El Antiguo Régimen
El Antiguo Régimen fue el sistema económico, político y social establecido en Europa durante los siglos XVI a XVIII, periodo que abarca desde el final de la época medieval y feudal hasta el comienzo de las revoluciones liberales a inicios del siglo XIX.
Características del Antiguo Régimen
Sistema Político
Desde el punto de vista político se caracteriza por el absolutismo monárquico, que se justificaba afirmando que era Dios quien elegía al rey, quién tenía todo el poder (“monarquía absoluta de derecho divino”). Las cortes o parlamentos pierden su poder, excepto en algunos países (Gran Bretaña).
Estructura Social
La sociedad en el Antiguo Régimen estaba dividida en tres estamentos:
- Nobleza y Clero: Los privilegiados, quienes poseen la mayor parte de las propiedades y no pagan impuestos.
- Tercer Estamento: Formado por el resto del pueblo, que carecían de privilegios y tenían que pagar impuestos. Dentro de este estamento, un pequeño grupo, la burguesía, comienza a tener una fuerte capacidad económica e intelectual; pero al no poder acceder a la política, serán los promotores de las revoluciones que acaben en Europa con el Antiguo Régimen a partir del s. XVIII (la crisis del Antiguo Régimen).
- Campesinado: La mayor parte de la población eran campesinos sometidos a un régimen señorial, al que debían entregar la mayor parte de la cosecha, por lo que se mantenían en el límite de la supervivencia. La mortalidad estaba muy relacionada con las malas cosechas y las plagas, y limitaba los periodos cíclicos de crecimiento demográfico.
Sistema Económico
La economía estaba basada en la agricultura, de tipo señorial, que era la principal fuente de riqueza, y la industria de tipo artesanal, organizada principalmente en forma de gremios (aunque aparece el sistema de manufacturas a partir del s. XVII). Solo tenían importancia el comercio colonial y de los productos de lujo porque al ser básicamente una economía agraria de autoconsumo, no había apenas productos para la venta para el mercado local.
Las Encomiendas
Tras el descubrimiento y conquista de América, se plantea la necesidad de poner en explotación los inmensos recursos y territorios y esto no se podía hacer sin el trabajo de los indígenas. En las Antillas se usaron los repartimientos consistentes en entregar, junto con la tierra, un cupo de indígenas a los conquistadores para que los utilizaran como mano de obra en labores agrícolas o en la extracción de minerales. Este sistema causó una gran mortandad entre la población indígena, ya que eran sometidos a ritmos de trabajo a los que no estaban acostumbrados, lo que unido a las enfermedades introducidas por los conquistadores, originó casi la desaparición de la población indígena.
Como consecuencia, en el continente se estableció un nuevo sistema de explotación: las encomiendas, basado en la idea de que los indígenas, como súbditos del rey, debían entregarle a este un tributo anual. En recompensa por el esfuerzo realizado en la conquista del territorio, el rey cedía este tributo a los españoles, por un plazo definido, debiendo los indígenas entregarlo en dinero o especies. El encomendero, contraía una serie de obligaciones como la cristianización de los indígenas, pagarles salario adecuado, residir en la ciudad cabecera de los términos en los que vivían los indígenas y acudir en la defensa militar de la tierra si eran requeridos para ello.
Pese a la iniciativa real de “cuidar el bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal”, los abusos fueron frecuentes siendo denunciados por los misioneros, dominicos fundamentalmente, entre los que destacaban Antonio Montesino y Fray Bartolomé de las Casas, que lograron ser escuchados por los reyes los cuales desarrollaron una legislación a favor de la protección de los indígenas (Leyes de Burgos de 1512 y Nuevas Leyes de Indias de 1542). Las encomiendas fueron perdiendo importancia con el paso del tiempo y serán abolidas en 1718.
La Inquisición
Tribunal eclesiástico creado por el papado a finales del S. XII, con el fin de perseguir la herejía cátara surgida en el sur de Francia. La Inquisición española fue implantada en España por los Reyes Católicos tras la bula papal de Sixto IV en 1478, y permanecerá vigente hasta la regencia de María Cristina (1834), aunque desde 1808, fue abolida (monarquía de José Bonaparte, Trienio Liberal) y restablecida (Sexenio Absolutista) en distintas ocasiones. Actuaba en todos los territorios pertenecientes a la corona española por lo que su poder político fue enorme. Trataba de garantizar la unidad religiosa en todos ellos y primero persiguió a los judeoconversos y luego a los moriscos, pero su jurisdicción abarcó a todos los cristianos viejos y los protestantes. Además persiguió una amplia variedad de delitos como brujería, supersticiones, sodomía, homosexualidad.
A la cabeza de la Inquisición se situaba el Inquisidor General (el más famoso fue Fray Tomás de Torquemada) que presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición. Dependientes de ella, estaban los diferentes tribunales inquisitoriales, en principio itinerantes, y después con sedes fijas. Sus procedimientos judiciales (acusación basada en la delación anónima a través del edicto de fe que sustituyó al de gracia, detención, que podía prolongarse, proceso secreto, el acusado solo contaba con un abogado defensor, la dificultad de presentar testigos en su defensa…) así como sus consecuencias que iban desde llevar el sambenito, castigos físicos, multas, confiscación de bienes, la condena a cárcel o a galeras, el destierro o incluso la muerte, hizo que fuese un eficaz instrumento de control social a través del miedo que generaba.