El Caciquismo en la Restauración
Viñeta. Este texto, según su forma, es historiográfico, al tratarse de una viñeta humorística satírica publicada en uno de los periódicos de la época de la Restauración. Su contenido es histórico social, económico y político, de carácter público, ya que va destinada a cualquier lector. Ideas principales. La viñeta denuncia el caciquismo en España, así como la influencia del clero en las campañas electorales y que las autoridades “miran hacia otro lado” y así facilitan las prácticas fraudulentas. En la viñeta se denuncia el introducir en las urnas más papeletas que votantes, la connivencia de la Iglesia con el sistema aprovechando su ascendencia sobre la sociedad, y la colaboración de las autoridades policiales. El caciquismo en esta época se convierte en algo sistémico e institucionalizado, que no sólo adultera las elecciones, sino que extiende la corrupción a todas las esferas políticas, institucionales, sociales y económicas, como denuncian Joaquín Costa o Almirall. Eran prácticas habituales el encasillado que establecía el ganador ya antes de las elecciones e imponía diputados cuneros, los pucherazos, el aludido voto de “los lázaros”, y la compra de votos a cambio de favores. Los caciques controlaban la vida de las provincias y pueblos, interviniendo en la política municipal, los juzgados, la economía, y creando una red de clientelismo basado en relaciones personales de favores debidos y contraprestaciones que se resumían en una dependencia personal del cacique. Si esto fallaba recurrían a la fuerza o la represalia. Respecto a la cuestión planteada, los caciques ponían y quitaban alcaldes, gobernadores y diputados, y garantizaban el turnismo y el bipartidismo del sistema canovista. El caciquismo perpetuará el sistema canovista durante décadas, a pesar de los intentos de algunos regeneracionistas (Maura o Canalejas) por acabar o, por lo menos, reducir sus efectos. Existía una estructura caciquil piramidal, desde el Ministro de Gobernación hasta el cacique provincial, el local, etc. La burguesía conservadora es la gran beneficiada, aunque el caciquismo imperaba, sobre todo, en el mundo rural con deficientes comunicaciones, analfabeto y económicamente miserable o dependiente del terrateniente latifundista. El sistema marginaba a los grupos sociales pobres, pero también a partidos o ideologías fuera del sistema canovista: nacionalistas, obreristas y republicanos.
La Constitución de 1876 y el Sistema Canovista
La Constitución de 1876 recoge los principios básicos del Sistema Canovista, incluida la llamada Constitución no escrita de Cánovas, según la que el catolicismo, la monarquía, las Cortes, y las tradiciones históricas, formaban parte de la idiosincrasia política nacional. El sistema canovista, además del caciquismo, se caracterizará: a) Bipartidismo, con dos grandes partidos constitucionales, que se reparten del poder frente a otros partidos que también aceptan la Constitución, pero que no “ganan” (Republicanos y nacionalistas). b) El Turnismo o la alternancia de los dos grandes partidos en el gobierno gracias al caciquismo electoral, según acuerdo verbal entre Cánovas y Sagasta y refrendado en los funerales de Alfonso XII con el Pacto de El Pardo. c) El partido gobernante se encargaba de provocar la acordada crisis política y convocar elecciones, garantizando la victoria del partido oponente mediante el control caciquil ejercido desde el propio Ministerio de Gobernación, y excluyendo cualquier posibilidad de victoria de cualquier otro partido, e incluso una representación parlamentaria honrosa. Contexto histórico. La Restauración se inicia en 1875 con la coronación de Alfonso XII, y el gobierno provisional de Cánovas, que convoca elecciones a Cortes constituyentes y elabora la Constitución de 1876 A pesar de la lacra caciquil, la Restauración y la Constitución de 1876 forjaron el régimen más duradero y pacífico de la España contemporánea, hasta esos momentos, al lograr el final de la III Guerra Carlista y Paz de Zanjón en Cuba en 1879. La política ultraconservadora de los gobiernos de Cánovas se “compensó” con algunos avances liberalizadores de Sagasta con la Ley de Asociaciones de 1887, la Ley del Jurado de 1888 o el Sufragio Universal masculino de 1890, pero ello no evitó el descrédito del sistema y el alejamiento de las masas desilusionadas por el continuo fraude electoral. La expansión del obrerismo (PSOE y UGT marxista, y el anarquismo), el surgimiento de los nacionalismo catalán y vasco, el terrorismo anarquista…, el inicio de la guerra de Cuba, después del fracaso en las Cortes de la propuesta de autonomía para Cuba presentada por Maura, llevan directamente a la crisis del 98. La pérdida de las colonias tuvo un impacto económico mucho menor de lo esperado, ya que la industria se recuperó pronto y la repatriación de capitales, unida a la reforma fiscal del ministro Fernández Villaverde, permitió el desarrollo de la banca española y un nuevo impulso industrializador. Pero la crisis social, ideológica y moral fue muy profunda, ya que la derrota pareció dar la razón a los que venían denunciando un sistema político, económico y social, corrupto, atrasado académica y científicamente, incapaz de modernizar el país y reducir las diferencias sociales. La oposición intelectual al régimen los regeneracionistas (Joaquín Costa), la oposición política moderada de nacionalistas (Almirall) y Republicanos, y la más radical de los obreristas, muestran la incapacidad del sistema para hacer frente a los cambios y demandas de la sociedad, culpando directamente a la corrupción.
Desamortizaciones
Clasificación y naturaleza del texto. Se trata de dos textos, el primero es un extracto del Decreto de Desamortización de los bienes del clero regular, de 1936, cuyo autor es el ministro liberal progresista Álvarez Mendizábal, y el segundo corresponde a la Ley General de Desamortización de 1855, cuyo autor fue el ministro liberal progresista Pascual Madoz. Son dos leyes, por lo que formalmente son textos histórico jurídicos, y según su contenido económicos y sociales. Son textos públicos, destinados a toda la nación. Comentario e ideas principales. Estos textos se enmarcan en un contexto histórico de implantación del Sistema político liberal y de transformación jurídica de los conceptos de propiedad provenientes del Antiguo Régimen, desde la Regencia de Mª Cristina, la I Guerra Carlista, los gobiernos progresistas, y el Bienio Progresista, que desarrollan una serie de reformas jurídicas que pretenden liquidar el Antiguo Régimen, con el fin de asentar el nuevo régimen político-económico y social Liberal, y atraer adeptos a la causa liberal y dinero para financiar la guerra y la Deuda del Estado. La idea principal del primer decreto, de Álvarez Mendizábal, hace referencia a la venta de los bienes que ya han sido desamortizados procedentes de corporaciones religiosas extinguidas. En la exposición de motivos inicial explica las razones y objetivos de esta desamortización: · Motivos económicos: Disminuir la Deuda Pública consolidada o Deuda a largo plazo, que venía aumentando constantemente desde el reinado de Carlos IV, y cuyos intereses estaban ahogando a la Hacienda Pública. · Motivos sociales: Privatizar las propiedades ya en poder del Estado para que sus nuevos propietarios pudiesen explotarlas o destinarlas al mercado privado, con el consiguiente beneficio para la nación al generar riqueza e impuestos. A estos motivos hay que añadir otros que no aparecen en el texto: El anticlericalismo progresista y el deseo de castigar a una parte de la Iglesia que apoyaba el carlismo, la recaudación de fondos para financiar la guerra carlista, y la necesidad de lograr apoyos al Sistema Liberal entre los compradores de estos bienes. En el artículo 1º pone en venta todos los bienes ya desamortizados o expropiados por los decretos de 1835 que habían suprimido organismos religiosos como Inquisición, Compañía de Jesús, monasterios y conventos.
Desamortizar significa liberar los bienes que están vinculados a las llamadas manos muertas (Iglesia, Ayuntamientos…), y que no podían ser enajenados, hipotecados, o donados libremente. No significa expropiar, aunque en la práctica así fue, ya que el estado expropió a estas instituciones para después vender en subasta pública los bienes expropiados, salvo en el caso de los bienes vinculados a señoríos o mayorazgos, que se limitó a desamortizarlos (desvincularlos) y convertirlos en propiedad privada de sus antiguos señores. La llamada desamortización de Mendizábal consiste en una serie de decretos, que se suman a los decretos sobre Desvinculación de Mayorazgos y Disolución de Señoríos. Mendizábal desamortizó los bienes de la Iglesia, objetivo del anticlericalismo secular del liberalismo progresista, que la consideraba un obstáculo para la modernización, además de que parte de la Iglesia estaba muy vinculada al carlismo y absolutismo. Respecto a la cuestión planteada se enmarcan en el proceso de implantación del sistema político liberal y económico capitalista, sustituyendo el concepto jurídico de propiedad vinculada del Antiguo Régimen por la propiedad privada burguesa. Además de esto, los objetivos de Mendizábal pasaban por amortizar la enorme Deuda Pública, financiar la guerra carlista, atraer adeptos a la causa liberal, y aumentar la producción agrícola. La subasta de los bienes eclesiásticos aportó fondos a la Guerra Carlista, convirtieron a los compradores en leales isabelinos, y amortizaron una parte de la Deuda al admitir Títulos devaluados como forma de pago en las subastas. Los grandes beneficiados fueron los ricos compradores de la nobleza, la burguesía rural, y la burguesía urbana convertida en terratenientes absentistas. Los perjudicados fueron pobres, que no pudieron comprar estos bienes. Los moderados interrumpieron la desamortización, pero Espartero la reactivó, y en el Bienio Progresista, Pascual Madoz aprueba la Ley General de Desamortización de 1855, que afectará a los bienes todavía no desamortizados de la Iglesia, pero sobre todo a los propios y comunales de los pueblos, bienes de Beneficencia, Obras Pías, Instrucción, Hospitales, etc., acabando así con cualquier resto de propiedad vinculada procedente del Antiguo Régimen. El mecanismo será similar al de Mendizábal, mediante expropiación, medida, publicación en la Gaceta y Boletines provinciales, subastas en Madrid, capital provincia o Partido Judicial, y el pago en metálico y a plazos, aunque pronto se admitirá también el pago en Títulos de Deuda. Su volumen fu enorme y seguirán subastándose bienes hasta 1925 con Primo de Rivera. Contexto histórico. El contexto histórico del primer fragmento podemos enmarcarlo en la Regencia de Mª Cristina de 1933 a 1939, que gobernará durante la minoría de edad de su hija Isabel II. La muerte de Fernando VII y la previa derogación de la Ley Sálica, deja el trono en manos de Isabel, provocando la rebelión de los partidarios de Carlos Mª Isidro, durante la I Guerra Carlista, apoyado por los partidarios del Antiguo Régimen, del ultra catolicismo, y de los fueros, en contra de la sucesión femenina y del sistema política liberal. El segundo fragmento se enmarca en el Bienio Progresista, después del pronunciamiento de O`Donnell y el gobierno de Espartero, que aborda una nueva etapa reformista de signo librecambista o capitalista: Ley de Ferrocarriles, creación Banco de España, regulación de los bancos de crédito y emisión, compañías de seguros, liberalización inversión extranjera, etc. Sin embargo, el contexto de las desamortizaciones es más amplio, y se inicia durante la crisis del Antiguo Régimen desde la Ilustración.
Obreros y opinión pública
Clasificación y naturaleza del texto. Se trata de un texto, según su forma, histórico circunstancial, y según su contenido es un texto histórico social y político. El autor es colectivo, ya que está firmado por los miembros del Comité de Huelga (socialistas y anarquistas) el 12 de agosto de 1917, y es un texto público y una fuente primaria. Ideas principales. La idea principal del texto es la convocatoria de la Huelga General para apoyar la huelga de ferroviarios, que ya se había iniciado antes. Además de las reivindicaciones puramente obreristas y laborales, los convocantes de la Huelga asumen las de las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios respecto a la regeneración democrática de España: Elecciones a Cortes Constituyentes y una nueva Constitución. La tradición de lucha obrerista con carácter político, que trasluce el texto, se había iniciado hacia décadas, sumando a las reivindicaciones laborales las propuestas revolucionarias para modificar los principios en los que se asentaba la política, la economía y la sociedad. En 1909, durante la Semana Trágica, el obrerismo ya había planteado una huelga revolucionaria, aprovechando los movimientos nacionalistas, republicanos, anticolonialista, y anti quintas. Los convocantes intentan tranquilizar a la población rechazando los desórdenes públicos, y apoyando la creación de un gobierno provisional que lidere los cambios democráticos reclamados por las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios. Desean acabar con la corrupción y el caciquismo, con la inestabilidad política, con la influencia de la oligarquía sobre las decisiones políticas, y reivindican una reestructuración del sistema en sentido democrático. Con estas reivindicaciones liberales intentan ocultar sus intenciones revolucionarias. Respecto a la cuestión planteada, la crisis de 1917 se debe a varias causas: La incapacidad para regenerar el sistema caciquil del régimen de la Restauración, después del fracaso revisionista de Maura y de Canalejas; la falta de respuesta a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanas, la incapacidad para resolver las desigualdades sociales; y, finalmente, las consecuencias económicas de la I Guerra Mundial e influencia de los acontecimientos revolucionarios de Rusia; y crisis política interna cuando Eduardo Dato cierra las Cortes.
Los militares de la península crean las Juntas de Defensa en junio, por su malestar por la decisión del Gobierno de ascender rápido a los militares en Marruecos, y publican un manifiesto que recoge sus reivindicaciones y exige la “regeneración de la vida política”. Un mes después, los diputados catalanes, apoyados por
otros regeneracionistas, reclaman la apertura de las Cortes, elecciones constituyentes, y convocan la Asamblea Nacional de Parlamentarios para promover la reforma de la vida política. Se aprobó una moción pidiendo un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes, aunque las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios se desmarcan del carácter revolucionario de la Huelga General obrera, los tres movimientos coinciden en un período de tres meses, compartían algunas reivindicaciones, y evidencia la crisis del sistema de la Restauración. Aunque el gobierno consigue controlar la situación, en los próximos años los problemas se agudizan con la guerra de Marruecos, la cuestión social, hasta desembocar en la Dictadura de Primo de Rivera. Contexto histórico. El texto se contextualiza en la monarquía de Alfonso XIII, iniciada en 1902 y que había pasado por dos etapas o intentos reformistas con Maura y Canalejas, pero también por acontecimientos traumáticos como la guerra de Marruecos y la Semana Trágica, y por el crecimiento del nacionalismo catalán, el republicanismo y el obrerismo revolucionario. En 1914 se inicia la I Guerra Mundial, con la neutralidad de España, que genera grandes beneficios económicos para industriales y comerciantes nacionales, pero acrecienta la pobreza de las clases bajas por el diferente aumento de los precios y de los salarios. La inestabilidad política provoca la sucesión de gobiernos, la suspensión de las Cortes por Eduardo Dato, y las ya analizadas protestas de militares, parlamentarios y obreros. Los acontecimientos internacionales influyeron en la situación del verano de 1917, debido a la guerra y a la revolución rusa, aunque todavía se había producido el triunfo definitivo del bolchevismo, que ejerció un contagio internacional que hacía creer a los obreros y sus organizaciones que podían cambiar revolucionariamente el sistema político y económico. La crisis bélica, la crisis económica, y el contagio revolucionario ruso explican la oleada de huelgas, Trienio Bolchevique y pistolerismo barcelonés. UGT y CNT llevaban organizando la Huelga General desde marzo. La represión provocará un centenar de muertos y miles de detenidos, pero los sindicatos demostraron la capacidad de movilización que tenían, mientras que las Juntas de Defensa y la Asamblea de Parlamentarios se asustaron y retiraron su actitud de rebeldía política. En octubre Dato dimitió y se formó un gobierno de coalición con la participación de la Lliga catalana, desactivando el movimiento de la Asamblea de Parlamentarios. En Barcelona se produce el enfrentamiento a tiros entre patronal, apoyada por las fuerzas de seguridad de Martínez Anido, y sindicatos. En el campo andaluz el Trienio Bolchevique enfrenta a jornaleros contra terratenientes y Guardia Civil. La derrota militar de Annual en Marruecos y la corrupción, con el Rey como uno de los implicados, desencadenarán el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923.