La cada vez más inminente derrota de las potencias del eje propició un cauteloso cambio en la política internacional del Régimen de Franco hacia las potencias que ganarían la Guerra. Un intento de lavar la imagen de la Dictadura en el exterior hace que se aparte del gobierno a las personas de inclinación fascista. Esta estrategia solo dará resultado gracias a una circunstancia internacional como fue la situación estratégica de España para Occidente en el contexto de la Guerra Fría.
A partir de los años cincuenta las relaciones hispano-norteamericanas se irán normalizando, los países occidentales abrirán sus embajadas en suelo español y en 1950 la ONU retirará las sanciones impuesta a Franco desde 1946, lo que supuso para España la ruptura del aislamiento internacional.
A finales de Agosto de 1950 Estados Unidos aprobaría el Proyecto de Ley General de Asignaciones que incluirá alrededor de 62 millones de dólares para España en forma de crédito. Este hecho ponía de manifiesto la subordinación de los intereses estratégicos norteamericanos sobre la retórica que apelaba a la defensa de las libertades y la democracia.
La llegada a la Casa Blanca del republicano Eisenhower daría un nuevo impulso a las negociaciones, con él se concretó la firma, el 23 de Septiembre de 1953, de los Acuerdos España-Estados Unidos de ayuda económica, ayuda mutua para la defensa y el Convenio defensivo, este último será el más importante de los tres.
Lo más destacado fue la utilización de cláusulas secretas en la que los norteamericanos obtuvieron una situación claramente ventajosa, ya que tenían la iniciativa total en la puesta en alerta de las bases militares que se construyeran en suelo español. Además, las tropas estadounidenses disfrutarían de un estatuto jurisdiccional secreto.
La materialización del Convenio supondrá la construcción de bases militares de Morón de la Frontera, Torrejón de Ardoz, Zaragoza y la base aeronaval de Rota. La duración del Acuerdo sería de diez años, en los cuatro primeros los Estados Unidos se comprometería a aportar 465 millones de dólares en ayuda militar.
El funcionamiento de las mismas dependía de la decisión norteamericana. En sentido contrario, sería dudosa la posible utilización de las bases por España como se demostraría con la inhibición de Washington en el conflicto en Ifni. Por lo que un hipotético ataque en territorio español no obligaba a prestar ayuda a los estadounidenses.
Éste se desarrolló para dirimir los recursos necesarios para la defensa. Los americanos prestarían ayuda militar en servicios, asistencia, equipos y en materiales. Siguiendo la línea de ambigüedad y confidencialidad del anterior convenio, no se aseguraba a España las posibilidades materiales de defensa de su territorio.
La ayuda a Franco estaría supeditada a las valoraciones y decisiones unilaterales de Washington y de Tratados internacionales que escapaban a cualquier opción de España.
Los Estados Unidos aportaría a España una ayuda económica consistente en sufragar los costes de las instalaciones militares estipuladas en el Convenio defensivo.
Por lo que difiere con la reconstrucción económica del Plan Marshall que disfrutaron las naciones de Occidente.
Se calcula que durante los diez años de vigencia de los tratados, los norteamericanos desembolsaron 1.523 millones de dólares, de los que algo más de 600 fueron prestados a cambio de devolución. Dichos fondos estarían destinados a funciones militares, por lo que tendrían escasos efectos sobre la clase media española, aunque conseguiría reorientar la economía del país hacia la senda liberalizadora.
En 1963 España y los Estados Unidos prorrogarán los Acuerdos cinco años más, la firma supondrá la vinculación española a la tecnología norteamericana y un incremento de las ayudas económicas por parte de los estadounidenses.
Las conversaciones posteriores para renovar dichos Convenios fueron difíciles ya que la diplomacia franquista pretendía vincular la firma a una futura integración en la OTAN. Finalmente se llegaría a un acuerdo de cinco años de duración, donde Washington incrementaría las aportaciones económicas de carácter no militar. También ambas naciones coordinarían sus políticas de defensa y las bases serían consideradas como instalaciones militares españolas.
La propaganda franquista presentaría los Acuerdos como un éxito diplomático sin precedentes, ya que España pasaría a ser un aliado principal de los Estados Unidos contra el comunismo. Aunque realmente la firma supuso una cesión importante de la soberanía nacional de un Estado cuya ideología se basaba en un nacionalismo extremo.
En el plano internacional, los Pactos significaron un empuje político que contribuiría a la consolidación exterior del Régimen franquista, como se demostraría en 1955 con la incorporación de España como miembro de pleno derecho en la ONU, y de forma indirecta su consolidación interna.