El Bienio Conservador (1933-1935)
En el otoño de 1933 ya eran evidentes la crisis de la coalición republicano-socialista y el desgaste del gobierno. El jefe del gobierno, Manuel Azaña, dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre.
Bienio Negro: Término con el que las izquierdas denominaron a los dos años de gobierno conservador, al considerarlo una época de dificultades para las fuerzas progresistas debido a la paralización de las reformas.
Las elecciones de 1933: el gobierno de derechas
Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron las mujeres, y tuvieron una alta abstención. La izquierda se presentó a los comicios desunida.
Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada en muchas circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró dos años de gobierno conservador, también conocido como Bienio Negro.
Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles.
La paralización de las reformas
El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista anterior. En el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió total libertad de contratación, lo que supuso una tendencia a la baja en los salarios de los jornaleros.
Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar, en las Cortes, la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV.
Asimismo, el gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa, probando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede.
La revolución de octubre de 1934
La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de la CNT, se produjeron huelgas y manifestaciones.
En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios que asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y electricidad. Los mineros sitiaron Oviedo dispuestos a defender la revolución y se enfrentaron con las fuerzas del orden. El gobierno envió desde África a la Legión, al mando del general Franco, para reprimir el levantamiento. La resistencia se prolongó durante diez días, pero finalmente fue derrotada.
La represión fue durísima: más de 1000 mineros muertos, muchos como resultado de ejecuciones sumarias ordenadas por los mandos militares, 2000 heridos y unos 5000 detenidos, lo cual desencadenaría una campaña de solidaridad internacional con las víctimas.
En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias. Contó con el respaldo del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, sucesor de Francesc Macià, muerto en 1933. Companys pretendía evitar la entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido. Por ello, proclamó el 6 de octubre la L’estat català.
Se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet, ocupó el palacio de la Generalitat. Hubo más de 3500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona. Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios líderes de la izquierda, entre ellos Largo Caballero.
La crisis del segundo bienio
Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se devolvieron las propiedades a los jesuítas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor.
Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, y a finales de diciembre, convocó nuevas elecciones para febrero de 1936.