El Bienio Progresista y la Vuelta al Moderantismo; El Territorio de Castilla-La Mancha en Época de Isabel II
El Bienio Progresista fue un breve período transcurrido entre 1854 y 1856, durante el cual el Partido Progresista pretendió reformar el sistema político, tras el fracaso de los moderados en la década anterior. El bienio se abrió con la revolución de 1854.
El 30 de junio de 1854, tuvo lugar un pronunciamiento militar moderado en Vicálvaro, al mando de los generales O’Donell y Dulce. Este levantamiento no contó con los apoyos suficientes, y los sublevados se retiraron, redactando poco después el Manifiesto de Manzanares (7 julio), escrito por Cánovas del Castillo. En él se pedía una regeneración liberal; la reforma de la ley electoral y de imprenta; la reducción de impuestos; la restauración de la Milicia Nacional; la convocatoria de Cortes Constituyentes; y la descentralización de poderes. Como consecuencia de este manifiesto, el golpe militar consiguió un amplio respaldo popular. Se produjeron movilizaciones populares y la vuelta de las juntas locales y provinciales. Finalmente, el golpe triunfó y entonces, la reina Isabel II le otorgó el gobierno a Espartero.
El general Espartero fue nombrado presidente y O’Donnell, ministro de guerra. Las primeras medidas que tomaron los nuevos dirigentes fueron la convocatoria a Cortes constituyentes, la libertad de prensa, la tolerancia religiosa y el exilio forzado de María Cristina. Además, en 1855, el ministro de Hacienda, Madoz, puso en marcha un proceso desamortizador de bienes de la Iglesia, del Estado y municipales, cuya venta privó de recursos a muchos campesinos. Esta desamortización tenía como objetivos:
- Saldar la deuda pública.
- Conseguir un equilibrio presupuestario.
- Obtener liquidez para invertir en ferrocarriles.
Pero esta nueva ley suscitó la oposición de la Santa Sede, por la ruptura del Concordato de 1851, y también levantamientos carlistas, empujados por el clero. Sin embargo, la deuda pública no consiguió amortizarse, y esto provocó el descontento de funcionarios y militares, al cual se sumó el de las clases sociales.
En cuanto a las Cortes Constituyentes de 1854, su tarea legislativa se prolongó durante todo el bienio. Publicaron leyes importantes, como la Ley electoral, la Ley General de Ferrocarriles o la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias. No obstante, la Constitución de 1856 no entró en vigor. Era de carácter progresista: defendía la soberanía nacional, recuperaba la Milicia Nacional, establecía un Parlamento bicameral, defendía la libertad de prensa y religiosa, la elección directa de alcaldes, etc.
Durante esta etapa, se formó el partido llamado Unión Liberal, que se consolidó con la presidencia de O’Donnell, quien sustituyó a Espartero en el gobierno en julio de 1856. La caída del anterior presidente estuvo provocada por el malestar social, que se tradujo en motines por los impuestos de consumo, por las quintas y por las crisis de subsistencias. O’Donnell disolvió el Parlamento, acabando así el Bienio Progresista.
Hegemonía Moderada
Comenzó entonces una nueva etapa de hegemonía moderada. O’Donnell apenas duró en el poder, al mantener leyes progresistas, por lo que la reina nombró presidente a Narváez. El nuevo gobierno representó la vuelta al moderantismo más conservador. Se tomaron medidas inmediatas:
- Suspensión de la desamortización.
- Restricción de la libertad de imprenta.
- Recuperación del Concordato de 1851.
También se elaboraron leyes destacables, como la Ley de Instrucción Pública, de Moyano. Asimismo, se finalizaron durante esta etapa grandes obras públicas, como el Canal de Isabel II. Pero en 1857 se produjo una grave crisis de subsistencias, lo que agudizó los conflictos sociales. En octubre, sin motivo aparente, Narváez dimitió, y la reina tuvo que recurrir de nuevo a O’Donnell.
El nuevo presidente intentó afrontar cuestiones fundamentales, como:
- Aislar a los moderados más reaccionarios.
- Evitar pronunciamientos progresistas mediante la participación de algunos de estos en la política.
- Estabilizar el régimen liberal.
Este gobierno estuvo integrado por los miembros de la Unión Liberal, que obtuvo la mayoría en las elecciones a Cortes celebradas en octubre de 1858. Este resultado fue posible gracias la manipulación de estas por Posada Herrera, ministro de Gobernación. En esta etapa se aprobaron leyes destacadas para la conformación del nuevo sistema administrativo, como la Ley Hipotecaria (1858) y la Ley de Minas, en 1859.
Política Exterior
En política exterior, la cuestión más relevante fue la Campaña de Marruecos (1859), por la destrucción de los establecimientos españoles en Melilla. Aunque la expedición triunfó, se detuvo tras las presiones de Inglaterra. Otras intervenciones tuvieron lugar en Méjico, Indochina, y la reincorporación fallida de Santo Domingo.
Paralelamente hubo conflictos internos.
- El golpe de estado carlista en Tarragona, por el conde de Montemolín, en 1860.
- La Insurrección agraria en Loja (Granada), en 1861.
En el año 1863, este gobierno entró en crisis.
Descomposición del Régimen Isabelino
A partir de entonces, el reinado comenzó a desequilibrarse. El intento de asentar el sistema liberal había fracasado debido a la alternancia en el poder de O’Donnell y Narváez, sobre todo por el conservadurismo de este último. La crisis económica se agravaba, y esto, sumado a la inestabilidad política, aceleró la descomposición del régimen isabelino. Sucedieron diversos acontecimientos en los años siguientes que causaron la caída de Isabel II.
- Se inició una recesión económica a partir de 1864, por el freno de la construcción del ferrocarril, la crisis financiera y la crisis agrícola de 1866.
- El pronunciamiento del general Prim (1866), que aunque fracasó, siguió conspirando contra Isabel II.
- En junio de 1866 se produjo la sublevación de los Sargentos en el cuartel de San Gil, que fue duramente reprimida, ocasionando muertes, lo que provocó el descontento social.
- En el mes de agosto de ese año, se firmaba el pacto de Ostende, iniciativa de Prim, entre progresistas y demócratas. Mediante este acuerdo se pretendía derrocar a la reina y convocar Cortes por sufragio universal. En 1867, la Unión Liberal se unió a este pacto.
Todas esas crisis provocaron motines populares y Prim, ante el peligro de una revolución social dirigida por demócratas, entró en conspiración con Serrano y Dulce, militares progresistas.
En septiembre de 1868, el almirante Juan Bautista Topete se sublevaba en Cádiz, estallando así la “Gloriosa Revolución”. Ante estos acontecimientos, Isabel II se vio obligada a exiliarse, terminando así su reinado.