El Desmantelamiento del Antiguo Régimen
Entre agosto de 1836 y finales de 1837, los progresistas asumieron la tarea de desmantelar las instituciones del Antiguo Régimen (AR) e implantar un sistema liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Una de sus primeras actuaciones fue la llamada reforma agraria liberal a partir de tres grandes medidas:
- La disolución del régimen señorial: Implicó la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, aunque mantuvieron la propiedad de las tierras que los campesinos no pudieron acreditar como propias. Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios.
- La desvinculación: Significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado.
- La desamortización: Había sido un elemento recurrente desde el gobierno de Godoy, como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos. En el año 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas y estableció la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública. Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar vales de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado.
Junto a la abolición del régimen señorial y la transformación del régimen de propiedad, una serie de medidas encaminadas al libre funcionamiento del mercado completaron la liberalización de la economía: la abolición de los privilegios de la Mesta, la libertad de arrendamientos agrarios y también la de precios y almacenamiento. Por último, la abolición de los privilegios gremiales, el reconocimiento de la libertad de industria y comercio, la eliminación de las aduanas interiores, así como la abolición de los diezmos eclesiásticos, completaron el marco jurídico de la implantación del liberalismo económico en España.
La Constitución de 1837
El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional. El documento, aprobado en junio de 1837, era breve y dejaba al margen una serie de cuestiones que se regularían posteriormente por leyes orgánicas con el objetivo de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados. La Constitución de 1837 proclamaba algunos de los principios básicos del progresismo: la soberanía nacional, una amplia declaración de derechos ciudadanos, la división de poderes y la aconfesionalidad del Estado. También recogía algunos elementos moderados: establecía dos cámaras colegisladoras, el Congreso y el Senado, y concedía amplios poderes a la Corona (veto de leyes, disolución del Parlamento, etc.). Otras leyes vinieron a culminar el entramado jurídico constitucional: la Ley de Imprenta hizo desaparecer la censura previa y la Ley Electoral fijó un sistema de sufragio censitario y extraordinariamente restringido, pero que impidió el censo electoral.
La Alternancia en el Poder (1837-1843)
A partir de este momento quedó configurado un primer sistema de partidos, sobre la base de los partidos moderado y progresista, que se alternaron en el poder durante el reinado de Isabel II. Pero el modelo político se vio fuertemente mediatizado por la intromisión constante de los militares, que habían aumentado su poder gracias a las guerras carlistas.
Moderados en el Gobierno (1837-1840)
Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones, que fueron ganadas por los moderados. En 1840, los moderados prepararon una Ley Electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una Ley de Ayuntamientos dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero secular y también se preparó un proyecto de reimplantación del diezmo. La Ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y a moderados. El apoyo de la regente a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional con la formación de las Juntas revolucionarias. María Cristina dimitió de su cargo. Entonces, los sectores afines al progresismo dieron su apoyo al general Espartero.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
Espartero disolvió las Juntas revolucionarias y convocó nuevas elecciones, que dieron mayoría a los progresistas. Durante su regencia actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos.
Una de sus actuaciones de mayor trascendencia fue la aprobación de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió gravemente amenazada y la medida provocó un levantamiento en Barcelona. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión, colocando a Cataluña y a buena parte de sus antiguos partidarios en su contra. Los moderados aprovecharon la división del progresismo (espartistas y puros) y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años.
Dos Opciones Enfrentadas: Carlismo e Isabelinos
Los insurrectos proclamaron rey al infante Carlos María Isidro. Se iniciaba así una larga guerra civil, entre los defensores de Carlos María Isidro y los de Isabel II:
- El carlismo: Se presentaba como una ideología tradicionalista y antiliberal que recogía la herencia de movimientos similares anteriores, como los malcontents. Bajo el lema «Dios, Patria y Fueros» se agrupaban los defensores de don Carlos. Figuraban numerosos miembros del clero y parte de la nobleza agraria. También contaron con una amplia base social campesina que cobró fuerza en las zonas rurales del País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia. Los carlistas se identificaban con los valores de la Iglesia, a la que consideraban defensora de la sociedad tradicional.
- La causa isabelina: Contó, al principio, con el apoyo de la alta nobleza y de los funcionarios, así como de un sector de la jerarquía eclesiástica. Pero ante la necesidad de ampliar esta base social, la regente se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales. De este modo, la regente tuvo que acceder a las condiciones de los liberales que exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.
El Desarrollo del Conflicto Armado: Las Guerras Carlistas
Los carlistas no pudieron contar inicialmente con un ejército regular y organizaron sus efectivos en grupos armados que actuaban según el método de las guerrillas. Las primeras partidas carlistas se levantaron en 1833 por una amplia zona del territorio español, pero el foco más importante se situó en las regiones montañosas de Navarra y el País Vasco. Don Carlos recibió el apoyo de Rusia, Prusia y Austria, que le enviaron dinero y armas, mientras Isabel II contó con el apoyo de Gran Bretaña, Francia y Portugal, favorables a la implantación de un liberalismo moderado en España. El conflicto armado pasó por dos fases bien diferenciadas:
- Primera fase (1833-1835): Se caracterizó por la estabilización de la guerra en el norte y los triunfos carlistas. La insurrección tomó impulso en 1834 cuando el pretendiente abandonó Gran Bretaña para instalarse en Navarra, donde creó una monarquía alternativa. El general Zumalacárregui, se hallaba al mando de las tropas norteñas, logró organizar un ejército con el que conquistó diversas ciudades, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde encontró la muerte, quedando los carlistas privados de su mejor estratega. En la zona de Levante, los carlistas estaban más desorganizados. Las tierras del Ebro se unieron a las del Maestrazgo y el Bajo Aragón, conducidas por el general Cabrera, que se convirtió en uno de los líderes carlistas más destacados.
- Segunda fase (1836-1840): La guerra se decantó hacia el bando liberal a partir de la victoria del general Espartero en Luchana, que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos iniciaron una nueva estrategia caracterizada por las expediciones a otras regiones. La más importante fue la expedición real de 1837, que partió de Navarra, marchó hacia Cataluña y se dirigió a Madrid con la intención de tomar la capital. La constatación de la debilidad del carlismo propició discrepancias entre los transaccionistas, partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó la firma del Convenio de Vergara con Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Solo las partidas de Cabrera continuaron resistiendo en la zona del Maestrazgo hasta su derrota en 1840.
Los Primeros Gobiernos de Transición
El testamento de Fernando VII establecía la creación de un Consejo de Gobierno para asesorar a la regente María Cristina, presidido por Cea Bermúdez y compuesto en su mayoría por absolutistas moderados, con la intención de llegar a un acuerdo con los carlistas. El nuevo gabinete se proclamó defensor del absolutismo al tiempo que proponía algunas tímidas reformas administrativas. La única reforma emprendida por este gobierno fue la división provincial de España, promovida por Javier de Burgos, que intentaba poner fin a la administración local del Antiguo Régimen. España quedó dividida en 49 provincias.
Pero ante la extensión de la insurrección carlista, el trono isabelino empezó a tambalearse por falta de apoyos. Entonces, algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar un nuevo gobierno. Se escogió para presidirlo a Martínez de la Rosa. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real.
Pronto se hizo evidente que estas reformas eran insuficientes. La división entre los liberales doceañistas (moderados) y los exaltados (progresistas), formó las dos grandes tendencias que dominarían la vida política española.
Los Progresistas en el Poder
Los progresistas tenían su fuerza en el dominio del movimiento popular, en su fuerte influencia en la Milicia Nacional y en las Juntas revolucionarias. En 1836, los progresistas protagonizaron una oleada de revueltas urbanas. Los motines se iniciaron con asaltos y quema de conventos en diversas ciudades y la mayoría de las Juntas redactaron proclamas expresando sus principales demandas: reunión de Cortes, libertad de prensa, nueva Ley electoral, extinción del clero regular, reorganización de la Milicia Nacional y leva de 200.000 hombres para hacer frente a la guerra carlista. Ante la situación, María Cristina llamó a formar gobierno a un liberal progresista, Mendizábal, que inició la reforma del Estatuto Real. Pero cuando decretó la desamortización de bienes del clero, los privilegiados apremiaron a María Cristina para que lo destituyese en el verano de 1836. También tuvo lugar el levantamiento de los sargentos de la guarnición de La Granja, residencia real de verano donde se encontraba la regente. Ante tantas presiones, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava.