El Reformismo Dinástico y la Oposición en España a Inicios del Siglo XX

El Reformismo Dinástico

El fracaso del primer gobierno regeneracionista

En 1899, la reina María Cristina otorgó su confianza para formar gobierno a un nuevo líder conservador, Francisco Silvela. El nuevo gabinete mostró una cierta voluntad de renovación, como el general Polavieja o al líder del conservadurismo catalán Manuel Durán y Bas. Se inició así una política reformista con proyectos de descentralización administrativa, pero también se impulsó una política presupuestaria que aumentaba los tributos sobre los productos de primera necesidad y creaba nuevos impuestos para hacer frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba. Los ministros más renovadores acabaron dimitiendo y, aunque el gobierno conservador resistió en el poder, en 1901 la regente otorgó de nuevo el gobierno a los liberales. El sistema de la restauración había sobrevivido al desastre del 98.

Las reformas de Maura y Canalejas

En la primera de 1902 subió al trono, al cumplir 16 años, el monarca Alfonso XIII. En 1903 murió Sagasta y alcanzó la jefatura del Partido Conservador Antonio Maura, mientras en el Partido Liberal se afianzaba José Canalejas. Esta nueva generación de políticos, influida por el regeneracionismo, aunque el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación democrática mantuvo el turno dinástico y el falseamiento electoral, imposibilitando así la democratización real del régimen. En 1904, el conservador Antonio Maura se convirtió en jefe de gobierno. Su proyecto político se recogió en la consigna de «revolución desde arriba«, que defendía la necesidad de que el régimen debía reformar. Por ello, intentó la regeneración del sistema a partir de la formación de una nueva base social, las llamadas «masas neutras«, con cuya ayuda pretendía configurar un Estado fuerte. En esa dirección se llevó a cabo una reforma electoral (Ley Electoral, 1907) que no consiguió ni acabar con la corrupción ni democratizar el sistema político, pero que hizo más difícil el fraude electoral. Maura procuró atraer hacia el régimen el nacionalismo moderado no republicano, como el de la Lliga Regionalista. Hizo un primer intento de llegar a acuerdos con el catalanismo. El gobierno de Maura también adoptó medidas económicas para reactivar la industria y promulgó la Ley de Colonización Interior para estimular la agricultura. En el terreno social, aprobó algunas leyes (Ley del Descanso Dominical) y creó el Instituto Nacional de Previsión (1908). Pero la defensa del equilibrio social conllevó una actitud muy intransigente en el mantenimiento del orden público, especialmente en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. En 1910, José Canalejas formó un nuevo gobierno liberal. Su programa proponía, una vez más, la modernización de la política, e intentaba atraer a ciertos sectores populares a partir de un mayor reformismo social y de limitar el poder de la Iglesia. Abordó la reforma del procedimiento de financiación de la Iglesia y profundizó en la separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los elementos básicos de la política social fue la sustitución del impuesto de consumos por un impuesto progresivo sobre la renta, que comportó la protesta de las clases acomodadas. También se reformó la Ley del Reclutamiento, que pasaba a ser obligatorio en tiempo de guerra, y se suprimió la redención en metálico. Finalmente, se promulgaron una serie de leyes encaminadas a mejorar las condiciones laborales, como la normativa sobre el trabajo de la mujer. Canalejas fue sensible al problema de las autonomías regionales. En consecuencia, el gobierno liberal elaboró la Ley de Mancomunidades, que aceptaba la posibilidad de la unión de las diputaciones provinciales para hacerse cargo de la gestión de algunos servicios públicos. La Ley de Mancomunidades sería aprobada bajo el gobierno conservador de Eduardo Dato en 1914, y tan sólo se constituiría la Mancomunidad de Cataluña.

Las Fuerzas de Oposición

El republicanismo

El republicanismo fue la principal fuerza de oposición en los inicios del siglo XX, pero tuvo siempre el problema de su fragmentación en diversos grupos. En 1903 nació la Unión Republicana, una coalición de grupos republicanos liderada por el veterano político Nicolás Salmerón y por Alejandro Lerroux. En 1906, Salmerón se integró en la coalición Solidaridad Catalana, que obtuvo un gran éxito electoral en 1907. Esta orientación del partido fue rechazada por un sector, encabezado por Alejandro Lerroux, que se escindió y fundó en Barcelona, 1908, el Partido Radical. Hacia 1910, después de la Semana Trágica perdió su apoyo, moderó su discurso y se trasladó a Madrid. A excepción del grupo de Lerroux, la colaboración del republicanismo con el Partido Socialista Obrero Español llevó a la creación, en 1909, de la Conjunción republicano-socialista, que obtuvo cierto éxito en las elecciones de 1910. El Partido Reformista, fundado por Merquíades Álvarez. Se acercaron intelectuales como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset, pero nunca llegó a ser una formación numerosa. Llegó a formar parte del último gobierno constitucional en 1922.

Los nacionalismos: Cataluña y el País Vasco

En Cataluña, en el primer tercio del siglo XX, destacó el predominio político de la conservadora Lliga Regionalista, liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, que obtuvo notables éxitos electorales y gobernó la Mancomunidad de Cataluña entre 1914 y 1923. Paralelamente en 1905 se creó el Centre Nacionalista República y, en 1910, la Unión Nacionalista Republicana. En 1917 se creó el Partit Republicà Català, liderado por Marcelino Domingo, y en 1922 surgieron Acció Catalana, fruto de una escisión de la Lliga Regionalista, y Estat Català, una organización independentista dirigida por Francesc Macià. Pero el catalanismo fue derrotado por la Lliga hasta 1931, cuando su unión en un nuevo partido. Esquerra Republicana de Catalunya, lograría el triunfo en las elecciones. El nacionalismo vasco, durante el primer tercio del siglo XX, estuvo marcado por las disputas sobre los aspectos que debían predominar en el Partido Nacionalista Vasco. En 1916, el PNV pasó a llamarse temporalmente Comunión Nacionalista Vasca. En 1911, el PNV creó su propio sindicato de confesionalidad católica, Solidaridad de Obreros Vascos, para atraer a los obreros hacia un sindicalismo nacionalista y apartarlos de los sindicatos socialistas. A partir de 1917, el nacionalismo vasco empezó a tener una representación parlamentaria notable.

La derecha antiliberal: el carlismo

En 1909 falleció el pretendiendo don Carlos de Borbón siendo sucedido por su hijo don Jaime de Borbón. La más importante se produjo a raíz de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, el Partido Católico Nacional o Integrista, una escisión carlista de finales del siglo XIX, se manifestaba ajeno a las formas de gobierno, pero su visión extremadamente conservadora le situaba cerca de los grupos monárquico-conservadores.

La oposición obrera

Entre las fuerzas sociales de incorporar figuraron las del movimiento obrero: el Partido Socialista Obrero Español, Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo.

El partido y el sindicato socialistas

Al comenzar el siglo XX, el PSOE era todavía una fuerza relativamente pequeña. El partido se organizó a través de las Agrupaciones Socialistas Locales. La dirección la ejercía un comité nacional llamado más tarde comisión ejecutiva, que presidió Pablo Iglesias hasta su muerte. En 1899, el PSOE tenía solo unos 3000 afiliados, en 1915 eran 15000, y en la década de 1920, 30000. La preservación de la organización, no poniéndola en peligro con grandes acciones revolucionarias. En 1905, el PSOE obtuvo concejales en Madrid y, en 1910, Pablo Iglesias consiguió un acta de diputado. Con respecto al sindicato socialista UGT, su crecimiento fue todavía mayor. Así, en el Instituto de reformas sociales siempre participaron los socialistas, entre los que destacó Francisco Largo Caballero, que en 1918 llegaría al cargo de secretario general de la UGT. A partir de 1917, pese al fracaso de la huelga general revolucionaria y de la represión consiguiente, el sindicalismo socialista empezó a crecer. Si en 1914 la UGT tenía en torno a 120000 afiliados, en 1921 había pasado a 240000. Su expansión se dio, sobre todo, en Madrid, el País Vasco, Asturias, Andalucía y algo menos en levante. En 1918, Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, entre otros, consiguieron actas de diputado por Madrid, mientras Indalecio Prieto las obtuvo por Bilbao; y en 1920, los socialistas lograron 578 concejales en las elecciones municipales. Sus nuevos dirigentes se mostraron claramente partidarios del parlamentarismo y de una práctica política reformista y moderada. PSOE en 1921, fundado el Partido Comunista de España, una formación que tuvo escasa influencia, aunque contó con núcleos activos en Vizcaya y Asturias.

Los anarcosindicalistas: la CNT

En Barcelona, las sociedades obreras y los sindicatos autónomos de inspiración anarquista crearon, en 1907, Solidaridad Obrera, una federación de asociaciones de trabajadores de carácter apolítico, reivindicativo y favorable a la lucha revolucionaria. Solidaridad obrera contó con prensa propia y, en 1910, impulsó la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La CNT se definía como revolucionaria y presentaba una ideología basada en tres presupuestos básicos: la unidad sindical de los trabajadores, y la voluntad de derribar al capitalismo. La acción revolucionaria debería llevarse a cabo mediante huelgas y boicots hasta proceder a la huelga general revolucionaria. La evolución de la CNT sufrió notables altibajos. En la época de la primera guerra mundial se abrió una etapa de colaboración con la UGT, conjunta de la huelga general revolucionaria de 1917. Fue también el momento de sus líderes, Salvador Seguí, Ángel Pestaña y Joan Peiró. En este crecimiento resultaron fundamentales el congreso de Sants en Barcelona y el congreso de la Comedia en Madrid. En ambas reuniones se tomaron importantes acuerdos, como la creación de los sindicatos únicos de industria, con la voluntad de sustituir a los viejos sindicatos de oficio, y se reafirmó el apoliticismo y la necesidad de la negociación directa entre obreros y patronos.

De la Semana Trágica a la Huelga Revolucionaria (1909-1917)

El conflicto colonial de Marruecos

A partir de 1900, España consolidó su penetración en el norte de África. La conferencia de Algeciras a la que acudieron diversos países europeos, y el posterior tratado hispano francés establecieron un protectorado franco español en la zona de Marruecos. A España le correspondió el territorio de El Rif. Restaurar el prestigio del ejército, hundido tras el desastre de Cuba, y conseguir que España se convirtiera de nuevo en una potencia colonial. En 1909, los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas españolas en el barranco del Lobo, ocasionando numerosas bajas. Se decidió entonces aumentar el número de soldados en el Rif con reservistas, muchos de ellos casados y con hijos, y se dispuso que partieran algunos regimientos desde Barcelona, lo cual provocó un importante movimiento de protesta popular.

La Semana Trágica de Barcelona

La movilización contra la guerra se inició en el puerto de Barcelona el día 18 de julio, durante el embarque de tropas hacia Marruecos. El día 24 se constituyó un comité de huelga. Pero esa huelga derivó en una revuelta popular que desbordó el objetivo inicial de protesta contra la guerra de Marruecos y acabó siendo un estallido espontáneo de todas las tensiones sociales acumuladas. El elevado número de muertos y heridos radicalizó el movimiento insurreccional, pero la falta de dirección y coordinación políticas derivó hacia la acción incontrolada de grupos que actuaban indiscriminadamente y sin objetivos claros. La represión posterior fue muy dura por parte del gobierno de Maura. Entre éstas figuraba la de Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista fundador de la Escuela Moderna, institución pedagógica laica e innovadora. La represión de la Semana Trágica levantó una oleada de protestas por su virulencia y arbitrariedad. La oposición a Maura, apoyada por las campañas internacionales de denuncia de la represión, bajo la fórmula común «¡Maura no!«, consiguió que Alfonso XIII disolviera las Cortes y traspasara el gobierno a los liberales.

El impacto de la Gran Guerra

En el verano de 1914, estando al frente del gobierno el conservador Eduardo Dato, se produjo el estallido de la Primera Guerra Mundial, que enfrentó a los llamados imperios centrales con las potencias aliadas y en la que intervinieron otros muchos países. La guerra generalizada en Europa permitió exportar productos industriales y agrarios, de los que los combatientes tenían una enorme necesidad y por los cuales estaban dispuestos a pagar altos precios. Los industriales, especialmente catalanes y vascos, hicieron grandes negocios. Sin embargo, al dedicarse gran parte de la producción a la exportación, los precios interiores experimentaron alzas desorbitadas, que no fueron acompañadas de subidas de salarios. El conflicto social, a causa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, fue creciendo de manera imparable y las organizaciones obreras encabezaron una protesta cada vez mayor que desembocó en el movimiento huelguístico del verano de 1917.

La crisis de 1917

En 1917 se produjeron conflictos sociales y políticos en gran parte de Europa. En febrero se producía la revolución bolchevique. El descontento militar y la conflictividad social provocaron una protesta generalizada de carácter antigubernamental en la que se vieron implicados los partidos situados al margen del turno dinástico, los militares y las organizaciones obreras.

La protesta militar

El ejército español, como consecuencia de las guerras coloniales, presentaba un número excesivo de oficiales en relación al de soldados. Además, la inflación había hecho disminuir el valor real de los ya bajos salarios militares. El fuerte descontento entre los oficiales de baja o media graduación desembocó en la formación de las llamadas Juntas de Defensa. El manifiesto de junio de 1917 culpaba al gobierno de los males del ejército y del país, y hacía un llamamiento a la renovación política utilizando para ello un cierto lenguaje regeneracionista. El manifiesto hizo crecer en ciertos sectores de la oposición las esperanzas de que el ejército podría sumarse a un movimiento que exigiese una renovación de la política nacional. Pero los acontecimientos demostraron que las reivindicaciones de las juntas tenían poco que ver con las de los otros sectores sociales y que éstas de las juntas tenían poco que ver con las de los otros sectores sociales y que éstas eran básicamente un grupo de presión al servicio de sus intereses profesionales.

La crisis política

El gobierno conservador de Dato había sido sustituido, en 1916, por un gabinete liberal presidido por el conde de Romanones, que continuó con las viejas prácticas de corrupción políticas. En abril de 1917, Dato volvió a asumir la jefatura del gobierno y, a mediados del mes de junio, una representación de diputados de la oposición reclamó enérgicamente al gobierno la reapertura de las Cortes. El gobierno se negó y, además, declaró el estado de excepción y aumentó la censura de prensa. En Barcelona una asamblea de parlamentarios catalanes exigió la formación de un gobierno provisional que convocase Cortes constituyentes para reformar el sistema político y descentralizar el Estado. Las fuerzas monárquicas no lo apoyaron, las diferencias entre los regionalistas y los grupos de izquierda hacían imposible un acuerdo y las juntas de defensa se mostraron contrarias a la iniciativa parlamentaria.

La huelga general revolucionaria

En 1916 ya se había producido un importante movimiento huelguístico y, en marzo de 1917, las centrales sindicales CNT y UGT acordaron firmar un manifiesto conjunto en el que se instaba al gobierno a intervenir para contener los precios bajo la amenaza de convocar una huelga general. La tensión estalló en agosto de 1917, decidió llamar a la huelga general. La huelga tuvo una incidencia muy desigual. Se produjeron incidentes importantes en muchos puntos del país, como Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias, donde se llegó a paralizar la vida ciudadana. Se declaró la Ley Marcial y se envió al ejército a aplacar el movimiento. La huelga general fracasó y no consiguió contar con el apoyo de amplios sectores, pero tuvo unas enormes consecuencias: debilitó aún más al régimen, que demostró su brutalidad, y radicalizó a la oposición.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y se dirigió al monarca para exigir que el poder pasase a manos de los militares.

Las causas del golpe militar

Primo de Rivera y los sectores que le dieron apoyo defendieron su acción como una solución para poner fin a la crisis política y a la conflictividad social que atravesaba el país. Para los golpistas, entre las razones que justificaron la necesidad de cambiar la situación hay que destacar:

  • La inestabilidad y el bloqueo del sistema político parlamentario, así como su desprestigio derivado del contiguo fraude electoral.
  • El miedo de las clases acomodadas a una revolución social ante el auge de la conflictividad obrera y campesina.
  • El aumento de la influencia del republicanismo y de los nacionalismos periféricos.
  • El descontento del ejército tras el desastre de Annual.

En Primo de Rivera también influyó el deseo de evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por los hechos de la guerra de Marruecos. El dictador justificó el golpe militar a través de un discurso con pretensiones regeneracionistas e incluso moralistas con el fin de ganarse la adhesión popular. En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera anunció su firme voluntad de limpiar el país de caciques y de acabar con el «bandidaje político». Primero de Rivera no pretendía poner fin a un régimen caduco y anquilosado, sino más bien evitar que el régimen político acabara por democratizarse. La dictadura fue una solución inconstitucional para frenar la posible reforma del sistema.

La reorganización del Estado

La dictadura de Primo de Rivera atravesó dos fases sucesivas. Hasta 1925 gobernó el Directorio Militar cuyos miembros eran militares, pero a partir de ese año, el gobierno dictatorial incluyó entre sus ministros a personalidades civiles. Se pasó entonces al Directorio Civil. Las primeras medidas del Directorio Militar mostraron su carácter dictatorial. Todo ello fue acompañado por la militarización del orden público y por una represión del obrerismo más radical. Asimismo se elaboró un estatuto municipal y otro provincial. También se disolvieron los ayuntamientos. La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros. Durante la primera etapa de la dictadura, el conflicto de Marruecos centró el interés de Primo de Rivera, que asumió personalmente el alto comisionado de Marruecos en 1924. Al año siguiente se organizó el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con gran éxito. Abd el-Krim se rindió, entregándose a las tropas francesas. En 1927, el ejército español dio por concluida la ocupación efectiva de todo el protectorado en Marruecos. Se fue abandonando la idea de una dictadura transitoria tras la que se volvería al régimen constitucional, y Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen para darle continuidad y permanencia. El modelo e influencia del fascismo italiano fue muy clara. El camino hacia un régimen autoritario comenzó con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927). Para promover la adhesión al nuevo sistema se creó un partido único, que se llamó Unión Patriótica. Se trataba de un partido gubernamental. Los afiliados al nuevo partido procedían básicamente de las filas del catolicismo. También se reactivó la antigua institución del Somatén para colaborar en el mantenimiento del orden público.

La política económica y social

La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional tras la Primera Guerra Mundial. El régimen puso en marcha un programa de fomento de la economía española en el terreno industrial y en las infraestructuras. La idea rectora fue la nacionalización de importantes sectores de la economía y el aumento de la intervención estatal. El Estado tuvo un protagonismo notable gracias al fomento de las obras públicas. El gobierno aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional. También se concedieron grandes monopolios. Todo ello fue financiado mediante los llamados presupuestos extraordinarios, de forma que el presupuesto ordinario del Estado cada año aparecía equilibrado, pero se iba acumulando una gran deuda extraordinaria. El mundo agrario siguió en manos de los grandes propietarios sin que se emprendiera reforma alguna. La dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores moderados del movimiento obrero y la represión de las organizaciones más radicales. Con este fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que agrupaba a patronos y obreros en grandes corporaciones y regulaba los conflictos laborales a través de los comités paritarios. El sistema fue bien visto.

La oposición a la dictadura

La oposición a la dictadura estuvo integrada por algunos líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, determinados sectores del ejército y la casi totalidad de los intelectuales. Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen y varios dirigentes participaron en conspiraciones militares. Con respecto a los intelectuales y el mundo universitario, la dictadura pretendió controlarlos férreamente mediante la censura y limitando su libertad, llegando incluso a cerrar las universidades. El conflicto derivó en algaradas y protestas estudiantiles y fue el origen de un gran sindicato, la Federación Universitaria Española. El enfrentamiento de los intelectuales estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. Suscribieron un manifiesto con más de cien firmas en contra de la política cultural. Unamuno fue desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez se trasladó al extranjero desde donde promovió una gran campaña contra el rey y el dictador. La oposición de los republicanos fue permanente y organizaron la llamada Alianza Republicana. En Cataluña, las medidas tomadas por Primo de Rivera fueron recibidas como profundamente anticatalanas y provocaron un notable distanciamiento incluso entre los sectores que habían acogido la dictadura con cierta simpatía. La CNT se mostró contraria al régimen y fue intensamente perseguida. En julio de 1927, los primeros crearon la Federación Anarquista Ibérica. También el PSOE cambió su posición hacia 1929.

La caída del dictador

La creciente oposición al dictador se intensificó cuando el rey y su camarilla se convencieron de que la dictadura era un peligro para la permanencia de la monarquía. En esta tesitura, el rey optó por retirar su confianza a Primo de Rivera, quien acabó dimitiendo el 30 de enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, con la misión de celebrar unas elecciones que permitieran retornar a la normalidad constitucional (Dictablanda). La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, los catalanistas de izquierda y el PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones y fue sustituido por un gobierno presidido por el almirante Aznar. El gobierno decidió convocar en primer lugar las elecciones municipales. Se intentaba volver a la normalidad como si nada hubiese sucedido, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía.

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