Durante el nuevo contexto de apertura al exterior, de desarrollo económico y de transformación de la sociedad, el franquismo llevó a cabo una serie de reformas para intentar una renovación de su estructura política, enmascarando sus aspectos más dictatoriales.
Ascenso de los Tecnócratas y Reformas
Los tecnócratas, vinculados al Opus Dei, reforzaron su poder con la ascensión política de Carrero Blanco, manteniendo cierto equilibrio con las familias tradicionales del régimen. Los sucesivos gobiernos a partir de 1962 incorporaron nuevos ministros de carácter tecnocrático y jóvenes falangistas de carácter reformista, como Manuel Fraga Iribarne. El objetivo de estos gobiernos era la modernización de la administración, la legislación y las instituciones para que la sociedad española fijara la paz social y supliera la falta de libertades y participación política. Pretendían una mejora del bienestar social que actualizase la imagen de la dictadura, sin variar su carácter antidemocrático. Para conseguir este bienestar, recompusieron las instituciones y las leyes represivas de la posguerra.
Principales Reformas:
- 1963: Creación del Tribunal de Orden Público (TOP). La jurisdicción civil pasa a encargarse de la oposición al régimen, sin disminuir la represión. Con esto, se suavizó el perfil de la dictadura en el exterior, que se vio afectada tras la ejecución del comunista Julián Grimau en 1963.
- 1966: Elecciones en el Sindicato Vertical. Tuvieron un gran éxito las candidaturas y sindicatos clandestinos no identificados con el franquismo. Además, Fraga Iribarne promovió una Ley de Prensa, que suprimía la censura previa y permitía la publicación de nuevas revistas periódicas y libros prohibidos, pero se penalizaban con multas y suspensiones a los que superasen el margen de la tolerancia permitida.
- 1967: Leyes de Seguridad Social, Libertad Religiosa y Representación Familiar. Se ampliaron aspectos sociales con cargo al Estado, como el seguro de enfermedad, vejez o viudedad. Se reconoció la igualdad de todas las religiones y la libertad de práctica. Se permitió la elección de procuradores, pero solo si eran afines al Movimiento, y se limitó el derecho al voto a los cabezas de familia. Se promulgó la Ley Orgánica del Estado que depuraba el lenguaje de la retórica fascista, confirmaba la institución monárquica del régimen, pretendía dejar el futuro «atado y bien atado» según Franco, y separaba los poderes del jefe del Estado y el presidente del gobierno, aunque manteniendo los poderes del dictador.
- 1969: Designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor. Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor con el título de Príncipe de España de acuerdo con la Ley de Sucesión. Esto significó la culminación del programa de institucionalización política llevado a cabo por Carrero Blanco y el equipo de gobierno tecnocrático. Además, provocó un agravamiento de las tensiones entre tecnócratas que apostaban por la sucesión monárquica representada por Juan Carlos de Borbón, y los falangistas que pretendían impulsar las instituciones del Movimiento para la continuidad del régimen.
El Escándalo Matesa y el Auge del Inmovilismo
A partir de 1969, los desacuerdos entre aperturistas e inmovilistas estallaron a raíz del escándalo Matesa, una empresa de maquinaria textil. Esta empresa protagonizó un fraude financiero que implicó a algunos altos cargos del régimen. El escándalo fue difundido por la prensa y los sectores inmovilistas culparon a la Ley de Prensa por haber contribuido en su desprestigio.
Esto provocó la expulsión de sectores tecnócratas del gobierno. Por ello, Carrero Blanco defendió la necesidad de endurecer la política interna del régimen, modificar la Ley de Prensa y aumentar la represión. Algunos delitos volvieron a considerarse rebelión militar y el Estado de excepción (1969 y 1970) se convirtió en un recurso frecuente, que aumentaba las detenciones y la violencia policial. El Consejo de guerra en Burgos (1970) hizo estallar la contestación popular y las protestas internacionales. Por ello, Franco ejerció el derecho de gracia, pero el gobierno no cambió, ya que siguió recurriendo a la represión contra la oposición.
El Triunfo del Inmovilismo
Las tensiones internas se decantaron a favor de las posiciones inmovilistas avaladas por Carrero Blanco y el propio Franco. En consecuencia, el nuevo proyecto de la ley de Asociaciones Políticas quedó paralizado y la Ley Sindical (1971) se convirtió en una recopilación de normas ya vigentes, a la vez que se endureció la práctica sancionadora de la Ley de Prensa.