001-2003

Las políticas del gobierno “contaminaron” el sector privado a fines de 2001 y 2002. En diciembre de 2001 la crisis ingresó en su fase final, en la cual el gobierno extendió sus problemas al sector privado a través de varias políticas, en lugar de intentar minimizar su propagación. Al verse obligado por sus problemas a elegir entre “cuarentena” y “contaminación”, el gobierno eligió la contaminación. La dificultad estatal para refinanciar su deuda llevó a temer que congelase los depósitos bancarios, tal como había hecho en 1982 y 1989. Durante aquellos congelamientos, el gobierno efectivamente había confiscado parte de los ahorros de los depositantes para financiarse y pagar parte de la deuda externa. El viernes 30 de noviembre, luego de formidables retiros de depósitos bancarios, Cavallo anunció el congelamiento de los depósitos el 1º de diciembre. Este congelamiento detuvo bruscamente una gran parte de la actividad del sector privado, dado que, según las reglas del congelamiento, ni las empresas ni las personas podían usar sus depósitos para pagarle a nadie, excepto a otros depositantes en el mismo banco.

La estimación de la actividad económica mensual calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Argentina sufrió una caída año a año del 15,5 por ciento, la mayor desde el inicio de esta serie en 1993. La economía se hundió, pasando de lo que aún podría haberse llegado a denominar una grave recesión, a una verdadera depresión.

La economía en decadencia y el congelamiento de depósitos provocaron violentos disturbios en los que se produjeron muertes. Antes del 20 de diciembre, el ministro Cavallo y el presidente De la Rúa habían renunciado. El 23 de diciembre, la corta administración del presidente Adolfo Rodríguez Saá declaró el default en la deuda del gobierno federal con acreedores del sector privado extranjero. Para entonces, la situación estaba tan desorganizada que el default hubiera sido casi imposible de evitar, pero en lugar de presentarlo como un paso reticente de un deudor interesado pero imposibilitado de pagar, el presidente Rodríguez Saá declaró el default en un acto de desafío a los acreedores. Planeaba llevar a cabo otros cambios radicales en la política económica, tales como emitir una segunda moneda nacional paralela al peso, pero no los implementó debido a su renuncia luego de una semana de manifestaciones en su contra. Eduardo Duhalde, quien asumió la presidencia el 1º de enero de 2002, era un gran crítico de las políticas económicas de los ’90. Instituyó cambios revolucionarios al devaluar el peso; convertir forzadamente a pesos los depósitos en dólares y préstamos (“pesificación”); y anular contratos de varios tipos. Violó los derechos de propiedad establecidos dentro de la ley argentina durante al menos una década, y en algunos casos desde los años 1800. La economía se hundió aún más, con la estimación año a año de la actividad económica cayendo a un récord de 16,9 por ciento en enero y 16,6 por ciento en marzo. La estimación no fue positiva hasta diciembre de 2002. La economía cayó un 10,9 por ciento en el año 2002 luego de un descenso del 5,5 por ciento en 2001.

El término «default» es habitualmente utilizado para hacer referencia al impago de la deuda soberana, es decir, cuando un gobierno adopta la decisión de no pagar su deuda externa.

Es normal que las medidas de estabilización tomen algún tiempo en hacer efecto, pero una economía recesiva no debiera retroceder un 10,9 por ciento más si las medidas realmente ayudan en lugar de empeorar las cosas. El desempleo y la pobreza aumentaron bruscamente en 2002. La proporción de argentinos debajo de lo que oficialmente se definía como el índice de pobreza saltó del 38,3 por ciento en octubre de 2001 al 57,5 por ciento un año más tarde. Se calcula que cerca del 40 por ciento de los argentinos vive con $1 por día, o menos, y otro 20 por ciento con $1 a $2 por día. Las exportaciones cayeron un 4,5 por ciento pese al gigantesco impulso que debió haber dado la depreciación de la moneda. Los exportadores tuvieron dificultades para obtener crédito debido al congelamiento de depósitos y a las políticas del gobierno que infundieron en los acreedores miedo a futuras confiscaciones si volvían a prestar su dinero.

Aproximadamente desde el mes de agosto de 2002, la economía se ha recuperado. La tasa de cambio se estabilizó e incluso se revalorizó. A diferencia de lo ocurrido en la última severa sucesión de depreciaciones, en 1989, la inflación no se descontroló; el índice de precios al consumidor aumentó un 41 por ciento en 2002; y la inflación puede mantenerse en un dígito en el año 2003. La producción tocó fondo, algunos sectores de exportación comenzaron a expandirse, y para mediados del 2003 la recuperación era pronunciada. Desde diciembre de 2002 a abril de 2003 el gobierno levantó el congelamiento de depósitos bancarios. Si bien el crecimiento es bienvenido, podría no ser suficiente para cambiar los decepcionantes antecedentes de Argentina en el largo plazo.

La Recuperación

El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner, ex gobernador de la provincia sureña de Santa Cruz, asumió como presidente, electo el 27 de abril. Kirchner mantuvo a Roberto Lavagna, Ministro de Economía de Duhalde, en su puesto. Lavagna, un economista respetado, mostró una considerable aptitud en el manejo de la crisis, con la ayuda de medidas heterodoxas.

El panorama económico era totalmente diferente a la década de 1990, la devaluación del peso hizo que las exportaciones argentinas sean más baratas y competitivas en el extranjero, mientras que desalentaba las importaciones. Además, el alto precio de la soja en el mercado internacional produjo una inyección de enormes cantidades de moneda extranjera (con China, convirtiéndose en un importante comprador de productos de soja de Argentina). El gobierno alentó la sustitución de importaciones y el crédito accesible para las empresas, organizó un plan para mejorar la recaudación de impuestos y dejar de lado grandes cantidades de dinero para el bienestar social.

Como resultado del modelo productivo de la administración y las medidas de control (venta de dólares de reserva en el mercado público), el peso lentamente revalorizado, alcanzó un valor de 3 unidades con respecto al dólar. Las exportaciones agrícolas crecieron y se volvió al turismo.

10000 millones de dólares compró Venezuela para financiar el pago de la deuda de argentina.