El bienio radical-cedista fue un período político en España que abarcó desde 1933 hasta 1935, caracterizado por la alternancia en el poder entre dos fuerzas políticas principales: los radicales y los cedistas. En las elecciones de 1933, la coalición de partidos de derecha, liderada por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), obtuvo una victoria significativa. Esto llevó a la formación de un gobierno de centro-derecha bajo la presidencia de Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical.

Durante este período, se implementaron políticas conservadoras y se revirtieron algunas reformas sociales y laborales realizadas durante el bienio anterior, como la Ley de Contratos de Cultivo y la Ley de Reforma Agraria. Sin embargo, el gobierno de Lerroux enfrentó numerosos desafíos, incluidas tensiones sociales y económicas, así como conflictos internos dentro de la coalición gobernante. Estos problemas socavaron la estabilidad política y llevaron a una crisis que culminó en la retirada de la CEDA del gobierno en 1935.

El Triunfo del Frente Popular (1936)

El triunfo del Frente Popular ocurrió en las elecciones generales de febrero de 1936. El Frente Popular fue una coalición de partidos de izquierda, incluidos los republicanos de izquierda, los socialistas, los comunistas y otros grupos obreros y progresistas. La victoria del Frente Popular fue impulsada por el descontento social con las políticas conservadoras del gobierno previo, así como por la polarización política y el temor a un posible retorno al autoritarismo.

La llegada del Frente Popular al poder marcó un cambio significativo en la política española. Se implementaron reformas sociales y laborales, se restablecieron derechos civiles y se llevaron a cabo medidas para modernizar el país. Sin embargo, el gobierno del Frente Popular también enfrentó una oposición feroz por parte de sectores conservadores y derechistas, lo que exacerbó las tensiones políticas y sociales en España.

La Tensión Prebélica

En resumen, el bienio radical-cedista representó un período de alternancia política y crisis en España, mientras que el triunfo del Frente Popular marcó un cambio hacia políticas más progresistas y reformistas, pero también generó polarización y conflicto en la sociedad española. Estos eventos sentaron las bases para el posterior estallido de la Guerra Civil Española en 1936.

Comentario del Mapa sobre la Distribución de la Tierra en España (1932)

El artículo 44 de la Constitución de 1931 de España establecía principios relacionados con la distribución de la tierra y la agricultura. Este artículo declaraba que «la República propugna como un objetivo primordial de la política agraria la transformación progresiva de los latifundios y minifundios en medianerías», reflejando así la voluntad del Estado republicano de abordar la problemática de la distribución desigual de la tierra en el país. Este artículo buscaba fomentar una distribución más equitativa de la tierra, promoviendo la transformación de grandes latifundios y minifundios en propiedades de tamaño medio (medianerías), lo que se consideraba crucial para impulsar el desarrollo agrario y mejorar las condiciones de vida de los agricultores.

En cuanto al estudio de Pascual Carrión de 1932 sobre la distribución de fincas de 250 hectáreas, es importante considerar el contexto histórico en el que se realizó. Este estudio se llevó a cabo en un momento de cambio político y social en España, tras la proclamación de la Segunda República en 1931 y la implementación de reformas agrarias durante este período.

El estudio de Carrión proporcionó información detallada sobre la distribución de la tierra en España, mostrando la concentración de la propiedad agraria en manos de unos pocos propietarios y destacando la presencia de grandes latifundios. Esta concentración de la tierra era uno de los principales problemas que la República intentaba abordar mediante políticas de reforma agraria.

El mapa resultante de este estudio seguramente habría mostrado la distribución geográfica de las fincas de 250 hectáreas, lo que habría proporcionado una visión clara de las disparidades regionales en la distribución de la tierra y habría servido como una herramienta importante para la planificación de políticas agrarias y la implementación de reformas.

En conjunto, tanto el artículo 44 de la Constitución de 1931 como el estudio de Pascual Carrión reflejan los esfuerzos de la Segunda República española por abordar la cuestión agraria y promover una distribución más equitativa de la tierra en el país. Sin embargo, las tensiones políticas y sociales, así como la resistencia de algunos sectores, dificultaron la implementación completa de estas políticas.