Contexto Histórico

El Manifiesto de los Persas es un documento de naturaleza política presentado el 12 de abril de 1814 a Fernando VII por un grupo de diputados absolutistas, conocidos como «serviles». El rey regresaba a España tras la derrota de las tropas napoleónicas a manos del ejército anglo-español dirigido por Wellington en Arapiles, Vitoria y San Marcial, y tras su estancia en Valençay.

Propuesta y Argumentación

Este manifiesto constituye el primer documento en la historia de España que presenta las ideas de un grupo parlamentario, siendo una fuente primaria y directa para el conocimiento del pensamiento absolutista durante la crisis del Antiguo Régimen en España. En él, se denuncia que las Cortes de Cádiz, en ausencia del rey, habían realizado cambios en el sistema de gobierno de España, contrarios a los sentimientos de los firmantes y de los españoles en general.

El documento desarrolla una argumentación teórica en defensa de la legitimidad de la monarquía absoluta, acudiendo a la teoría vigente en el Antiguo Régimen: el poder legítimo procede de Dios, se adquiere por derecho de conquista o por la sumisión original de los primeros hombres que eligieron a sus reyes. Se apela a la autoridad real para derogar la Constitución de 1812, considerada ilegítima por no haber sido aprobada por el rey ni por el pueblo, y se solicita la convocatoria de Cortes tradicionales.

Los firmantes exponen la necesidad de «remediar lo actuado en Cádiz» y, por tanto, abolir la Constitución por herética e ilegítima, al defender la soberanía nacional. Se alude a «leyes» que definen un ordenamiento medieval, de Cortes estamentales y soberanía de origen divino.

La Constitución de 1812 y la Soberanía Nacional

La Constitución de 1812 proclamaba la soberanía nacional en detrimento del rey, despojándolo de la función legisladora, atribuida ahora a las Cortes, que tendrían una sola cámara elegida por sufragio universal masculino mediante un complicado sistema de compromisarios. Sin embargo, para ser diputado se requería la condición de propietario.

Al atribuir la soberanía a la nación, se producía un cambio fundamental. Los ciudadanos reconocían a Fernando VII como rey de España, pero no como rey absoluto sino constitucional. El poder legislativo radicaba en las Cortes, mientras que el ejecutivo estaba presidido por el rey. La Constitución de Cádiz establecía una clara separación de poderes como garantía de las libertades constitucionales.

Aunque símbolo del liberalismo radical, la Constitución de 1812 reflejaba el influjo de la religión y la nobleza al establecer la confesionalidad del Estado y el reconocimiento de las propiedades de los grupos privilegiados.

Reformas de las Cortes de Cádiz

Las Cortes habían llevado a cabo una labor legislativa que ponía fin al Antiguo Régimen con medidas como:

• Abolición de mayorazgos y desvinculación de la propiedad.
• Supresión de los gremios y libertad de industria.
• Obligación general de contribuir a la Hacienda y supresión de exenciones.
• Supresión de diezmos (el Estado es el único que puede percibir impuestos).
• Supresión de aduanas internas.
• Creación de un mercado nacional.

La Restauración Absolutista y sus Consecuencias

Tras recibir este documento, Fernando VII restauró el absolutismo y abolió toda la legislación de las Cortes de Cádiz. Esta restauración supuso la vuelta al Antiguo Régimen en todos sus aspectos: derogación de la obra de Cádiz, restauración de la Inquisición y los señoríos, etc. Esto trajo consigo la persecución de los liberales y el primer gran exilio de la España contemporánea, con no menos de quince mil personas huyendo a Inglaterra y Francia.

El Congreso de Viena y la Santa Alianza

La ideología restauradora se extendió por Europa tras la derrota de Napoleón. Las potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena (1814-1815), del que surgieron dos tipos de resoluciones: un nuevo mapa de Europa y un sistema político-ideológico que asentaba de nuevo el absolutismo y ponía los medios para evitar la vuelta de la revolución.

Las cinco grandes potencias (Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra y Francia) acordaron reunirse periódicamente para tratar los asuntos internacionales e intervenir en cualquier país en el que brotaran amenazas revolucionarias.

Los Pronunciamientos y el Trienio Liberal

Muchos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la restauración del Antiguo Régimen y conspiraron para el restablecimiento de las leyes de Cádiz. La situación calamitosa de España después de la Guerra de la Independencia, la bancarrota de la Hacienda Pública y la lucha por la independencia de América empeoraron las condiciones de vida del pueblo.

Se dieron numerosos pronunciamientos, intentonas golpistas para liquidar el absolutismo de Fernando VII y poner en vigor la Constitución de Cádiz. Espoz y Mina en Pamplona, Porlier en A Coruña y Lacy en Barcelona fracasaron en su empeño. Sin embargo, en 1820, el coronel Riego dirigió una sublevación en Cabezas de San Juan (Cádiz) que logró la adhesión de otras guarniciones y forzó a Fernando VII a jurar la Constitución, dando paso a tres años de gobierno liberal (1820-1823), conocidos como el Trienio Liberal.

La Santa Alianza se alarmó y el sistema de congresos funcionó. El Congreso de Verona (1822) decretó la intervención en España, encargando a un cuerpo del ejército francés, los llamados Cien Mil Hijos de San Luis, que acabaron con el Trienio Liberal y restablecieron a Fernando VII en el poder absoluto.