El Reformismo Político-Administrativo de los Borbones

El Reinado de Felipe V (1700-1746)

Felipe V, incapaz de desempeñar plenamente sus funciones, delegó en validos como el cardenal Alberoni o el barón de Rippedá, sustituidos después por una burocracia española absolutista y reformista entre los que destacó José Patiño. Su reinado estuvo interrumpido por un breve reinado de su hijo Luis I (1724).

Centralización

El objetivo era, siguiendo el modelo francés, la uniformización y la centralización.

a) Creación de una Nueva Administración Central

El sistema de consejos fue relegado, pero no suprimido. El Consejo de Castilla pasó a serlo de todo el reino y el más importante. Los secretarios se transformaron en técnicos con gran poder de decisión en sus ámbitos y se convierten en un antecedente del cargo de Ministro: las cinco secretarías más importantes eran la de Estado, de Guerra, de Marina e Indias, de Gracia y Justicia y de Hacienda.

b) El Nuevo Orden Territorial: Los Decretos de Nueva Planta

Estos decretos se aplicaron a Valencia y Aragón en 1707, a Mallorca en 1715 y a Cataluña en 1716, y suprimían no solo los fueros y las instituciones de estos reinos, sino que imponían las leyes, los cargos y las instituciones de Castilla. Los virreyes fueron suprimidos, el catalán fue relegado de los tribunales, se suprimieron las aduanas y puertos secos entre reinos que obstaculizaban el comercio, se les impuso un nuevo sistema tributario con un impuesto único.

A pesar de todo, la uniformidad no fue total. En los reinos de la corona de Aragón conservaron buena parte de su derecho civil y el reclutamiento de tropas no pudo llevarse a cabo por la oposición popular. El País Vasco y Navarra, por su parte, conservaron sus fueros y aduanas. En el caso de Navarra, eso implicaba mantener sus Cortes y el Virrey. Las Cortes pasaron a ser únicas (con la excepción de Navarra) y casi no se convocaron: sólo en tres ocasiones en todo el siglo con motivo de la jura del heredero al trono.

Reformas Administrativas

Felipe V impuso una nueva administración territorial en todo el reino. Como hemos visto, los virreinatos desaparecieron y el territorio se dividió administrativamente en provincias y capitanías generales. Se adoptó el cargo de Intendente, que ya existía en Francia, como representante real para dirigir cada uno de ellos una provincia en cuya capital residían. Son antecedente de los Gobernadores Civiles del siglo XIX. Sus funciones eran amplias y variadas: recaudación de impuestos, reclutamiento de tropas, el orden público, vigilancia de las autoridades locales, supervisión de las obras públicas y el fomento de la producción en su provincia.

Los Capitanes Generales se nombraron para territorios “más delicados” (por ejemplo, en los reinos de la antigua corona de Aragón) se nombraron, en lugar de intendentes, capitanes generales que reemplazaron a los virreyes. Tenían funciones militares y judiciales, pues generalmente presidían la Audiencia correspondiente.

También hubo cambios importantes en la organización del ejército: ya durante la Guerra de Sucesión se suprimieron los tercios, sustituidos por una nueva unidad de combate, el regimiento. El objetivo era la creación de un ejército permanente mediante un triple reclutamiento:

• Voluntarios, sobre todo extranjeros.
• Levas obligatorias de vagos y maleantes.
• La quinta o quintas, reemplazo de varones de todos los pueblos que suponían una quinta parte del ejército.

Era precisa también una poderosa Armada, para defender los intereses españoles en las Indias y el mediterráneo. Se fundaron tres departamentos marítimos: El Ferrol, Cartagena y Cádiz, donde se construyeron astilleros.

El Regalismo

Al igual que en Francia, los Borbones aplicaron una política regalista que culmina con el concordato de 1753 que concedía el derecho de patronato universal y que estuvo vigente hasta el siglo XIX: el rey presentaba al Papa sus candidatos a obispo y otros cargos. Además, el Estado ingresaba en sus arcas las rentas de los obispados que quedasen vacantes en lugar de enviarlas al papado.

Reinado de Fernando VI (1746-1759): Los Proyectos Reformistas del Marqués de la Ensenada

Fernando VI, indolente como su padre, dejó el gobierno en manos de competentes consejeros españoles, entre los que destacaron el marqués de la Ensenada y José de Carvajal. El principal artífice de la política del periodo fue el marqués de la Ensenada, que permaneció once años en el poder reuniendo las secretarías de Hacienda, Indias, Guerra y Marina, lo que permitió coordinar con mayor eficacia las medidas de gobierno. Su propósito fue mejorar la prosperidad del país administrando adecuadamente los territorios americanos y para ello reorientar la política exterior hacia el Atlántico, incrementar los ingresos del Estado para reforzar la Marina y el Ejército.

Para ello defendió la neutralidad de España para permitir la reconstrucción interior, lo que no consiguió del todo por los compromisos del IIº Pacto de Familia. Esta neutralidad exigía defender su independencia frente a Francia con un ejército moderno, aunque los proyectos de Ensenada en este sentido no pudieron realizarse del todo hasta el reinado de Carlos III.

Un proyecto también muy importante del marqués de la Ensenada fue el de tratar de implantar en Castilla una contribución única, proporcional a la riqueza, eliminando los antiguos impuestos difíciles de recaudar e intentando establecer una fiscalidad más justa. Para ello mandó hacer el conocido como Catastro de Ensenada (1750) que fue un amplio estudio de los pueblos y ciudades de Castilla para la evaluación de la riqueza de cada uno y recaudar en consecuencia los impuestos. Finalmente, la contribución única no pudo ser aplicada por la oposición de los privilegiados, aunque las mejoras que se introdujeron en la organización de Hacienda mejoraron la recaudación a favor de la corona de cinco a veintisiete millones de ducados anuales.

Otros aspectos del programa reformador de Ensenada fueron:

• Un amplio programa de obras públicas: un plan de construcción de carreteras de carácter radial partiendo de Madrid del que se construyó la carretera a La Coruña y el Canal de Castilla dentro de un plan para hacer navegable la red fluvial y mejorar los regadíos. Buena parte de estos planes se acabarán en periodos posteriores.
• Concordato con la Santa Sede: de carácter regalista permitía el derecho de patronato universal para los altos cargos de la Iglesia reforzando el poder real.

Finalmente, las intrigas diplomáticas hicieron caer a Ensenada que fue destituido fulminantemente y desterrado a Granada por unos supuestos planes del marqués de guerra contra Inglaterra.

El Reinado de Carlos III (1759-1788)

A la muerte de Fernando VI accedió al trono su hermano Carlos III. Venía de Nápoles, donde había reinado desde 1739, impulsando con sus colaboradores un conjunto de reformas muy marcadas por los elementos de racionalización y progreso ilustrados. Carlos III significó para España la experiencia del despotismo ilustrado. Esta corriente reformista utilizaba el poder absoluto de los reyes para llevar adelante algunas de las reformas propugnadas por la Ilustración. Esta combinación de autoridad y espíritu de progreso fue más necesaria en España, ya que los ilustrados eran un grupo pequeño cercado por los intereses de los nobles o por la ignorancia de las clases populares.

A pesar de todo, los ilustrados no eran revolucionarios, si quieren mejorar la situación del pueblo y limitar los privilegios es como condición para alcanzar su principal objetivo: fortalecer al Estado y el poder de los reyes. En todo caso no estaban dispuestos a cuestionar los principios básicos sobre los que se asentaba el Antiguo Régimen.

Fase Reformista o de Despotismo Ilustrado

Carlos III mantuvo a los secretarios de su hermanastro Fernando VI, aunque puso a un italiano, el marqués de Esquilache, al frente de hacienda. Además, ascendió a políticos de la baja nobleza como Campomanes y Floridablanca. Los nuevos ministros querían poner en marcha un programa de reformas que modernizase el país y para ello, en sus informes, critican la amortización de las tierras, los privilegios fiscales de nobleza e Iglesia y las trabas existentes al comercio. Así, comenzaron a tomar medidas, como recuperación de señoríos para la corona y de nuevo estudiaron la introducción de un impuesto único.

En 1765 se decretó la libertad del precio del trigo con el propósito de incrementar la competencia y la producción, pero la medida coincidió con una mala cosecha, lo que provocó especulación, aumento de precios y escasez. El descontento subsiguiente fue aprovechado por los que se oponían a las reformas dando lugar al conocido como Motín de Esquilache en marzo de 1766. Este motín es una revuelta popular contra la carestía de alimentos y contra las medidas tomadas por el ministro Esquilache: limpieza urbana, alumbrado público, prohibiciones sobre el juego y sobre el uso de armas, como también sobre los sombreros gachos o inclinados y las capas largas.

Sofocado el alzamiento, el rey continuó (auxiliado por Campomanes, Aranda y Floridablanca) el programa de reformas. Además, para reafirmar su autoridad decidió la expulsión de los jesuitas, acusados de haber instigado la revuelta.

Giro Conservador

A partir de 1766, Carlos III dio un giro conservador a su orientación política confiando el gobierno a hombres que evitaran cambios radicales y mantuvieran la paz social. Durante 10 años el conde de Aranda gobernó de forma moderada, con reformas superficiales tendentes a reforzar el poder del Rey y el mantenimiento del imperio colonial. A Aranda le sucedió Floridablanca en 1776, pero éste había abandonado su posición reformista y adoptó cada vez más una postura conservadora. Los partidarios de cambios más radicales como Olavide o Jovellanos, vieron como se abandonaban algunos proyectos de reforma. En general hubo un abismo entre el análisis de las reformas que eran necesarias en el país y las medidas que se llevan a cabo.

En la agricultura, durante todo el reinado se habló de la necesidad de reforma agraria, incluso hay un informe brillante de Jovellanos que denunciaba los perjuicios de la amortización de la tierra, pero los privilegiados se opusieron a cualquier intento de reforma que atentase contra sus privilegios y el Rey tampoco estaba dispuesto a ello, por lo que finalmente hubo pocos cambios sustanciales.

En cuanto a las manufacturas, se aumentó la producción de los astilleros y las fábricas de armas, y se continuó la producción de las manufacturas reales, las reales fábricas, grandes talleres que querían ser modelo a imitar por la industria privada, que fuesen rentables y cuyos productos pudieran exportarse. En general fabricaban productos de lujo destinados al rey y a la corte. La producción privada siguió concentrada en los talleres gremiales, con la excepción de Cataluña. La única medida significativa fue que en 1783 se declararon honestas todas las profesiones. En 1778 un decreto amplió el libre comercio colonial a la mayor parte de los puertos españoles, lo que benefició a la industria barcelonesa sobre todo.

Para reorganizar las finanzas se emitieron vales reales (al 4% anual) y se creó el Banco de San Carlos.

La idea central de los ilustrados españoles fue elevar la cultura del país, como elemento indispensable para superar el atraso y poder prosperar. Hombres como Feijoo, Jovellanos y sobre todo Carlos III y sus ministros, se esforzaron (en contra de los jesuitas) por imponer una enseñanza útil y práctica e incluso obligatoria en los primeros niveles para ambos sexos. También propugnaron una reforma profunda de la enseñanza universitaria: nuevos temarios que daban importancia a las ciencias de aplicación práctica (biología, física, geología…), la concesión de becas para estudiar en el extranjero y la unificación de la enseñanza bajo el control del Estado.